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Microfinanzas y préstamos para AUH y jubilados

27/8/2017

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Publicado en diario PERFIL - 27-08-2017
El 20 de julio fue implementada la extensión de los préstamos que brinda Argenta a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El 70% de los nuevos préstamos solicitados a la ANSES (más de 300 mil) fue para receptores de la AUH. La mayoría (70%) accedió así por primera vez en su vida a un préstamo personal. Como es habitual cuando se habla de los más vulnerables, tras su aparente éxito en términos de demanda han florecido las críticas y debates en la opinión pública y los principales medios de comunicación.

Una postura crítica oída recientemente hace referencia a la relación entre los préstamos Argenta y una supuesta inefectividad del microcrédito. Con el fin de dilucidar nociones difusas y errores conceptuales, como aquel de utilizar una definición errónea o minimalista de microcrédito que ubica bajo un único paraguas a más de 40 años de desarrollo e innovación metodológica, abordaremos este debate.

El microcrédito nace a mediados de 1970 como una solución innovadora para que millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad accedan a financiamiento emprendedor. En adelante, nuevos servicios y metodologías se aúnan al concepto integral de microfinanzas y más recientemente al de inclusión financiera. En 2006 el creador del microcrédito, Muhammad Yunus, recibe el Premio Nobel de la Paz por su aporte en la lucha mundial contra la pobreza. En 2015, la inclusión financiera es reconocida por la ONU como herramienta para poner fin al flagelo que Yunus y sus seguidores habían comenzado a combatir cuatro décadas atrás.

Algunas voces han señalado erróneamente que el microcrédito junta principios antagónicos como “filantropía con negocios, caridad con emprendimiento individual, renta financiera con inclusión social”. En los hechos, las microfinanzas son todo lo contrario, pues se esgrime la noción de empoderar mediante esfuerzo, trabajo y acompañamiento, contrario a la filantropía de donar y olvidar. Por lo dicho es que se cobra interés, más allá de que los márgenes de ganancia sean mayormente bajos para el prestador (ejemplo en el caso argentino).

Otras posturas sostienen como crítica que “la experiencia internacional y local no convalida” sus bondades. Dicho argumento es falaz. La evidencia internacional no convalida pero tampoco rechaza, es mixta. Consecuencia de que exista toda una gama de metodologías para brindar microcréditos a los más vulnerables (individual, grupal, comunal, con o sin acompañamiento educativo y emprendedor, etc.). La evidencia sobre sus bondades es abundante al analizar casos específicos.

La literatura nos demuestra que el microcrédito fomenta la actividad independiente casi sin excepción. También cambios en los patrones de consumo hacia una mayor inversión en bienes durables y menor en compras suntuosas como bebidas alcohólicas, festivales, etc. Se evidencia de forma clara el empoderamiento de la mujer hallando mejoras en la toma de decisiones, felicidad y confianza mutua de las prestatarias a la vez de una disminución en indicadores de depresión y necesidad de ayuda. Otros estudios en base a créditos grupales encuentran además incrementos en consumo particular de alimentos en los hogares más pobres.

Otro argumento que se ha esgrimido frente al préstamo de Argenta para titulares de la AUH, definiéndolos erróneamente como una variante de microcréditos operados por el Estado, propone que así el “gobierno argentino promueve el endeudamiento ciudadano” y que en lugar de proteger a la población del riesgo de la división del trabajo “endeuda a la ciudadanía para que busque salidas individuales”.

Es necesario comprender que los servicios de deuda informales están a merced de la población más vulnerable, en condiciones financieras menos favorables (tasas de interés más altas) y con consecuencias ampliamente más traumáticas frente al no pago. El Estado no “promueve” el endeudamiento mediante Argenta, en tal caso devuelve el derecho de acceder a servicios financieros que la banca comercial ha negado históricamente a los estratos más bajos. Brinda la oportunidad de acceso que estratos superiores tienen por el simple hecho de no vivir bajo el estigma de la pobreza.

