l aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido ante la pandemia del Covid-19 nos enfrenta, permanentemente, a realidades y desafíos cotidianos. Las largas filas de jubilados que se registraron en el mes de abril, expusieron las debilidades de nuestro sistema financiero. ¿El problema es la bancarización de la población? ¿O las causas deben ser buscadas en otros lados? Hablamos con dos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas.
 
La pandemia del Coronavirus Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Algunos de los cambios, quizás, sean temporarios y otros han llegado para quedarse. También se observa que ante una misma situación, los efectos que ésta produce son completamente diferentes según el país o la región, teniendo un gran peso la historia de la sociedad y las costumbres que están arraigadas en esos lugares.

El uso del efectivo es una de estas últimas situaciones descriptas. Mientras en Europa, se registra un importante descenso en el uso de dinero en efectivo, en nuestro país la dependencia del papel parece ser aún demasiado fuerte. Al respecto dialogamos con Julián Leone, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), y con Ignacio Carballo, miembro del Centro de Estudio de la Estructura Económica (CENES) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y director del Ecosistema de Programas Fintech (UCA).

¿Qué situación, exactamente, se presenta en Europa? 

Carballo: En el mundo, según un informe del Banco Internacional de Pagos (BPI), esta crisis trajo aparejada la caída de la demanda de dinero, a diferencia de las crisis económicas anteriores donde la gente procuró hacerse de efectivo. La razón es básicamente una cuestión de confinamiento y de temor, no avalado científicamente, al contagio por lo cual no es raro que en España haya bajado un 68% de los retiros de efectivo. 
Dicho esto, debemos tener en cuenta de que en Europa, el 94% de la población tiene acceso al sistema financiero, por lo tanto la caída del retiro de efectivo, en términos nominales, no es mucha.

Pero la situación en Argentina es diferente. Se expresó claramente a principios del mes de abril con el pago de las jubilaciones, pero remite a muchas otras situaciones en las cuales el uso del efectivo es predominante.

Leone: La pandemia, en nuestro país, mostró los efectos de la no bancarización que hay en un sector muy grande de la economía donde la asimetría se ve, con claridad, en los mayores adultos. Se espera que algún día estemos al nivel de Europa, hoy estamos muy lejos y se demuestra con la desesperación que hubo por abrir las cajas de los bancos con gente que fue a cobrar algo que debería haberse hecho por transferencia bancaria. Otro, tema claro está es la evasión tributaria.
Es importante saber que tenemos una economía con un 35% de base de informalidad, previa al coronavirus. Cuando termine esta situación, un típico ajuste del mercado es pasar de lo registrado a lo no registrado, lo cual significaría un impulso más grande hacia el efectivo.

Carballo: En el caso de los países de América Latina, la exclusión financiera es muy grande. En cuanto al acceso al sistema financiero, estamos en una proporción de casi 1 de cada 2.  Argentina no es ajena a esta situación, y la proporción es la misma de aquellas personas que tienen, saben que tienen y hacen uso de esa cuenta.
Por otra parte, el Informe de Pagos Minoristas que presentó el Banco Central, referido al segundo semestre del año pasado, y los adelantos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), demuestran que el 70% de las transacciones en nuestro país se hacen en efectivo, lo cual implica que una caída menor en el porcentaje de los retiros en efectivo, en comparación al caso europeo, nominalmente representa una caída mayor.

Leone: En algún momento, el Gobierno intentó regular la situación. La última reforma impositiva le puso un 5% de impuesto al retiro de gran cantidad de efectivo por parte de las empresas.

¿Qué sucede con el uso de las tarjetas de crédito y los pagos a través de medios digitales? 

Leone: En la cuestión del uso de las tarjetas de crédito debería estar la discusión sobre el costo del financiamiento: Somos un país con tasas altas, donde el sistema bancario al financiamiento del consumo ya es de por si más alto, lo cual también atenta contra la bancarización de la economía.

