CIMIENTOS ECONÓMICOS
  • Blog
  • Investigación
  • About

La importancia de las alianzas para lograr una inclusión financiera de impacto

31/1/2017

0 Comentarios

 
Publicado en revista PPC-Madrid, España - 31-01-2017
Imagen
En un contexto social y económico que demanda rápidas intervenciones, lograr un trabajo coordinado por los distintos actores en pos de implementar iniciativas eficientes de inclusión financiera es una necesidad indispensable. Lejos de cualquier simplicidad, estas intervenciones requieren dos características para nada sencillas de proveer: escala y alcance. La primera refiere al hecho fáctico de que 2.000 millones de personas a nivel mundial aún no poseen una cuenta bancaria. En cuanto al factor de alcance, hace alusión a la existencia de fuertes asimetrías dentro de esta población no bancarizada, como brechas de género, edad y zona de residencia, tanto en el acceso como en el uso de los servicios financieros (véanse los datos del último informe del Banco Mundial global findex).

La triste radiografía actual nos lleva a confirmar que la articulación fluida de actores es una condición necesaria para avanzar con iniciativas certeras. En la apuesta por reunir y articular expertos en la temática provenientes de ámbitos nacionales, internacionales, públicos y privados, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) ha sabido ocupar un lugar fundamental, transformándose en un importante referente en la materia. AFI es una red global actualmente compuesta por 124 instituciones formuladoras de políticas y regulaciones de 95 países en desarrollo y emergentes que trabajan en conjunto para impulsar medidas de inclusión financiera.

Las lecciones y aprendizajes que la reunión de esfuerzos materializada a través de AFI refleja para el sector son varias. A saber: la implementación de programas diseñados y basados en una mirada integral de la sociedad y la economía coordinados por un grupo de expertos provenientes de diferentes ámbitos; un mayor conocimiento de los limitantes y barreras para acceder a regiones y sectores tradicionalmente postergados de los servicios financieros; una mayor sostenibilidad de las intervenciones (dado que cuentan con el consenso y apoyo de diferentes entidades); y la optimización de recursos humanos y económicos.

Sin embargo, otras alianzas han sabido generar importantes resultados sin haber revestido de un carácter global y masivo como el de AFI. A modo de ejemplo reciente de trabajo coordinado en la región de América Latina, podemos mencionar aquel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien se ha unido a una alianza organizada por las Naciones Unidas para crear sinergias con gobiernos, empresas y organizaciones locales en el esfuerzo por avanzar en innovaciones del tipo FinTech para la digitalización financiera.

Así, podemos destacar la línea Micropagos del Banco Santander en Uruguay, entidad que ha creado un ecosistema integrado por el mismo banco, operadores móviles y la empresa de transacciones de pagos móviles Micropagos para el desarrollo del ahorro rural. La red Tigo Money en Honduras que en alianza con bancos y cooperativas facilita el envío de remesas y pagos a través de telefonía celular en 160 municipios de baja o nula bancarización. La billetera móvil Viva Cash en Bolivia, que utilizando la red de la empresa telefónica de mayor distribución en el país Viva, en alianza con distintos bancos, brinda servicios a la población no bancarizada en medios urbanos y rurales. O bien, como reflejo de impacto, la alianza entre el FOMIN y la empresa de telecomunicaciones Tigo en Paraguay que ha permitido que más de un millón de ciudadanos utilicen sus teléfonos móviles para pagar servicios, realizar transferencias, acceder a dinero en efectivo y hacer depósitos de una manera eficiente y segura a través de una red de comerciantes de todo el país.

Los ejemplos citados exponen que las alianzas compuestas por diferentes actores (públicos y privados, locales e internacionales), y teniendo a la tecnología como aliado fundamental, marcan un importante diferencial al momento de lograr un mayor alcance y escala.

