Publicado en diario PERFIL - 31-03-2018
“Nosotros tenemos la teoría de los tomates… primero dejamos desarrollar los tomates, para distinguir si hay fruto o maleza. Luego de definir eso, ahí sí aplicaremos una regulación adecuada, pero antes dejaremos crecer el ecosistema”. Así defendía semanas atrás la postura actual de no regular al sector de finanzas y tecnología el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Lucas Llach, en el evento “Argentina Summit”.
México se transformó en el primer país de la región que pareciera haber identificado suficiente maleza como para evitar que el sector fintech crezca sin regulación. Tras haber aprobado recientemente la primera Ley Fintech de América Latina, implementará una normativa que busca promover cuatro ejes: eficiencia en la industria, estabilidad financiera, protección del consumidor y la integridad del sector.
De allí se extrae que sus antónimos son los principales riesgos latentes en las fintech, o la maleza de la planta. Específicamente, la ley entiende que los riesgos de no regular incluyen desde casos de fraude, lavado de dinero a través de las criptodivisas o pagos móviles, inestabilidad económica, hasta la falta de garantías en la protección de datos a los consumidores e inversores.
Más allá del grado de desarrollo específico que tuviera su sector, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 realizada la semana pasada, el secretario de Hacienda mexicano José Antonio González Alaya enfatizó en la necesidad de avanzar con mayor agilidad en el diseño y establecimiento de medidas que permitan a los gobiernos regular los sectores relacionados con la economía digital. En el mundo, otros países como Reino Unido, España, Alemania o Francia ya tomaron cartas en el asunto para auspiciar la innovación, pero también controlar los riesgos y abusos.
En un trabajo recientemente publicado, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que la industria fintech ha venido creciendo de manera exponencial y se ha constituido en una alternativa para mejorar los niveles de inclusión financiera en América Latina, pero trae consigo retos para reguladores y supervisores, quienes deben reducir la incertidumbre asociada al fenómeno. El eje está en que la regulación (o la falta de ésta) dé la certeza de no limitar la innovación, pero tampoco la inclusión financiera.
La exclusión financiera es un fenómeno que presenta distintas causantes y manifestaciones. Aunque comúnmente se mencione solo la primera, las macrocausas principales de exclusión financiera son tres: a) la exclusión en acceso físico (falta oferta, de sucursales, ATM’s, etc.); b) la exclusión psicológica o autoexclusión (falta de necesidad, desconfianza por malas experiencias, etc); y c) la exclusión comercial o legal (incapacidad por incumplimiento de requisitos, por ejemplo, ingresar al Veraz).
Sin duda las Fintech podrán mitigar de manera directa la exclusión física y, en cierta medida, la exclusión comercial (e.g. a través de scorings alternativos). Pero exponen riesgos como facilitar el sobreendeudamiento, la mala experiencia del usuario, el fraude, y otras posibles variantes que profundizan la exclusión legal o la autoexclusión del sistema financiero, variantes de exclusión financiera particularmente difíciles de revertir desde la política pública una vez generadas.
En este contexto, el BID propone los denominados “Sandboxes” Regulatorios (Bancos de Pruebas Regulatorios) como una herramienta que permite mitigar riesgos en un entorno controlado en el que las empresas pueden probar sus servicios bajo la mirada del supervisor. Consiste en un régimen regulatorio especialmente laxo, donde se flexibilizan algunos requisitos con el fin de que las empresas puedan experimentar sus productos innovadores en un entorno seguro, con límites previamente establecidos, e incluyendo salvaguardas para los consumidores.
Es cierto que una regulación prematura podría ralentizar el crecimiento fintech y la cosecha de sus frutos. Pero debe contemplarse que la ausencia absoluta de ésta presenta el riesgo de desarrollar una maleza con la particular característica de que, una vez ingresado a las filas de la exclusión financiera legal o autoinducida, el retorno se dificulta.
Como las plantas de tomates, que requieren controles específicos tales como usar adecuadamente los herbicidas, evitar los serpollos, la podredumbre apical, controlar la temperatura y la humedad, entre otros cuidados necesarios para desarrollar una plantación sana, desarrollar un sector Fintech en Argentina que equilibre su crecimiento con una inclusión financiera responsable hacia los consumidores requerirá un seguimiento normativo a medida. Los “Sandboxes” Regulatorios parecen una opción interesante a estudiar.