Carballo: Los pagos digitales crecieron a grandes tasas. Ualá colocó, solo en el mes de marzo, 140.000 tarjetas, lo cual representa un poco menos del 10% que tenía colocado en 2 años. Sin embargo, la brecha digital en Argentina es muy grande, y claramente las poblaciones más vulnerables son las que tienen menos acceso. Un estudio del INDEC en 2017, refería que el 70% de los mayores de 65 de años no usaba Internet y casi la mitad, el 44%, tampoco telefonía celular.
Claro está que cuando hablamos de brecha digital debemos saber cómo vamos a categorizar a la población, porque, por ejemplo, según el mismo informe: entre la gente sin instrucción de entre 30 y 64 años, el 79,7% no tiene Internet, porcentaje que aumenta a 95,3% entre los mayores de 65 años.
Por último, las personas menores de 40 años, como tendencia global, son mucho más propensa a aceptar pagos y servicios financieros a través de empresas tecnológicas. Este cuadro se incrementa con los millennials y termina de decantarse con los centennials.

¿Cuál es, según ustedes, el tema central a analizar en el fenómeno del uso del dinero en efectivo?

Leone: El enorme punto a discutir acá tiene que ver con la informalidad laboral. Es imposible bancarizar a un país que tiene más de un tercio de su plana de trabajo en forma no registrada porque, además, es la variante por la cual termina ajustando la recesión económica: En lugar de despedir al trabajador, se lo transforma en un operario no registrado.

Carballo: La cuestión de la inclusión financiera es muy importante. Se trata de un fenómeno multidimensional cuyas variables vienen de tres áreas distintas: la oferta, la demanda, y el marco regulatorio.
En cuanto a la oferta, Argentina, históricamente, ha sido un país unitario y muy poco federalizado. Desde el punto de vista geográfico, en nuestro país es mucho más costosa la instalación de puntos de acceso tradicionales como cajeros automáticos que en Uruguay o Paraguay, pero también hay un tema de regulación: Colombia tiene desde hace años una Ley de Corresponsalías, que es lo que permite abrir una cuenta bancaria, pedir un préstamos, que los comercios funcionen como corresponsales y puedan brindar servicios financieros, mientras que Argentina tiene esta ley desde 2018, aprobada en el marco del G20, pero que aún sus efectos brillan por su ausencia.

Obviamente, desde la aparición de las Fintech este panorama se quiebra totalmente: Argentina tiene un teléfono y medio por habitante.  

En cuanto a la demanda, es principalmente la confianza en el sector financiero y la educación financiera, punto en el cual estamos muy atrasados. Que no tengamos educación financiera en las escuelas secundarias. Porque el problema verdadero está ahí, en cómo hacer que la gente use las herramientas financieras disponibles.

Fuimos testigos de cómo los jubilados hicieron largas colas en los bancos en el mes de abril, rompiendo la cuarentena y arriesgando sus vidas. Todos tienen CBU, una caja de ahorro. Entonces, debemos preguntarnos ¿Por qué van a buscar efectivo? ¿Por desconocimiento sobre que tienen una caja de ahorro? ¿Por no saber operar un cajero automático? ¿Porque los pasos son muy complicados? ¿Por desconfianza? ¿Por un poco de todo?

Estoy convencido que el gran problema que enfrentamos y debemos resolver es la educación financiera.

Comparto el capítulo publicado en el libro "Ética y economía: la relación dañada Profundizando los modos de un auténtico desarrollo humano integral sostenible (Parte II)" de los editores: Cristina Calvo, Humberto Shikiya y Deivit Montealegre, Globethics.net Focus Series No. 56​

​a) Clic aquí para acceder al Capítulo 6 del documento
b) Clic aquí para acceder al libro completo

​Frente a la crisis sanitaria y económica del COVID-19 que puso en cuarentena a gran parte del planeta, uno de los flancos en dónde los gobiernos del mundo están presentando una férrea batalla es aquel de la inclusión financiera. Especialmente las naciones con alta informalidad están buscando una acelerada reducción del efectivo para evitar el contacto o la circulación innecesaria de sus habitantes promoviendo los pagos digitales.
 