En resumen, capitalizar estas experiencias con el afán de identificar buenas prácticas tendientes a replicarse en distintas comunidades y sectores, así como el trabajo conjunto y de modo coordinado, es aún una asignatura pendiente en muchas economías del planeta. Consecuentemente, es imperativa la necesidad de promover una red de cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo bajo un modelo de gestión que incluya un frecuente diálogo y coordinación al interior de cada país. Como se ha expuesto, las nuevas tecnologías facilitan una inclusión financiera digital, la valiosa intervención de actores externos trabajando con líderes locales, los programas de educación financiera que llevan adelante los bancos y una política que acompañe el desarrollo del sector son factores imprescindibles que deben trabajar en alianza en las recientemente implementadas (o por implementar) estrategias nacionales de inclusión financiera.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

0 Comentarios

Resta mucho por hacer en Inclusión Financiera

23/1/2017

0 Comentarios

 
Entrevista publicada en diario El Economista (Edición Impresa) - 23-01-2017
Pese a que Argentina está muy por debajo en varios rankings mundiales de inclusión financiera, según el especialista en el tema Ignacio E. Carballo, este año será muy prometedor para el país en ese sentido.
​
¿Cuál es la situación actual de la inclusión financiera en Argentina?
La situación es muy prometedora tanto por las medidas que se han impulsado durante 2016 como también por algunos hitos que habrá durante este año 2017. Entre ellos, el FOROMIC a realizarse en octubre en Buenos Aires, es el evento más grande en inclusión financiera de Latinoamérica, y el lanzamiento del curso de posgrado en inclusión financiera de la UCA. Esto último pone al tópico en el ámbito académico, ya que hoy sólo se toca de modo tangencial en alguna que otra asignatura de manera desarticulada. En términos de señales se espera entonces que este sea un año clave, que podría incluso materializarse con una estrategia nacional de inclusión financiera.
 
¿Que falta por hacer?
Todavía resta mucho por hacer. Entre los que ya están adentro del sistema financiero comercial y formal, 8 de cada 10 empleados bajo relación de dependencia retiran todo su sueldo apenas lo cobran. Esto indica que van a ser necesarias herramientas de inclusión financiera en términos de fomento hacia dentro del sector formal. En este sentido, también se torna necesario tener un sistema financiero no sólo profundo sino también fluido, con más y mejor digitalización financiera. Desde los informales, América Latina es una región con una alta tasa de informalidad y precariedad laboral, la OIT estima algo así como 45% de informales promedio en toda la región. En Argentina particularmente, 4 de cada 10 trabajadores son informales y hay un sesgo aún mayor hacia los trabajadores independientes, donde la informalidad se estima en alrededor del 60%. Llevar a emprendedores hacia la formalidad mediante políticas de inclusión financiera es una bondad poco explotada.
 
¿Cómo ve las medidas del BCRA para fomentar la digitalización bancaria?
Son de mucho valor, se ha hecho muchísimo en muy poco tiempo. En el inicio de su gestión, el BCRA firmó un acuerdo institucional con el ministerio de Educación para fomentar la educación financiera. A partir de ahí hubo cuatro meses que fueron clave: marzo (con el lanzamiento de cajas de ahorro simplificadas y tarjetas de débito sin costo), junio (con nuevas plataformas de pago digital y regulaciones para usar teléfono celular como billetera electrónica, además de permitir la inauguración de sucursales bancarias móviles), septiembre (se permite el depósito electrónico de cheques vía celular) y noviembre (autorización para la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a menores de 18). Estas medidas muestran que la inclusión financiera está en agenda y que lo digital está tomando preponderancia.
 
¿Y a nivel mundial cómo está el escenario?
Es muy difícil estimar un número certero en términos posicionamiento de inclusión financiera, aunque existen varios indicadores que intentan medirlo. Uno de ellos es el de la Fundación Microfinanzas BBVA, que desarrolló un indicador de carácter multidimensional de inclusión financiera con tres variables: uso, acceso y barreras. En este ranking, Argentina está en el puesto 70° a nivel mundial, en contraste con países como Chile (31°) o Brasil (4°) lo cual denota que a nosotros nos resta mucho para hacer. También existe un informe muy prestigioso llamado “Global Microscope”, que entre otras cosas evalúa el ambiente normativo de la inclusión financiera y Argentina ocupa allí el puesto 44° entre 55 países.

