Semanas atrás, Juan Grabois levantó una disputa contra la firma argentina Mercado Libre que velozmente tomó carácter público. Específicamente, luego de que Mercado Libre registrara una suba de 20% en el precio de sus acciones en Wall Street y alcanzara una capitalización bursátil de más de USD 28.400 millones, el dirigente social acusó al Market Place Online más grande de la región de "contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal".

​Puesto que un eje de la crítica fue el rol financiero que Mercado Libre apunta a ocupar con los servicios de Mercado Pago, Mercado Crédito y Mercado Fondo, más allá del móvil (Grabois realizando acusaciones por una red social) o del ruido político-electoral subyacente (Marcos Peña, Alfonso Prat-Gay y hasta Miguel Angel Pichetto el pasado miércoles 22 en el Senado), la polémica trae aparejada un debate pendiente y de absoluta relevancia para nuestro país: ¿regular o no regular a las nuevas empresas de Finanzas Tecnológicas (Fintech)?

Hasta ahora, la postura en Argentina fue la de no regular a las Fintech. Al menos, la postura explicita durante la gestión del BCRA encabezada por Federico Sturzenegger. En su momento disentí con dicho enfoque por motivos que publiqué en una columna de este periódico el 31/03/2018 (ver aquí). Ahora bien, es importante señalar que para aquel entonces (fines del 2017-principios del 2018) el panorama en todo el mundo sobre regular a las Fintech era mucho más difuso, marcado por más dudas que certezas sobre la dirección que tomarían las economías y reguladores.

Hace dos años, en este debate no había muchos ejemplos de regulación, había algunos casos de países desarrollados con esquemas de “Sandboxes” Regulatorios, pero no mucho más. México recién había ingresado en octubre del 2017 la primera Ley Fintech de la región, no aprobada hasta marzo 2018. Por su parte, lo que sucedió en Argentina es conocido: las urgencias cambiaron y los equipos económicos también.

Sin embargo, en las dos gestiones del BCRA subsiguientes a junio 2018, se avanzó en la misma dirección de promoción a las finanzas digitales (sin debatir regulación). Por ejemplo, con normativas tales como el CVU o la interoperabilidad de los Códigos QR, entre otras. Pero ¿qué cambió en el mundo mientras nosotros seguimos avanzando por el sendero marcado en 2016/17 sin hacernos demasiadas preguntas? Lo cierto es que el mundo fue y va, de distintas maneras, hacia una mayor regulación de las Fintech.

Reino Unido ya no es el único país que ha dado pasos firmes en su compromiso de promover y regular al sector. Cada vez son más las economías que se suman a la tendencia a crear esquemas regulatorios con el fin de acelerar la innovación en un ámbito controlado. Para principios de 2018, ocho países del mundo ya tenían sus propios “Sandboxes” Regulatorios en funcionamiento: Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi), Reino Unido, Singapur, Holanda, Malasia, Australia, Canadá y Hong Kong.

También podrían mencionarse economías como Kenya, Indonesia, Taiwán o Tailandia, con esquemas diversos. Pero esta tendencia no sucedió únicamente en países aledaños. En la última reunión de la Alianza Del Pacífico celebrada durante el mes de julio 2018 los gobiernos de México, Chile, Colombia, y Perú acordaron avanzar en dicha dirección y "trabajar en forma coordinada para el análisis regulatorio" de las Fintech. Como consecuencia, este año Chile confirmó que enviará un proyecto de Ley para regular y supervisar las Fintech y las criptomonedas con la idea de tener una regulación flexible y proporcional. Con México, sería el segundo país de América Latina en avanzar con legislación.

En estos últimos dos años también se sumaron al debate importantes organismos de la arquitectura financiera internacional. Tal vez el más relevante sea el G20, que en 2018 trató estos tópicos en Argentina y de cara a Japón ya confirmó que planea impulsar un Foro Fintech. El “Fintech Association Forum” buscará (entre otros objetivos anunciados) “nivelar la dinámica de poder asimétrica” en los jugadores globales. También podemos señalar otras instituciones internacionales como Naciones Unidas a través de la UNSGSA, quien meses atrás recopiló lecciones de los distintos esquemas de regulación en el mundo dando a notar por primera vez que, ya sea mediante Oficinas de Innovación, "Sandboxes" Regulatorios o RegTech´s, son pocos los países que se han quedado con los brazos cruzados.

