Publicado en diario Notimérica | Europa Press - 09-06-2016
El papel asignado a la inclusión financiera como elemento prioritario para el desarrollo social y económico de las naciones no es un hecho reciente. Toma relevancia en la agenda pública a partir del 2009, cuando el Grupo de los Veinte (G-20) estableció el tema como uno de sus pilares en la Cumbre de Pittsburgh. Posteriormente, con la Declaración Maya en el año 2011, se elabora una serie de compromisos a nivel global orientados a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vinculación al sistema financiero.
Más recientemente, como sostuvimos aquí, la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) ha colocado en un lugar prioritario a la inclusión financiera, mencionando el acceso ampliado a servicios financieros en cinco de los 17 nuevos objetivos[1]. Una definición amplia de inclusión financiera se refiere a una situación en la cual tanto individuos como emprendedores tengan el acceso pero también la capacidad de utilizar servicios financieros adecuados a sus necesidades. Esto excede al instrumento crediticio, abarcando el acceso a un amplio abanico de servicios financieros como los medios de transferencias, ahorros, seguros, capital de riesgo, etc., así como su correcta utilización. De esta manera, la población excluida del sector financiero que pueda acceder a esquemas de ahorro y crédito en condiciones favorables, podrá planear y distribuir mejor sus gastos en el tiempo, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones, no sólo en emprendimientos productivos, sino también invertir, por ejemplo, en educación y vivienda.
Ahora bien, en nuestra opinión existen tres factores que son fundamentales para acompañar cualquier proceso exitoso de inclusión financiera. Uno es que al acceso a dichos servicios financieros se sume la educación financiera y emprendedora orientada a facilitar el uso apropiado de estos servicios financieros. El segundo factor es la política de incentivo a la formalidad laboral. Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son numerosas, muy heterogéneas y conocidas (condiciones de trabajo, menores salarios y otras). Trabajadores informales con acceso a servicios financieros generalmente enfrentan mayores tasas de interés y racionamiento de crédito en el sistema financiero tradicional. En consecuencia, la permanencia en la informalidad no contribuye su inclusión plena, menos aún si el trabajador no recibe educación y capacitación como explicamos anteriormente.
El tercer factor, relegado en las últimas dos décadas, es la problemática habitacional y el crédito para vivienda. Asentamientos de emergencia cada vez más poblados y segmentos poblacionales rezagados en áreas periféricas carentes de los servicios de la ciudad emergen como sub-productos de una de las problemáticas más arraigadas en la historia de Iberoamérica: el déficit habitacional. Las condiciones de precariedad en el aspecto habitacional de la región, no hacen más que recordarnos lo alejada que se encuentra ésta del precepto constitucional al cual aboga la mayoría de sus Estados, el acceso a una vivienda digna. En términos generales, bajo las condiciones vigentes de precariedad, resulta complejo pensar en paliar este fenómeno en el corto y mediano plazo, fundamentalmente debido al carácter multidimensional, histórico y estructural del mismo. A su vez, lejos de limitarse a un sector de la población, la problemática de acceso a la vivienda atraviesa a todos los estratos de la sociedad.
Actualmente, ya sea producto de una tenencia irregular o bien de la precariedad en la vivienda, la tasa de déficit habitacional en América Latina es alarmante, ascendiendo a un 37% (32% en zonas urbanas y 60% en zonas rurales). Más preocupante aún resultan los hallazgos del reciente informe realizado por la división de Hábitat de la ONU, donde se denota que la magnitud del déficit cualitativo supera en más de un 200% a la magnitud del déficit cuantitativo, registrándose casos en los cuales dicho guarismo se duplica[2].
En este sentido, dada la masividad que reviste el déficit cualitativo es imperativo fomentar e impulsar las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, mejorando e implementando políticas públicas que mitiguen el déficit habitacional cualitativo, generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida. Esencialmente en los sectores más desfavorecidos, donde además de ser una necesidad crediticia primordial, prima la informalidad y precariedad laboral, y los planes de crédito público no han sido eficaces.
Debemos destacar que Iberoamérica ha realizado importantes avances durante los últimos años. Algunos países ya cuentan con un sistema robusto de políticas de inclusión financiera. La innovadora plataforma de pagos digitales liderada conjuntamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de Bancos (ASBANC) del Perú; el caso de Chile contemplando desde pagos de prestaciones sociales y programas de educación financiera hasta normas de protección al consumidor; los ministerios de Hacienda y de Tecnología de Información y Telecomunicaciones en Colombia impulsando la Ley de Inclusión Financiera que prevé un marco regulatorio para las transacciones electrónicas y la creación de entidades especializadas en pagos electrónicos, o los innovadores marcos normativos implementados para los microseguros en Brasil y México dan prueba de ello.
Sin embargo, el aspecto crediticio con foco habitacional pareciera haber quedado relegado en los principales modelos de inclusión financiera. Los respectivos ministerios o secretarias de vivienda y/o hábitat han implementado políticas mayormente desarticuladas del sistema financiero con el fin de paliar la problemática habitacional principalmente cuantitativa. Alinear los objetivos de la inclusión financiera con aquellos habitacionales no solo es coherente de cara al futuro, sino mandatorio e impostergable.
