Como es común en vísperas electorales, las pujas y debates de política pública se tiñen con matices dicotómicas o de índole binaria que sirven muchas veces a los fines de captar intenciones de voto más que de informar a la ciudadanía. De cara a las elecciones legislativas del 22 de octubre podríamos señalar una larga lista de ejemplos. Probablemente, entre los más álgidos se encuentren aquellos en torno una posible reforma radical del Estado.

Así, además de las esferas educativa y tributaria, desde que Brasil avanzara sobre su legislación laboral, el debate en la agenda doméstica creció sostenidamente exigiendo mayor información sobre lo que sucederá tras la contienda electoral. Tanto es así, que esta semana el periódico brasileño O Globo llegó a alertar que Mauricio Macri podría imponer una reforma laboral similar a la de Michel Temer, señalando que la semana pasada el presidente argentino le habría pedido información sobre las reformas laborales y previsionales al alcalde de San Pablo, João Doria. ¿Existen condiciones para avanzar en una reforma como la del gigante vecino? ¿Qué implicancias tendría en el contexto argentino?

Tras haber sido tratada durante el mes de abril en Diputados, el pasado 11 de julio fue aprobada por el Senado la reforma laboral propuesta por el presidente de la República Federativa do Brasil, Michel Temer. La profunda crisis política e institucional que viene sufriendo el país vecino, conjuntamente con los desequilibrios y desigualdades económicas que evidencia su ciclo productivo en estos últimos años, fue el argumento esgrimido por el sector gubernamental para el tratamiento de una reforma tan significativa.
 
La propuesta de Temer promete generar nuevos empleos dando “competitividad” a la economía y adecuando las reglamentaciones para atraer inversiones y tecnologías que permitan un mejor posicionamiento de negocios a escala global. El centenar de modificaciones a la ley del trabajo realizadas en Brasil presenta ciertas características ya vigentes que levantan señales de alarma para el debate local.
 
Algunas de ellas son la flexibilización del horario laboral, pudiendo extenderse en forma generalizada a jornadas de 12 horas (con 36 horas de descanso posterior) y pudiendo las vacaciones otorgarse en hasta tres tramos. Contratos homeoffice y homeworking (trabajo domiciliario) por períodos que no estaban contemplados en la legislación anterior. Menores indemnizaciones y preavisos para despidos de común acuerdo bajo la figura denominada “dimisión” (un término medio del despido sin justa causa y la renuncia del trabajador). O eximir la posibilidad de que autónomos sean considerados como empleo encubierto al ser contratados en exclusividad y de forma continua.
 
En términos de organizaciones sindicales, la contribución al sindicato deja de ser obligatoria y surge la figura del representante de trabajadores para negociar acuerdos y condiciones sin el carácter y envergadura del poder sindical. Así, se impone que los acuerdos negociados entre empleadores y empleados primen por sobre los convenios colectivos y la ley laboral. De esta forma la representación e intermediación de los sindicatos puede no ser necesaria ni vinculante para el acuerdo entre partes.
 
Como dijimos, Argentina se sumó recientemente al debate de reforma laboral al igual que lo hicieron previamente otros países de la región como Chile y Colombia o bien en Europa países como Alemania y más recientemente Francia. Desde el Gobierno se esgrime que no será una reforma laboral integral y de shock, sino que se trabajará caso por caso (sector por sector) en consenso con empresarios y sindicatos.

​Para después de las elecciones, ya se ha planteado un “blanqueo” laboral donde se condonarán deudas a las empresas con el sistema de seguridad social. Esto generó las primeras fricciones con sindicatos y obras sociales que habrían perdido años de recaudación y reclaman una compensación justa. Esta semana, mediante una reunión con el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, los sindicatos acordaron ceder parte de los ingresos que le corresponden a las obras sociales (por lo que no se pagó de aportes) y desde el Estado compensarían a los gremios por el dinero no recibido.

