Cuando se aterriza en las principales capitales de Iberoamérica, cualquier foráneo se enfrenta de manera automática a una agenda cargada de recorridos y lugares por visitar. Entre ellos, se pueden enumerar los cascos históricos en los centros de sus ciudades, la profunda vida literaria, los diversos museos de los que se dispone, entre tantas otras actividades. Sin embargo, dentro de la oferta turística, debieran incluirse indefectiblemente recorridos por los diversos asentamientos urbanos que rodean las coloridas ciudades de la región, y que ya son una parte cada vez más importante de su paisaje.

Este fenómeno habitacional no se corresponde a un único país. El flagelo de la informalidad urbana se profundizó en toda la región principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando las ciudades Iberoamericanas asistieron a fuertes oleadas migratorias desde los sectores rurales que inundaron las ciudades de migrantes deseosos de vivir y prosperar en ellas.

En este contexto, la creciente demanda de suelo urbano se encontró con ciudades poco preparadas en términos de infraestructura y con canales de acceso a la tierra disfuncionales a los fines de los nuevos habitantes. Así, las masas necesitadas de un espacio urbano donde ubicarse, lo hicieron en lugares inapropiados para vivir, sin acceso a servicios básicos ni la infraestructura necesaria para la vida cotidiana. Consecuentemente, muchas de las ciudades más importantes del continente deben lidiar hoy con esta problemática estructural que se evidencia con una crudeza cada vez mayor.

En términos teóricos, el concepto de informalidad se transforma en un término amplio que se utiliza para referirse a los asentamientos urbanos que no cumplen con la normativa vigente de la ciudad. Se entiende por “informalidad, irregularidad o ilegalidad urbana” a las múltiples facetas con las cuales estos conceptos pueden materializarse (precariedad en la vivienda, ocupación de áreas de riesgo, ausencia de infraestructura, inquilinatos, etc.) Similarmente, el término también es adecuado para caracterizar la problemática en torno a la tenencia de la tierra, donde la falta de titulación por parte de los habitantes es el factor a tener en cuenta.

Ante dicho escenario, los gobiernos de la región han implementado una amplia batería de medidas a lo largo de su historia con respecto a este factor recurrente en los mercados de suelo. Tales son los casos de Perú y México, pioneros en la adopción de políticas en materia de tenencia. Por ejemplo, en Perú, desde mediados de los años noventa se agilizaron los trámites burocráticos para obtener la titulación del suelo. Esto permitió que cerca de un millón y medio de personas pasaran al sector formal de manera muy acelerada (mayormente en los asentamientos de las afueras de Lima). Lo propio se hizo en México, formalizando porciones importantes de asentamientos informales del D.F.

Chile y Colombia en cambio, optaron por el camino de la regularidad e integración, configurando sus ciudades de manera tal que los sectores informales no formen parte del tejido urbano a través de políticas que acotan los límites de los aglomerados. En Argentina, por otro lado, se comienza a configurar un paradigma de políticas tendientes a la regularización de los asentamientos. Urbanizar las villas de emergencia, como reflejos de la informalidad urbana, es una idea que se perfila con énfasis en la política pública reciente. Con estas intervenciones los habitantes podrán contar con una participación real en la configuración del espacio urbano y serán tenidos en cuenta dentro de las discusiones y debates de dicho ámbito.

Estas son algunas de las políticas que se han implementado en las distintas economías del continente, cuyos resultados son cuestionables y analizables desde muchas ópticas. Por ejemplo, hay quienes consideran que estas medidas no son suficientes y ponen aún más alto el barómetro al analizar la cuestión de la informalidad. Para estas voces, la estructura del mercado de suelo, junto con el paradigma jurídico en el que las interacciones se desarrollan, son el aspecto fundamental en la generación de la informalidad urbana. Para ellos, “los pobres” no pueden integrarse al mercado formal por falta de recursos, consecuentemente el sistema los expulsa convirtiendo el suelo urbano en un bien de carácter exclusivo.

El mayor avance reciente en la materia ha sido sin lugar a dudas la cumbre Hábitat III, llevada a cabo en Quito durante el año 2016. En la misma se delimitó una nueva agenda urbana que problematiza los temas vigentes en materia de hábitat incluyendo la informalidad, considerada como una cuestión a encarar en los próximos años. A través de esta nueva agenda, Naciones Unidas se involucra de manera directa en las políticas y los objetivos de los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes urbanos.

Como queda a las claras, a la fecha existen diversas posturas e hipótesis con respecto a las causas de la informalidad urbana. Para algunos, la pobreza es una causante directa de la informalidad. Otros se limitan en muchos casos a no reconocer la generación de estos asentamientos como algo evitable, siendo la informalidad un fenómeno que se daría por la estructura del mercado, la cual es la forma más eficiente de asignar este bien a sus demandantes. Estas posturas del debate pocas veces contemplan los altos grados de especulación en la toma de decisiones de los agentes del mercado formal, prácticas que muchas veces limitan la oferta de suelo, aumentando los precios y generando una barrera más para quienes buscan acceder a una parcela de tierra urbana.

​Más allá de ello, la pregunta que surge es la siguiente: ¿sirven a los fines de encontrar una solución a la problemática habitacional las políticas implementadas por los gobiernos Iberoamericanos? La respuesta es compleja y debe analizarse cada caso aisladamente. Más allá de ello, es correcto afirmar que muy probablemente una política que se aplique, por más cuestionable que sea, es mejor que no hacer nada. Todavía queda un largo camino por recorrer en un debate latente donde las discusiones, las teorías y las evidencias empíricas que aporta cada intervención, son presentadas sobre una mesa caliente por la actualidad del debate.

