El uso ampliado del efectivo como medio de pago puede sucederse por diversos motivos. Lo cierto es que se verá materializado en una economía con poca bancarización (entendida como cantidad de cuentas en entidades formales) o una mediana bancarización, pero con escasos usos e interacciones de los individuos con sus productos financieros.

​A los datos…
El caso argentino ilustra un país cuyas tasas de bancarización se han incrementado, pero donde todavía resta mucho por recorrer en términos de aceptación y uso. En esta línea, según denotó el Banco Mundial, el 20% de las personas con cuentas bancarias las tiene sólo para cobrar subsidios y, de éstas, el 76% tiene el hábito de extraer el dinero apenas se ha depositado. Para peor, dicho hábito no se limita únicamente a los receptores de planes sociales y subsidios. El 80% de los empleados registrados que reciben sus haberes en una cuenta bancaria en nuestro país retiran la totalidad de sus salarios al momento de ser acreditados.

De esto se desprende la problemática actual en materia de inclusión financiera que enfrentamos. Por un lado, nuestro país aún presenta niveles de bancarización por debajo de la media en la región (51%) y, por otro, aquel sector bancarizado presenta escasos usos y prácticas en la interacción y utilización de servicios financieros.

Existiendo cada vez más facilidades tecnológicas y digitales para ampliar en el corto plazo la oferta o los canales de acceso e integrar a la población dentro del sistema financiero, cabe preguntarse por qué nuestro país prefiere el medio líquido al electrónico. ¿Cuáles son los motivos y los incentivos que llevan a esto? La pregunta de fondo en realidad es por qué los comercios y los individuos persisten en el uso del efectivo como medio de pago.

Sin duda, la inclusión financiera incluye también la creación de nuevos hábitos y costumbres que se vean materializados en una mayor aprobación de dichos servicios por parte de la población. La experiencia cercana nos dice, por ejemplo, que combinar la educación financiera y las facilidades para los accesos y requisitos es una parte fundamental. También que es esencial crear los incentivos regulatorios adecuados para que sea ventajoso el ser parte del mundo financiero.

No obstante, un factor comúnmente relegado corresponde a que dichos beneficios sean fáciles de ver y comprender por parte del público. La falta de comunicación e información clara, o la poca disponibilidad de ésta, ha demostrado crear apariencias erradas que supieron limitar a las iniciativas más integrales de inclusión financiera. El caso colombiano constituye un ejemplo en donde se presentan situaciones en términos de percepción fácilmente identificables y reproducidas en nuestro país.

El ejemplo colombiano
En Colombia, durante los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo desde el sector público para profundizar la inclusión financiera, habiéndose registrado importantes mejoras en términos de acceso. Desde comienzos del 2015, el país logró que todos sus municipios contarán con al menos un punto de acceso financiero a la población. Los cajeros automáticos, por su parte, crecieron a una tasa promedio anual de casi el doble con respecto a la de las oficinas (8,1% crecimiento promedio anual entre 2011 y 2015). De igual modo, los corresponsales bancarios fueron el punto de acceso más dinámico con un crecimiento promedio anual de 52% durante este período. Así, frente a otros países de la región, Colombia ostenta el liderazgo a nivel de cobertura a través de oficinas y corresponsales de entidades bancarias.

No obstante, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por el Banco de la República (y realizado conjuntamente con la Asociación Bancaria de Colombia, Redeban Multicolor S.A. y la firma Cifras & Conceptos), casi la totalidad de las transacciones del país se realizan todavía en efectivo. Más específicamente, el informe presenta que aunque los consumidores urbanos han alcanzado un alto grado de acceso a instrumentos de pago electrónicos, estos siguen haciendo el 97% de sus pagos en efectivo debido a la limitada aceptación de estos instrumentos en sus transacciones cotidianas.

Estudiando las percepciones de los individuos con respecto a los medios de pagos electrónicos para analizar los factores detrás de este fenómeno, según el informe, los comercios reconocen las oportunidades que puede traerles el aceptar pagos electrónicos en términos de eficiencia y competitividad. No obstante, la renuencia a aceptar instrumentos de pago electrónicos en Colombia se debe, entre otros aspectos, a las percepciones.

La encuesta reveló que los pequeños comerciantes suelen informar que uno de los motivos por los que no aceptan medios de pagos electrónicos (como tarjetas de débito y crédito) reside en el hecho de que, según su percepción, la mayoría de sus clientes no poseen cuentas bancarias ni algún tipo de tarjeta de crédito. Por otro lado, esta realidad se enfrenta a que muchos consumidores no ven la necesidad ni los beneficios de bancarizarse por el simple hecho de que los comercios no aceptan los medios de pago mencionados. A su vez, aquellos consumidores que sí poseen cuentas bancarias y productos financieros optan por pagar sus transacciones en efectivo, ya que perciben que un amplio número de pequeños comercios no aceptan otro medio de pago que no sea este.