¿Por qué estamos tan relegados?
Principalmente, porque el impulso por parte del Estado no ha sido una prioridad hasta el momento, pero también no podemos dejar de pensar que hay una serie de variables y otras razones ajenas al espectro de la inclusión financiera que la limita como consecuencia. Si uno analiza el informe “Doing-Bussiness” del Banco Mundial, puede observar que en la facilidad para iniciar un emprendimiento Argentina ocupa el puesto 157° entre 190, denotando así limitantes que adolece la economía en su conjunto. 

Ignacio E. Carballo

0 Comentarios

El mundo avanza hacia Estrategias de Inclusión Financiera con Iberoamérica a la cabeza

13/1/2017

0 Comentarios

 
Publicado en diario Notimérica | Europa Press -  13-01-2017
Imagen
Tras la crisis internacional del año 2008 iniciada en los Estados Unidos, propagada posteriormente en las principales economías del mundo y cuyas consecuencias perduran al día de hoy, los principales gobiernos, organismos internacionales y hacedores de políticas aprendieron importantes lecciones. Sin lugar a dudas, una de ellas ha sido la necesidad impostergable de diagramar nuevas estrategias en busca de la tan anhelada estabilidad del sistema financiero.

Entre las diversas medidas que se implementaron con el afán de prevenir nuevos descalabros en los mercados de valores, la búsqueda de un sendero conciso hacia un sistema financiero más ético y equitativo adquirió especial interés. En esta línea, la inclusión financiera se ha esgrimido como una de las metas a alcanzar, viéndose materializada a fines del año 2015 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los objetivos de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS). Una de las principales características de los ODS fue que posicionó a la inclusión financiera en un lugar prioritario, contemplándola en cinco de sus 17 nuevos objetivos.

Sin embargo, el camino transitado por la inclusión financiera fue extenso y no nace en la mencionada Asamblea General. Diversos hitos que se sucedieron tras la crisis del año 2008 supieron ubicarla gradualmente en la agenda internacional. Por ejemplo, un hecho a destacar fue su incorporación como uno de los ejes a tratar en la Cumbre de Pittsburgh realizada por el Grupo de los Veinte (G-20) en el año 2009. Más relevante aún, fue la Declaración Maya impulsada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) en el año 2011, donde se desarrolló una serie de compromisos orientados a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vínculo con este.

A su vez, el creciente interés fue consecuencia de una mejor comprensión al respecto de la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social. Esto es, por un lado, un reconocimiento de que el acceso a servicios financieros cumple efectivamente un papel fundamental en la reducción de la pobreza extrema, el impulso a la prosperidad compartida y el desarrollo inclusivo y sostenible. Pero también, una creciente concientización de la inmensa brecha en términos de inclusión financiera a nivel global, con 2 billones de personas adultas que no utilizan servicios financieros formales.

En esta línea, otro hito que vale la pena destacar sucede en el año 2013, cuando el Grupo del Banco Mundial inicia su publicación del Global Financial Development Report aportando estadísticas fundamentales para la cuantificación de la exclusión financiera en el mundo. Así. conjuntamente con los ODS, en el año 2015 el Grupo del Banco Mundial y una serie de socios públicos y privados emitieron la iniciativa Acceso Financiero Universal 2020 (UFA2020), asumiendo el compromiso de facilitar una cuenta bancaria a 1 billón de personas a través de intervenciones específicas para el año 2020.

En este escenario global nacen las denominadas Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (NFIS, por sus siglas en ingles). Una NFIS se define como una hoja de ruta de acciones a implementar, acordadas y definidas a nivel nacional o subnacional, que las diversas partes siguen para alcanzar los objetivos de inclusión financiera. Para ello, busca coordinar las tareas a ejecutar por los distintos actores, definir responsabilidades entre estos y establecer una distribución clara de los recursos, por ejemplo, priorizando los objetivos.

