​El cambio de década trajo consigo nuevos debates al mapa económico, político e institucional. A nivel internacional, uno de los hitos que marcó agenda fue el Foro Económico Mundial celebrado en Davos durante el mes de enero en donde líderes de todo el mundo posicionaron a la desigualdad como eje primordial y, con ella, el rol de las finanzas en profundizarla o reducirla. Así, mientras OXFAM publicaba su nuevo informe sobre desigualdad global (Time to care: unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis) justo antes del Foro de Davos, Naciones Unidas publicaba su Reporte Social Global 2020 bajo el título "Inequality in a rapidly changing world” y el Fondo Monetario Internacional su documento de trabajo titulado “Finance and Inequality”.
 
En un contexto donde el mundo se pregunta cuándo la economía financiera puede reducir o promover la desigualdad, un apartado ineludible es aquel de “las nuevas finanzas”. Más concretamente, las finanzas tecnológicas o Fintech y, por supuesto, su regulación. De hecho, el informe del FMI comienza destacando en su párrafo primero cómo “las políticas del sector financiero y los avances en la tecnología financiera están permitiendo la inclusión financiera”. No obstante, concluye su trabajo diciendo tajantemente que “las finanzas pueden ayudar a reducir la desigualdad, pero también están asociadas a una mayor desigualdad si el sistema financiero no está bien gestionado”. Otorgándole así plena responsabilidad al regulador.
 
En una columna publicada en este periódico el 25/05/2019 (ver aquí) señalé cómo hasta hace pocos años (digamos, fines del 2017) el panorama mundial sobre regular a las Fintech era bastante difuso, pero que en 2018 y 2019 empezó a quedar en claro que el mundo fue y va (ya sea por declaraciones cada vez más explícitas o bien políticas concretas en distintas economías) hacia una mayor regulación. Tanto es así, que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ya informó que este año en la cumbre del G20 publicará informes sobre: a) Fintech en economías emergentes y en desarrollo, b) balance sobre prácticas y uso de la tecnología para la regulación (Regtech y Suptech); y c) consulta a líderes sobre regulación de stablecoins globales (e.g Libra de Facebook).
 
Como puede observarse, “cómo” regular a las Fintech es el tema latente. De hecho, este fue el objetivo de la reciente Cumbre de dos días (29 y 30 de enero) celebrada en Bermuda sobre tecnología financiera para economías del Commonwealth, en la que participaron representantes de bancos centrales de América y Europa. El evento se orientó específicamente a ayudar a los países a desarrollar herramientas concretas para promover un marco regulatorio que ayude a evitar errores comunes y a recomendar las leyes, reglamentos e incentivos necesarios para estimular el crecimiento de las Fintech minimizando sus riesgos (este set de herramientas Fintech se presentará en la Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth en junio de este año).
 
En resumen, queda claro que al 2020 el debate “Fintech: regulación si - no” ha caducado, siendo más apropiado el debate “Fintech: regulación cómo”. Esto es, debatir cuales son las medidas correctas para maximizar los beneficios de las finanzas tecnológicas promoviendo la innovación y la inclusión financiera y cuáles no. En medio de este contexto global, Argentina comenzó el 2020 con las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina avanzando por primera vez en regular formalmente algunas actividades Fintech no bancarias.
 
El 9 de enero mediante la Com. A 6859, se gestó una primera regulación sobre la operatoria de los “Proveedores de Servicios de Pago” (PSPs) no bancarios. La norma estableció que el 100% de los fondos de los clientes deberán encontrarse depositados y en todo momento disponibles en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. A su vez para la realización de transacciones propias (pago de proveedores, pago de sueldos, etc.), deberán utilizar una cuenta a la vista distinta a la cuenta donde se encuentren depositados los fondos de los clientes. Y, si ofrecieran productos de inversión, los saldos invertidos sean informados de manera separada del resto. En suma, estas medidas apuntan a impedir que los PSPs realicen inversiones financieras con los fondos de sus clientes para su propio beneficio mientras tales fondos no son requeridos.
 
Posteriormente, el 30 de enero, el BCRA dictó la Com. A 6885 mediante la cual establece que los PSPs que ofrecen cuentas de pago (billeteras electrónicas) deberán inscribirse antes del 30 de abril de 2020 en el “Registro de proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago”, que administrará la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Esta le otorgará, en un periodo de 10 días hábiles y de no haber observaciones, un certificado de inscripción y número de registro. Además, prohíbe operar a PSPs que no estén regularmente constituidos en el país como sociedad local o extranjera, les impone cumplir con un régimen informativo periódico y dar acceso a sus instalaciones y documentación al personal del BCRA. Finalmente, establece que la actividad de los PSPs es considerada como un “Servicio Complementario de la actividad financiera”, habilitando así la posibilidad de que los bancos puedan invertir en forma directa en el capital accionario de las PSPs.
 
