Publicado en diario PERFIL - 02-12-2017
El miércoles 22 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo proyecto de ley de mercado de capitales (ahora de “Financiamiento Productivo”) incorporando agregados y correcciones. Previamente, el lunes 13 se había presentado un proyecto de Ley paralelo instruyéndose al Poder Ejecutivo a desarrollar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Tras arduas negociaciones, fue incorporado el articulado de la ENIF en la versión final de la nueva Ley de Financiamiento Productivo a tratar por el Senado antes de fin de año.
El proyecto impone contenidos mínimos que debería tener toda ENIF para ser considerada íntegra. Exige metas, plazos y objetivos específicos que marquen el rumbo en inclusión financiera al cual se quiere llegar, pero también herramientas de diagnóstico y evaluación que permitan saber cómo vamos transitando ese camino. A su vez, para asegurar una inclusión financiera responsable, pide incorporar programas de educación financiera en las escuelas secundarias, contar con esquemas y mecanismos de protección financiera al consumidor e incluir la perspectiva de género en objetivos específicos e indicadores.
¿Por qué es relevante contar con esta hoja de ruta? Al margen de que más de treinta países en todo el mundo (muchos de la región) han implementado o estén elaborando una ENIF, o de que el Banco Mundial señale que el impacto de las iniciativas en inclusión financiera aumenta cuando se adopta una, existen otros motivos que vale la pena señalar y podemos ejemplificar con la política en nuestro país.
Recientemente pareciera haberse avanzado de manera acelerada en torno a la agenda pública y aspectos normativos en la materia. Así, suele mencionarse que medidas como las cuentas bancarias para menores de edad o bien la gratuidad de cajas de ahorro, otorgamiento de tarjetas de débito y transferencias en cajeros o vía home banking son todos pasos hacia la inclusión financiera.
También se sostiene que el impulso a la digitalización financiera fomenta la inclusión. Esto es, que la flexibilización y apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos, la implementación del POS-Móvil, la creación del Alias-CBU, el Debin, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre tantos otros ejemplos, promueven la inclusión financiera.
Sin embargo, otras iniciativas supieron esgrimirse en fomento de la inclusión financiera, pero parecieran haber caído en zonas grises. Esto es, sin generar empatía por no verse directamente relacionadas con la inclusión financiera o bien despertando rechazo y hasta férreas críticas por atribuírseles fines distintos o contrarios a ésta.
Sin entrar en el debate específico de cada una, podemos señalar ejemplos como la presentación de los billetes de $1.000, $500 y $200, la AFIP exigiendo el uso del POS en las transacciones de comercios e industrias, o el lanzamiento por parte del Banco Nación de la billetera electrónica PIM con la Anses promoviendo la acreditación de planes sociales a través de esta herramienta.
Una de las iniciativas más cuestionadas fueron, sin duda, los créditos Argenta destinados a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya recibieron más de 2 millones de argentinos. Según se informa, la mitad beneficiarios de la AUH y la mayoría (70%) accediendo por primera vez en su vida a un préstamo personal “liberando a los sectores más vulnerables de los prestamistas o usureros del barrio”.
Pero, ¿de qué manera estas medidas reducen la pobreza y la vulnerabilidad de la población creando un sistema financiero inclusivo y sostenible que promueve el desarrollo? ¿Es inclusión financiera impulsar la adhesión obligatoria al uso del POS o reducir la cantidad nominal de billetes en circulación? ¿Lo es cobrar digitalmente a través de PIM? ¿Es inclusión financiera cobrar una tasa anual del 24% sobre el adelanto de una asignación brindada por derecho a personas en situación de extrema vulnerabilidad sin correr riesgo crediticio por cobrarse la cuota mensual mediante deducción automática de la asignación? La respuesta es compleja, podrían o no serlo, se requiere un análisis claro, riguroso y con evidencia de impacto.
La inclusión financiera es un concepto multidimensional y, como tantos conceptos del desarrollo, ciertamente difuso. Cuando categorías similares entran en la escena política (principalmente en el discurso), el riesgo de discrecionalidad es alto. El riesgo de no tener una ENIF es el riesgo de que todo sea inclusión financiera y se alienten debates indisolubles que sólo puedan ser cerrados de modo arbitrario por el impulsor de la medida. El riesgo de que todo sea inclusión financiera es el riesgo a la apatía de la sociedad civil y a la discrecionalidad del hacedor de políticas.