En resumen, una NFIS es un instrumento de política orientado a promover la inclusión financiera a través de acciones específicas, con el objetivo de fomentar el acceso y uso responsable de los productos y servicios financieros. Además, a través de las NFIS se busca que estos últimos sean integrales, confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diferentes segmentos de la población.

Para inicios del 2016, según reportaba la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), 31 economías ya poseían una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera implementada y otras 27 naciones se encontraban en alguna etapa del proceso de implementación correspondiente. Esto es, casi sesenta economías del planeta cuentan o avanzan en un documento público e integral que presenta una estrategia desarrollada a nivel nacional para acelerar sistemáticamente el nivel de inclusión financiera.

Por último, en un mundo que avanza hacia políticas nacionales de inclusión financiera, cabe destacar que a nivel global la región de América Latina y el Caribe es donde se encuentran la mayor cantidad de países con NFIS implementadas y también en vías de implementación (diez economías en el primer grupo y ocho en el segundo, según el informe mencionado). Sin embargo, sacando el caso de México cuya implementación se realizó en el año 2007, el resto de las NFIS son relativamente recientes (tres o dos años de antigüedad). De este modo, en una región históricamente destacada por ser la más desigual del planeta, el reciente impulso a políticas nacionales de inclusión financiera anima a pensar en un futuro más equitativo e inclusivo para los países latinoamericanos.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

0 Comentarios

La importancia de la evaluación en los programas de inclusión financiera

11/1/2017

0 Comentarios

 
Publicado en ACDE | Portal Empresa - 11-01-2017
Imagen
La implementación de diversos programas de inclusión financiera, especialmente en base a tecnologías digitales, constituye una de las mayores promesas en materia de política social de los últimos años. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, siguen existiendo fuertes discrepancias sobre el impacto efectivo que están teniendo los servicios financieros ofrecidos por las Fintech en los sectores históricamente excluidos de la banca tradicional.

El afán por encontrar los canales a través de los cuales las políticas públicas o las innovaciones tecnológicas impactan en variables socioeconómicas ha inquietado (y hasta alarmado) a los principales estudiosos, políticos e investigadores recurrentemente. Aunque a la fecha son numerosos los estudios que han planteado cómo la expansión y maduración de los sistemas financieros inclusivos habrían tenido una incidencia positiva sobre el crecimiento económico o incluso hasta reducido la pobreza, para muchos otros la relación entre estas variables no sería tan clara.

En consecuencia, a pesar de que se han desarrollado dichos canales en términos teóricos y corroborado empíricamente la existencia de fuertes correlaciones, la escasa evidencia de causalidad ha motivado las más intensas críticas y actuado como un obstáculo permanente en la defensa de políticas y medidas sociales o económicas. En este sentido, para los futuros programas digitales de inclusión financiera, las evaluaciones de impacto se transforman en una herramienta fundamental al momento de brindar sustento a su razón de ser.

La propuesta, evaluar desde el inicio

En un contexto como el señalado, se torna mandatorio y un paso fundamental previo al diseño e implementación de cualquier programa de inclusión financiera, la incorporación conjunta de metodologías de medición de impacto y seguimiento social. El aporte empírico que provee la evaluación no solo permite determinar los beneficios económicos y sociales en los usuarios, sino también conocer la efectividad integral del programa (grado de adecuación entre los objetivos y resultados), justificar la inversión y contribuir a la mejora futura de su gestión.

La premisa que subyace a esta propuesta es la existencia de factores ajenos a los financieros, como variables sociales y culturales que condicionan frecuentemente el acceso, uso, adaptabilidad y la calidad de los servicios financieros ofrecidos. Para más, cuando el sector al cual van dirigidos estos servicios son personas en situación de pobreza o sectores vulnerables, es imprescindible comprender correctamente sus necesidades, contexto, estilos de vida y comportamientos (esto es, realizar un estudio profundo desde el lado de la demanda).

En este sentido, lo anhelado es medir individual y aisladamente el impacto de un programa de inclusión financiera sobre ciertas variables, brindando el mayor grado de certeza posible y depurando cualquier efecto que otras contingencias pudieran provocar.