A su vez, la mejor protección ciudadana frente al fantasma del desplazamiento laboral que generará el proceso global de automatización es armar de capacidades y oportunidades a la población. El emprendedorismo y el autoempleo son una respuesta tan válida como todas las demás (ingreso universal, etc.) aunque a priori más lógica y sostenible para países emergentes como el nuestro.

Por último, dos reflexiones finales. Primero, que el préstamo Argenta no es estrictamente un microcrédito por muchos motivos de diseño, como el no contemplar el fin por el cual es solicitado el financiamiento. En segundo lugar, que los receptores de la AUH no son beneficiarios, son Titulares de Derecho. De igual modo, el acceso al crédito es entendido por gran parte de la literatura como un “Derecho Humano de Segunda Generación”. El debate sobre la medida debe estar en mejorar su diseño y no en argumentos rebuscados sobre su razón de ser.

Ignacio E. Carballo

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Metas de Inflación, un balance temprano

22/8/2017

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Publicado en Bastión Digital - 22-08-2017
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Casi un año atrás, la Argentina transitaba un período bisagra que la llevaría a tomar un nuevo rumbo de política económica. En septiembre de 2016, más de una década después de que el gobierno de Néstor Kirchner decidiera suspender las visitas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución regresaba al país con el afán de auditar las cuentas públicas locales y discutir las estrategias a implementar.

Tras analizarlo conjuntamente con el FMI, el Banco Central de la República Argentina anunció el día siguiente la adopción formal de un régimen de metas de inflación como eje rector de su política monetaria. Su objetivo pasó así a ser aquel de reducir el índice de inflación hasta llevarlo a un dígito (5%) para el año 2019, sumándose a las filas de la veintena de gobiernos en el mundo que aplican un esquema similar. El innegable protagonismo que el programa ha adquirido a lo largo de su primer año nos lleva a reflexionar algunas cuestiones.

De manera general, las metas de inflación consisten en un esquema de política monetaria que tiene como objetivo primordial la estabilización del nivel de precios en torno a un valor dado, preestablecido por las autoridades de los Bancos Centrales y dado a conocer de forma pública. En su aspecto más pragmático se sostiene que a través de la utilización de una tasa de interés de referencia, la entidad monetaria podría influir sobre el ciclo económico y, por esta vía, en la tasa de inflación.

Así, la gestión consiste en la fijación de un valor objetivo para una tasa de interés nominal de corto plazo, que es alcanzada operando sobre las licitaciones primarias de títulos realizadas semanalmente por la autoridad monetaria (a través de operaciones de mercado abierto). En nuestro caso, la tasa de interés de corto plazo del BCRA es el centro del corredor de pases a 7 días en su periódica licitación.

La construcción teórica detrás de este esquema sostiene que modificaciones en la tasa de interés nominal de corto plazo implicarían cambios en el resto de las tasas de interés de la economía, lo cual modificaría decisiones tanto de consumo como de inversión, alterando así demanda agregada. Si efectivamente asumimos que la demanda agregada se ve negativamente influenciada por la tasa de interés real en el corto plazo, consecuentemente, el Banco Central podría afectarla por medio de la administración de una tasa de interés política (la de referencia), minimizar las fluctuaciones del producto corriente y mantener la inflación en torno a su meta.

En nuestro país, el fin del nuevo esquema no fue únicamente aquel de alejar el fantasma estigmatizador de ser la segunda economía con mayor índice inflacionario de la región. Por el contrario, cumple una función de particular relevancia para el devenir económico, la atracción de inversiones. 

Como es sabido, un contexto inflacionario que se vea acompañado por variaciones en los salarios de similares magnitudes posibilita un incremento en los precios sostenido y también, en cierta medida, sostenible en el tiempo (con crecimiento económico). Sin embargo, aunque pudiera no implicar un detrimento real en el poder adquisitivo de los trabajadores, una inflación elevada siembra una serie de efectos nocivos que limitan el buen desenvolvimiento de otras variables fundamentales en toda economía.

