La inclusión financiera, entendida como el acceso y uso efectivo, amplio y diverso de servicios financieros de calidad particularmente por parte de los trabajadores y la población vulnerable, es aún una asignatura pendiente en la Argentina. Asimismo, una nueva dimensión que debe jerarquizarse a la par de la promoción de políticas de apoyo al capital emprendedor es el fomento de la cultura emprendedora y, a través de ella, la innovación concebida a partir de los saberes específicos y colectivos de los trabajadores.

En esta línea, los nuevos emprendimientos y emprendedores deben tener un marco institucional que considere fuentes de financiamiento alternativas para sus actividades y que atiendan su propensión a demandar servicios financieros a la vez de sus necesidades en educación financiera y emprendedora.

El caso de los trabajadores de edificios, uno de los empleos más numerosos en centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un buen ejemplo de cómo la necesidad latente de más y mejor inclusión financiera se encuentra con aquella la del desarrollo de una cultura emprendedora ¿No ha el lector contratado o pensado en contratar servicios de plomería, electricidad o pintura (por citar sólo algunos) ofrecidos por su encargado de edificio en alguna oportunidad? ¿Cómo financian estos trabajadores sus actividades secundarias en tiempos de descanso o licencia? ¿Es la actividad productiva de oficio la única fuente de demanda de servicios financieros o existen otras como la adquisición o refacción de vivienda, el microemprendimiento productivo en comercio o servicios, o el consumo, que los trabajadores de edificios desearían satisfacer?

Con el afán de responder ese tipo de preguntas, durante el mes de julio 2016 realizamos un estudio de campo sobre trabajadores de edificios. El mismo implicó una muestra aleatoria de 301 casos presenciales, distribuidos en 18 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representados por la densidad poblacional y la mayor presencia de predios donde se encontraren presentes los trabajadores relevados al momento de la encuesta. Pudimos observar que hay una demanda insatisfecha de servicios financieros por parte de estos trabajadores y que la mayoría de ellos poseen actualmente habilidades para iniciar o ampliar un emprendimiento productivo vinculado a sus oficios. Veamos los principales resultados.

Del total de trabajadores relevados, un 83.39% se encontraba afiliado al sindicato correspondiente al momento de responder la encuesta. A su vez, la primer mayoría se desempeñaba bajo la categoría de encargado permanente (80.4%) con residencia en el mismo lugar de trabajo (71.1%). De igual modo, se encuestaron trabajadores con edades entre los 21 y 75 años, reflejando una edad media de 46 años (igual a la mediana) y una antigüedad laboral media de 11,5 años. Nuestros datos reflejan también una predominancia del género masculino (83.06%) con hijos o familia a su cargo (58.47%). 

Tres aspectos se destacan del estudio. En primer término, comprobamos que efectivamente numerosos trabajadores de edificio poseen habilidades para realizar más de un oficio o actividad independiente de manera remunerada. Cuando analizamos las respuestas de manera aislada, evitando los solapamientos, el orden de relevancia de aquellas es: electricista (32.23%), plomería (31.56%), pintura (29.90%), albañilería (20.93%) y gasista (17.28%). Por otro lado, del total de encuestados que declaró haber realizado estas actividades independientes remuneradas, un 33.67% informó haberlas realizado durante la semana anterior al momento de responder el cuestionario, 36.18% al menos una vez durante el último mes y un 30.15% durante el último año.

En segundo lugar y en relación a la demanda de servicios financieros, entre los encuestados que declaran poseer habilidades para llevar adelante otra actividad de manera remunerada (62.13%) un 72.73% la financian con ingresos propios, un 21.93% con adelantos o pagos totales del cliente, un 4.28% mediante préstamo de familiar o amigo (sin cobro de interés) y un 1.07% con préstamo (con cobro de interés). Dentro de este grupo, uno de cada tres encuestados demuestra interés en endeudarse para realizar la actividad para la cual posee habilidades o conocimientos previos y uno de cada cuatro para nuevos emprendimientos productivos en general, con prevalencia de aquellos dentro del rubro de actividad “comercio”. Es decir, más del 50% de los trabajadores con oficio estarían dispuestos a tomar deuda financiera con fines productivos.

Finalmente, en tercer término, resultó interesante conocer si existen otras razones para las que los trabajadores de edificio serían propensos a tomar deuda. Nuestro relevamiento sugiere, como muestra el gráfico adjunto, que más del 54% desearía endeudarse para adquirir (36,5%) o refaccionar una vivienda (17,9%) y que el porcentaje de trabajadores que querrían tomar un crédito para vivienda y productivo a la vez asciende al 53.1%, indicando una importante complementariedad entre la seguridad habitacional y la actividad productiva secundaria.