Avanzando hacia la implementación

Esta evidencia, por supuesto, se obtendrá a través de la aplicación de determinadas metodologías de la investigación diseñadas y adaptadas al programa. Una correcta selección muestral es clave para obtener tres resultados necesarios en orden de robustez. Primero, encontrar la existencia de una relación entre las variables analizadas en nuestra muestra (estadística analítica). Segundo, poder extrapolar dicha relación a nuestra población con cierto nivel de confianza (inferencia estadística). Por último, lo más deseado y laborioso, encontrar la causalidad entre el programa y las variables estudiadas.

Afirmar causalidad es la eterna quimera de los científicos sociales. El diseño metodológico a considerar por los hacedores de políticas y profesionales responsables de la implementación de programas de inclusión financiera son los denominados estudios experimentales (aleatorios). Estos estudios consisten en dividir aleatoriamente un grupo de intervención (personas que formarán parte de un proyecto de inclusión financiera) y un grupo de control (personas que no participarán) para analizarlos luego comparativamente. El principal desafío de estos estudios es la selección de ambas muestras, cuyos grupos deben ser estadísticamente comparables, es decir, deben coincidir en sus variables económicas y sociales (edad, ingresos, lugar de residencia, entre otras).

Ahora bien, realizar un estudio que cumpla estas características es particularmente difícil en las ciencias sociales. Estas dificultades son tanto físicas (o bien es materialmente imposible aplicar aleatoriedad sobre las personas o bien es extremadamente costoso) como éticas (realizar una intervención para brindar evidencia de un impacto negativo en seres humanos podría ser muy cuestionable). Más allá de estas dificultades, estudios con estas características se han llevado a cabo en distintas oportunidades (como los reconocidos Randomized Control Trials).

Como consecuencia de estas limitantes, existen otros diseños metodológicos menos complejos que pueden ser implementados alternativamente con mayor facilidad y menores costos. Por ejemplo, en los denominados estudios cuasi-experimentales se trabaja también con dos grupos (control e intervención), pero es la persona responsable quien selecciona a los participantes (interviene así el sesgo de selección) en base a algún criterio determinado (no es al azar).

De cara al futuro

En conclusión, las nuevas tecnologías financieras (Fintech) han llegado para revolucionar a la banca tradicional con nuevas propuestas y desafíos. Simultáneamente, su potencial de impacto y proliferación las ha puesto en un papel protagónico de la política social que vendrá, pero también las ha colmado de expectativas que deberán estar a la altura de satisfacer.

Es incuestionable que toda política de inclusión financiera (digital o no) necesita de una gestión informada que permita verificar que los programas financiados tienen un impacto real sobre la población objetivo. Para ello, la medición, evaluación y seguimiento de los programas de inclusión financiera es una tarea fundamental aunque relegada en diversas oportunidades durante el pasado.

De cara a un futuro digital, la evaluación social debe estar incluida dentro de las líneas de trabajo y propuestas de las distintas instituciones y organismos con el principal propósito de contribuir al crecimiento de un sistema financiero más inclusivo, equitativo y sostenible.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

0 Comentarios

¿Puede fallar el plan para reactivar la economía con la obra pública?

10/1/2017

0 Comentarios

 
Publicado en diario El Economista (Edición Impresa) - 10-01-2017
Imagen
En la mayor parte de las economías del mundo, la industria de la construcción ocupa un lugar fundamental en política económica. No tanto por el valor agregado directo sino por su carácter intrínseco de política contracíclica. En Argentina, la inversión por parte del Estado en obra pública ha sido altamente significativa, justamente por estar vinculada a los ciclos económicos del país. Por ejemplo, a finales de la década del ’70 y principios de los ’80, esta industria llegó a representar hasta 8% del PIB, descendiendo a menos del 4% a finales de los ’80 como durante la década del ’90, para volver a ubicarse en promedio alrededor del 6% a partir del 2003.

Frente a una economía que no termina de arrancar, recurrentemente surge el debate sobre las distintas formas de reactivar la actividad en las diferentes líneas del equipo económico del Gobierno. Dentro de este debate, el Presidente parece haber optado, como gobiernos anteriores, por la inversión en obras y consumo público. Así, una porción fundamental del Presupuesto 2017 se destinará al ambicioso plan de obras y servicios sociales.

