La educación financiera es una habilidad vital y esencial, reconocida como condición necesaria para lograr una real inclusión financiera y, consecuentemente, un desarrollo económico sostenible con mayor igualdad de oportunidades. Cuando se habla de educación para la inclusión financiera, comúnmente se relaciona con las bases mínimas para tomar decisiones adecuadas en torno a la administración de ahorros, acceso responsable a créditos, inversiones, etc. Se relaciona con la demanda. Pero, ¿sólo los demandantes de servicios financieros requieren formación para la inclusión financiera?

​El camino transitado por la inclusión financiera es relativamente reciente. Se consolida con ímpetu tras diversos hitos que la fueron ubicando en la agenda pública a partir de la crisis global suscitada en 2008 hasta incluirse en la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS). Desde entonces, organismos internacionales y gobiernos de muchos países han tomado un rol cada vez más activo en la búsqueda de que la población acceda al sistema financiero formal.

Inmersa dentro de este fenómeno en la región han proliferado los programas de inclusión financiera, al punto de que se han formado redes locales, regionales y globales que buscan promover el acceso de las personas al sistema financiero formal. Por ejemplo, mediante la implementación de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF).

Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran elaborando una ENIF, demostrando el amplio consenso sobre la importancia de la herramienta. En América Latina distintos países ya han implementado estos compromisos, por ejemplo México (2007), Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013), Haití (2014), Paraguay (2014) y Perú (2015).

En nuestro país, el pasado 29 de noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$20 millones a 25 años de plazo para implementación de la ENIF Argentina. Semanas antes, el lunes 13, mediante expediente 6015-D-2017, se había presentado un proyecto de ley instruyendo al Poder Ejecutivo a desarrollar una ENIF con requisitos específicos cuyo articulado fue finalmente incluido en la Ley de Financiamiento Productivo.

De este modo, muy probablemente Argentina verá su ENIF implementada durante el 2018. Al igual que en los países anteriormente mencionados, contar con la estructura y el capital humano dentro del sector privado actuará bajo la ENIF y del sector público que se encargará de la implementación, el monitoreo y la evaluación de resultados pasa a ser un factor fundamental.

Para más, el 2018 presenta un doble desafío ya que presidiremos la Cumbre del G20. Es importante destacar que uno de los siete ejes en la agenda del Track de Finanzas es justamente la inclusión financiera. En otras palabras, además de la ENIF, el equipo de trabajo a cargo de presidir el G20 deberá realizar recomendaciones teórico/prácticas al mundo entero en torno al futuro de la inclusión financiera.

Es aquí donde la educación profesional para la inclusión financiera debe hacerse presente a los fines de formar el capital humano que impulsará los procesos correspondientes de inclusión financiera. En nuestro país la presencia de cátedras, cursos o seminarios especializados sobre inclusión financiera es prácticamente nula. De cara al futuro, este escenario deberá modificarse siendo un objetivo prioritario formar profesionales, docentes e investigadores en estos tópicos. Es mandatorio fomentar la inclusión financiera en todos sus flancos y, para ello, impulsar en el mapa académico nacional es una condición necesaria

El miércoles 22 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo proyecto de ley de mercado de capitales (ahora de “Financiamiento Productivo”) incorporando agregados y correcciones. Previamente, el lunes 13 se había presentado un proyecto de Ley paralelo instruyéndose al Poder Ejecutivo a desarrollar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Tras arduas negociaciones, fue incorporado el articulado de la ENIF en la versión final de la nueva Ley de Financiamiento Productivo a tratar por el Senado antes de fin de año.

El proyecto impone contenidos mínimos que debería tener toda ENIF para ser considerada íntegra. Exige metas, plazos y objetivos específicos que marquen el rumbo en inclusión financiera al cual se quiere llegar, pero también herramientas de diagnóstico y evaluación que permitan saber cómo vamos transitando ese camino. A su vez, para asegurar una inclusión financiera responsable, pide incorporar programas de educación financiera en las escuelas secundarias, contar con esquemas y mecanismos de protección financiera al consumidor e incluir la perspectiva de género en objetivos específicos e indicadores.