Sucede que los pagos son el tejido conectivo de todo sistema económico y financiero. Enlazan a los compradores con los vendedores y permiten a los gobiernos realizar transacciones con sus ciudadanos. De hecho, los pagos son el componente básico de los demás servicios financieros. El ahorro no es otra cosa que una secuencia de pagos de depósito del cliente al banco y pagos de retiro del banco al cliente. El crédito implica pagos de préstamos al cliente seguidos de reembolsos al banco. Lo mismo con los seguros, si es demasiado costoso realizar (o aceptar) estos pagos, no ofrecerán el servicio financiero subyacente. Interrumpir o ver dificultado los canales de pago implica, en pocas palabras, ralentizar o detener la economía formal.
 
Por su parte, los hogares excluidos de dicho sistema financiero de pagos ahorran y transfieren valor a través de activos físicos, como dinero en efectivo o bienes. A la vez de incrementar la inseguridad propia y delictiva relacionada al uso del efectivo, no se benefician de las bondades de las finanzas para suavizar su consumo mediante el ahorro, aminorar el impacto de los avatares de la vida mediante los seguros, y por supuesto de ver realizados sus proyectos económicos de vida mediante el crédito.
 
Esta brecha financiera y digital que crea la carencia de instrumentos seguros de pago promueve distintos canales de desigualdad y exclusión social que se refuerzan mutuamente en la vida financiera de los hogares excluidos. De ahí que la inclusión financiera sea entendida actualmente como un medio para la reducción de la pobreza y promoción del desarrollo sostenible por organismos como Naciones Unidas. Pero, en épocas de coronavirus y por primera vez en la historia, la exclusión financiera también pone en riesgo la vida de las personas y la salud pública en general.
 
Como resultado, en economías emergentes o en vías de desarrollo como la nuestra, las consecuencias de la exclusión financiera nunca fueron tan crudas. Por ejemplo, mientras se recomienda con firmeza a la población utilizar medios de pago electrónicos y se difunden llamativos estudios que destacan los riesgos de exposición (e.g. la empresa LendEDU realizó una investigación en Nueva York encontrando que los ATM están más contaminados que un caño del subte o el picaporte de un baño), durante la cuarentena algunos comercios suspendieron directamente el cobro con tarjeta de débito. El motivo: venden poco y las comisiones les reducen aún más los márgenes. Para peor, los sectores históricamente relegados del sistema financiero son los más vulnerables, quienes cotidianamente enfrentan más diversas adversidades en términos de salud como son la falta de acceso a servicios básicos, déficits cualitativos de vivienda y hacinamiento, o menor acceso a la información.
 
En nuestro país en particular, otro segmento también excluido es el de los jubilados y pensionados que, aunque cuenten con acceso, presenta un uso casi nulo de los servicios financieros. Tanto es así que el Banco Central terminó impulsando a los bancos a reabrir en medio de la cuarentena para que los jubilados y receptores de ayuda estatal, especialmente los que nunca retiraron su tarjeta de débito, puedan cobrar sus haberes. El resultado: colas de cuadras de jubilados y beneficiarios de AUH en los bancos para cobrar en efectivo.
 
En el contexto mencionado en dónde la pandemia del COVID-19 incita a acelerar el cambio hacia los pagos digitales, tanto la banca tradicional como las nuevas empresas de tecnologías financieras (Fintech) cobran un rol fundamental. Las principales instituciones en Argentina han tomado cartas en el asunto, no sólo mediante donaciones, postergación en la cobranza de créditos, reducción de tasas de interés, agresivos descuentos en farmacias, promoción de billeteras virtuales e incremento en la emisión de tarjetas prepagas, entra otras. Además, en este contexto de emergencia, el Banco Central impuso medidas de congelamientos y el Ejecutivo recibió propuestas por parte de las fintech para ayudarlas a desarrollarse.
 
Aunque la inclusión financiera digital avanzará, muy probablemente estas iniciativas no serán suficientes. En estos días quedó reflejada la falta de entendimiento multidimensional del proceso de inclusión financiera, en dónde los factores de la demanda (comportamiento, actitudes, conocimiento, confianza, capacidades de usabilidad, educación financiera, entre otros) son tan relevantes como aquellos de la oferta (costos y diseño de productos). En Argentina se postergó hacer una inclusión financiera real de poblaciones vulnerables y adultos mayores al ignorar factores de la demanda, y ahora su vida corre riesgo por causa de ello.
 