Según declaran desde el BCRA, estas medidas buscan aumentar la transparencia de las operaciones y proteger a los usuarios. Pero, lo novedoso de este avance, es que es la primera vez que el BCRA decide emitir una regulación específica sobre la operatoria de los PSPs, sujetándolos (tanto a la entidad como a sus autoridades) a las sanciones de la Ley de Entidades Financieras para el caso de incumplimiento con estas reglas (Art. 41 y 42). De hecho, y en línea con el fenómeno global mencionado anteriormente, en su comunicado de prensa el BCRA calificó a esta regulación como “un paso inicial valioso para la regulación de los PSP para alinearse con otros países de la región y de Europa que ya cuentan con un marco normativo” (como Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, entre otros).
 
Así, tan sólo en un mes, el BCRA pasó a incorporar de manera explícita algunas verticales Fintech bajo su óptica y normativa. Pero en paralelo, dos normativas en la esfera tributaria también cambiaron el paisaje de manera directa o indirecta al ecosistema. Por un lado, la implementación del impuesto PAIS sobre las operaciones con tarjeta que impliquen adquisición o uso de moneda extranjera. Por otro, la suspensión temporal del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Debemos recordar también que ya en la segunda mitad del 2019 se había extendido la esfera tributaria a que las billeteras virtuales tengan iguales retenciones impositivas que las instituciones bancarias, con AFIP avanzado en la retención de IVA y Ganancias e impuesto al cheque en pagos electrónicos, así como Ingresos Brutos de ARBA a las plataformas digitales de pago.
 
Para concluir, por el momento, en Argentina el debate sobre “regular o no regular” las Fintech pareciera quedar cerrado. Llegó la hora de preguntarnos propiamente “cómo” regular de manera virtuosa, al igual que está sucediendo en otras partes del mundo. Una cosa es clara, nivelar para abajo extendiendo impuestos regresivos del sector bancario (e.g débitos y créditos), no es una buena idea. Mejorar los controles, transparencia, protección de datos y ahorros de los consumidores, sí lo es. Es necesario entonces analizar cada esfera de la regulación y sus vicisitudes en particular (especialmente la tributaria). Estos análisis debemos hacerlos escuchando a todos los actores, grandes y chicos, ganadores y perdedores de cada postura, pero siempre y primordialmente con el foco puesto en los consumidores. Sólo así las Fintech podrán ser un motor para el desarrollo económico e inclusivo en Argentina.

La inclusión financiera es un tema que ingresó paulatinamente en la agenda de políticas públicas de la Argentina, hasta transformarse en una política de Estado. Dentro del amplio espectro de medidas que apuntan a promover el acceso y el uso de servicios financieros formales, los pagos digitales se presentan como protagonistas en el objetivo de expandir las finanzas entre los excluidos, por tratarse del componente básico de los demás servicios financieros (ahorro, crédito y préstamos). Es, de hecho, el tejido conectivo de las finanzas.

Cuando estudiamos la pobreza, vemos que los hogares excluidos ahorran, invierten y transfieren valor en efectivo o a través de activos físicos como bienes. Además de incrementar la inseguridad propia y delictiva relacionada con el uso de efectivo, quienes están en la pobreza no se benefician con las ventajas de los servicios del mundo financiero. Esta brecha financiera (y, cada vez más, también digital) que crea la carencia de instrumentos seguros de pago, promueve canales de desigualdad y exclusión social que se refuerzan mutuamente en la vida financiera de los hogares más pobres.

Hablar de pagos digitales en la pobreza se torna algo impensado si los comercios no aceptan estos mecanismos. En este contexto, desde la Universidad de Buenos Aires realizamos una investigación en el Barrio Padre Carlos Mujica (exvilla 31) para comprender mejor el estado, las barreras y las motivaciones que perciben los comerciantes de un asentamiento urbano a la hora de aceptar pagos digitales en sus comercios. El trabajo, que obtuvo un reconocimiento en los premios Adeba 2019, contempló entrevistas a 104 comerciantes, con un amplio cuestionario sobre pagos digitales. Se exponen a continuación algunos resultados relevantes.

En el Barrio 31 solo el 24% de los comercios relevados acepta pagos digitales. Este 24% se compone principalmente de usuarios de POS ( Point of Sale) inalámbricos (94%), seguidos por usuarios de mPos para el celular (20%) y un puñado de usuarios de Código QR (8%). Del total que no acepta pagos digitales (76% de los encuestados), más de la mitad (51%) informa que estaría interesado en empezar a aceptarlos.