¿Por qué es relevante contar con esta hoja de ruta? Al margen de que más de treinta países en todo el mundo (muchos de la región) han implementado o estén elaborando una ENIF, o de que el Banco Mundial señale que el impacto de las iniciativas en inclusión financiera aumenta cuando se adopta una, existen otros motivos que vale la pena señalar y podemos ejemplificar con la política en nuestro país.

Recientemente pareciera haberse avanzado de manera acelerada en torno a la agenda pública y aspectos normativos en la materia. Así, suele mencionarse que medidas como las cuentas bancarias para menores de edad o bien la gratuidad de cajas de ahorro, otorgamiento de tarjetas de débito y transferencias en cajeros o vía home banking son todos pasos hacia la inclusión financiera.

También se sostiene que el impulso a la digitalización financiera fomenta la inclusión. Esto es, que la flexibilización y apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos, la implementación del POS-Móvil, la creación del Alias-CBU, el Debin, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre tantos otros ejemplos, promueven la inclusión financiera. 

Sin embargo, otras iniciativas supieron esgrimirse en fomento de la inclusión financiera, pero parecieran haber caído en zonas grises. Esto es, sin generar empatía por no verse directamente relacionadas con la inclusión financiera o bien despertando rechazo y hasta férreas críticas por atribuírseles fines distintos o contrarios a ésta.

Sin entrar en el debate específico de cada una, podemos señalar ejemplos como la presentación de los billetes de $1.000, $500 y $200, la AFIP exigiendo el uso del POS en las transacciones de comercios e industrias, o el lanzamiento por parte del Banco Nación de la billetera electrónica PIM con la Anses promoviendo la acreditación de planes sociales a través de esta herramienta.

Una de las iniciativas más cuestionadas fueron, sin duda, los créditos Argenta destinados a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya recibieron más de 2 millones de argentinos. Según se informa, la mitad beneficiarios de la AUH y la mayoría (70%) accediendo por primera vez en su vida a un préstamo personal “liberando a los sectores más vulnerables de los prestamistas o usureros del barrio”. 

Pero, ¿de qué manera estas medidas reducen la pobreza y la vulnerabilidad de la población creando un sistema financiero inclusivo y sostenible que promueve el desarrollo? ¿Es inclusión financiera impulsar la adhesión obligatoria al uso del POS o reducir la cantidad nominal de billetes en circulación? ¿Lo es cobrar digitalmente a través de PIM? ¿Es inclusión financiera cobrar una tasa anual del 24% sobre el adelanto de una asignación brindada por derecho a personas en situación de extrema vulnerabilidad sin correr riesgo crediticio por cobrarse la cuota mensual mediante deducción automática de la asignación? La respuesta es compleja, podrían o no serlo, se requiere un análisis claro, riguroso y con evidencia de impacto. 

La inclusión financiera es un concepto multidimensional y, como tantos conceptos del desarrollo, ciertamente difuso. Cuando categorías similares entran en la escena política (principalmente en el discurso), el riesgo de discrecionalidad es alto. El riesgo de no tener una ENIF es el riesgo de que todo sea inclusión financiera y se alienten debates indisolubles que sólo puedan ser cerrados de modo arbitrario por el impulsor de la medida. El riesgo de que todo sea inclusión financiera es el riesgo a la apatía de la sociedad civil y a la discrecionalidad del hacedor de políticas.
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Se vuelve entonces necesario tener una hoja de ruta clara que brinde definiciones precisas,  esclarezca qué tipo de inclusión financiera quiere la Argentina y cómo hará para alcanzarla, y provea evidencia que prevenga caer en zonas grises que alientan al rechazo o la indiferencia por el tópico. Los caminos a la inclusión financiera son muchos y no existe una receta única, Argentina deberá debatir profundamente e identificar el suyo para transitarlo con firmeza.