Publicado en diario Notimérica | Europa Press - 05-09-2016
Históricamente, América Latina se ha caracterizado por ser la región más desigual del mundo, incluso en la actualidad, luego de una década de marcada reducción de las inequidades. Actualmente la tasa de déficit habitacional en la región es alarmante, ascendiendo a un 37% (32% en zonas urbanas y 60% en zonas rurales). Más preocupante aún resultan los hallazgos del reciente informe realizado por la división de Hábitat de la ONU, donde se denota que la magnitud del déficit cualitativo supera en más de un 200% a la magnitud del déficit cuantitativo, registrándose casos en los cuales dicho guarismo se duplica[1]
En la República del Ecuador, aún tras los significativos avances acontecidos en lo que refiere a condiciones de vida de la población, el derecho al acceso una vivienda adecuada prevalece como uno de los principales fenómenos a los cuales atender. La noción de vivienda adecuada se vincula con un amplio y complejo listado de variables. Sin embargo, en términos generales, es entendido como las condiciones de acceso a la vivienda formal en ámbitos urbanos bien servidos, accesibles y ambientalmente sustentables. Tres aspectos son sustanciales al momento de analizar esta problemática.
En primer lugar, que la población ecuatoriana se extendió en los últimos años a una tasa promedio anual del 1,95%, alcanzando a la fecha una población aproximada de 14.483.499 de habitantes. Esto, a su vez, ha confirmado una clara tendencia a la urbanización del país, siendo que el 66% de dicha población se localiza actualmente en ciudades, cuando el 61% lo hacía en los años 2000 y menos del 55% en 1990. Como consecuencia de ello, la situación de la vivienda en Ecuador se tornó aún más crítica requiriendo mayores esfuerzos del sector público.
Un segundo punto categórico, es la magnitud del déficit habitacional en términos cualitativos. Actualmente, de los 3.8 millones de hogares ecuatorianos, el 45% habita en viviendas inadecuadas. En línea con la región, este número contabiliza solo un 9% de hogares con déficit cuantitativo, mientras que el 36% sufre déficit cualitativo. Estos últimos representan 1.37 millones de hogares con viviendas cuya tenencia es insegura, con problemas de hacinamiento, con carencia de servicios sanitarios básicos o construidas con materiales inadecuados. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo son aquellos que viven en unidades de vivienda improvisadas o comparten su vivienda con uno o más hogares[2]. Para peor, entre los hogares más vulnerables (en los dos quintiles con menores ingresos), este déficit se incrementa al 67%, 53% cualitativo y 14% cuantitativo.
Por último, un tercer factor particularmente alarmante es el letargo en términos de metodología utilizada para la cuantificación oficial de la problemática habitacional. Ecuador es suscritor a acuerdos internacionales y reconoce la definición de vivienda adecuada establecida en los anexos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH). Sin embargo, para el cálculo oficial del déficit habitacional y su consecuente definición de vivienda adecuada, recurre tan solo a indicadores respecto de la disponibilidad de dormitorios en relación al número de personas en la vivienda (hacinamiento), la calidad del material y la disponibilidad de servicios, lo cual no resulta del todo coherente con una definición amplia de vivienda adecuada[3].
Siguiendo el informe de la ONU, en términos comparativos Ecuador es el país de la región que aplica menor cantidad de criterios e indicadores para la medición oficial de la vivienda adecuada. Esto es, mientras Ecuador contempla únicamente el estándar de la construcción y la disponibilidad de servicios básicos, otras economías agregan dimensiones tales como la seguridad de la tenencia, la habitabilidad, la localización, la accesibilidad urbana, la asequibilidad o accesibilidad económica, la adecuación o pertinencia cultural, entre otros. El ranking es similar al contemplar los indicadores de déficit habitacional cuantitativo o cualitativo[4].
Más allá de todo, distintos esfuerzos desde el sector público han intentado socavar incesantemente la problemática habitacional, como el Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) que actualmente es utilizado para alcanzar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV). No obstante, las políticas implementadas parecieran no estar resolviendo los problemas de fondo, o al menos no han sido suficientes para responder al alto ritmo de crecimiento demográfico[5] y la preponderancia cualitativa en la problemática habitacional.
Por estas razones, una respuesta innovadora que colabore a aminorar el flagelo habitacional del país se torna fundamental. En este sentido, una propuesta integral para Ecuador tendría que contemplar dos espacios elementales. Por un lado, una urgente revisión y actualización respecto de las dimensiones contempladas en la metodología oficial utilizada para la cuantificación de la problemática habitacional. Por otro, dada la masividad que reviste el déficit cualitativo es imperativo fomentar aún más las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, que mitiguen el déficit habitacional cualitativo, generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida.
[1] En los casos de Costa Rica, El Salvador o Paraguay, el déficit cualitativo llega a representar un 500% más que el déficit cuantitativo.
[2] Datos en base a Censo Nacional 2010 y Programa Nacional de Vivienda Social Etapa II (EC/L1113).
[3] Datos de encuesta ONU-Hábitat, 2014.
