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Las claves para lograr una mejor Inclusión Financiera

15/9/2016

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Publicado en diario El Economista (Edición Impresa) - 15-09-2016
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Hoy existe un fuerte consenso en que el desarrollo económico se encuentra promovido por la inclusión financiera. Sin embargo, el debate perdura respecto a la definición y los determinantes de dicha inclusión. Éste nace y se renueva como consecuencia del carácter multidimensional de la misma, oscilando en torno a cuáles son los indicadores adecuados para representar la complejidad inherente en la definición de inclusión financiera.

Las dimensiones de la Inclusión Financiera

Las dimensiones comúnmente tratadas por la literatura fueron aquellas de acceso, uso y profundidad del sector financiero. En la práctica, el número de cuentas bancarias, sucursales y ATM’s por habitante fueron utilizadas como variables proxy de las primeras dos dimensiones mientras que, para el caso de la profundidad del sistema financiero, tradicionalmente se recurrió al ratio de créditos o depósitos sobre el PIB en una economía.

Durante muchos años la política económica se orientó a impulsar la profundidad financiera por sobre las otras dos dimensiones, básicamente por su correlación con las variables de acceso y uso.

Empero, las medidas de acceso, uso y profundidad tienen enfoques distintos y no son sustitutos perfectos en la teoría. En otras palabras, el crédito podría concentrarse en unos pocos y grandes prestatarios, implicando sectores financieros profundos pero con escaso uso o acceso. Más recientemente, la calidad del sistema financiero y las barreras de acceso han sido incorporadas como nuevas dimensiones de la inclusión financiera.

Consecuentemente, una definición moderna de inclusión financiera adoptada por diversos autores la describe como el proceso por el cual se maximiza el acceso y el uso de los servicios financieros formales a la vez que se minimizan las barreras involuntarias percibidas por aquellos individuos que no participan en el sistema financiero formal. Bajo esta definición, las nuevas tecnologías y la educación financiera se tornan imprescindibles en una política integral.

La situación argentina

En Argentina, el cambio de Gobierno invitó al análisis y replanteo del conjunto de características financieras del país. Los grandes hitos de la gestión anterior en términos de inclusión financiera fueron la Cuenta Gratuita Universal impulsada por normativa del BCRA desde 2010 y la bancarización masiva mediante planes sociales que ha fomentado la inserción al sistema financiero de gran parte de la población. También se observó cierta política de localización de sucursales bancarias en zonas desfavorables y se cerró el 2015 con la ampliación del Plan Nacional de Bancarización 2015-2019.

En suma, todo llevó a denotar mejoras sustanciales en los indicadores de acceso. Sin embargo, más allá de estos avances, la nueva administración del BCRA heredó un sistema financiero que aún es reducido, se encuentra poco bancarizado y con una elevada exclusión financiera (brecha de acceso entre formales e informales). Para fines del 2015, según cifras del Banco Mundial (BM), solo uno de cada dos argentinos tenía una cuenta bancaria. En otras palabras, las transacciones en efectivo aún dominan la escena y el mercado potencial para la inclusión financiera es abundante en nuestro país.

Los nuevos aires

Congruentemente, la nueva gestión del BCRA ha incorporado a la inclusión financiera como un objetivo primordial en su agenda. El presidente de la institución, Federico Sturzenegger, resaltaba semanas atrás en la apertura del 32º Congreso Internacional de Marketing Financiero que “todos anhelamos un país con más inclusión financiera, con un sistema financiero más profundo, ágil y desarrollado, que sea el vehículo por el cual se pueda concretar el sueño de un país con igualdad de oportunidades”.

En términos generales, la estrategia vigente de inclusión financiera en Argentina comprende tres componentes. Por un lado, pretende impulsar un mayor acceso y uso de servicios financieros para la población en general. En segundo lugar, se orienta a incrementar el acceso a financiamiento por parte de las pyme (quienes generan aproximadamente el 70% del empleo del país). Y, por último, busca incentivar el instrumento crediticio en la base de la pirámide (el microcrédito).