La lista podría seguir con instituciones como el World Economic Forum, el Bank of International Settlements, o mismo el Banco Mundial y el FMI (Agenda Bali 2019). Todos han señalado en distintos comunicados o foros las oportunidades, pero también alertado sobre los riesgos que la revolución Fintech podría traer aparejada. Como puede observarse, actualmente está en el seno del "establishment internacional" avanzar en esta dirección.

A diferencia de lo que muchas veces se cree, “regular” no implica necesariamente ahogar un sector y limitar la innovación. Por el contrario, el mapa global nos muestra un interesante abanico de ejemplos donde se desarrolló una regulación inteligente, a medida, buscando promover el sector con bases sólidas y seguras. Pero este debate global aún se encuentra abierto, y en nuestro país necesita realizarse con datos y rigurosidad metodológica. Por ello, desde el Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) de FCE-UBA, nos proponemos rescatar estas inquietudes de cara al próximo 21 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde realizaremos una primera jornada con actores claves para brindar luz a la discusión pendiente sobre estos tópicos.

La transformación digital en el sector financiero está produciendo un mayor acceso del público a los distintos servicios y es impulsada por emprendedores y por empresas. En cambio, desde la academia es poco lo que se analiza sobre este fenómeno pese a que las finanzas impactan en toda la economía.

Ignacio Carballo es economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires y director del programa de Fintech & Digital Banking de la Universidad Católica Argentina. Tras su participación en el Argentina Fintech Forum 2019 dialogó con La Voz sobre la necesidad de buscar respuestas en temas que no se plantea el sector privado. ​“La revolución fintech viene con un montón de oportunidades como la inclusión financiera. Pero cuando uno habla de inclusión financiera hay preguntas que no se han cerrado”, advierte.

–¿Cuáles son esas preguntas?
–Existen muchos caminos para llegar a la inclusión financiera con distintos tipos de impactos y no todos han demostrado generar la inclusión social o sostenible. Hay que pensar qué tipo inclusión financiera se está promoviendo. Por otro lado, hay preguntas propias de la industria tecnológica, cómo impactan las nuevas maneras de ofrecer y recibir servicios financieros en las personas.

–¿Por ejemplo?
–Desde la demanda, hay interrogantes sobre la capacidad financiera. Por ejemplo, sobre la facilidad de sobreendeudamiento de las personas. Hoy, mover un pulgar y sacar un crédito de 20 mil pesos y sobreendeudarse es mucho más fácil que antes.

–¿Hay investigaciones que muestren riesgos de esta transformación?
–Estudios realizados en Estados Unidos encontraron correlaciones interesantes entre los millenials que utilizan servicios financieros digitales móviles frente a los que utilizan los servicios tradicionales. Entre otras, mostraron que los primeros estaban más endeudados, tenían más sobregiro y menores capacidades financieras.

–¿Hay riesgo similar a lo que pasa con el uso de las tarjetas?
–Hay diferentes patrones entre quienes consumen en efectivo y con tarjeta; estos últimos, gastan más. ¿Qué pasará cuando uno pague con un celular y ni siquiera tenga que abrir la billetera, sacar un plástico y hacer una firma?

–¿La educación financiera sería una solución?
–Es importante pero creo que es una salida fácil decir los que están excluidos no saben usar las finanzas y eso no es así; la educación financiera es un tema de toda la población. En un estudio en la Villa 31 encontramos que los ratiosde capacidades financieras superan a la media del resto del país y es lógico porque es gente que entra desde muy temprana edad en la economía del día a día.

–¿Cómo impacta la fintech en la economía en general?
–Hay varias aristas que no se analizaron: si la inclusión financiera fomenta el empleo, ¿de qué tipo? Si reduce los costos bancarios, ¿genera un mayor acceso de quienes más lo necesitan? ¿Mejora el impacto de la política monetaria o no? ¿Qué pasa cuando el comercio es sin efectivo y mucho más rápido? ¿Qué sucede con la volatilidad financiera?

–Es un tema a considerar en un país como la Argentina.
-Sin duda, el acceso ágil a las herramientas financieras impacta en la macro. La digitalización financiera es más veloz para arbitrar tasas de interés y otros instrumentos. Lo vimos hace poco cuando el banco digital Wilobank respondió mucho más rápido en sus tasas de depósitos cuando cambió la tasa de la política monetaria.