Como es lógico, el 96% de ellos es titular de una cuenta bancaria, mientras que entre los que no aceptan pagos, solo 25% tiene cuenta. Es de interés saber que, entre los que aceptan pagos, solo 8% declara no utilizar su cuenta bancaria, pero entre los que no aceptan, el 30% no la usa. Y el 72% de los que aceptan pagos digitales declara haber ahorrado en el último año, mientras que entre los que no, solo 42% ahorró.

De igual modo, el 32% de los comerciantes que aceptan pagos digitales recibió un préstamo formal en los últimos 12 meses; entre los que no aceptan, solo 22% tomó un crédito. En esta línea, entre los que no aceptan pago electrónico, solo el 39% aprobaría que sus proveedores les cobren de forma digital, mientras que entre los que sí aceptan, más del 90% lo haría. En otras palabras, observamos una mayor inclusión financiera amplia en el 24% de comerciantes que aceptan pagos digitales.

Sobre el uso de la telefonía celular como puerta para los pagos digitales, el 87% de los comercios tiene un teléfono móvil inteligente, siendo ese casi el único acceso al mundo digital (solo 13% posee una computadora u otro dispositivo con el cual realizan su actividad económica). Los datos muestran que no solo es importante tener un teléfono celular, sino también sentirse seguro para usarlo.

De los comerciantes que declaran que no se sienten seguros con el teléfono, solo 19% los acepta para pagos, y de los que se sienten muy seguros, 31% habilita pagos. En cuanto al interés por empezar a aceptar, entre los que no se sienten seguros, al 41% le interesa, y entre los que se sienten muy seguros, al 60% le interesa. La correlación es clara: a medida que aumenta la confianza declarada en la tecnología, se incrementa la propensión de los comerciantes a aceptar pagos digitales. Cualquier estrategia de inclusión financiera deberá contemplar la educación digital para incrementar la confianza.

Finalmente, cuando investigamos las motivaciones para aceptar pagos digitales, se destacan la seguridad y las ventas. El 83% de los interesados declaró que la posibilidad de mejorar las ventas es una razón para empezar aceptar pagos digitales. De igual modo, aunque el 92% de los que aceptan pagos digitales en sus comercios declaró que menos de 10% de sus clientes les paga actualmente con tarjeta, la totalidad afirma creer que sus ventas con tarjeta van aumentar, como mínimo, 10%.

Por su parte, 73% del total de interesados en aceptar pagos digitales eligió entre sus motivos el de mejorar la seguridad. Sucede que el 62% de los comerciantes encuestados sufrió en los últimos tres años algún delito en relación al dinero en efectivo (robos, billetes falsos, pérdidas en caja, etcétera). La mitad (49%) respondió que en general "no se sentía seguro" con dinero en efectivo, y solo 16% dijo que "se sentía muy seguro". A pesar de esto, el 100% declaró que todavía paga las compras minoristas y carga la tarjeta SUBE con efectivo; el 95%, que así le paga a sus proveedores y al supermercado, y el 87%, que así compra bienes durables. Aunque todavía prime el efectivo, la seguridad de los pagos digitales en esta población es un activo invaluable en el cual poner énfasis.

Como corolario general, una estrategia de pagos digitales en comercios de barrios vulnerables deberá atender las barreras y las bondades específicas que perciben sus potenciales usuarios, distintas a las de sus clientes tradicionales. En este contexto, es cierto que conectar a los más pobres con un sistema financiero digital no resolverá todas las barreras para llegar con otros servicios financieros, públicos o de cualquier otro tipo, pero eliminará costos sustanciales, allanando el camino para esfuerzos más robustos a la hora de servir a los vulnerados.

​Por estos motivos, conectar los asentamientos a un sistema financiero digital con instrumentos de pagos generará importantes beneficios sociales y económicos. Y el primer paso es diagnosticar y comprender.

Comparto entrevista realizada por La Ley - Thomson Reuters Argentina - sobre la reunión que realizará el próximo jueves 9  de enero el directorio del Banco Central sobre regular el negocio de las empresas de tecnología que ofrecen servicios de pago y financieros.

Clic aquí para acceder a la entrevista

Investigación galardonada con el 3er lugar en la competencia nacional realizada por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) "Premios ADEBA 2019". 

En esta edición, la temática del Premio fue "Propuestas para la bancarización e inclusión financiera en Argentina". Se seleccionaron los mejores trabajos por su aporte innovador para la discusión técnica e iniciativas concretas para estimular el aumento de la bancarización e inclusión financiera en nuestro país.

Link con acceso al documento haciendo clic aquí

​Entrevista en evento Argentina Fintech Forum 2019 (organizado por la Cámara Argentina de Fintech - 19-11-2019) sobre la importancia de la articulación entre el sector público, académico y Fintech.