Los desafíos

En este esquema, un punto rector para la promoción de una mayor profundización financiera es la denominada digitalización del sector, principalmente apostando al uso de smartphones. El objetivo final del BCRA es impulsar los pagos digitales, que incentivarían una mayor formalización de la actividad económica a la vez de disminuir los costos de transacción para las entidades. No obstante, previo a ello, es necesario la apertura de cuentas bancarias, la incorporación de medios digitales de vanguardia por las entidades financieras y asegurar el uso adecuado de los mismos por parte de los clientes.

Los pasos procurados por el BCRA han ido en esta dirección. La eliminación de los cargos a las transferencias de dinero vía electrónica sin importar su monto, a la tenencia de cajas de ahorro y las tarjetas de débito vinculadas a ellas o la posibilidad de cancelar las mismas por medios electrónicos dan muestra de ello. En congruencia, el BCRA anunció recientemente la nueva norma que admite la apertura de cajas de ahorro desde computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos, sin tener que movilizarse hasta la sucursal. Así, con la simplificación de los trámites se apunta a facilitar el acceso e incluir a más clientes.

Un trabajo realizado en simultáneo a todas estas medidas fue la promoción de una serie de servicios de pago electrónico más cómodos por parte de la institución monetaria, como el POS Móvil, el Botón de Pago y la Billetera Móvil PEI. Estas herramientas preparan el terreno para recibir los futuros pagos electrónicos.

Con lo dicho, la inclusión financiera se ha transformado hoy en un objetivo en sí mismo, pero debemos remarcar que se torna aún más valiosa como componente para la inclusión social y empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. La población antes excluida podría planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud, realizar inversiones a largo plazo en educación además de suavizar sus patrones de consumo. Para ello, es necesario que puedan acceder a educación y servicios financieros en condiciones favorables y adecuados a sus necesidades.

Es mandatorio que los esfuerzos del BCRA sean fructíferos y que a la vez incluyan a los más desfavorecidos. En esta línea, a continuación se exponen recomendaciones y contemplaciones en términos de buenas prácticas en materia de políticas que promuevan la digitalización de pagos y la inclusión financiera en la base de la pirámide social.

Los seis pasos para una mejor Inclusión Financiera de los más vulnerables

Como se dijo anteriormente, la digitalización financiera mediante medios electrónicos es posterior a la existencia de una cuenta bancaria y, por lo tanto, en primer lugar hay que (1) bancarizar a dicha población vulnerable. A su vez, es indispensable (2) acompañar con programas de educación financiera que transmitan y capaciten al respecto del cómo utilizar la herramienta, enfocando en las bondades para una persona de bajos ingresos (estas suelen ser la seguridad y el ahorro de tiempos en sucursales). Por otro lado, si el móvil serán los smartphones, es necesario (3) asegurar el acceso a una red móvil económicamente accesible y con señal confiable.

La digitalización de pagos mediante smartphones también debería tender a ser algo más que administrar las finanzas personales o el pago de servicios. A futuro, debe orientarse a la compra y venta. Para esto, por ejemplo, en otras economías se han implementado las billeteras móviles o las monedas electrónicas, que son metodologías más avanzadas y sirven principalmente en zonas de difícil acceso. Por lo tanto, de cara al futuro, será necesario (4) explorar otro tipo de instrumentos que efectivamente propicien una mayor inclusión financiera.

Un punto particular se relaciona con las transferencias monetarias condicionadas (Asignación por Embarazo, AUH o Progresar). Si bien a sus beneficiarios se los bancarizó con cuentas de uso limitado, no se les facilitó el acceso al crédito o al seguro. Además, se ha comprobado que gran parte de los mismos retira todo el dinero en efectivo al instante (muchas veces por temor a perder el beneficio consecuencia de estar mal informados) creando solo un agente bancarizado, pero no incluido. No se usufructúa la cuenta bancaria, ni tampoco se construyen historiales crediticios (con movimientos) para facilitar a posteriori el acceso a otros servicios financieros. De este modo, los que reciben transferencias monetarias condicionadas son un sector relevante para incluir financieramente a los más necesitados (5) vinculando las asignaciones con políticas de inclusión financiera.