El sábado pasado Triaca afirmó concretamente que no se modificarán las leyes de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales pues se apuesta a retocar los convenios. En el Gobierno ya se exhiben dos acuerdos modelos, aquel con los petroleros en Vaca Muerta y el de los lecheros de Atilra a partir de la crisis de SanCor. En el primero, el gremio petrolero cedió beneficios salariales (las denominadas "horas taxis") y una disminución de la cantidad de operarios por cada equipo de perforación. En el segundo, se acordó en mayo con empresarios y el gremio de lecheros reducir de $3.000 a $1.500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical (de $3.000 a $750 para las empresas más pequeñas).

Al margen de este diferencial clave de tónica gradualista y sectorial, podemos realizar algunos comentarios frente a una hipotética implementación bis-a-bis con el caso brasileño. Por ejemplo, en nuestro país debería modificarse la jurisprudencia laboral, atendiendo cada acuerdo negociado en particular entre el trabajador y el empleador en cada empresa. Esto es producto de que los convenios colectivos de trabajo en Argentina poseen el carácter de legislación laboral vinculante y exclusiva, en el marco del principio romano del Derecho que en caso de duda, la norma se interpreta a favor del trabajador. Sin duda, en un contexto hipotéticamente idéntico al brasileño, el poder sindical argentino perdería cierta primacía. Sin embargo, no podemos afirmar que ello signifique menoscabar su representatividad y validación ante los trabajadores frente a posibles conflictos con el sector patronal si debiera intervenir a pedido de los asalariados.
 
Sea cual sea el desenlace, el debate es necesario. La tasa de empleo al segundo trimestre (41,5%) denota un aumento (del 0,5%) por debajo del 1.1% de crecimiento de la PEA. Esto señala un cambio de composición a favor de mayor informalidad laboral. De igual modo, en el último trimestre, los pocos nuevos puestos de trabajo fueron por incremento de la subocupación (tasa que pasó del 9,9% al 11%). Actualmente el 60% de los ocupados gana menos de los $12.200 necesarios para satisfacer las necesidades básicas.

Una reforma laboral en Argentina necesita consenso y acuerdo legislativo. En un contexto como el presente, se prevé difícil lograr un cambio integral como el brasileño, motivo por el cual la reforma paulatina planteada en los últimos días pareciera la única opción viable. Sin embargo, se debe señalar que un escenario electoral muy óptimo para el Gobierno en octubre podría influenciar a tratarlo como proyecto integral de reforma en el Congreso, junto a otras medidas significativas en debate. Con un tercio del empleo en la informalidad, precarización laboral y magros índices salariales, discutir la reforma del mercado laboral en Argentina con seriedad, responsabilidad y alejado de aires electorales se torna fundamental para fomentar un cambio genuino.
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Semanas atrás pasada, luego de una prueba piloto en Córdoba, el Banco Nación lanzó para todo el país “PIM”. La novedosa billetera móvil orientada a ofrecer un nuevo medio de pago digital a los sectores no bancarizados fue presentada como una herramienta para la inclusión financiera por sus factores diferenciales frente a las otras opciones vigentes en el mercado.
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En principio, dichos factores son cuatro: a) no requerir de un Smartphone o conexión a Internet para su utilización, pues funciona mediante SMS; b) no consumir datos del abono telefónico; c) no requerir de una cuenta bancaria y; c) consecuentemente no tener costo de mantenimiento. Con PIM, cualquier persona que tenga un celular y proporcione su DNI o CUIT podrá recibir o enviar dinero a otro móvil, cargar y extraer efectivo o bien realizar compras en comercios adheridos.
 
