Publicado en diario El Economista - 26-12-2017
La educación financiera es una habilidad vital y esencial, reconocida como condición necesaria para lograr una real inclusión financiera y, consecuentemente, un desarrollo económico sostenible con mayor igualdad de oportunidades. Cuando se habla de educación para la inclusión financiera, comúnmente se relaciona con las bases mínimas para tomar decisiones adecuadas en torno a la administración de ahorros, acceso responsable a créditos, inversiones, etc. Se relaciona con la demanda. Pero, ¿sólo los demandantes de servicios financieros requieren formación para la inclusión financiera?
El camino transitado por la inclusión financiera es relativamente reciente. Se consolida con ímpetu tras diversos hitos que la fueron ubicando en la agenda pública a partir de la crisis global suscitada en 2008 hasta incluirse en la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS). Desde entonces, organismos internacionales y gobiernos de muchos países han tomado un rol cada vez más activo en la búsqueda de que la población acceda al sistema financiero formal.
Inmersa dentro de este fenómeno en la región han proliferado los programas de inclusión financiera, al punto de que se han formado redes locales, regionales y globales que buscan promover el acceso de las personas al sistema financiero formal. Por ejemplo, mediante la implementación de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF).
Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran elaborando una ENIF, demostrando el amplio consenso sobre la importancia de la herramienta. En América Latina distintos países ya han implementado estos compromisos, por ejemplo México (2007), Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013), Haití (2014), Paraguay (2014) y Perú (2015).
En nuestro país, el pasado 29 de noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$20 millones a 25 años de plazo para implementación de la ENIF Argentina. Semanas antes, el lunes 13, mediante expediente 6015-D-2017, se había presentado un proyecto de ley instruyendo al Poder Ejecutivo a desarrollar una ENIF con requisitos específicos cuyo articulado fue finalmente incluido en la Ley de Financiamiento Productivo.
De este modo, muy probablemente Argentina verá su ENIF implementada durante el 2018. Al igual que en los países anteriormente mencionados, contar con la estructura y el capital humano dentro del sector privado actuará bajo la ENIF y del sector público que se encargará de la implementación, el monitoreo y la evaluación de resultados pasa a ser un factor fundamental.
Para más, el 2018 presenta un doble desafío ya que presidiremos la Cumbre del G20. Es importante destacar que uno de los siete ejes en la agenda del Track de Finanzas es justamente la inclusión financiera. En otras palabras, además de la ENIF, el equipo de trabajo a cargo de presidir el G20 deberá realizar recomendaciones teórico/prácticas al mundo entero en torno al futuro de la inclusión financiera.
Es aquí donde la educación profesional para la inclusión financiera debe hacerse presente a los fines de formar el capital humano que impulsará los procesos correspondientes de inclusión financiera. En nuestro país la presencia de cátedras, cursos o seminarios especializados sobre inclusión financiera es prácticamente nula. De cara al futuro, este escenario deberá modificarse siendo un objetivo prioritario formar profesionales, docentes e investigadores en estos tópicos. Es mandatorio fomentar la inclusión financiera en todos sus flancos y, para ello, impulsar en el mapa académico nacional es una condición necesaria
El camino transitado por la inclusión financiera es relativamente reciente. Se consolida con ímpetu tras diversos hitos que la fueron ubicando en la agenda pública a partir de la crisis global suscitada en 2008 hasta incluirse en la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS). Desde entonces, organismos internacionales y gobiernos de muchos países han tomado un rol cada vez más activo en la búsqueda de que la población acceda al sistema financiero formal.
Inmersa dentro de este fenómeno en la región han proliferado los programas de inclusión financiera, al punto de que se han formado redes locales, regionales y globales que buscan promover el acceso de las personas al sistema financiero formal. Por ejemplo, mediante la implementación de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF).
Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran elaborando una ENIF, demostrando el amplio consenso sobre la importancia de la herramienta. En América Latina distintos países ya han implementado estos compromisos, por ejemplo México (2007), Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013), Haití (2014), Paraguay (2014) y Perú (2015).
En nuestro país, el pasado 29 de noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$20 millones a 25 años de plazo para implementación de la ENIF Argentina. Semanas antes, el lunes 13, mediante expediente 6015-D-2017, se había presentado un proyecto de ley instruyendo al Poder Ejecutivo a desarrollar una ENIF con requisitos específicos cuyo articulado fue finalmente incluido en la Ley de Financiamiento Productivo.
De este modo, muy probablemente Argentina verá su ENIF implementada durante el 2018. Al igual que en los países anteriormente mencionados, contar con la estructura y el capital humano dentro del sector privado actuará bajo la ENIF y del sector público que se encargará de la implementación, el monitoreo y la evaluación de resultados pasa a ser un factor fundamental.
Para más, el 2018 presenta un doble desafío ya que presidiremos la Cumbre del G20. Es importante destacar que uno de los siete ejes en la agenda del Track de Finanzas es justamente la inclusión financiera. En otras palabras, además de la ENIF, el equipo de trabajo a cargo de presidir el G20 deberá realizar recomendaciones teórico/prácticas al mundo entero en torno al futuro de la inclusión financiera.
Es aquí donde la educación profesional para la inclusión financiera debe hacerse presente a los fines de formar el capital humano que impulsará los procesos correspondientes de inclusión financiera. En nuestro país la presencia de cátedras, cursos o seminarios especializados sobre inclusión financiera es prácticamente nula. De cara al futuro, este escenario deberá modificarse siendo un objetivo prioritario formar profesionales, docentes e investigadores en estos tópicos. Es mandatorio fomentar la inclusión financiera en todos sus flancos y, para ello, impulsar en el mapa académico nacional es una condición necesaria