​La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el pasado martes 26 de junio su nuevo informe económico. En el mismo se resume cómo se desempeñó la economía regional durante el 2015 y el primer semestre del 2016, así como sus proyecciones de crecimiento para lo que resta del año. Como corolario general, el organismo sostuvo su proyección de retracción en la actividad regional por segundo año consecutivo. De este modo, tras el balance del año 2015 que arrojó una contracción del -0.5%, se espera una caída del PBI regional de un -0.8%.

Sin embargo, la misma reflejará fuertes asimetrías hacia dentro de las subregiones, marcando nuevamente la dicotomía norte-sur. En este sentido, mientras que las últimas enfrentan una severa restricción externa producto de la caída en la demanda internacional de bienes primarios (principalmente por la desaceleración china) y en sus términos de intercambio, los países del norte se favorecerán por el precio reducido de la energía y una creciente demanda externa. Así, las economías de América Central crecerán en 2016 un 3.8%, las de América del Sur se contraerán un -2.1% y el Caribe un -0.3%. La retracción se sucederá en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Suriname y Trinidad y Tabago. No obstante, la caída del crecimiento regional obedecerá principalmente a las de Brasil (-3,5%) y Venezuela (-8,0%). Si se excluyeran estos dos países el PIB regional se incrementaría en un 1,8%.

Por su parte, el flanco externo continuará afectado por una dinámica de bajo crecimiento, con una merma en las economías desarrolladas de -1.8% y un impulso que seguirán dando las economías en desarrollo las cuales crecerán un 3.8%, aunque aletargadas con China haciéndolo al 6,5%. Todo esto, afectará el consumo de los bienes producidos por los países de la región potenciado por la caída en los precios internacionales de los mismos. La CEPAL no proyecta grandes variaciones en los precios de las commodities para lo que resta del año. De hecho, aunque recuperándose de las fuertes caídas sucedidas a principio del 2016, el cobre, la harina de soja, el mineral de hierro y el petróleo crudo denotarán precios promedio menores a los del 2015.

Por otro lado, las consecuencias de que después de 43 años de haber ingresado en su antecesora, la Comunidad Económica Europea, el Reino Unido haya decidido salir de la Unión Europea serán menores en el corto plazo. A mediano plazo, dichas consecuencias estarán supeditadas al impacto en el resto de Europa y Estados Unidos, canalizándose en la región a través del canal comercial.

Para América del Sur, el principal factor a resaltar por la CEPAL es el sofocamiento de la demanda interna reflejado en la caída de la inversión y el consumo privado (ya denotado en 2015). A su vez, la detracción del consumo público estaría deteriorando aún más la situación. En base a esto último, el organismo bautiza con el nombre “los desafíos del financiamiento para el desarrollo” a su informe. El problema vigente sería la dificultades que enfrenta el financiamiento de una política fiscal contra-cíclica.

Para el caso argentino y su proyección de crecimiento en 2016, se afirma que estará supeditado al escenario que se plantee en lo que resta del año. Sin embargo, en base de: a) el negativo flanco externo debido al estancamiento general del comercio mundial agravado en el caso particular de Argentina por la recesión del Brasil; b) el consumo interno retraído debido a la caída de los salarios reales consecuencia del brote inflacionario de la primera mitad del año (generado por factores concisos como la devaluación, la caída de derechos y cupos de exportación, y el aumento tarifario y de las tasas de interés); y c) una política fiscal que se anuncia neutra o contractiva, pero no contra-cíclica. El informe es contundente al afirmar que solo una fuerte expansión de la inversión privada podría restablecer el crecimiento.

De esta manera, incluso si se supone una cierta recomposición salarial como consecuencia de los aumentos acordados por paritarias y una posible desaceleración de la inflación (conforme se atenúe el impacto de las medidas estructurales), se estima que la contracción será del -1,5% en 2016 para Argentina. En conclusión, de no arribar las inversiones como debatimos aquí, el gobierno actual se debatirá entre un mayor endeudamiento o una aceleración inflacionaria.