Sin duda la sociedad que nos espera después del aislamiento será una con nuevos hábitos digitales, pero ojalá también sea una más reflexiva en tanto a los errores del pasado. La inclusión financiera tradicional, o la nueva inclusión financiera digital, sólo será efectiva con una política de largo plazo que contemple sus aristas multidimensionales y específicas para cada segmento poblacional.

Comparto el artículo de investigación publicado en la "Revista COLECCIÓN" del Departamento de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Link con acceso aquí: http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/COLEC/article/view/2561

In November 2019, Argentine personal finance app Ualá announced the closing of a US$150 million funding round led by Tencent (China’s leading provider of value-added Internet services and the owner of WeChat) and SoftBank’s innovation fund for Latin America. The news attracted attention from international media and investors and placed a spotlight on Argentina.

Ualá, which offers prepaid debit cards, transfers, payments, and savings & loan services, had already announced an initial investment of Tencent in April and subsequently, as its founder Pierpaolo Barbieri recently told the New York Times, his relationship with Tencent remained “very close.” The two-year old startup (founded in October 2017), is now valued at US$900 million according to Bloomberg, and is close to becoming the latest startup unicorn coming out of Argentina (along with MercadoLibre, Globant, Despegar, Auth0 and OLX).

AN ERA OF ECONOMIC CRISIS

To fully appreciate the rapid rise of Ualá, it is essential to understand the local economic environment in which it has grown. Argentina has been experiencing a strong economic crisis for at least the last two years. In 2018, the country accumulated an inflation rate of 47.6%. The year began with a US dollar equivalent to around 18 Argentine pesos, and ended the year worth 39 Argentine pesos. During the crisis, unemployment rose to 9%, poverty increased to around 34% and Argentina’s GDP dropped 2.5% (including a 6.2% drop in the last quarter of 2018). Far from improving, in 2019 inflation already exceeded 50%, the dollar is worth around 60 Argentine pesos, poverty levels are at almost 40%, and ECLAC *the Economic Commission for Latin America and the Caribbean) forecasts a 1.9% contraction of the national GDP.

GROWING INVESTOR INTEREST IN FINTECH

In spite (or perhaps because) of the economic conditions, both entrepreneurs and investors have begun to devote more time and capital in using technology to address the root causes of the crisis.

In an economy where virtually no item or sector shows green balance sheets or positive projections, the young sector of technological finance has not stopped growing. In 2018, the Argentine Chamber of Fintech, together with the IDB and Afluenta, carried out the first survey of the national fintech ecosystem, identifying 133 companies in the sector with an average annual growth (2017-2018) of 110%. By August 2019, in a new survey of the Chamber with the Central Bank and the Treasury, and despite even more adverse local economic conditions, the sector grew by 67% in number of firms, reaching 223 companies. This sector growth exceeds that of Brazil (49%), Mexico (51%) and Colombia (29%), the main economies in the region. In fact, the recent growth of fintech in Argentina has propelled the country close to becoming the third most booming fintech economy in Latin America. In this context, the case of Ualá may be a notable example, but it probably won’t be the only one going forward.

ARGENTINA´S FINTECH DIFFERENTIATORS

Argentina has several competitive advantages to develop a technological finance sector attracting global investors. Firstly, although the penetration of bank accounts is high (80%), the level of use is low (50%). This means there is an issue of usage rather than access, greatly simplifying the process of financial inclusion. Secondly, there are as many–or more–smartphones as there are inhabitants, and the level of connectivity is above the regional average. This smartphone penetration and connectivity bodes well for the entire Fintech industry. Thirdly, according to the World Bank, Argentina is the 7th country with the lowest private credit sector (measured as the ratio of credit to GDP). Lastly, the Argentine entrepreneurial DNA, strongly conditioned by the intrinsic adversities that its economy frequently goes through, seeks regionalization. According to a study carried out by the Argentine Chamber of Fintech, 70% of companies in the sector are already operating in at least one country in the region, or have it in their roadmap in the short term. Argentina is the birthplace, but Latin America is the market.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