México se transformó en el primer país de la región que pareciera haber identificado suficiente maleza como para evitar que el sector fintech crezca sin regulación. Tras haber aprobado recientemente la primera Ley Fintech de América Latina, implementará una normativa que busca promover cuatro ejes: eficiencia en la industria, estabilidad financiera, protección del consumidor y la integridad del sector.
De allí se extrae que sus antónimos son los principales riesgos latentes en las fintech, o la maleza de la planta. Específicamente, la ley entiende que los riesgos de no regular incluyen desde casos de fraude, lavado de dinero a través de las criptodivisas o pagos móviles, inestabilidad económica, hasta la falta de garantías en la protección de datos a los consumidores e inversores.
Más allá del grado de desarrollo específico que tuviera su sector, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 realizada la semana pasada, el secretario de Hacienda mexicano José Antonio González Alaya enfatizó en la necesidad de avanzar con mayor agilidad en el diseño y establecimiento de medidas que permitan a los gobiernos regular los sectores relacionados con la economía digital. En el mundo, otros países como Reino Unido, España, Alemania o Francia ya tomaron cartas en el asunto para auspiciar la innovación, pero también controlar los riesgos y abusos.
En un trabajo recientemente publicado, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que la industria fintech ha venido creciendo de manera exponencial y se ha constituido en una alternativa para mejorar los niveles de inclusión financiera en América Latina, pero trae consigo retos para reguladores y supervisores, quienes deben reducir la incertidumbre asociada al fenómeno. El eje está en que la regulación (o la falta de ésta) dé la certeza de no limitar la innovación, pero tampoco la inclusión financiera.
La exclusión financiera es un fenómeno que presenta distintas causantes y manifestaciones. Aunque comúnmente se mencione solo la primera, las macrocausas principales de exclusión financiera son tres: a) la exclusión en acceso físico (falta oferta, de sucursales, ATM’s, etc.); b) la exclusión psicológica o autoexclusión (falta de necesidad, desconfianza por malas experiencias, etc); y c) la exclusión comercial o legal (incapacidad por incumplimiento de requisitos, por ejemplo, ingresar al Veraz).
Sin duda las Fintech podrán mitigar de manera directa la exclusión física y, en cierta medida, la exclusión comercial (e.g. a través de scorings alternativos). Pero exponen riesgos como facilitar el sobreendeudamiento, la mala experiencia del usuario, el fraude, y otras posibles variantes que profundizan la exclusión legal o la autoexclusión del sistema financiero, variantes de exclusión financiera particularmente difíciles de revertir desde la política pública una vez generadas.
En este contexto, el BID propone los denominados “Sandboxes” Regulatorios (Bancos de Pruebas Regulatorios) como una herramienta que permite mitigar riesgos en un entorno controlado en el que las empresas pueden probar sus servicios bajo la mirada del supervisor. Consiste en un régimen regulatorio especialmente laxo, donde se flexibilizan algunos requisitos con el fin de que las empresas puedan experimentar sus productos innovadores en un entorno seguro, con límites previamente establecidos, e incluyendo salvaguardas para los consumidores.
Es cierto que una regulación prematura podría ralentizar el crecimiento fintech y la cosecha de sus frutos. Pero debe contemplarse que la ausencia absoluta de ésta presenta el riesgo de desarrollar una maleza con la particular característica de que, una vez ingresado a las filas de la exclusión financiera legal o autoinducida, el retorno se dificulta.
Como las plantas de tomates, que requieren controles específicos tales como usar adecuadamente los herbicidas, evitar los serpollos, la podredumbre apical, controlar la temperatura y la humedad, entre otros cuidados necesarios para desarrollar una plantación sana, desarrollar un sector Fintech en Argentina que equilibre su crecimiento con una inclusión financiera responsable hacia los consumidores requerirá un seguimiento normativo a medida. Los “Sandboxes” Regulatorios parecen una opción interesante a estudiar.