–¿Hay un riesgo de concentración en el ecosistema fintech?
- Es pronto para hablar porque es un sector que se está desarrollando, aunque se ven los unicornios, los grandes, y después todas las otras fintech. Pero es relevante pensar si este quiebre y transformación de los sistemas financieros tradicionales va a traer un sistema igual de concentrado al anterior o completamente distinto y si va a acarrear los mismos problemas de volatilidad que nos llevaron a las crisis financieras,

La Argentina coronará este año su cruzada en pos de la inclusión financiera iniciada en 2015/16 con el lanzamiento de su "Estrategia nacional de inclusión financiera" (ENIF), un documento oficial que trazará el rumbo de una política de Estado. Esta iniciativa, obligada por la ley de financiamiento productivo de 2018 e impulsada con un crédito de US$20 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se une a las de más de 50 países.

Si bien las ENIF fueron exitosas en generar consensos entre entidades públicas y privadas y en trazar hojas de ruta comunes a mediano y largo plazo para elevar los niveles de inclusión financiera, el desempeño que exponen ciertas economías que las adoptaron sugiere que esta iniciativa no es condición suficiente para cumplir el propósito.

Existen casos en los que la carencia de innovación y de competencia en determinadas economías parecerían limitar el crecimiento y el potencial de las estrategias de inclusión financiera. Según los últimos datos del Global Findex (de 2017), algunos países que adoptaron una ENIF tuvieron una caída de la población incluida financieramente, si se hace una comparación con 2014. En otras palabras, se detectó un menor porcentaje de la población con una cuenta en una entidad financiera o empresa proveedora de dinero móvil.

Uno de esos casos es el de Nigeria. A pesar de las diversas iniciativas implementadas en los últimos años, como su ENIF en 2012, el establecimiento de su comité directivo de inclusión financiera, el comité técnico de inclusión financiera y el lanzamiento de su proyecto de servicios financieros digitales en 2016, este país reportó una caída del 44% al 40% de población incluida financieramente entre 2014 y 2017.

Si bien en estos últimos años Nigeria atravesó un contexto recesivo (caída de los precios del petróleo, inflación y aumento del desempleo), se atribuyen a este descenso limitaciones asociadas a la carencia de innovación y competencia. En este país la banca digital permanece subdesarrollada (en 2017, menos del 6% de la población tenía una cuenta de dinero móvil).

El marco regulatorio limita la competencia en la prestación de servicios financieros digitales; los operadores de redes móviles no están autorizados a prestar servicios de dinero móvil ni directamente (como en Kenia) ni a través de filiales (como en Ghana, Tanzania y Costa de Marfil). Más preocupante aún es la brecha de género, cada vez más amplia (la inclusión financiera alcanza al 51% de los hombres y al 27% de las mujeres).

Otro ejemplo es el de México: tiene una ENIF implementada en 2016, pero registró un descenso de población incluida financieramente, al pasar de 39% en 2014 a 37% en 2017. Y el porcentaje de adultos que ahorraron dinero en una institución formal en el último año cayó de 15% a 10% en relación con 2014. Varios factores sugerirían que hay problemas de estructura de mercado que juegan un rol central en esta caída, como los bajos incentivos para invertir en políticas de inclusión, una limitada red de agentes bancarios en zonas rurales y la capacidad limitada de las muchas instituciones financieras pequeñas que existen.

Es importante traer a colación estos dos ejemplos, no solo porque ambos poseen una ENIF, sino también porque casi la mitad de la población mundial no bancarizada (46%) reside en siete economías, entre las que están México y Nigeria. En el último reporte anual de Unsgsa (departamento de las Naciones Unidas dedicado a la inclusión financiera para el desarrollo), publicado en septiembre pasado, se presentan recomendaciones políticas para estos países. Y se señala que en ambos casos los objetivos de innovación y competencia deben ser prioritarios, con las fintech asumiendo un rol clave.

Los clientes hacen una compra de algún bien o servicio, abren la billetera virtual que tengan cargada en su teléfono celular (que contendrá sus datos bancarios), escanean el código QR del comercio, seleccionan el monto a pagar y confirman la transacción. La puerta a esta sencilla pero sin duda potente revolución en los medios de pagos electrónicos se abrió para nuestro país hace poco más de un año, cuando el 10 de enero del 2018 el Banco Central impulsó (resolución mediante) la interoperabilidad de los códigos QR en todo país.