[1] A saber, poner fin a la pobreza; poner fin al hambre; lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y promover la industrialización inclusiva y sostenible
[2] En los casos de Costa Rica, El Salvador o Paraguay, el déficit cualitativo llega a representar un 500% más que el déficit cuantitativo.
Bibliografía
Más recientemente, como sostuvimos aquí, la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) ha colocado en un lugar prioritario a la inclusión financiera, mencionando el acceso ampliado a servicios financieros en cinco de los 17 nuevos objetivos[1]. Una definición amplia de inclusión financiera se refiere a una situación en la cual tanto individuos como emprendedores tengan el acceso pero también la capacidad de utilizar servicios financieros adecuados a sus necesidades. Esto excede al instrumento crediticio, abarcando el acceso a un amplio abanico de servicios financieros como los medios de transferencias, ahorros, seguros, capital de riesgo, etc., así como su correcta utilización. De esta manera, la población excluida del sector financiero que pueda acceder a esquemas de ahorro y crédito en condiciones favorables, podrá planear y distribuir mejor sus gastos en el tiempo, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones, no sólo en emprendimientos productivos, sino también invertir, por ejemplo, en educación y vivienda.
Ahora bien, en nuestra opinión existen tres factores que son fundamentales para acompañar cualquier proceso exitoso de inclusión financiera. Uno es que al acceso a dichos servicios financieros se sume la educación financiera y emprendedora orientada a facilitar el uso apropiado de estos servicios financieros. El segundo factor es la política de incentivo a la formalidad laboral. Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son numerosas, muy heterogéneas y conocidas (condiciones de trabajo, menores salarios y otras). Trabajadores informales con acceso a servicios financieros generalmente enfrentan mayores tasas de interés y racionamiento de crédito en el sistema financiero tradicional. En consecuencia, la permanencia en la informalidad no contribuye su inclusión plena, menos aún si el trabajador no recibe educación y capacitación como explicamos anteriormente.
El tercer factor, relegado en las últimas dos décadas, es la problemática habitacional y el crédito para vivienda. Asentamientos de emergencia cada vez más poblados y segmentos poblacionales rezagados en áreas periféricas carentes de los servicios de la ciudad emergen como sub-productos de una de las problemáticas más arraigadas en la historia de Iberoamérica: el déficit habitacional. Las condiciones de precariedad en el aspecto habitacional de la región, no hacen más que recordarnos lo alejada que se encuentra ésta del precepto constitucional al cual aboga la mayoría de sus Estados, el acceso a una vivienda digna. En términos generales, bajo las condiciones vigentes de precariedad, resulta complejo pensar en paliar este fenómeno en el corto y mediano plazo, fundamentalmente debido al carácter multidimensional, histórico y estructural del mismo. A su vez, lejos de limitarse a un sector de la población, la problemática de acceso a la vivienda atraviesa a todos los estratos de la sociedad.
Actualmente, ya sea producto de una tenencia irregular o bien de la precariedad en la vivienda, la tasa de déficit habitacional en América Latina es alarmante, ascendiendo a un 37% (32% en zonas urbanas y 60% en zonas rurales). Más preocupante aún resultan los hallazgos del reciente informe realizado por la división de Hábitat de la ONU, donde se denota que la magnitud del déficit cualitativo supera en más de un 200% a la magnitud del déficit cuantitativo, registrándose casos en los cuales dicho guarismo se duplica[2].
En este sentido, dada la masividad que reviste el déficit cualitativo es imperativo fomentar e impulsar las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, mejorando e implementando políticas públicas que mitiguen el déficit habitacional cualitativo, generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida. Esencialmente en los sectores más desfavorecidos, donde además de ser una necesidad crediticia primordial, prima la informalidad y precariedad laboral, y los planes de crédito público no han sido eficaces.
Debemos destacar que Iberoamérica ha realizado importantes avances durante los últimos años. Algunos países ya cuentan con un sistema robusto de políticas de inclusión financiera. La innovadora plataforma de pagos digitales liderada conjuntamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de Bancos (ASBANC) del Perú; el caso de Chile contemplando desde pagos de prestaciones sociales y programas de educación financiera hasta normas de protección al consumidor; los ministerios de Hacienda y de Tecnología de Información y Telecomunicaciones en Colombia impulsando la Ley de Inclusión Financiera que prevé un marco regulatorio para las transacciones electrónicas y la creación de entidades especializadas en pagos electrónicos, o los innovadores marcos normativos implementados para los microseguros en Brasil y México dan prueba de ello.
Sin embargo, el aspecto crediticio con foco habitacional pareciera haber quedado relegado en los principales modelos de inclusión financiera. Los respectivos ministerios o secretarias de vivienda y/o hábitat han implementado políticas mayormente desarticuladas del sistema financiero con el fin de paliar la problemática habitacional principalmente cuantitativa. Alinear los objetivos de la inclusión financiera con aquellos habitacionales no solo es coherente de cara al futuro, sino mandatorio e impostergable.
[1] A saber, poner fin a la pobreza; poner fin al hambre; lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y promover la industrialización inclusiva y sostenible
[2] En los casos de Costa Rica, El Salvador o Paraguay, el déficit cualitativo llega a representar un 500% más que el déficit cuantitativo.
Bibliografía
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