​Tan solo cinco meses atrás, mientras en Buenos Aires corría lo que fueron los días más fríos del año, la Argentina se estremecía tras la muerte por hipotermia de Sergio Zacarías, de 53 años, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Sucede que, como ya nos señalaba el Índice de Bienestar Urbano (IBU) publicado a fines del año pasado, en una Ciudad como la de Buenos Aires se puede vivir como en Europa, pero también como en Haití, Yemen o Serbia (o incluso con tasas de mortalidad infantil equiparables a la de países como Armenia, Túnez o Libia, dependiendo el barrio).
 
La problemática de las personas en situación de calle es crítica. Para dimensionar, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que realizó la Defensoría del Pueblo publicado el pasado 5 de julio, 7.251 personas están en situación de calle efectiva, de los cuales 5.412 viven en plazas, umbrales de edificios o directamente en veredas (a la intermperie) y 1.839 utilizan activamente la red de alojamiento transitorio (ya sean paradores o establecimientos con convenios). Aunque con la partida del invierno la problemática pareciera muchas veces quedar invisibilizada hasta el año siguiente, estos 7.251 vecinos y vecinas de la ciudad más acaudalada del país no deben dejar de interpelarnos en la responsabilidad vulnerada al derecho que todo argentino tiene a una vivienda digna, a la salud y (en casos tan extremos como el mencionado) a la vida como un derecho humano.
 
Desnaturalizar de nuestra cotidianidad la situación de calle es un punto obligado para empezar a encontrar soluciones efectivas. No solo por motivos éticos y responsabilidades constitucionales (e.g. en la Ciudad de Buenos Aires existe desde el 2010 la ley 3.706 de protección de derechos de personas en situación de Calle y en riesgo), sino también porque en la situación de calle subyace un reflejo extremo de una consecuencia cada vez más probable. Hablamos, específicamente, de un alarmante riesgo de pasar a estar o caer en situación de calle efectiva.
 
Siguiendo con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, entre marzo y abril 2017 la misma institución se preguntó cuántas personas estaban en riesgo de calle. Así, sumando quienes son beneficiarios de subsidio habitacional otorgado por Decreto 690/06 y sus modificaciones, beneficiarios de amparo judicial para garantizar el acceso a la vivienda, adolecentes de 18 años institucionalizados en el Sistema Protección que deben egresar sólo por su edad, aquellos en el Sistema de justicia juvenil en condición de egreso, adultos en el sistema penal próximos a finalizar su condena, adultos que teniendo alta médica/salud permanecen en las instituciones de salud por no tener donde vivir, las familias incluidas en hoteles en el marco Operativo Frio u otras similares, la población en riesgo de pasar a estar en situación de calle añadía aproximadamente otros 20.000 vecinos y vecinas.
 
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires se sancionó y promulgó la Ley Nº 13.956 en 2009, mediante la cual se crea el “Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”. La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento de alcance provincial en octubre del año 2017 indagando acerca de la atención a personas en situación de calle por parte de los municipios. Encontró que alrededor del 80% de los municipios que respondieron (sólo el 60% de 135 contactados, el resto argumentó falta de autorización institucional o directamente desconocer la problemática) declara no tener vínculo ni recibir recursos de las autoridades provinciales responsables. No existiría articulación formal ni informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco dicen conocer la mencionada Ley Provincial 13.956.
 
A pesar de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con leyes específicas, sancionadas y promulgadas entre los años 2009 y 2011, no ocurre lo mismo a nivel nacional. No existe hoy en nuestro país una normativa a nivel nacional específica sobre esta problemática. En otras palabras, no tenemos siquiera criterios unificados a partir de los cuales se pueda establecer un abordaje integral de la problemática o un relevamiento unificado en todo el país sobre las personas en riesgo o en situación de calle, insumo necesario para desarrollar mecanismos de atención efectivos (hoy también ausentes).
 
En un escenario de emergencia alimentaria, alza de la pobreza, persistente déficit habitacional y tenencia precaria de la vivienda (todos disparadores del riesgo de calle), debatir en un contexto neutral y con rigurosidad académica los caminos para darle solución a esta problemática se vuelve fundamental. Pero este debate es multicausal, no tiene una única respuesta ni solución, motivo por el cual encontrar enfoques innovadores además de valioso se torna obligado. Por ello, desde el Observatorio de Innovación Social de FCE-UBA y en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, nos proponemos rescatar estas inquietudes de cara al próximo 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde realizaremos una primera jornada con actores claves para brindar luz a la discusión pendiente sobre gente en riesgo o situación de calle.

​Evento "Small Loans, Big Problems: How the World Was Seduced and Betrayed by the Microcredit Model" realizado el 1 de noviembre en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Speaker: MilfordBateman - Faculty of Economics and Tourism, Juraj Dobrila University at Pula, Croatia & International Development Studies, St Marys University, Halifax, Canada.

Moderador: Ignacio E. Carballo​