​No obstante, más allá del auge reciente en estas geografías, los códigos QR existen hace mucho tiempo. Específicamente se crean en el año 1994 por una firma llamada DENSO WAVE perteneciente a la Grupo Toyota. El objetivo inicial, alcanzado con éxito, fue brindar una tecnología superadora a los tradicionales códigos de barra.

De este modo, mientras un código de barras es unidimensional (una secuencia lineal de números) el código QR cuenta con dos dimensiones (ejes) lo cual le permite no sólo guardar más información sino también recuperarla. Esto es, si en un código de barras se extravía algún número la información almacenada no podrá ser leída, mientras que en los QR, incluso si está un poco dañado, la distribución bidimensional permitirá rescatar la información faltante. Además, al poseer tres cuadros en distintas esquinas (marcadores de posición) puede obtener información direccional (saber cuál es el derecho y cuál es el revés) permitiendo así ser interpretado más velozmente por el lector haciendo justo honor a su nombre (QR: Quick Response)

El auge tardío de los códigos QR se genera por dos motivos. Por un lado, porque la firma DENSO WAVE quien tiene las patentes y derechos habilitó los mismos de manera gratuita. Por otro y más relevante aún, por el boom de la telefonía móvil. Estos dos factores impulsaron a que actualmente, además de almacenar datos y números, sus usos vayan desde textos SMS automáticos, direcciones Web, Mails, ubicaciones en Google Maps, imágenes o videos, hasta el desarrollo de edificios inteligentes, educación mediante realidad aumentada y por supuesto pagos y transferencias monetarias. Hoy en día crear un código QR es muy simple y se puede hacer por web o aplicaciones.

Paralelamente, en un mundo donde 1.700 millones de adultos no tienen acceso a una cuenta bancaria pero dos tercios de estos (1.100 millones) poseen un teléfono celular, la revolución en los pagos móviles parece servir además al desarrollo de la inclusión financiera. En China, por ejemplo, entre el 30% y el 40% de los pagos ya son por el celular, creando un segmento que moviliza aproximadamente unos $5.000 millones de dólares con pujantes compañías como WeChat Pay (que tiene 1.000 millones de usuarios) y Alipay, del grupo Alibabá.

En nuestro país, donde casi el 80% de las transacciones aún se realizan en efectivo, más del 70% de los comercios todavía no aceptan tarjetas de crédito o débito, donde hay solamente 1.000 Posnet por cada 100.000 habitantes (Brasil 3.500, Estados Unidos 4.300) y donde sólo el 49% de la población está bancarizada, ocho de cada diez argentinos tiene un teléfono móvil, hay casi un celular y medio por persona (133 suscriptores por cada cien habitantes según el Ente Nacional de Comunicaciones) y la propensión a adoptar nuevas tecnologías es particularmente alta. Efectivamente, la potencialidad de incluir financieramente mediante el teléfono móvil es inmensa.

El rápido surgimiento de un pujante ecosistema de billeteras virtuales brinda alguna prueba de ello pues, desde su nacimiento oficial en junio de 2016 (Comunicación "A-5982" del Banco Central) a la fecha, se crearon numerosas iniciativas como Vale PEI, Todo Pago, SOS Movil, Yacare, Pim, Mercado Pago, Billetera Rapipago, Ualá, Rappi Pay, algunas específicas de los bancos, y probablemente muchas otras que exceden este listado. Un fenómeno similar se observa desde la implementación de los Códigos QR el año pasado. Sólo Mercado Libre anunció ya haber contabilizado más de 260.000 usuarios activos y registrado operaciones por $3 millones en 2018. Para más, el Banco Central impuso por normativa (octubre 2018) que a partir del 2020 todo comercio que acepte pagos con QR no estará obligado a aceptar tarjetas, pues serán medios de pagos equivalentes.

Como queda claro, el ecosistema de los pagos digitales va creciendo a pasos agigantados en el mundo y nuestro país no es la excepción. Los Códigos QR, junto con otras iniciativas como las tarjetas prepagas o distintos servicios financieros para no bancarizados, van marcando la agenda de una inclusión financiera cada vez más digital. Estudiar y analizar el devenir de esta revolución en los pagos electrónicos será fundamental para comprender sus impactos en el entramado socioproductivo y, principalmente, en los sectores más desfavorecidos.