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El debate pendiente de los créditos sociales

22/7/2017

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Publicado en diario PERFIL - 22-07-2017
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Tras verse frustrado en el Senado el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso semanas atrás, el martes 18 de julio fue confirmada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la extensión de los préstamos que brinda ARGENTA para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El monto de los créditos, disponibles desde el jueves, dependerá del ingreso familiar en cada caso. Los titulares de PNC podrán solicitar hasta $20.000 pesos, al igual que las madres con siete hijos. Los titulares de la AUH podrán solicitar hasta $3.000 pesos a devolver en un año, o bien hasta $5.000 pesos por cada hijo a devolver en 24 meses. En cualquier caso, la relación cuota/ingreso no podrá superar el 30%, la tasa anual será del 24% y la ANSES cobrará la cuota mensual del préstamo mediante deducción automática de la asignación.

Con esta medida la presidencia de Mauricio Macri quedó nuevamente envuelta en férreas críticas. Entre los reclamos se oyó aquel de recurrir al DNU. También se criticó que se habilitara a la ANSES el uso de hasta el 5% de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (aproximadamente $50.000 millones). Esto es, utilizar para créditos de la AUH fondos que hasta el momento se destinaban solo a jubilados y pensionados. Otras voces señalaron que el objetivo final de la intervención es aquel de apuntalar un consumo alicaído en plena campaña electoral para las PASO y las legislativas a través del endeudamiento de los más pobres (en lugar de incrementar el monto de las transferencias).

Con todo, el ojo estuvo puesto en lo que implica dar créditos a titulares de la AUH. Y como es común en vísperas electorales, poco o nada se discutió en torno a las dimensiones positivas de la medida. Aquella que intentaremos rescatar en estas líneas es, particularmente, lo innovador y vanguardista de la política en términos de inclusión financiera.

En primer lugar, debemos señalar que la AUH es una Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), por lejos la principal del país. Al día de hoy, existe bastante evidencia empírica sobre el impacto positivo a corto plazo de las TMC sobre la pobreza, el consumo, la salud, el desarrollo infantil y el bienestar general de sus beneficiarios. De igual manera, y como es sabido, existe un gran número de estudios empíricos que han analizado los efectos positivos de la inclusión financiera sobre el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad.

En América Latina, las TMC nacen veinte años atrás. El primer programa surge el 6 de agosto de 1997 en México, PROGRESA. Casi de forma simultánea, Brasil inició sus programas de TMC implementado el mismo año “Erradicação do Trabalho Infantil”. PROGRESA modificó su nombre a Oportunidades a partir del año 2002 y a PROSPERA desde el año 2014 hasta la fecha. Brasil, en el año 2003 lanzó el programa “Bolsa Familia” que buscó ir fusionando todas las TMC en un esquema único que ha evolucionado hasta nuestros días.

La rápida expansión de las TMC llevó a que en la actualidad existan programas en más de 15 países del continente. Todos han evolucionado y explorado un amplio espectro de servicios y metodologías que van desde el reparto de dinero en efectivo o la entrega de cheques, hasta la apertura de cuentas bancarias más recientemente. Tras la implementación de nuevos programas en base a tecnologías financieras, la posibilidad de utilizar el alcance de las TMC como una herramienta para la inclusión financiera se materializó.

La teoría nos dice que el diseño de una TMC impulsaría plenamente la inclusión financiera cuando sus esquemas brinden de manera directa la facilidad de depositar ahorros, obtener aseguramiento mediante una institución vinculada al programa y acceder a financiamiento. Estos abordajes no pretenden afirmar que la simple oferta de servicios financieros vinculados a las TMC sea condición suficiente para una efectiva inclusión financiera, una buena comunicación y programas de educación financiera simultáneos resulta fundamental.

​​Analizando a la región en base a un reciente informe del BID, existe una clara tendencia al abandono de modalidades como la entrega en efectivo, cheque, y hasta tarjetas de uso limitado. No obstante, nos encontramos también con una minoría de programas ofreciendo un acceso amplio a servicios financieros paralelos de ahorro, seguros, créditos y banca móvil. Sólo tres ofrecerían créditos, donde los precursores de Brasil y México se destacan, aunque otros países como Colombia, Ecuador y Paraguay incorporan dimensiones específicas.

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Hace tan solo dos años atrás, nuestro país era vagón de cola en términos de servicios financieros anexados a la AUH y hoy, con esta nueva iniciativa, parece ponerse a la par de las TMC pioneras en la región. El acceso y el uso de servicios financieros en la población subatendida o excluida de la banca formal es una condición necesaria para la inclusión social. Suena entonces más lógico abrir un debate en torno al "cómo" y no a la existencia de la medida en sí.