Sin embargo, similar estrategia se anunciaba para el segundo semestre del año que se fue. Pero como consecuencia de una seria falta de coordinación así como retrasos en la ejecución de obras, los datos del sector arrojaron cifras desalentadoras. Tras un año nefasto, la actividad de la construcción retrocedió nuevamente en noviembre, según el Indec, esta vez 9,4% respecto a igual mes de 2015, acumulando así once bajas consecutivas en 2016. Frente a estos antecedentes, cabe preguntarse si la inversión en obra pública es garantía de crecimiento económico en 2017 o el plan podría fallar.

Los ejes

Un eje fundamental de la inversión pública que vendrá es el afamado Plan Belgrano, anunciado en la campaña presidencial, que contempla el Belgrano Cargas y las Rutas Nacionales Nros. 9, 34 y 14, entre otras obras. Para esta inversión se destinará alrededor de $95.000 millones a ejecutar a lo largo de 10 provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

Otras grandes obras a tener en cuenta son las destinadas a la generación y mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner por $20.000 millones; el Aprovechamiento Integral del Rio Grande–Presa y Central Hidroeléctrica “Portezuelo del Viento” por $2.750 millones; la construcción del Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina en las provincias de Tucumán y Catamarca por $1.044 millones, entre otras.

Sumado a las obras pendientes de ejecución, los presupuestos provinciales y municipales han destinado un fuerte caudal al hábitat y vivienda. Estos fondos son mayormente para la construcción de viviendas sociales y obras de urbanización, saneamiento y potabilización, infraestructura vial y en menor medida saneamiento ambiental.

¿Impacto inmediato?

Con certeza, mayores niveles de inversión en infraestructura cumplen un rol importante en la consolidación de procesos de crecimiento de los países. Esto se debe a que, según la teoría, generan incrementos de productividad, reducción de costos energéticos, logística, transporte y, consecuentemente, mejora en la competitividad.

Todo ello afectaría de manera transversal a distintos sectores de la economía argentina pero, especialmente, a los sectores exportadores. A su vez, brinda sostenibilidad a un modelo económico y colabora instando el equilibrio en las cuentas externas y fiscales. También, y no menos importante, las obras destinadas al desarrollo urbano aumentan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de la población.

Pero, ¿cuál es el impacto en el corto plazo? Como se mencionó, un efecto directo de la obra pública es su impactar en el ciclo económico. Esto se materializa básicamente en la generación de empleo, tanto asalariado formal por parte de empresas constructoras, subcontratistas para instalaciones eléctricas y otros servicios, como empleo informal. Pero también repercute de forma indirecta en la generación de empleo en empresas proveedoras de productos e insumos para el sector y en las economías locales. Así, mediante empleo directo e indirecto se apuntala la actividad en su conjunto.

Sin embargo, frente a restricciones tales como un elevado nivel de utilización de los factores productivos, déficit fiscal y crisis energética, lejos del efecto multiplicador keynesiano esperado a corto plazo, la obra pública podría tener un impacto en la demanda recesivo. Esto es, influir más sobre los precios (inflación) que sobre las cantidades. Por otro lado, es sabido que la obra pública requiere un período de ventana para comenzar a ejecutarse y notar su influencia en las variables económicas. Todo esto quiere decir que el poder de fuego de la obra pública para la reactivación de la economía en el año que acaba de comenzar podría verse acotado.

En conclusión, no queda claro si la inversión de miles de millones de pesos votados en el Presupuesto 2017 para obra pública es una mirada estratégica de largo plazo o se espera una incidencia en el corto plazo. Lo que queda claro es que en un año electoral es esencial la inauguración de obras y los cortes de cinta.

Ignacio E. Carballo - Sergio Morales

0 Comentarios

      Subscríbase a Cimientos Económicos

    Enviar

    Publicaciones

    September 2022
    August 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    April 2016
    March 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015