Entre ellas, podría mencionarse el desfasaje en la estructura impositiva, la inadecuada interacción entre contratos nominales con fechas preestablecidas o el renombrado “impuesto inflacionario”. No obstante, de cara a la coyuntura vigente, el principal factor refiere a los efectos negativos que genera un contexto de incertidumbre sobre el nivel de precios en las decisiones privadas de inversión. De este modo, influyendo en las expectativas privadas, el esquema de metas de inflación adquiere su mayor relevancia como medio para cautivar las tan anheladas inversiones.

La meta de inflación fijada para el 2017 fue de entre 12% y 17%. Para ello, el nivel de las tasas de interés que ha aplicado el BCRA para controlar el alza de precios no ha bajado del 25% promedio. La opinión general coincide en un difícil cumplimiento de las metas establecidas, con una inflación proyectada del 21%-22% para fin de año.

No obstante, más allá del repunte en precios durante el mes de julio (con una inflación del 1.7%), política implementada por el BCRA le permiten al Gobierno exhibir como un logro haber reducido la tasa anual de inflación desde un 40% en 2016 a casi la mitad en 2017. Además, vale remarcar que las consultoras privadas mediante el IPC Congreso habían estimado un 2.1% para el séptimo mes, relativizando aún más lo negativo del valor oficial de julio.

Debemos señalar que las expectativas de inflación están determinadas por diversos factores que configuran lo que la literatura llama un “entorno” de inflación. En este, la existencia de valores objetivos públicamente anunciados por las autoridades ejerce cierta influencia para determinar convenciones sociales en un contexto de incertidumbre pero, lamentablemente, no la afectan en su totalidad.

El nuevo esquema cumplirá un año desde su anuncio formal a fines del próximo mes. Cuando llegue el momento de hacer balance, es necesario contemplar de manera integral el “entorno” de inflación. Por ejemplo, un déficit fiscal que en 2017 superará probablemente los 4 puntos del PBI, un consumo alicaído que muestra leves señales de repunte pero con patrones transformados, un déficit de cuenta cambiaria en la mayor parte de las actividades creciendo aceleradamente y un débil ingreso de dólares por exportaciones.

De nada sirve que nos endeudemos con acreedores externos para financiar un exceso de consumo público o vernos obligados nuevamente a recurrir al financiamiento del Central mediante emisión monetaria (y su consecuente aumento inflacionario). En pocas palabras, de poco sirven equilibrios parciales que no conlleven a un equilibrio general sostenido e inclusivo en toda la economía.

Ignacio E. Carballo

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Una mirada al Crowdfunding como herramienta para la inclusión social

17/8/2017

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Publicado en revista FinTech en Español - 17-08-2017
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Desarrollar un sector financiero accesible, asequible y seguro, que cuente con una amplia oferta de servicios y productos diseñados para satisfacer las necesidades de su población, es actualmente entendido como una condición necesaria (aunque no suficiente) para promover el bienestar económico y la inclusión social de las naciones.

Por este motivo, impulsar un sector financiero inclusivo ha sabido constituirse paulatinamente en una meta cada vez más añorada por los distintos gobiernos y organismos internacionales. Tanto fue así, que finalmente en el año 2015 la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas resaltó al acceso ampliado a servicios financieros en cinco de sus 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible (en adelante ODS).

No obstante, la inclusión financiera propiamente dicha es un concepto que se encuentra en constante evolución, construcción y debate. Su carácter polisémico y multidimensional torna difuso el objetivo de diagramar un mapa único y claro de políticas públicas para alcanzarla. Es justamente dicha característica lo que ha permitido y justificado la existencia conjunta de un extenso abanico de iniciativas a lo largo de su historia.

Más recientemente, con la revolución de las nuevas tecnologías financieras (Fintech´s), este fenómeno se ha profundizado enfáticamente. Pasamos así del microcrédito, los programas de graduación o la banca comunal, a iniciativas homólogas pero con tecnologías digitales de vanguardia. De igual modo, billeteras móviles, bancos virtuales, educación financiera mediante tabletas o análisis crediticios en base a redes sociales y Big Data (entre otros tantos ejemplos posibles) se esgriman disruptivamente en las finanzas inclusivas de los más vulnerables. La tendencia ha buscado ajustarse cada vez más digitalmente a las necesidades y posibilidades reales de cada usuario.