Resumiendo, existe un claro potencial para promover la inclusión financiera plena de los trabajadores fomentando y apoyando la cultura emprendedora existente. El caso de los trabajadores de edificio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apunta en esa dirección.

“La ciudad necesita transformarse”. Esta es la frase que se escucha y desciende desde lo alto del Palacio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la calle Bolívar y Avenida 25 de Mayo. Puesto que la “transformación” parece ser una cuestión imperante para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, su gestión se encuentra impulsando hace meses la reforma del actual Código de Planeamiento Urbano (o Código Urbanístico), con el objeto de brindar un nuevo marco normativo a la gestión urbanística que responda a las necesidades actuales de la Ciudad.

​El Código Urbanístico regula los aspectos relativos a las habilitaciones, la organización del tejido edilicio y la distribución de usos de suelo, entre otras tantas temáticas. En Capital, si bien el código data de 1997, desde mayo del 2003 que el mismo no es modificado de manera contundente. En aquel entonces, se implementó la Ley de Accesibilidad votada por la Legislatura (Ley 962) donde se modificaron 126 artículos del código, alterando desde anchos de circulaciones y medios de salida hasta la forma de calcular las medidas de los ascensores. Conjuntamente con la sanción de dicha ley, el gobierno de la Ciudad lanzaba una versión comentada del código de planeamiento urbano, es decir, una interpretación oficial sobre los aspectos confusos de la nueva ley.

Actualmente, acusando que hoy el código es muy complejo e inentendible para la mayoría de las personas, el Gobierno vigente expone su propuesta de una manera optimista y hasta progresista. Al observar los spots y campañas informativas, se aspira a una ciudad más equilibrada, integrada, saludable, diversa y autosuficiente. Dichos conceptos, armoniosos e integrales, invitan al ciudadano a tomar una postura oficial casi de manera automática.

Sin embargo, el anteproyecto del Nuevo Código Urbanístico (que modifica también el Código de Edificación) no se encontró libre de críticas y voces opositoras. Entre estas, agrupaciones como “Basta de Demoler” o el “Observatorio de Derecho de la ciudad” expusieron enérgicamente quejas en línea a la poca participación real que han tenido los sectores ciudadanos en el armado y discusión del proyecto. Estas críticas, a su vez, sostienen la idea de que las modificaciones están orientadas a garantizar el desarrollo del negocio de la construcción y del mercado inmobiliario.

Ahora bien, que la Ciudad necesita transformarse no es una novedad. Su mercado inmobiliario y de suelo, donde las prácticas especulativas son moneda corriente desde hace mucho tiempo, dan una certeza absoluta de esta necesidad. Allí, las decisiones de los agentes apostando al suelo, la vivienda o los proyectos inmobiliarios de largo plazo (como reserva de valor o como manera de aumentar el patrimonio personal), han generado un mercado excluyente para gran parte de los porteños.

De este modo, según informa el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires (CESBA), a la fecha el 30% de los habitantes de la Ciudad son inquilinos. A su vez, este guarismo se incrementó 8% en los últimos 10 años de Gobierno, sumando así 116.000 nuevos hogares de alquiler. El mercado de suelo, por su parte, se ha sobrevaluado sistemáticamente y el metro cuadrado pasó de costar US$1.830 en 1991 a US$ 3.012 en 2015.

Como resultado de ello, para acceder a un departamento de dos ambientes en Capital, un inquilino promedio debe destinar 36% de sus ingresos familiares mientras que en el resto del mundo dicha relación desciende a 18%. Para peor, la heterogeneidad hacia adentro de la ciudad denota las más diversas realidades. En la Comuna 9, por ejemplo, se necesitan 45 sueldos promedio para comprar un departamento mientras que en la Comuna 14, se requieren 114 sueldos promedio.

Probablemente el reclamo principal de los críticos a la modificación del Código Urbanístico se alinea en parte con los disparadores y causantes de estas consecuencias. En esta línea, podemos asentir que el reclamo es comprensible, ya que la problemática de la especulación es un tema imperante y la reforma como tal se propone alterar variables determinísticas en el valor del suelo y las viviendas. Esto es, busca establecer alturas máximas de construcción, eliminar el uso del F.O.T. y F.O.S. (Factor de Ocupación Total y del Suelo) que es el coeficiente matemático que determina los metros cuadrados máximos que podemos construir; promover la mixtura de usos; integrar los asentamientos y villas transformándolos en barrios, etcétera.

En resumen, el nuevo código impactará indefectiblemente en los precios del suelo y las viviendas. Sin embargo, aunque el código de planeamiento vigente debe ser revisado y modificado, no se percibe en el horizonte inmediato una batería de incentivos que reduzcan las prácticas especulativas que han generado rispideces en el funcionamiento del mercado inmobiliario. Por el contrario, lo único certero por el momento es que la cantidad de usuarios deseosos por adquirir un techo va en aumento junto con el precio de los alquileres y los montos de compra.