​Por último, en Argentina hay un importante know-how financiero orientado a la base de la pirámide. Instituciones microfinancieras de larga data, ONG’s con mucha presencia en barrios carenciados y bancos comerciales que facilitaron microcréditos durante los últimos años. Sin embargo, salvo en escasas ocasiones, han trabajado mayormente desarticulados. De este modo, (6) una alianza estratégica entre ONG’s, instituciones microfinancieras, banca comercial y sector público, evitaría caer en los errores propios de transitar una curva de aprendizaje, que comúnmente perjudica tanto a la institución como al cliente

Ignacio E. Carballo

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La problemática habitacional en Ecuador clama por nuevas propuestas

5/9/2016

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Publicado en diario Notimérica | Europa Press​ -  05-09-2016
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Históricamente, América Latina se ha caracterizado por ser la región más desigual del mundo, incluso en la actualidad, luego de una década de marcada reducción de las inequidades. Actualmente la tasa de déficit habitacional en la región es alarmante, ascendiendo a un 37% (32% en zonas urbanas y 60% en zonas rurales). Más preocupante aún resultan los hallazgos del reciente informe realizado por la división de Hábitat de la ONU, donde se denota que la magnitud del déficit cualitativo supera en más de un 200% a la magnitud del déficit cuantitativo, registrándose casos en los cuales dicho guarismo se duplica[1]
​

En la República del Ecuador, aún tras los significativos avances acontecidos en lo que refiere a condiciones de vida de la población, el derecho al acceso una vivienda adecuada prevalece como uno de los principales fenómenos a los cuales atender. La noción de vivienda adecuada se vincula con un amplio y complejo listado de variables. Sin embargo, en términos generales, es entendido como las condiciones de acceso a la vivienda formal en ámbitos urbanos bien servidos, accesibles y ambientalmente sustentables. Tres aspectos son sustanciales al momento de analizar esta problemática.

En primer lugar, que la población ecuatoriana se extendió en los últimos años a una tasa promedio anual del 1,95%, alcanzando a la fecha una población aproximada de 14.483.499 de habitantes. Esto, a su vez, ha confirmado una clara tendencia a la urbanización del país, siendo que el 66% de dicha población se localiza actualmente en ciudades, cuando el 61% lo hacía en los años 2000 y menos del 55% en 1990. Como consecuencia de ello, la situación de la vivienda en Ecuador se tornó aún más crítica requiriendo mayores esfuerzos del sector público.

Un segundo punto categórico, es la magnitud del déficit habitacional en términos cualitativos. Actualmente, de los 3.8 millones de hogares ecuatorianos, el 45% habita en viviendas inadecuadas. En línea con la región, este número contabiliza solo un 9% de hogares con déficit cuantitativo, mientras que el 36% sufre déficit cualitativo. Estos últimos representan 1.37 millones de hogares con viviendas cuya tenencia es insegura, con problemas de hacinamiento, con carencia de servicios sanitarios básicos o construidas con materiales inadecuados. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo son aquellos que viven en unidades de vivienda improvisadas o comparten su vivienda con uno o más hogares[2]. Para peor, entre los hogares más vulnerables (en los dos quintiles con menores ingresos), este déficit se incrementa al 67%, 53% cualitativo y 14% cuantitativo.

Por último, un tercer factor particularmente alarmante es el letargo en términos de metodología utilizada para la cuantificación oficial de la problemática habitacional. Ecuador es suscritor a acuerdos internacionales y reconoce la definición de vivienda adecuada establecida en los anexos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH). Sin embargo, para el cálculo oficial del déficit habitacional y su consecuente definición de vivienda adecuada, recurre tan solo a indicadores respecto de la disponibilidad de dormitorios en relación al número de personas en la vivienda (hacinamiento), la calidad del material y la disponibilidad de servicios, lo cual no resulta del todo coherente con una definición amplia de vivienda adecuada[3].

Siguiendo el informe de la ONU, en términos comparativos Ecuador es el país de la región que aplica menor cantidad de criterios e indicadores para la medición oficial de la vivienda adecuada. Esto es, mientras Ecuador contempla únicamente el estándar de la construcción y la disponibilidad de servicios básicos, otras economías agregan dimensiones tales como la seguridad de la tenencia, la habitabilidad, la localización, la accesibilidad urbana, la asequibilidad o accesibilidad económica, la adecuación o pertinencia cultural, entre otros. El ranking es similar al contemplar los indicadores de déficit habitacional cuantitativo o cualitativo[4].