[4] Véase: “Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: Una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo de políticas efectivas en vivienda y hábitat” Crossley, J. C. ONU-HABITAT, 2015
[5] En Ecuador, 111.000 hogares se suman cada año a la población nacional, de los cuales más de la mitad se ubican en viviendas inadecuadas.
En la República del Ecuador, aún tras los significativos avances acontecidos en lo que refiere a condiciones de vida de la población, el derecho al acceso una vivienda adecuada prevalece como uno de los principales fenómenos a los cuales atender. La noción de vivienda adecuada se vincula con un amplio y complejo listado de variables. Sin embargo, en términos generales, es entendido como las condiciones de acceso a la vivienda formal en ámbitos urbanos bien servidos, accesibles y ambientalmente sustentables. Tres aspectos son sustanciales al momento de analizar esta problemática.
En primer lugar, que la población ecuatoriana se extendió en los últimos años a una tasa promedio anual del 1,95%, alcanzando a la fecha una población aproximada de 14.483.499 de habitantes. Esto, a su vez, ha confirmado una clara tendencia a la urbanización del país, siendo que el 66% de dicha población se localiza actualmente en ciudades, cuando el 61% lo hacía en los años 2000 y menos del 55% en 1990. Como consecuencia de ello, la situación de la vivienda en Ecuador se tornó aún más crítica requiriendo mayores esfuerzos del sector público.
Un segundo punto categórico, es la magnitud del déficit habitacional en términos cualitativos. Actualmente, de los 3.8 millones de hogares ecuatorianos, el 45% habita en viviendas inadecuadas. En línea con la región, este número contabiliza solo un 9% de hogares con déficit cuantitativo, mientras que el 36% sufre déficit cualitativo. Estos últimos representan 1.37 millones de hogares con viviendas cuya tenencia es insegura, con problemas de hacinamiento, con carencia de servicios sanitarios básicos o construidas con materiales inadecuados. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo son aquellos que viven en unidades de vivienda improvisadas o comparten su vivienda con uno o más hogares[2]. Para peor, entre los hogares más vulnerables (en los dos quintiles con menores ingresos), este déficit se incrementa al 67%, 53% cualitativo y 14% cuantitativo.
Por último, un tercer factor particularmente alarmante es el letargo en términos de metodología utilizada para la cuantificación oficial de la problemática habitacional. Ecuador es suscritor a acuerdos internacionales y reconoce la definición de vivienda adecuada establecida en los anexos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH). Sin embargo, para el cálculo oficial del déficit habitacional y su consecuente definición de vivienda adecuada, recurre tan solo a indicadores respecto de la disponibilidad de dormitorios en relación al número de personas en la vivienda (hacinamiento), la calidad del material y la disponibilidad de servicios, lo cual no resulta del todo coherente con una definición amplia de vivienda adecuada[3].
Siguiendo el informe de la ONU, en términos comparativos Ecuador es el país de la región que aplica menor cantidad de criterios e indicadores para la medición oficial de la vivienda adecuada. Esto es, mientras Ecuador contempla únicamente el estándar de la construcción y la disponibilidad de servicios básicos, otras economías agregan dimensiones tales como la seguridad de la tenencia, la habitabilidad, la localización, la accesibilidad urbana, la asequibilidad o accesibilidad económica, la adecuación o pertinencia cultural, entre otros. El ranking es similar al contemplar los indicadores de déficit habitacional cuantitativo o cualitativo[4].
Más allá de todo, distintos esfuerzos desde el sector público han intentado socavar incesantemente la problemática habitacional, como el Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) que actualmente es utilizado para alcanzar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV). No obstante, las políticas implementadas parecieran no estar resolviendo los problemas de fondo, o al menos no han sido suficientes para responder al alto ritmo de crecimiento demográfico[5] y la preponderancia cualitativa en la problemática habitacional.
Por estas razones, una respuesta innovadora que colabore a aminorar el flagelo habitacional del país se torna fundamental. En este sentido, una propuesta integral para Ecuador tendría que contemplar dos espacios elementales. Por un lado, una urgente revisión y actualización respecto de las dimensiones contempladas en la metodología oficial utilizada para la cuantificación de la problemática habitacional. Por otro, dada la masividad que reviste el déficit cualitativo es imperativo fomentar aún más las líneas de crédito para refaccionar, ampliar o terminar viviendas, que mitiguen el déficit habitacional cualitativo, generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida.
[1] En los casos de Costa Rica, El Salvador o Paraguay, el déficit cualitativo llega a representar un 500% más que el déficit cuantitativo.
[2] Datos en base a Censo Nacional 2010 y Programa Nacional de Vivienda Social Etapa II (EC/L1113).
[3] Datos de encuesta ONU-Hábitat, 2014.
[4] Véase: “Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: Una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo de políticas efectivas en vivienda y hábitat” Crossley, J. C. ONU-HABITAT, 2015
[5] En Ecuador, 111.000 hogares se suman cada año a la población nacional, de los cuales más de la mitad se ubican en viviendas inadecuadas.