En resumen, no valdría la pena incurrir en los gastos y esfuerzos que implica integrarse al sistema financiero si se percibe no poder utilizar los servicios y beneficios que este ofrece en las transacciones del día a día (tanto desde la óptica del comercio como desde la del consumidor). Evidentemente, no sólo existe la falta de incentivos adecuados, sino también la ausencia de instrumentos que influyan en la percepción de la población a la aceptación de las políticas implementadas por el sector público.

Corolarios y reflexiones
En Argentina, son muchos los motivos por los cuales existe resistencia al medio de pago electrónico y, por ende, un alto uso del efectivo. Entre estos, podríamos mencionar la desconfianza al sistema financiero –producto de una historia de perjuicios a los ahorristas–; un bajo conocimiento al respecto del correcto funcionamiento de dicho sistema –consecuencia de una insuficiente educación financiera–; un marco regulatorio con incentivos para quedarse por fuera de los productos financieros –principalmente tributarios– y/o bien una oferta excluyente en términos de requisitos o canales físicos (o virtuales) de acceso.

Sin embargo, muy probablemente el triunfo del efectivo por sobre los medios de pago electrónicos no repose en uno sólo de estos causantes sino en varios y, principalmente, en las sinergias generadas entre ellos. Así, una política integral debería actuar en los diversos causantes de manera holística, donde un factor comúnmente relegado corresponde a la correcta comunicación y transmisión de las medidas implementadas. En este sentido, al igual que en el caso colombiano, Argentina debería trabajar sobre la percepción de los actores para potenciar así su aceptación y avanzar en pos de una inclusión financiera benéfica para el conjunto de la sociedad.

El gasto en vivienda es uno de los más importantes para cualquier grupo familiar, pero principalmente para las familias de menores recursos. Ya sea debido a los elevados precios de la tierra, los altos costos en los materiales de construcción o bien los bajos niveles de ingreso o ahorro, un proceso recurrente es aquel denominado construcción gradual. Como su nombre lo indica, las familias edifican y expanden sus hogares con el tiempo, a medida que acceden a recursos para este fin. Cuando se habla de inclusión financiera y pobreza, es ineludible contemplar lo multidimensional y polisémico de los conceptos, máxime cuando se esgrima como elemento de inclusión social en la lucha contra la pobreza. Una dimensión crítica de la pobreza estructural es el déficit habitacional y consecuentemente el crédito para vivienda.

En Argentina, de acuerdo con el censo 2010, existen 3,5 millones de hogares que padecen de algún déficit habitacional; el 62% de ellos sufre problemas de índole cualitativa. No sorprende entonces que la mayor parte de la demanda insatisfecha de microcréditos (1 a 1,2 millones de individuos aproximadamente) se oriente a la refacción, la ampliación o la terminación de una vivienda según estudios de los autores publicados por la UCA y en Infobae.

Sin embargo, más allá de la masividad que reviste esta demanda, la problemática ha sido abordada incipiente e insuficientemente por la política pública. Así, en la ley de presupuesto nacional 2017, la partida de vivienda para los segmentos de menores recursos, esto es, menos de dos salarios mínimos, previó otorgar un total de 40 mil microcréditos para dicho fin. Si bien es un puntapié, esta iniciativa se encuentra lejos de constituir una respuesta comprehensiva a la necesidad de financiamiento habitacional en nuestro país, lo que confirma los límites del actual sistema financiero.

Es cierto que algunas instituciones financieras u ONG ofrecen préstamos de financiamiento para mejoramiento de vivienda a personas de bajos ingresos y ayudan así a cubrir esta demanda. En cada caso, según la institución y el producto, los préstamos pueden cubrir la renovación, la ampliación o la refacción de una unidad habitacional existente, como así también en segmentos de mayores ingresos la compra o la construcción de una vivienda nueva (PRO.CRE.AR), las mejoras de infraestructura básica como instalaciones eléctricas o de saneamiento, o los créditos hipotecarios actualizados por la inflación (UVI).

Pero en lo que respecta al aspecto cualitativo, y más específicamente para los excluidos del sistema financiero, la oferta es sin duda reducida. A modo de ejemplo innovador pero aislado y acotado a una ciudad, podemos mencionar el sistema de ahorro programado para la vivienda que diseñó el Banco Ciudad a través del producto denominado Caja Ladrillo, que propone a la familia vulnerable ahorrar en un plazo fijo bancario por un período mínimo que demuestre su capacidad de pago y luego recibir una línea de crédito diferencial para usar en negocios de materiales de la construcción. El producto contribuye a abaratar el costo de autoconstrucción y a generar un historial de crédito para personas hoy excluidas.

