Pese a que Argentina está muy por debajo en varios rankings mundiales de inclusión financiera, según el especialista en el tema Ignacio E. Carballo, este año será muy prometedor para el país en ese sentido.
​
¿Cuál es la situación actual de la inclusión financiera en Argentina?
La situación es muy prometedora tanto por las medidas que se han impulsado durante 2016 como también por algunos hitos que habrá durante este año 2017. Entre ellos, el FOROMIC a realizarse en octubre en Buenos Aires, es el evento más grande en inclusión financiera de Latinoamérica, y el lanzamiento del curso de posgrado en inclusión financiera de la UCA. Esto último pone al tópico en el ámbito académico, ya que hoy sólo se toca de modo tangencial en alguna que otra asignatura de manera desarticulada. En términos de señales se espera entonces que este sea un año clave, que podría incluso materializarse con una estrategia nacional de inclusión financiera.
 
¿Que falta por hacer?
Todavía resta mucho por hacer. Entre los que ya están adentro del sistema financiero comercial y formal, 8 de cada 10 empleados bajo relación de dependencia retiran todo su sueldo apenas lo cobran. Esto indica que van a ser necesarias herramientas de inclusión financiera en términos de fomento hacia dentro del sector formal. En este sentido, también se torna necesario tener un sistema financiero no sólo profundo sino también fluido, con más y mejor digitalización financiera. Desde los informales, América Latina es una región con una alta tasa de informalidad y precariedad laboral, la OIT estima algo así como 45% de informales promedio en toda la región. En Argentina particularmente, 4 de cada 10 trabajadores son informales y hay un sesgo aún mayor hacia los trabajadores independientes, donde la informalidad se estima en alrededor del 60%. Llevar a emprendedores hacia la formalidad mediante políticas de inclusión financiera es una bondad poco explotada.
 
¿Cómo ve las medidas del BCRA para fomentar la digitalización bancaria?
Son de mucho valor, se ha hecho muchísimo en muy poco tiempo. En el inicio de su gestión, el BCRA firmó un acuerdo institucional con el ministerio de Educación para fomentar la educación financiera. A partir de ahí hubo cuatro meses que fueron clave: marzo (con el lanzamiento de cajas de ahorro simplificadas y tarjetas de débito sin costo), junio (con nuevas plataformas de pago digital y regulaciones para usar teléfono celular como billetera electrónica, además de permitir la inauguración de sucursales bancarias móviles), septiembre (se permite el depósito electrónico de cheques vía celular) y noviembre (autorización para la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a menores de 18). Estas medidas muestran que la inclusión financiera está en agenda y que lo digital está tomando preponderancia.
 
¿Y a nivel mundial cómo está el escenario?
Es muy difícil estimar un número certero en términos posicionamiento de inclusión financiera, aunque existen varios indicadores que intentan medirlo. Uno de ellos es el de la Fundación Microfinanzas BBVA, que desarrolló un indicador de carácter multidimensional de inclusión financiera con tres variables: uso, acceso y barreras. En este ranking, Argentina está en el puesto 70° a nivel mundial, en contraste con países como Chile (31°) o Brasil (4°) lo cual denota que a nosotros nos resta mucho para hacer. También existe un informe muy prestigioso llamado “Global Microscope”, que entre otras cosas evalúa el ambiente normativo de la inclusión financiera y Argentina ocupa allí el puesto 44° entre 55 países.

¿Por qué estamos tan relegados?
Principalmente, porque el impulso por parte del Estado no ha sido una prioridad hasta el momento, pero también no podemos dejar de pensar que hay una serie de variables y otras razones ajenas al espectro de la inclusión financiera que la limita como consecuencia. Si uno analiza el informe “Doing-Bussiness” del Banco Mundial, puede observar que en la facilidad para iniciar un emprendimiento Argentina ocupa el puesto 157° entre 190, denotando así limitantes que adolece la economía en su conjunto. 

En la mayor parte de las economías del mundo, la industria de la construcción ocupa un lugar fundamental en política económica. No tanto por el valor agregado directo sino por su carácter intrínseco de política contracíclica. En Argentina, la inversión por parte del Estado en obra pública ha sido altamente significativa, justamente por estar vinculada a los ciclos económicos del país. Por ejemplo, a finales de la década del ’70 y principios de los ’80, esta industria llegó a representar hasta 8% del PIB, descendiendo a menos del 4% a finales de los ’80 como durante la década del ’90, para volver a ubicarse en promedio alrededor del 6% a partir del 2003.