Uno de los eventos más esperados en la coyuntura económica argentina durante la primer mitad del año fue el tan mencionado segundo semestre. Sin embargo, a casi dos meses de su arribo, pareciera que las expectativas impuestas en lo que sería una mitad del año prodigiosa pasaron de largo sin materializarse en un repunte de la actividad económica.
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Pero, ¿cuál es el escenario tajante que ameritaría el tan anhelado repunte? Con una actividad industrial presentando retracciones a un promedio del -3% mensual (variable interanual); índices de actividad de producción industrial en PyME´s haciendo lo propio a tasas del -4%; ventas minoristas cayendo a un promedio mensual del -5,6%; un sector de la construcción reflejando un polémico deterioro del -10,5% mensual promedio (según INDEC, más según privados); y tasas inflacionarias interanuales en el orden del 40% al 45% (valores del mes de junio); la coyuntura a la fecha es sin lugar a dudas alarmante (véase gráfico adjunto).

Cierto es que el nuevo gobierno ha realizado serios cambios estructurales que animarían a pensar un futuro, sino más próspero, al menos distinto a la primera mitad del año. El impacto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, de productos industriales y a la minería; la suba del mínimo no imponible; la unificación de los tipos de cambio y liberalización a la compra de dólares; el desbloqueo a los préstamos multilaterales a través del pago a los Holdouts; o las modificaciones en las tarifas públicas que buscaron brindar certidumbre al sector privado e incentivar la inversión, estaría llegando con letargo.

En términos generales, como señalamos aqui, el grueso de las políticas económicas aplicadas hasta el momento se han dado en torno a un potencial estimulo de la inversión y oferta, más que a la demanda y el consumo. Éstos últimos, muy por el contrario, se han resentido por el efecto mediato del incremento en los precios sucedido inicialmente con la devaluación del 16 de diciembre, recientemente con el aumento tarifario y próximamente con el traslado indirecto de segunda ronda provocado también por dicho incremento.

Según relevamientos recientes realizados por privados, si bien las ventas en los supermercados retrocedieron un -0,4% en Capital Federal, el promedio en las provincias fue del -4,1%, acompañado a su vez, de un incremento de 4.2 puntos mayor en los precios del interior. A nivel nacional, la caída en el consumo fue del -2,4% en los supermercados y -3,3% en los negocios almacenes y comercios de proximidad. Coherentemente, el Índice de Confianza del Consumidor relevado por la Universidad Torcuato Di Tella mostró una tasa de contracción promedio del -2,3% mensual en lo que va del año.

Siguiendo esta línea, la principal falencia en términos de política económica durante el primer semestre del año ha sido un débil estímulo a la demanda. Medidas como el ajuste de la AUH o la reciente devolución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes (solo bancarizados) son paliativos mínimos, particularmente en un contexto inflacionario como el vigente. En este sentido, un modelo orientado a la persuasión de las inversiones como el actual se torna lógicamente estéril si no encuentra su contraparte en la demanda.

Más allá de todo, el repunte de los principales indicadores de la actividad económica se materializará en los próximos meses . Y será justamente de la mano del consumo. No obstante, dicho apuntalamiento será en cierto punto espurio, pues responderá a una serie de factores coyunturales como el receso escolar de invierno, los incrementos paritarios, la reducción del consumo en los servicios públicos de gas, agua y electricidad post-primeras facturas (que dará un margen de recupero en la tasa de ahorro de los consumidores), entre otros.

En conclusión, para evitar que el devenir de los próximos meses no sea más que un alivio estacional, mayores medidas de fomento al consumo serán necesarias para complementar las señales brindadas a los inversores privados durante la primera mitad del año. Caso contrario, la mejora no será más que un rebote de la actividad económica sin reversión tendencial.

El lunes 11 de julio, el Presidente de la Nación anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos públicos para vivienda, el nuevo Plan Pro.Cre.Ar. En su discurso de inauguración, Mauricio Macri afirmó que el plan estatal de apoyo a la compra de vivienda lanzado por el gobierno anterior “es un instrumento bueno”, motivo por el cual “hay que continuarlo y mejorarlo”. Los nuevos créditos no se realizarán por sorteos de la Lotería Nacional, sino por un régimen de puntajes evaluado por la Secretaría de Vivienda y en base al grado de vulnerabilidad de cada familia.  Sin embargo, tras analizar el nuevo esquema de créditos y sus modificaciones en comparación a la modalidad vigente hasta 2015, encontramos una serie de características que en nuestra opinión limitarían la potencialidad de la medida y su impacto.