No obstante, estas iniciativas ocupan un lugar incipiente dentro del sistema financiero. El esfuerzo realizado por los bancos para incluir con servicios financieros a la talla de su demanda, aunque valioso, sigue siendo ínfimo. El hecho de que la cartera de las dos entidades más importantes de microfinanzas en el país (Provincia Microempresas y Ciudad Microempresas) no alcance siquiera el 1% de la cartera total de sus bancos impulsores (Provincia y Ciudad, respectivamente) es muestra de ello.

Los bancos privados y públicos, con un puñado de excepciones como el Banco Ciudad, aún no han acompañado la iniciativa contemplada en la ley de presupuesto nacional 2017 con el fin de atender la demanda potencial de microcréditos para vivienda. Ello requiere decisión política de orientar una parte de la cartera de fondos a una nueva línea crediticia con fines primordialmente sociales, con alto impacto en la inclusión financiera y que requeriría crear un canal de negocios especial que pocos bancos hoy están preparados para desarrollar.

En resumen, queda claro que la banca pública debe ayudar a escalar esos 40 mil microcréditos habitacionales presupuestados por el Gobierno, para en un segundo tiempo obtener el acompañamiento de la banca privada. Además de contar con el fondeo necesario, dichas instituciones públicas poseen respaldo de organismos internacionales. La problemática habitacional en nuestro país es principalmente de carácter cualitativo y requiere de un nuevo modelo de negocio para los bancos, empezando por los públicos. Por último, la articulación de la banca pública con estos objetivos, además de asequible, tiene bondades que exceden a aquellas de la dimensión habitacional, puede generar un boom de demanda de empleo y autoempleo que a su vez colaboren virtuosamente a impulsar la actividad económica.

Desde que los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) de la ONU posicionaron a la inclusión financiera en un lugar protagónico, el grueso de los debates ha esgrimido la inclusión financiera con foco digital como una de las promesas más auspiciantes. Así, pagos digitales, dinero electrónico y las afamadas Fintech´s (tecnologías financieras) aunadas a la importante penetración de la telefonía móvil se congregan en los más álgidos debates de política económica.
 
Semanas atrás, bajo la presidencia de Alemania, el G-20 se ha comprometido con la promoción de la inclusión financiera apostando explícitamente por los canales digitales. No es sorprendente entonces que, de cara a la presidencia argentina de la próxima Cumbre en 2018, eventos locales como el reciente "Dinero Electrónico: las claves para el despegue en la Argentina" congreguen a significativos referentes del Banco Central de la República Argentina, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, de empresas pioneras en pagos electrónicos y de importantes bancos públicos y privados. Sin embargo, más allá del repentino auge local, la relación entre inclusión financiera digital y telefonía móvil a través del dinero electrónico no es algo nuevo para el mundo.
 
Este matrimonio cobró visibilidad global en la República de Kenia, un país del este africano con 46 millones de habitantes donde los teléfonos celulares permitieron que actualmente sea considerado un pionero a nivel mundial en inclusión financiera. El modelo de banca móvil implementado por la compañía M-Pesa en el año 2007 se transformó rápidamente en un caso de estudio para hacedores de política, académicos y organismos multilaterales de todo el mundo.
 
El sistema fue lanzado por el operador móvil Safaricom (grupo Vodafone) como un método simple para enviar pequeños pagos entre usuarios. Diez años después cuenta con 30 millones de usuarios en 10 países y una gama de servicios que incluyen transferencias internacionales, préstamos y provisiones de salud. En 2016 procesó alrededor de 6 mil millones de transacciones a una tasa máxima de 529 por segundo. Con la aparición de nuevo actores (por ejemplo M-Shwari, entre otras), en Kenia el uso de los teléfonos móviles para transacciones pasó a ubicarse entre el 60% y 66%. Estos resultados tan alentadores han surgido de un marco regulatorio propicio de apoyo e impulso del sector público, en este caso a través del Banco Nacional de Tanzania, y de alianzas público-privadas.
 
Al margen del inmenso éxito en su esquema de negocios, más relevante aún son los resultados de estudios recientes realizados por economistas del MIT y publicados en la prestigiosa revista internacional Science. De acuerdo a los mismos, desde 2008 el acceso a los servicios de dinero móvil aumentó diariamente los niveles de consumo per cápita en 194.000 hogares kenianos, sacando así a un 2% de la población del país de la extrema pobreza (menos de $1.25 dólares al día). Para más, los hogares encabezados por mujeres experimentaron incrementos mucho mayores en el consumo que los hogares encabezados por hombres y habrían ayudado a unas 185.000 mujeres a pasar de la agricultura a ocupaciones de negocios.
 