On top of the advantages mentioned above, the relationship between the private sector and regulators has progressed through various round tables of public-private dialogue designed to expand the borders of the financial system through innovation. The Central Bank has its Financial Innovation Roundtable, the National Securities Commission has its Fintech Task-Force, and the National Insurance Superintendency recently inaugurated its Insurtech Board. The national government recognized, during the last 4 years, the need for greater financial inclusion and financial education, and recognized that technology is a great mechanism through which to close these gaps. The government has invested in transforming financial inclusion with a digital focus into a State policy, and with the change of administration, this trend will continue to deepen.

All these factors explain why, even with a headwind in microeconomic and macroeconomic terms, Argentina’s fintech sector is fertile ground for investment funds that bet on the long-term.

See below for a Spanish-language infographic surveying Argentina’s fintech sector.

​El cambio de década trajo consigo nuevos debates al mapa económico, político e institucional. A nivel internacional, uno de los hitos que marcó agenda fue el Foro Económico Mundial celebrado en Davos durante el mes de enero en donde líderes de todo el mundo posicionaron a la desigualdad como eje primordial y, con ella, el rol de las finanzas en profundizarla o reducirla. Así, mientras OXFAM publicaba su nuevo informe sobre desigualdad global (Time to care: unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis) justo antes del Foro de Davos, Naciones Unidas publicaba su Reporte Social Global 2020 bajo el título "Inequality in a rapidly changing world” y el Fondo Monetario Internacional su documento de trabajo titulado “Finance and Inequality”.
 
En un contexto donde el mundo se pregunta cuándo la economía financiera puede reducir o promover la desigualdad, un apartado ineludible es aquel de “las nuevas finanzas”. Más concretamente, las finanzas tecnológicas o Fintech y, por supuesto, su regulación. De hecho, el informe del FMI comienza destacando en su párrafo primero cómo “las políticas del sector financiero y los avances en la tecnología financiera están permitiendo la inclusión financiera”. No obstante, concluye su trabajo diciendo tajantemente que “las finanzas pueden ayudar a reducir la desigualdad, pero también están asociadas a una mayor desigualdad si el sistema financiero no está bien gestionado”. Otorgándole así plena responsabilidad al regulador.
 
En una columna publicada en este periódico el 25/05/2019 (ver aquí) señalé cómo hasta hace pocos años (digamos, fines del 2017) el panorama mundial sobre regular a las Fintech era bastante difuso, pero que en 2018 y 2019 empezó a quedar en claro que el mundo fue y va (ya sea por declaraciones cada vez más explícitas o bien políticas concretas en distintas economías) hacia una mayor regulación. Tanto es así, que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ya informó que este año en la cumbre del G20 publicará informes sobre: a) Fintech en economías emergentes y en desarrollo, b) balance sobre prácticas y uso de la tecnología para la regulación (Regtech y Suptech); y c) consulta a líderes sobre regulación de stablecoins globales (e.g Libra de Facebook).
 
Como puede observarse, “cómo” regular a las Fintech es el tema latente. De hecho, este fue el objetivo de la reciente Cumbre de dos días (29 y 30 de enero) celebrada en Bermuda sobre tecnología financiera para economías del Commonwealth, en la que participaron representantes de bancos centrales de América y Europa. El evento se orientó específicamente a ayudar a los países a desarrollar herramientas concretas para promover un marco regulatorio que ayude a evitar errores comunes y a recomendar las leyes, reglamentos e incentivos necesarios para estimular el crecimiento de las Fintech minimizando sus riesgos (este set de herramientas Fintech se presentará en la Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth en junio de este año).
 
En resumen, queda claro que al 2020 el debate “Fintech: regulación si - no” ha caducado, siendo más apropiado el debate “Fintech: regulación cómo”. Esto es, debatir cuales son las medidas correctas para maximizar los beneficios de las finanzas tecnológicas promoviendo la innovación y la inclusión financiera y cuáles no. En medio de este contexto global, Argentina comenzó el 2020 con las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina avanzando por primera vez en regular formalmente algunas actividades Fintech no bancarias.
 