En este amplio espectro, una iniciativa que ha perdurado, evolucionado y sabido ganar terreno con firmeza en medio de esta revolución tecnológica es el Crowdfunding (fondo colaborativo, financiamiento colectivo, etc.). Frente a la expansión de la internet, las redes sociales y los medios de comunicación digitales, dicho modelo que permite la obtención de recursos a partir de pequeños aportes de una amplia base de personas se ha transformado en una opción alternativa cada vez más tentadora para todo tipo de agente que no posea acceso al sistema financiero tradicional, incluyendo personas vulnerables o en situación de pobreza.

En el mundo, el Crowdfunding representa un mercado que supera los $34.000 mil millones de dólares. En los países emergentes, donde de acuerdo al Banco Mundial se concentra la población sin cuenta bancaria (uno de cada dos habitantes), existen casi dos centenas de plataformas brindando este tipo de financiamiento alternativo. Según la misma institución, sólo en estos países, el Crowdfunding podría alcanzar un flujo de $96.000 millones de dólares para el año 2025.

Entre las plataformas más relevantes a nivel global se encuentran importantes iniciativas como Kickstarter o GoFundMe para todo tipo de emprendimiento. Sin embargo, a la par encontramos al gigante del Crowdfunding de impacto, Kiva. Esta plataforma que ayuda a los menos favorecidos tiene presencia en los cinco continentes mediante alianzas con diversos socios estratégicos en más de 80 países y como misión “conectar a la gente a través de préstamos para aliviar la pobreza”.

Los prestamistas de Kiva han llegado a movilizar un promedio de $2.5 millones de dólares en préstamos cada semana. A junio de 2017, se habrían movilizado nada menos que $1.000 millones de dólares gracias al aporte de 1.6 millones de personas en todo el mundo. De este modo, Kiva ha brindado financiamiento a 2.5 millones de prestatarios mediante más de 1.2 millones de créditos, revolucionando así el acceso a los servicios financieros de personas vulnerables.

Sin embargo, el aporte de Kiva es mucho mayor que el simple acceso a financiamiento. Este modelo de Crowdfunding (que podría ser replicado en todo el mundo) fomenta de manera directa e indirecta la inclusión social y el desarrollo sostenible mediante distintos canales. Para dar cuenta de los mismos, a continuación realizaremos el ejercicio de analizar los vínculos del modelo Kiva con los nuevos ODS de las Naciones Unidas.

En el mundo, el 42% de las mujeres permanecen fuera del sistema financiero formal habiéndose demostrado que su inclusión financiera aporta a la igualdad de género al darles un mayor control sobre sus finanzas. Puesto que un 81% de los prestatarios de Kiva son mujeres vulnerables, podemos afirmar que un modelo de Crowdfunding con estas características ha servido a la “Promoción de la Igualdad de Género” (ODS No.5)[1].

Este modelo también ha aportado su cuota de impacto a la meta de alcanzar el “Hambre Cero” (ODS No.2), pues casi 525.000 de sus prestatarios son productores agricultores. La literatura nos dice que el sector agrícola es vital para la eliminación del hambre y la pobreza en el mundo.  La falta de acceso al crédito y al seguro impide a los agricultores hacer inversiones que podrían aumentar los rendimientos de los cultivos y fortalecer así la seguridad alimentaria global, factor señalado como fundamental para cumplimentar este objetivo.

En otra línea, tenemos que actualmente existen 57 millones de niños con edad primaria escolar que no van a la escuela en todo mundo. Dado que 28.000 créditos de Kiva fueron específicamente para fines educativos, su modelo ha aportado directamente a la meta de “Promover la educación” (ODS No.4). Las investigaciones sugieren que la inclusión financiera puede ayudar a promover la educación a través préstamos a corto plazo, productos de compromiso y servicios de débito directo que permitan a los hogares pagar gastos tales como las tasas de matrícula o inscripciones escolares[2].