Más allá de todo, distintos esfuerzos desde el sector público han intentado socavar incesantemente la problemática habitacional, como el Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) que actualmente es utilizado para alcanzar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV). No obstante, las políticas implementadas parecieran no estar resolviendo los problemas de fondo, o al menos no han sido suficientes para responder al alto ritmo de crecimiento demográfico[5] y la preponderancia cualitativa en la problemática habitacional.

Por estas razones, una respuesta innovadora que colabore a aminorar el flagelo habitacional del país se torna fundamental. En este sentido, una propuesta integral para Ecuador tendría que contemplar dos espacios elementales. Por un lado, una urgente revisión y actualización respecto de las dimensiones contempladas en la metodología oficial utilizada para la cuantificación de la problemática habitacional. Por otro, dada la masividad que reviste el déficit cualitativo es imperativo fomentar aún más las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, que mitiguen el déficit habitacional cualitativo, generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida.


[1] En los casos de Costa Rica, El Salvador o Paraguay, el déficit cualitativo llega a representar un 500% más que el déficit cuantitativo.

[2] Datos en base a Censo Nacional 2010 y Programa Nacional de Vivienda Social Etapa II (EC/L1113).

[3] Datos de encuesta ONU-Hábitat, 2014.

[4]  Véase: “Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: Una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo de políticas efectivas en vivienda y hábitat”  Crossley, J. C. ONU-HABITAT, 2015

[5] En Ecuador, 111.000 hogares se suman cada año a la población nacional, de los cuales más de la mitad se ubican en viviendas inadecuadas.

Ignacio E. Carballo y Martin Grandes

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Los peligros de una economía en modo “L”

3/9/2016

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Publicado en diario PERFIL (Edición Impresa) - 03-09-2016
L, U, V, W. No, no es un recitado del vocabulario como podría imaginar el lector. Se trata de uno de los debates más álgidos de los macroeconomistas acerca de cómo las economías en recesión rebotan y comienzan a recuperarse en la transición a un sendero de crecimiento sostenible. En las postrimerías de la crisis financiera de los EE.UU en 2008, su economía se hundió en una recesión jamás vista desde la Gran Depresión de los años 30. A partir de los rescates públicos a entidades financieras quebradas, la ley de Estabilidad Financiera del secretario del Tesoro Geithner y el Presidente Obama en marzo de 2009 y otras medidas destinadas al “taxpayer” y consumidor, lo cierto es que los EE.UU tuvieron una sólida recuperación que se asemejó más a una U a partir de 2010. Si bien la Argentina dista de encontrarse en una contracción de la amplitud de los EE.UU entre 2008 y 2009, es válido preguntarse: ¿Qué modo de recuperación de la recesión podría esperarse? Este artículo argumenta que hay razones para creer que la economía podría ingresar en la zona baja de una L, veamos.

En los primeros siete meses del año la actividad económica argentina no ha mostrado señales de recuperación. Por el contrario, como sugiere el Gráfico 1 se puede visualizar una caída generalizada en las principales variables que miden la actividad de la economía. Primero, la contracción del 4.3% interanual en el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC (EMAE, aproximación del PBI) durante el mes de junio (último dato disponible), fue la mayor caída interanual desde agosto del 2014 profundizando las caídas de meses previos y acumulando más de 1% de caída en el lapso transcurrido de 2016. Segundo, el Estimador Mensual Industrial (EMI, aproximación al PBI industrial) sufrió en julio una nueva y alarmante caída del 7.9% interanual. Esta es la mayor contracción histórica desde agosto de 2002, retomando la tendencia decreciente tras una leve desaceleración en su caída durante mayo (-4.3%). Tercero, el principal sector afectado por la recesión, la construcción, registró una caída interanual del 23,1% para julio y un acumulado del -14,1% en lo que va del año según el Indec. Este es el peor momento del sector desde la salida de la convertibilidad al analizar valores interanuales (única variable disponible en INDEC por el momento).