Por último, si un poseedor de una cuenta corriente puede extraer efectivo de un cajero sin previa evaluación, porqué un titular de la AUH debe recurrir a prestamistas informales y a tasas usureras. Al fin y al cabo, las microfinanzas han comprobado hace ya muchos años un hecho casi estilizado en todo el mundo: las personas de bajos recursos (los "pobres") son mejores pagadores que los de estratos superiores.

Ignacio E. Carballo

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El futuro trae más responsabilidades a la Inclusión Financiera

3/7/2017

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Publicado en diario El Economista - 03-07-2017
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Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros en segmentos de la población subatendidos o excluidos del sistema financiero formal es entendido actualmente como una condición necesaria para la inclusión social. Bajo este enunciado se justifica el creciente impulso y apoyo a la inclusión financiera proliferado en nuestro país desde Banco Central y en el mundo desde los más diversos gobiernos, organismos internacionales y actores del sector privado. No obstante, junto con esta premisa se acompaña la nota de que dichos servicios financieros deben ajustarse a las necesidades de los clientes y asegurar un buen uso por parte de estos.

De cumplirse este escenario, la inclusión financiera podrá mejorar el bienestar de las empresas y familias al incrementar sus oportunidades de ver materializados sus proyectos (no sólo de inversión económica sino también en capital humano) y fomentar así el crecimiento económico y el desarrollo sostenible contribuyendo a reducir la pobreza. Ahora bien, más allá de lo prometedor del enunciado, la experiencia empírica nos dice que la inclusión financiera permite alcanzar un mayor bienestar sólo cuando los usuarios tienen conocimiento y capacidades adecues a los productos y los servicios financieros ofrecidos.

En nuestro país, la evolución reciente del marco regulatorio y de fomento al desarrollo inclusivo del sector ha sido fenomenal. Por ejemplo, a través de medidas como el lanzamiento de cajas de ahorro simplificadas y tarjetas de débito sin costo; la habilitación del depósito electrónico de cheques vía celular; la autorización para la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a menores de 18; la permisividad a cualquier entidad comercial de adquirir cajeros sin necesidad de asociarse con un banco; entre tantas otras iniciativas.

No obstante, los protagonistas han sido las nuevas plataformas de pago digital y las regulaciones para utilizar el teléfono móvil como herramienta financiera. De esta manera, el impulso de la Plataforma de Pagos Móviles (a través del cual las entidades financieras deben ofrecer la modalidad de Pago Electrónico Inmediato) y de la implementación del POS-Móvil, el Botón de Pago, la Billetera Electrónica, el Alias CBU, el DEBIN (disponible partir del 14 de agosto) junto a la actual evaluación de lanzar cheques electrónicos, abren paso a un escenario hasta ahora desconocido para la banca local.

Como resultado, observamos los anuncios recientes de los primeros bancos enteramente digitales del país (TSA Banking y Wanap) y del gigante MercadoLibre (a través de MercadoCrédito) compitiendo directamente con el sistema financiero tradicional. Estas iniciativas no deberían (como sucedió) alarmar únicamente al oligopolio bancario sino también, y principalmente, al sector público promotor. Sucede que estas transformaciones son únicamente la materialización inicial de un fenómeno global en plena gestación.

Por ejemplo, para fines del 2017, WhatsApp planea lanzar en India un servicio de pagos en alianza con el sistema de pagos Unified Payments Interface (UPI). Así, calcula facilitar el acceso a servicios financieros a más de 200 millones de personas usuarias de la aplicación. Facebook, por su parte, ya introdujo en 2016 un sistema de pago a través del teléfono celular que se encuentra actualmente disponible en los Estados Unidos y Apple lleva años promocionando su billetera Apple Pay. Igualmente, el informe recientemente publicado por el BID y Finnovista relevando el crecimiento exponencial de las Fintech´s en América Latina (actualmente 703 emprendimientos en 15 países), donde tres de cada cinco fueron establecidas entre 2014 y 2016 y una de cada cuatro opera como plataforma alternativas de financiación, evidencian que este es sólo el comienzo.

Consecuentemente, el acelerado proceso de transformación que se encuentra atravesando el sector financiero en el mundo y en nuestro país implica un llamado a la atención sobre los riesgos y desafíos que el nuevo contexto acarrea. El antiguo statu-quo de la banca comercial está siendo súbitamente trasfigurado por la revolución Fintech, lo cual implica un escenario desafiante para reguladores y promotores de la inclusión financiera.

En este escenario, una inclusión financiera responsable deberá abogar con mayor énfasis en la protección del cliente. Ayudando a reducir la complejidad de las decisiones financieras que muchas veces aleja a los individuos de tomar decisiones eficientes y óptimas, pero también fomentando las capacidades financieras necesarias para gestionar los riesgos de sobreendeudamiento y cese de pagos (que generan una exclusión financiera de facto) que la rápida digitalización conlleva

Ignacio E. Carballo

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