En primer lugar, el nuevo Pro.Cre.Ar, a diferencia del anterior, no concederá créditos para construcción, refacción o ampliación de la vivienda. Esto tiene dos consecuencias negativas igualmente relevantes: 1) no fomentará la actividad y el empleo de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, el sector de la construcción en momentos en que este se encuentra en un piso histórico luego de la crisis de 2002, y 2) al no atender las necesidades de refacción o ampliación de la vivienda, el nuevo programa obvia la insoslayable demanda existente para dicho fin demostrada en diversos estudios empíricos de nuestra autoría.

Segundo, el rediseñado plan Pro.Cre.Ar. apuntará a grupos familiares con ingresos mensuales entre dos y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (en valores brutos, entre $13.620 y $27.240). De este modo, además de excluir a los sectores más vulnerables de la población, el nuevo plan repite aunque de un modo distinto el error de dejar fuera de la población objetivo a los trabajadores no registrados. Según estudios propios, uno de cada dos trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos y que manifiesta intención de endeudarse es informal. En consecuencia, el programa desaprovecha la oportunidad de bancarizar a sus beneficiarios y aumentar la recaudación provisional.

Tercero, y en relación al punto anterior, una implicancia inmediata de exceptuar a trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios mínimos es la exclusión de un 57% de familias que ya teniendo una propiedad modesta, podrían solicitar un crédito para adquirir una vivienda usada de mayor dimensión y/o confort (ver gráfico más abajo). Más aún, dado que el nuevo Pro.Cre.Ar. subsidia hasta 30% del capital, se generaría una paradoja: un trabajador formal con ingresos mensuales de por ejemplo 12,000 pesos podría calificar para un crédito hipotecario con ajuste por la nueva unidad de vivienda (UVI) pero sin el subsidio de capital y otros beneficios del nuevo sistema.

Cuarto, en tiempos de recesión y alta inflación es probable que la población objetivo sea muy aversa al riesgo de ajuste de las cuotas de capital por el índice de la UVI que está atado al coeficiente CER. Si bien creemos que esta es funcional en términos económicos y razonable a mediano plazo, en un contexto de incertidumbre como el vigente, estimamos que podría limitar la demanda. A su vez, de no disminuir la tasa de inflación, el subsidio de capital podría ser menor al incremento de las cuotas resultante de la indexación (vale recordar que en sus primeros tres meses, el nuevo índice creció en un 10.2%).
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En conclusión,  el nuevo Pro.Cre.Ar se asemeja a una línea diferenciada del nuevo sistema de crédito hipotecario UVI intermediado por los bancos, limitando así la posibilidad de llevar a cabo una efectiva política de vivienda nacional inclusiva y promover el desarrollo del espacio urbano. Asimismo, el nuevo esquema desaprovecha una importante oportunidad de reactivación económica, no promueve la bancarización, genera una potencial desigualdad de oportunidades y estimamos produciría un impacto minimalista en el empleo dado que excluye la construcción de nuevas viviendas por sujetos privados. Probablemente sí la mayor probabilidad de éxito se concentre en segmentos de hogares residentes en áreas conurbanas o del interior muy lejanas a los centros urbanos y donde los precios de la vivienda son sustancialmente inferiores a aquellos en dichos centros.

Conditional Cash Transfers (CCTs) have been an essential tool for public policy in its fight against poverty, and the trend has been for an increasing number of programs, geographic coverage, number of beneficiaries, and funding.
 
Currently, there are 25 CCT programs operating in 19 countries across the region. These programs have evolved since the first days of CCTs, exploring different delivery methodologies in order to meet the specific needs and contexts of each country. Many of the 25 programs combine different payments modalities, from cash or paycheck distribution to the opening of bank accounts.
 
There’s been a tendency towards payment methods that are more efficient and inclusive, either by linking to the financial sector or through the use of new technologies. However, cash and checks still persist in 12 of the programs - especially in the case of remote areas or areas that lack infrastructure and services - and only a small  number of programs offer full access to a wide range of financial services.
 