Se vuelve entonces necesario tener una hoja de ruta clara que brinde definiciones precisas, esclarezca qué tipo de inclusión financiera quiere la Argentina y cómo hará para alcanzarla, y provea evidencia que prevenga caer en zonas grises que alientan al rechazo o la indiferencia por el tópico. Los caminos a la inclusión financiera son muchos y no existe una receta única, Argentina deberá debatir profundamente e identificar el suyo para transitarlo con firmeza.
El proyecto impone contenidos mínimos que debería tener toda ENIF para ser considerada íntegra. Exige metas, plazos y objetivos específicos que marquen el rumbo en inclusión financiera al cual se quiere llegar, pero también herramientas de diagnóstico y evaluación que permitan saber cómo vamos transitando ese camino. A su vez, para asegurar una inclusión financiera responsable, pide incorporar programas de educación financiera en las escuelas secundarias, contar con esquemas y mecanismos de protección financiera al consumidor e incluir la perspectiva de género en objetivos específicos e indicadores.
¿Por qué es relevante contar con esta hoja de ruta? Al margen de que más de treinta países en todo el mundo (muchos de la región) han implementado o estén elaborando una ENIF, o de que el Banco Mundial señale que el impacto de las iniciativas en inclusión financiera aumenta cuando se adopta una, existen otros motivos que vale la pena señalar y podemos ejemplificar con la política en nuestro país.
Recientemente pareciera haberse avanzado de manera acelerada en torno a la agenda pública y aspectos normativos en la materia. Así, suele mencionarse que medidas como las cuentas bancarias para menores de edad o bien la gratuidad de cajas de ahorro, otorgamiento de tarjetas de débito y transferencias en cajeros o vía home banking son todos pasos hacia la inclusión financiera.
También se sostiene que el impulso a la digitalización financiera fomenta la inclusión. Esto es, que la flexibilización y apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos, la implementación del POS-Móvil, la creación del Alias-CBU, el Debin, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre tantos otros ejemplos, promueven la inclusión financiera.
Sin embargo, otras iniciativas supieron esgrimirse en fomento de la inclusión financiera, pero parecieran haber caído en zonas grises. Esto es, sin generar empatía por no verse directamente relacionadas con la inclusión financiera o bien despertando rechazo y hasta férreas críticas por atribuírseles fines distintos o contrarios a ésta.
Sin entrar en el debate específico de cada una, podemos señalar ejemplos como la presentación de los billetes de $1.000, $500 y $200, la AFIP exigiendo el uso del POS en las transacciones de comercios e industrias, o el lanzamiento por parte del Banco Nación de la billetera electrónica PIM con la Anses promoviendo la acreditación de planes sociales a través de esta herramienta.
Una de las iniciativas más cuestionadas fueron, sin duda, los créditos Argenta destinados a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya recibieron más de 2 millones de argentinos. Según se informa, la mitad beneficiarios de la AUH y la mayoría (70%) accediendo por primera vez en su vida a un préstamo personal “liberando a los sectores más vulnerables de los prestamistas o usureros del barrio”.
Pero, ¿de qué manera estas medidas reducen la pobreza y la vulnerabilidad de la población creando un sistema financiero inclusivo y sostenible que promueve el desarrollo? ¿Es inclusión financiera impulsar la adhesión obligatoria al uso del POS o reducir la cantidad nominal de billetes en circulación? ¿Lo es cobrar digitalmente a través de PIM? ¿Es inclusión financiera cobrar una tasa anual del 24% sobre el adelanto de una asignación brindada por derecho a personas en situación de extrema vulnerabilidad sin correr riesgo crediticio por cobrarse la cuota mensual mediante deducción automática de la asignación? La respuesta es compleja, podrían o no serlo, se requiere un análisis claro, riguroso y con evidencia de impacto.
La inclusión financiera es un concepto multidimensional y, como tantos conceptos del desarrollo, ciertamente difuso. Cuando categorías similares entran en la escena política (principalmente en el discurso), el riesgo de discrecionalidad es alto. El riesgo de no tener una ENIF es el riesgo de que todo sea inclusión financiera y se alienten debates indisolubles que sólo puedan ser cerrados de modo arbitrario por el impulsor de la medida. El riesgo de que todo sea inclusión financiera es el riesgo a la apatía de la sociedad civil y a la discrecionalidad del hacedor de políticas.
Se vuelve entonces necesario tener una hoja de ruta clara que brinde definiciones precisas, esclarezca qué tipo de inclusión financiera quiere la Argentina y cómo hará para alcanzarla, y provea evidencia que prevenga caer en zonas grises que alientan al rechazo o la indiferencia por el tópico. Los caminos a la inclusión financiera son muchos y no existe una receta única, Argentina deberá debatir profundamente e identificar el suyo para transitarlo con firmeza.