En paralelo, la ANSES anunció la posibilidad de pagar los planes sociales a través de esta nueva tecnología. Inicialmente bajo un esquema optativo y gradual, comenzando con los programas Progresar y Hogar pero apuntando a que finalmente se extienda a titulares de AUH y Jubilados. Esta tendencia que viene impulsando el Gobierno Nacional hace ya tiempo (en una especie de “guerra al efectivo”) se alinea con uno de los principales pilares en las distintas iniciativas de inclusión financiera alrededor del mundo: la promoción e incorporación de nuevas herramientas digitales.
 
La inclusión financiera digital potenciada por la revolución Fintech es el paradigma actual dentro del sector y América Latina no es ajena a ello. En una región caracterizada por su amplitud geográfica y altos costos de infraestructura, la tendencia digital es auspiciante. Argentina en particular, según datos avalados por el Banco Mundial, destaca por presentar guarismos realmente prometedores.
 
En nuestro país, mientras sólo uno de cada dos argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria, hay un celular y medio por persona. Contemplando el 40% de menores ingresos, sólo uno de cada tres puede acceder a algún servicio financiero básico, mientras que 9 de cada 10 es titular de una línea telefónica celular. La Argentina presenta tasas de subscriptores a telefonía móvil y usuarios de Internet que superan entre 62% y 80% al promedio del planeta. Estas son, respectivamente, del 147% y 69% de la población cuando los ratios de ATMs y sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes son de 61 y 13.
 
No obstante, el principal (pero no único) desafío en Argentina refiere al uso. Ocho de cada diez empleados registrados que reciben haberes en cuenta bancaria retiran la totalidad de sus sueldos apenas lo tienen depositados. Dos de cada diez personas con cuenta las tienen solo para cobrar subsidios y, de estos, el 76% tiene el hábito de extraer todo apenas cobrado.
 
Todos estos indicadores sustentan iniciativas como PIM o las posturas de trabajar particularmente con herramientas digitales sobre los estratos de más bajos ingresos para generar una inclusión financiera de escala. Pero ¿existen riesgos en una inclusión financiera digital?

En el mundo no pareciera haber dudas de los riesgos para los consumidores. En 2016, con el fin de gestionar las oportunidades pero también los riesgos que la rápida digitalización conlleva, el G20 publicó un informe (titulado High-Level Principles for Digital Financial Inclusion) con ocho recomendaciones para promover la inclusión financiera digital y responsable. Meses atrás, en el marco de la presidencia germana del G20, se abordaron nuevamente las oportunidades y riesgos de la transformación digital aplicada a las finanzas.
 
En el ecosistema Fintech de Europa, las autoridades bancarias ya estudian el fenómeno de cara a su regulación. Un estudio presentado en agosto por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) expuso carencias en la información a los clientes, deficiencias en los servicios de reclamación y un riesgo de exclusión financiera por el uso inadecuado de la gestión masiva de datos personales. En nuestro país, mientras se anunciaba PIM, un informe señalaba que los rubros más denunciados ante Defensa del Consumidor desde el 2012 a la fecha (en la Ciudad de Buenos Aires) fueron justamente las prestadoras de telefonía celular y las entidades financieras.
 
El uso de teléfonos celulares e internet para acceder a servicios financieros necesita de un marco regulatorio equilibrado que fomente tanto la innovación como la protección del usuario. La experiencia nos ha mostrado que la inclusión financiera permite alcanzar mayor bienestar cuando los usuarios tienen conocimiento y capacidades adecues a los productos y los servicios financieros. La educación financiera es entonces primordial para gestionar los riesgos de la digitalización que pone los servicios financieros al alcance de gran parte de la población.

Una inclusión financiera digital como la que se plantea en Argentina (con foco en nuevas tecnologías y medios móviles) genera sin duda oportunidades, pero también importantes riesgos en los consumidores. Es fundamental avanzar responsablemente articulando las tres dimensiones que la componen e interactúan con igual relevancia: oferta, marco regulatorio y demanda. La inclusión financiera debe entonces ser concebida como un medio para un fin, por lo que tenemos que pensar cuidadosamente qué fin priorizar en nuestro cálculo.