Frente a una economía que no termina de arrancar, recurrentemente surge el debate sobre las distintas formas de reactivar la actividad en las diferentes líneas del equipo económico del Gobierno. Dentro de este debate, el Presidente parece haber optado, como gobiernos anteriores, por la inversión en obras y consumo público. Así, una porción fundamental del Presupuesto 2017 se destinará al ambicioso plan de obras y servicios sociales.

Sin embargo, similar estrategia se anunciaba para el segundo semestre del año que se fue. Pero como consecuencia de una seria falta de coordinación así como retrasos en la ejecución de obras, los datos del sector arrojaron cifras desalentadoras. Tras un año nefasto, la actividad de la construcción retrocedió nuevamente en noviembre, según el Indec, esta vez 9,4% respecto a igual mes de 2015, acumulando así once bajas consecutivas en 2016. Frente a estos antecedentes, cabe preguntarse si la inversión en obra pública es garantía de crecimiento económico en 2017 o el plan podría fallar.

Los ejes

Un eje fundamental de la inversión pública que vendrá es el afamado Plan Belgrano, anunciado en la campaña presidencial, que contempla el Belgrano Cargas y las Rutas Nacionales Nros. 9, 34 y 14, entre otras obras. Para esta inversión se destinará alrededor de $95.000 millones a ejecutar a lo largo de 10 provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

Otras grandes obras a tener en cuenta son las destinadas a la generación y mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner por $20.000 millones; el Aprovechamiento Integral del Rio Grande–Presa y Central Hidroeléctrica “Portezuelo del Viento” por $2.750 millones; la construcción del Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina en las provincias de Tucumán y Catamarca por $1.044 millones, entre otras.

Sumado a las obras pendientes de ejecución, los presupuestos provinciales y municipales han destinado un fuerte caudal al hábitat y vivienda. Estos fondos son mayormente para la construcción de viviendas sociales y obras de urbanización, saneamiento y potabilización, infraestructura vial y en menor medida saneamiento ambiental.

¿Impacto inmediato?

Con certeza, mayores niveles de inversión en infraestructura cumplen un rol importante en la consolidación de procesos de crecimiento de los países. Esto se debe a que, según la teoría, generan incrementos de productividad, reducción de costos energéticos, logística, transporte y, consecuentemente, mejora en la competitividad.

Todo ello afectaría de manera transversal a distintos sectores de la economía argentina pero, especialmente, a los sectores exportadores. A su vez, brinda sostenibilidad a un modelo económico y colabora instando el equilibrio en las cuentas externas y fiscales. También, y no menos importante, las obras destinadas al desarrollo urbano aumentan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de la población.

Pero, ¿cuál es el impacto en el corto plazo? Como se mencionó, un efecto directo de la obra pública es su impactar en el ciclo económico. Esto se materializa básicamente en la generación de empleo, tanto asalariado formal por parte de empresas constructoras, subcontratistas para instalaciones eléctricas y otros servicios, como empleo informal. Pero también repercute de forma indirecta en la generación de empleo en empresas proveedoras de productos e insumos para el sector y en las economías locales. Así, mediante empleo directo e indirecto se apuntala la actividad en su conjunto.

Sin embargo, frente a restricciones tales como un elevado nivel de utilización de los factores productivos, déficit fiscal y crisis energética, lejos del efecto multiplicador keynesiano esperado a corto plazo, la obra pública podría tener un impacto en la demanda recesivo. Esto es, influir más sobre los precios (inflación) que sobre las cantidades. Por otro lado, es sabido que la obra pública requiere un período de ventana para comenzar a ejecutarse y notar su influencia en las variables económicas. Todo esto quiere decir que el poder de fuego de la obra pública para la reactivación de la economía en el año que acaba de comenzar podría verse acotado.

En conclusión, no queda claro si la inversión de miles de millones de pesos votados en el Presupuesto 2017 para obra pública es una mirada estratégica de largo plazo o se espera una incidencia en el corto plazo. Lo que queda claro es que en un año electoral es esencial la inauguración de obras y los cortes de cinta.