But beyond delivery methodology, some other barriers still limit the financial inclusion of the CCT recipients. Many recipients withdraw all the money as soon as they receive the transfer, which can also lead to a lack of liquidity in the ATMs. There’s also a tangible lack of trust towards the financial system, related to the low quality of customer service and care. In order to address all this, a good communication and the development of financial capabilities is essential.
 
In spite of these difficulties, the fact of being linked to a financial institution can still increase the possibilities for the recipient of accessing new financial services, or at least help them to discover and get to know new products. Therefore, it can be expected that, in general, CCTs delivered through bank accounts can incentivize formal savings in the long run and, to a certain extent, also promote financial inclusion.
 
Consistently, though there are few programs using bank accounts with widespread availability, many economies have incorporated some of the dimensions of financial inclusion into their CCT programs, advancing saving or mobile banking. For all this, we believe that CCTs have contributed to advancing financial inclusion in the Latin American region.
 
To date, there exists much empirical evidence about the short term impact of CCTs on poverty, consumption, health, child development, and the general well-being of recipients. There also exist a large number of empirical studies analyzing financial inclusion, and its positive effects on the economy. However, the majority of studies that analyze the relationship between financial inclusion and CCTs have been theoretical or based in microeconomics, focused on the impact of particular programs on specific economies. The current investigation constitutes an alternative to the lack of macroeconomic studies, and is based in a comparative review of the financial inclusion data of 16 Latin American countries from 2000 to 2013.
 
It is particularly difficult to evaluate financial inclusion in Latin America for two reasons; the limited information available to fill the gaps in information, and the lack of consensus regarding which variable or indicator is best suited to represent the complexity of financial inclusion.
 
With respect to the second point, the literature usually studies financial inclusion in a multidimensional manner, with the dimensions commonly relating to access, use, and depth of the financial sector. However, variables such as barriers to access and quality of the financial system are now being incorporated more and more.
 
With respect to the traditional dimensions of use of and access to the financial system, the number of bank accounts, bank branches and ATMS per resident are frequently used as a variable proxy, while penetration of the financial systems is frequently measured via the ratio of private credit to the GDP of a specific economy.  Given that there is are gaps in the information for all years of the variables to access and use in Latin America, for our work we used the ratio of private loans to GDP.
 
Although the measure is far from perfect (credit could be concentrated in the hands of a few large borrowers, implying a deep financial sectors but one where access or use is scarce), this is the only variable currently available for a study of this type and it is highly correlated with the variables of use and access in our sample. CCTs were chosen as an independent variable, measured in monetary flow injected by the conditional transfer programs in different countries in the sample were taken. Control variables such as education, poverty, income, population and inequality were also introduced.
 
The primary result of the investigation showed that the impact of the principal independent variable was positive and statistically significant in all models, whether working with the amount assigned in the annual budget or the amount actually executed each year. This corroborates the hypothesis that a higher rate of CCTs is related to a greater rate of financial inclusion. Moreover, the analysis suggests that the impact would be even greater if the number of CCTs in the region offering financial services was increased.
 
It should be noted that the information available on CCT programs in the region is still very limited. For this reason, our results are presented as a first pass that should be furthered with  future research, when more data are available and further study can be done based on larger sample sizes.
 
Equally, these results do not purport to confirm that simply offering financial services linked to CCTs is sufficient to increase financial inclusion. As mentioned, the mere fact of access to financial services, without the necessary financial education to make effective use of them, is a barrier to financial inclusion. As such, measurements of access and training should be considered as part of future CCTs programs.
 
Finally, the latest publications by Global Findex note that, though the number of individuals with a bank account is increasing around the world, it appears that a large proportion of these accounts are not being used. This important number - of bank accounts that are empty or show no activity - raises serious questions about the effectiveness of the financial inclusion of users. In this sense, the levels of financial inclusion measured by the variable of use would be misleading and only reflect an increase in the number of bank accounts.
 
To overcome these biases of information, different multidimensional indicators of financial inclusion have recently begun to be developed. However, for the moment, these new measures suffer from discontinuity in their publications or lack of a larger body of research. Therefore, studies on the impact of CCTs according to these indicators will have to wait until information on these figures over a longer time is available.
 
 
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