En la agenda actual de desarrollo internacional dos importantes eventos cobran relevancia de cara al próximo año en donde Argentina tendrá un lugar protagónico en calidad de nación anfitriona. Por un lado, nuestro país será la sede de la próxima reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otro, y de mayor envergadura, la Argentina asumirá la presidencia en la Cumbre del G-20 también en el 2018. En ambos casos, aunque particularmente en el segundo evento, se incluirá la inclusión financiera como uno de los ejes a discutir.

El G-20 es el principal foro de coordinación y cooperación económica internacional. Su amplia agenda contempla, como elemento central, cuestiones macroeconómicas y financieras con el fin de promover un crecimiento global fuerte, sostenible y equilibrado. Pertenecen al G20 además de Argentina, Brasil, China, India, la Unión Europea, EEUU, Indonesia, Rusia, México, Japón, Alemania, Turquía, Francia, el Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur, Canadá, Arabia Saudí y Australia. En conjunto, sus miembros representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 80% del comercio internacional.

El evento tiene lugar en un contexto donde Argentina viene realizando importantes avances en el tópico, posicionando así a la inclusión financiera como tema obligado de cara a la Cumbre. En parte, porque a la fecha está implícito a nivel internacional el reconocimiento por líderes globales y agentes del desarrollo respecto al potencial de la inclusión financiera en el desarrollo económico inclusivo. Pero también, por los múltiples desafíos a los que aún se enfrenta dicho fenómeno y que deberán ser tratados minuciosamente en esta cumbre con el objeto de arribar a soluciones consensuadas.

No resulta sorpresivo el abordaje de la inclusión financiera en el marco de la próxima Cumbre a realizarse en nuestro país pues, si bien no estaba formalizado el tema en sus mesas de trabajo previas, abundan los eventos que exponen el compromiso del foro con el tópico. Por ejemplo, en la Cumbre de Pittsburgh del 2009, el G20 lanzó su iniciativa para la mejora de la inclusión financiera global. Un año más tarde, en su Cumbre de Seúl, la iniciativa fue ampliada considerablemente con la formación de una “Asociación Mundial para la Inclusión Financiera”, de la cual participan también economías no integrantes del G20.

De igual modo, el fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y del sistema financiero así como la promoción de la inclusión financiera tuvo un espacio central en la Cumbre realizada en Los Cabos, México, en 2012. Al año siguiente e impulsado por estos avances, el Banco Mundial lanzaba su informe “Global Financial Development Report” con el objeto de estudiar el papel del Estado en las finanzas y tener un mejor entendimiento de dónde estamos en términos de inclusión financiera.

Más recientemente, en el marco de la actual presidencia germana del G-20, en una conferencia organizada por el Ministerio de Finanzas alemán semanas atrás se han abordado las oportunidades y los riesgos de la transformación digital aplicada a las finanzas y su potencial inclusivo. Todos estos hitos han demostrado la contribución y el compromiso del G-20 con la inclusión financiera posicionándola como eje de responsabilidad entre diversos actores sociales y políticos.

Dado el acelerado avance de las nuevas tecnologías, como viene exponiendo Alemania, el eje central de la inclusión financiera en la próxima Cumbre será con foco en los medios digitales. Las innovaciones digitales brindan la promesa de una inclusión financiera de amplio alcance y escala. Por este motivo, la digitalización financiera es el paradigma actual dentro del sector y se irá profundizando en el futuro puesto que ofrece bondades para todos los actores. Esto es, tanto para aquellos que aún no tienen una cuenta bancaria, como para los bancarizados y también para los márgenes de ganancia en las instituciones financieras.

Por lo dicho, los eventos agendados para el año entrante son una oportunidad para que los países expongan sus avances en la materia. En el caso de Argentina, por parte de las medidas impartidas por el BCRA, no solo demostrar cómo han proliferado nuevas plataformas de pago digital y regulaciones para usar teléfono celular como billetera electrónica, además de permitir la inauguración de sucursales bancarias móviles. Sino también el impacto de las denominadas “transferencias inmediatas de fondos a través de dispositivos móviles” que dotan a las entidades financieras la posibilidad de utilizar firmas digitales y electrónicas en las operaciones cambiarias, instrumentar documentos a través de soportes electrónicos, la apertura de cajas de ahorro en forma no presencial a nuevos clientes y recibir depósitos de cheques por vía electrónica.

A su vez, por parte del gobierno nacional en un trabajo complementario aunque por caminos diferentes, se deberá relucir el importante trabajo abocado a elevar el bajo nivel de formalización de la economía (de un 40% en el promedio nacional) que fomenta a su vez la inclusión financiera. Por ejemplo, a través de medidas que exigen el uso del POS en las transacciones de comercios, industrias y también de servicios personales (sean profesionales u oficios); incentivando la generalización no sólo de las cuentas sueldos, sino también de los pagos de los servicios asistenciales a las familias con acreditación bancaria y el uso de la tarjeta de débito bancaria; entre otras medidas.

Estas iniciativas confirman que la inclusión financiera se encuentra efectivamente en agenda, que lo digital lo hace de manera protagónica y que la nueva gestión ha incorporado el tópico como un elemento primordial en su quehacer político. Su estrategia comprende impulsar un mayor acceso y uso de servicios financieros para la población en general e incrementar el acceso a financiamiento por parte de las Pymes y agentes en la base de la pirámide social (el microcrédito). Pero, para ello, de las medidas más destacadas al momento se encuentra el impulso a la digitalización financiera.

En resumen, la participación de la Argentina como sede el G-20 constituye tanto un importante desafío de política exterior como una gran oportunidad para avanzar en una agenda común en inclusión financiera. De cara al futuro, será necesario profundizar la coordinación con otros países en este tópico indispensable para alcanzar un desarrollo económico inclusivo y sostenible.