Con una lógica similar, la Agencia Internacional de Energía informa que cerca de 1.300 millones de personas carecen de acceso a la electricidad, incluyendo dos tercios de toda la población de África subsahariana. Según declara Kiva, un aproximado de 65.000 prestatarios obtuvo acceso a energías limpias por esta vía de financiamiento, aportando así a la búsqueda de un mundo con “Energía asequible y no contaminante” (ODS No.7)[3].

Por último, 220.000 prestatarios de Kiva residen en zonas de conflicto y 750.000 pertenecen a los países menos desarrollados. La inclusión financiera de individuos vulnerables y excluidos facilita herramientas para su éxito económico a la vez de viabilizar asistencias cuando las crisis se materializan. En este sentido, aunque de manera menos directa, se promueve al menos teóricamente la “Reducción de la desigualdades” (ODS No.10) y consecuente e indirectamente la “Paz” (ODS No.16) al ayudar a mitigar la inestabilidad económica de diferentes sectores de la población.

En resumen, cuando las personas están incluidas en el sistema financiero, poseen más oportunidades para salir de la pobreza al invertir en actividades económicas o en capital humano (por ejemplo en educación o salud). La inclusión financiera disminuye a su vez la probabilidad de que la gente caiga en la pobreza, pues mitiga las consecuencias de gastos inesperados. Puesto que modelos de Crowdfunding como el de Kiva fomentan la inclusión financiera y que la revolución Fintech promete profundizar y acelerar de manera vertiginosa su alcance, podemos ser optimistas al afirmar que esta modalidad realiza un valioso aporte al primer y principal Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Poner fin a la pobreza”.

​[1] Más aún, las investigaciones demuestran que es más probable que las finanzas controladas por las mujeres se gasten en necesidades tales como alimentos y agua, así como en el bienestar de los niños, incluidas las matrículas escolares y la atención de la salud influyendo indirectamente en otras dimensiones.

[2] Además, existe toda una serie de estudios a nivel país que han señalado que el desarrollo financiero está relacionado con una reducción en el trabajo infantil, principal barrera a la educación.

[3] Aunque la literatura aún no documenta con evidencia empírica este impacto, hay muchas razones teóricas para creer que las innovaciones en los servicios financieros digitales aceleren el acceso a la energía. El modelo de Crowdfunding implementado por Kiva es un ejemplo concreto en este sentido.

Ignacio E. Carballo - Nicolás Xanthopoulos

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Informalidad urbana y títulos de propiedad, algunas consideraciones

9/8/2017

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Publicado en diario El Economista - 09-08-2017
Las villas y los asentamientos urbanos representan uno de los principales bastiones de política pública en la nueva gestión de la Ciudad de Buenos Aires liderada por Horacio Rodríguez Larreta. Sin duda, el ejemplo más difundido fue aquel de urbanizar la emblemática Villa 31, el asentamiento más antiguo de la Ciudad cuya población ronda los cuarenta mil habitantes.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires coexisten aproximadamente 50 asentamientos en los cuales habitan 280.000 personas (esto es, casi un 10% de su población). La informalidad en el suelo urbano es un fenómeno que afecta a un número cada vez mayor de habitantes en América Latina, donde las probabilidades de acceder a un título de propiedad son cada vez menores.

En esta línea, una iniciativa paralela ha sido aquella implementada en los barrios del sur de la Ciudad. Particularmente en Los Piletones, Las Palomas y 33 Viviendas, donde más de una centena de familias han sido beneficiarias de una batería de créditos sociales con el fin de acceder, por primera vez, a una vivienda propia.

En estos barrios, gracias a la coordinación del Banco Ciudad junto con la Corporación Buenos Aires Sur, se facilitaron créditos (de 80 o 120 cuotas de 300 a 700 pesos) a diversas familias para comprar su terreno y garantizarse así la tenencia de sus propiedades. 

Relegados y al margen de toda dinámica urbana, estas facilidades crediticias son algo inédito para muchos ciudadanos en estos asentamientos. No es de extrañar la felicidad que muestran los vecinos que pudieron, gracias a esta iniciativa, acceder a un mercado financiero que sistemáticamente les cierra las puertas debido a su falta de garantías o de empleos formales.