No obstante, no todo es éxito para la compañía africana. Las innovaciones que M-Pesa introdujo en Kenia y África Oriental no fueron capaces de replicarse con éxito en Sudáfrica, donde M-Pesa cesó sus operaciones el 30 de junio de 2016 tras intentar reproducir la misma matriz. En los últimos años diversas firmas han replicado el modelo de negocios de M-Pesa en América Latina. Más allá de su sólida constitución y relativo éxito local en algunos mercados (como Paraguay, Honduras o El Salvador), ninguno ha escalado de manera similar a la compañía africana.
 
La hipótesis que surge es sobre la relevancia del contexto, la población y la estructura local. A modo de ejemplo regional podemos mencionar a Bim, la billetera electrónica de Perú que el pasado 16 de febrero cumplió su primer año.
 
Cuando en enero de 2013 Perú aprueba su normativa sobre dinero electrónico, la Asociación de Bancos del Perú reunió a todos los bancos privados operando en el país (esto es, sus miembros), al principal banco público encargado de los pagos del aparato estatal (Banco de la Nación), a las dos asociaciones de entidades microfinancieras reguladas del país (ASOMIF y FEPCMAC) y a una incipiente empresa emisora de dinero electrónico en proceso de gestación. Tras explorar diversos esquemas en el marco de la nueva normativa, en 2014 lanzaron como proyecto mancomunado de dinero electrónico Modelo Perú.
 
A través de Modelo Perú, los integrantes cooperaron para crear una plataforma operativa común con el afán de desarrollar un ecosistema de pagos digitales y posteriormente competir por los usuarios finales. Así, en 2015 se crea Pagos Digitales Peruanos S.A, una compañía privada que brinda servicios de operación de billeteras electrónicas a sus miembros cuya propiedad pertenece a más de 30 entidades financieras y emisoras de dinero electrónico. Bim nace gracias al esfuerzo de Pagos Digitales Peruanos S.A.
 
Constituye una novedosa billetera electrónica de afiliación gratuita con la cual no se requiere cuenta en un banco, cuya plataforma opera en cualquier teléfono móvil (básico o inteligente, prepago) aun cuando estos no tengan saldo. Las billeteras de Bim son administradas centralmente, pero cada usuario al momento de activar su cuenta debe seleccionar que emisor de dinero electrónico lo respaldará. Con ello, cada billetera está asociada a un proveedor (emisor de dinero electrónico) haciendo que el usuario final pueda realizar transacciones con cualquier otro usuario, sin importar la entidad emisora que soporta su Bim. A su vez, es interoperable entre la red de agentes corresponsales de varios intermediarios financieros (para extraer o depositar dinero en Bim) y con tres empresas de telefonía (que contemplan más del 90% del mercado de telefonía móvil).
 
Además, es de resaltar el apoyo del marco regulatorio. Bim opera como una cuenta transaccional simplificada de bajo monto y gracias a la normativa para este tipo de cuentas, el usuario final solo requiere su documento de identidad y un teléfono para activar su Bim. Si bien la cuenta tiene límites, tras cumplir ciertos requisitos puede convertirse en una cuenta general (sin topes). A un año de su lanzamiento, aunque con aprendizajes y desafíos, Bim sumó 276 mil billeteras.
 
Esta alianza entre la industria financiera y de telecomunicaciones para lograr al amplio alcance de Bim lo vuelve un caso particular y modelo de innovación en la región. El contexto en el que tiene lugar esta masiva iniciativa y el esfuerzo político por incluir financieramente a la población en Perú se ha traducido en la implementación de una estrategia nacional de inclusión financiera en el año 2015. Entre sus metas se establece que al 2021 el 100% de la población viva en distritos con presencia del sistema financiero; el 75% de adultos tenga una cuenta en alguna entidad financiera; y una multiplicación por 5 de los pagos electrónicos por habitante.
 
En resumen, los casos de M-Pesa en Kenia y Bim en Perú, así como tantos otros en la región y el mundo, nos dejan importantes lecciones sobre la importancia del contexto y del mercado local. Consecuentemente, sobre la inevitable necesidad de innovar a la talla de cada caso, de generar alianzas estratégicas y de contar con una normativa que acompañe. La inclusión financiera es un sistema donde oferta, demanda y marco regulatorio interactúan con igual relevancia. Contar con una legislación y regulación proactiva, que comprenda las necesidades de entidades y clientes pero a su vez facilite y promueva alianzas y diálogos será fundamental para lograr el objetivo deseado.