El 9 de enero mediante la Com. A 6859, se gestó una primera regulación sobre la operatoria de los “Proveedores de Servicios de Pago” (PSPs) no bancarios. La norma estableció que el 100% de los fondos de los clientes deberán encontrarse depositados y en todo momento disponibles en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. A su vez para la realización de transacciones propias (pago de proveedores, pago de sueldos, etc.), deberán utilizar una cuenta a la vista distinta a la cuenta donde se encuentren depositados los fondos de los clientes. Y, si ofrecieran productos de inversión, los saldos invertidos sean informados de manera separada del resto. En suma, estas medidas apuntan a impedir que los PSPs realicen inversiones financieras con los fondos de sus clientes para su propio beneficio mientras tales fondos no son requeridos.
 
Posteriormente, el 30 de enero, el BCRA dictó la Com. A 6885 mediante la cual establece que los PSPs que ofrecen cuentas de pago (billeteras electrónicas) deberán inscribirse antes del 30 de abril de 2020 en el “Registro de proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago”, que administrará la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Esta le otorgará, en un periodo de 10 días hábiles y de no haber observaciones, un certificado de inscripción y número de registro. Además, prohíbe operar a PSPs que no estén regularmente constituidos en el país como sociedad local o extranjera, les impone cumplir con un régimen informativo periódico y dar acceso a sus instalaciones y documentación al personal del BCRA. Finalmente, establece que la actividad de los PSPs es considerada como un “Servicio Complementario de la actividad financiera”, habilitando así la posibilidad de que los bancos puedan invertir en forma directa en el capital accionario de las PSPs.
 
Según declaran desde el BCRA, estas medidas buscan aumentar la transparencia de las operaciones y proteger a los usuarios. Pero, lo novedoso de este avance, es que es la primera vez que el BCRA decide emitir una regulación específica sobre la operatoria de los PSPs, sujetándolos (tanto a la entidad como a sus autoridades) a las sanciones de la Ley de Entidades Financieras para el caso de incumplimiento con estas reglas (Art. 41 y 42). De hecho, y en línea con el fenómeno global mencionado anteriormente, en su comunicado de prensa el BCRA calificó a esta regulación como “un paso inicial valioso para la regulación de los PSP para alinearse con otros países de la región y de Europa que ya cuentan con un marco normativo” (como Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, entre otros).
 
Así, tan sólo en un mes, el BCRA pasó a incorporar de manera explícita algunas verticales Fintech bajo su óptica y normativa. Pero en paralelo, dos normativas en la esfera tributaria también cambiaron el paisaje de manera directa o indirecta al ecosistema. Por un lado, la implementación del impuesto PAIS sobre las operaciones con tarjeta que impliquen adquisición o uso de moneda extranjera. Por otro, la suspensión temporal del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Debemos recordar también que ya en la segunda mitad del 2019 se había extendido la esfera tributaria a que las billeteras virtuales tengan iguales retenciones impositivas que las instituciones bancarias, con AFIP avanzado en la retención de IVA y Ganancias e impuesto al cheque en pagos electrónicos, así como Ingresos Brutos de ARBA a las plataformas digitales de pago.
 
Para concluir, por el momento, en Argentina el debate sobre “regular o no regular” las Fintech pareciera quedar cerrado. Llegó la hora de preguntarnos propiamente “cómo” regular de manera virtuosa, al igual que está sucediendo en otras partes del mundo. Una cosa es clara, nivelar para abajo extendiendo impuestos regresivos del sector bancario (e.g débitos y créditos), no es una buena idea. Mejorar los controles, transparencia, protección de datos y ahorros de los consumidores, sí lo es. Es necesario entonces analizar cada esfera de la regulación y sus vicisitudes en particular (especialmente la tributaria). Estos análisis debemos hacerlos escuchando a todos los actores, grandes y chicos, ganadores y perdedores de cada postura, pero siempre y primordialmente con el foco puesto en los consumidores. Sólo así las Fintech podrán ser un motor para el desarrollo económico e inclusivo en Argentina.