Tras estas medidas, se esperan diversos efectos positivos a materializarse en los respectivos barrios. Por ejemplo, en la calidad de las viviendas, puesto que la garantía de propiedad generaría más incentivos para la inversión en infraestructura y el mejoramiento de los hogares. 

No obstante, si bien la medida persigue fines nobles, ante una problemática creciente y en constante evolución vale la pena señalar algunas alertas que acompañan el renovado optimismo. Para desarrollarlas, analizaremos la política de titulación ejecutada en Lima, Perú, durante la década de los 90. 

La experiencia peruana

Por aquel entonces, el famoso economista Hernando de Soto, propuso entregar títulos de propiedad en las periferias de Lima, donde el crecimiento de los asentamientos urbanos era cada vez mayor y se percibía como desbocado. Los datos nos cuentan que a mediados de la década del 50 la ciudad contaba con 1 millón de habitantes, mientras que para el año 2000 ya eran 7.4 millones.

En el medio del caos demográfico y la evidente incapacidad de gestión del gobierno local, De Soto aseguraba que los títulos de propiedad permitirían disparar el desarrollo social y económico en los sectores más pobres, marginados del mercado de crédito y de las posibilidades de inversión que este conlleva. La lógica estaba detrás de la garantía propietaria y el acceso a financiamiento que la misma les otorgaría a los nuevos titulares.

Esta medida fue acompañada por una flexibilización del aparato burocrático lo cual permitió otorgar los títulos de manera más fluida. El promedio para obtener el documento oficial pasó así de 7 años a 45 días. Dicha flexibilización permitió al gobierno de Perú otorgar cerca de 2 millones de títulos de propiedad, lo que da cuenta del impresionante alcance de la medida. Sin embargo, el caso peruano nos deja algunas lecciones y reflexiones obligadas a contemplar.

A los pocos años de su implementación, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), comenzó a notar que los trámites de titulación disminuían sin ninguna razón aparente. Los residentes se negaban a realizar las divisiones terrenales en los procesos sucesorios. En otras palabras, tras el fallecimiento de un familiar, las personas se negaban a realizar los trámites legales necesarios para el traslado de tenencia licuando así parcialmente su resultado. 

Otro fenómeno interesante que comenzó a notarse tras la titulación, fue que ante la imposibilidad económica de los hijos a instalarse en un nuevo terreno, los mismos empezaron a construir encima o detrás de las casas de sus padres de manera independiente. Esto generó que generaciones subsiguientes permanecieran en un terreno legal, pero haciendo divisiones de manera oral y sin recurrir al sistema normativo formal.

Otro efecto (anunciado de antemano por los estudiosos de la intervención), fue la creación de incentivos a permanecer en terrenos de manera informal a la espera de la llegada nuevas facilidades para acceder a los títulos de propiedad. En este sentido, era de esperarse un menor esfuerzo por parte de los residentes informales para escapar a dicha condición.

En definitiva, la intervención generó una serie de externalidades inesperadas. Los problemas que fueron el puntapié inicial para el surgimiento de la informalidad, volvieron a presentarse una generación después. Podemos inferir que los problemas de fondo, la raíz del fenómeno, no fueron atacados de manera integral sino que las medidas pretendían emparchar la realidad de quienes no pueden acceder a un terreno por su condición de marginal.

Volviendo…

Tomando el caso peruano como evidencia fehaciente de los efectos de una medida de titulación en el ámbito informal, podemos observar desde otra perspectiva el escenario local y hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué diferencias existen entre los asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires y los que existen en Lima?

La respuesta es compleja, pero es evidente que no existe garantía de cambio permanente para la condición marginal de los residentes por el mero hecho de ser propietarios. Es necesario que los promotores de políticas públicas expandan su apoyo intergeneracional y multidimensionalmente, facilitando sus recursos para generar incentivos que allanen el camino a quienes viven permanentemente en condiciones de exclusión. Visto de este modo, la titulación es un valioso aporte, pero no nunca será un fin en sí mismo.

Ignacio E. Carballo - José Villanova

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