Gráfico 1. EMAE – EMI – ISAC. Variables Interanuales (izq.) y acumuladas (der.)

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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
​Asimismo, todos los indicadores de consumo exhiben un comportamiento similar o más grave. Cómo se aprecia en el Gráfico 2, por ejemplo, el índice de ventas minoristas se ha contraído a un ritmo alarmante desde comienzos del año, alcanzando una merma del 8.1% interanual para el mes de julio, que si bien resultó menor al 9.8% del mes anterior, ello puede explicarse por la estacionalidad de atribuible al efecto aguinaldo. Evidencia de ello es que la producción industrial de las pymes continuó profundizando su caída en julio registrando un 7.8% de contracción respecto al mismo mes del año 2015 contra algo menos de 6% de caída interanual en junio. Recuérdese que las pymes generan 70% del empleo y representan el 90% del PBI en Argentina. Aún más gris y preocupante resulta la disminución en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella, que se desmoronó en agosto un -24.7% interanual después de dos meses de desaceleración consecutivos.

Gráfico 2. IVM – IPI.PyME – ICC (eje der.). Variables Interanuales

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Fuente: Elaboración propia en base a Red CAME y UTDT
Es factible que la contracción de la actividad económica y el consumo en particular comiencen a desacelerarse y la economía encuentre un piso. ¿Cuándo? Es imposible saberlo. Sin embargo, pensamos que la economía argentina se encuentra próxima entrar en un sendero tipo L, es decir a ingresar en un estancamiento sin rebote a la vista. ¿Por qué?

La principal razón es que el gobierno apuesta principalmente a la inversión como motor de la recuperación y posterior crecimiento. Pues bien, la historia argentina muestra que no ha habido recuperación cíclica alguna explicada por la inversión, excepto por un componente de ella que surte efectos inmediatos: la construcción residencial. Los casos de las recuperaciones de 1991-1994 o 2002-2006 demuestran que las recuperaciones se han explicado por un incremento sostenido del consumo real. Pero, como acabamos de remarcar más arriba, la caída del consumo no encuentra piso y apenas se desacelera por un efecto estacional en julio.

Segundo, el gobierno estaría apostando a una mejora derivada del derrame de la obra pública y las inversiones privadas, muchas de ellas externas, que demoran en llegar por distintas razones (atraso cambiario, judicialización del tarifazo, ruido político local y regional, recesión en Brasil). Es sabido que la obra pública requiere al menos un año en comenzar a ser ejecutada. De máxima el gobierno podría aspirar a concluir obras ya iniciadas. Pero, como dijimos, la caída en la construcción privada privada cae[1] y los planes de crédito para vivienda recientemente lanzados no incluyen líneas para construcción o ampliación y refacción de hogares.

Con todo, el gobierno ha adoptado algunas políticas paliativas que deberían alentar al consumo, pero no esperamos tengan efectos significativos ni inmediatos. Ejemplo de ello son la ampliación de la AUH a los monotributistas, la devolución del IVA de 21% sobre alimentos, la futura reparación histórica a los jubilados o las modificaciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, la modificación de la Ley de Ganancias tendría efectos recién en 2017 y alcanzaría a un porcentaje menor de la población asalariada, y la reparación histórica a los jubilados depende del éxito del blanqueo de capitales y de la posibilidad de la ANSES de liquidar activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que por el momento un fallo cautelar inhibe. Todo ello abona más incertidumbre y afecta la recuperación. En nuestra opinión, el riesgo L estará latente sin medidas que apuntalen el poder adquisitivo ha cesado de los asalariados[2], que reduzcan el costo del financiamiento de los hogares y empresas y que cambien las magras expectativas de estos.


[1] Respecto a la caída interanual en la construcción, debemos remarcar que el Índice Construya (índice privado con cierto prestigio realizado en base a 11 empresas del sector) pareciera denotar que la contracción en el sector ha cesado, denotando un incremento intermensual en su variable desestacionalizada para los últimos tres meses. Restará ver la congruencia con los valores del INDEC (relevado en base a 100 empresas pequeñas y medianas) antes de adelantar alguna hipótesis.

​[2]
 Como se sostuvo con antelación aquí.

Ignacio E. Carballo - Martín Grandes

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