Finalmente, optando por ser optimistas, celebramos que el Nuevo Código Urbanístico (a través de un proceso participativo real como pregona el Gobierno de la Ciudad) sirva para atraer y contemplar en sus debates el factor especulativo, tan relegado en las discusiones del pasado. Asimismo, y en base a un intercambio de opiniones genuino y holístico, que la nueva medida facilite el acceso a una vivienda digna, de manera más simple y fluida para todos los vecinos de la Ciudad, generando así una verdadera “transformación” para sus conciudadanos.

Como es sabido, la prueba del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es una de las evaluaciones educativas más prestigiosas y rigurosas a nivel internacional. La misma busca medir el rendimiento escolar en jóvenes de quince años entre diferentes ciudades y naciones de todo el mundo. El pasado 24 de mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer los resultados de las pruebas PISA sobre alfabetización financiera.

Se trata del Volumen IV de la prueba PISA tradicional, y busca explorar los conocimientos y habilidades de los adolescentes en materia de dinero y finanzas personales. Su fin es brindar una visión integral sobre la capacidad de los jóvenes para aplicar sus habilidades a situaciones de la vida real en torno a diversos asuntos y decisiones financieras. Así, permite conocer actitudes y comportamientos en los estudiantes frente al gasto y al ahorro, sobre el manejo de cuentas bancarias y tarjetas de débito, a la vez de nociones más complejas como la comprensión de los impuestos, las tasas de interés de un préstamo o un plan de pago.

La educación financiera es una habilidad vital y esencial, reconocida internacionalmente como condición necesaria para lograr una real inclusión financiera y, consecuentemente, un desarrollo económico sostenible con mayor igualdad igualdad de oportunidades. En palabras de la OCDE, la educación financiera establece las bases mínimas para muchas decisiones importantes que enfrentan todos los ciudadanos durante de sus vidas, ya sea evaluando un contrato de trabajo, comprando un primer hogar, o más tarde, administrando los ahorros de su jubilación. Como lo demuestra el informe del G20-OCDE/INFE, la alfabetización financiera también es fundamental para gestionar las oportunidades y los riesgos de la rápida digitalización, que ha puesto los servicios financieros al alcance de gran parte de la población.

​Malas noticias y desafíos

Los resultados presentados semanas atrás corresponden al sondeo realizado sobre 48.000 estudiantes de 15 países miembros del grupo en todo el mundo (sólo tres de América Latina), y han reflejado una triste realidad. Según la prueba, 22% de los estudiantes es incapaz de tomar decisiones financieras básicas sobre el ahorro y el manejo del gasto diario. Sólo el 10% pudo entender problemas más complejos de finanzas personales, como el impuesto sobre la renta, y menos de uno de cada tres (31%) presentó las habilidades necesarias para manejar una cuenta bancaria.

Para peor, este bajo nivel de alfabetización financiera se da en un contexto donde los ratios en torno al uso e interacción de los jóvenes con el dinero fueron elevados. Según se informó, alrededor del 59% de los estudiantes recibe dinero de una asignación o estipendio que debe administrar. Más aún, y aportando una cuota de mayor relevancia a la alfabetización financiera, el 64% de los adolescentes informó administrar dinero obtenido de alguna actividad formal o informal, como tener un empleo fuera del horario escolar, trabajar en el negocio familiar o realizar trabajos informales de manera ocasional.

Un tercer dato de importancia, es que las pruebas validaron también la brecha socioeconómica en términos de educación financiera. Así, los adolescentes con un entorno familiar socio-económicamente más favorable obtuvieron mejores resultados. Frente a esto, la OCDE destacó que el fuerte vínculo entre el estatus socio-económico familiar y el desempeño en las pruebas podría deberse a que el apoyo de los padres no es suficiente, motivo por el cual las instituciones educativas tienen ineludiblemente un papel protagónico que desempeñar para garantizar la igualdad de oportunidades.

Por último, cabe mencionar, a su vez, que de los quince países presentados, los tres referentes latinoamericanos (Chile, Perú y Brasil) obtuvieron los últimos lugares en el ranking de alfabetización financiera. Por su parte, China lo lideró con los estudiantes mejor formados en el tema. No parece casual, como señala el informe, pues el sistema educativo chino incluye desde los ‘90 una materia obligatoria sobre administración financiera en escuelas primarias y secundarias.

Reflexiones argentinas

En diciembre del año pasado la OCDE adoptaba la decisión de excluir a la Argentina del ranking de las pruebas PISA. De acuerdo a sus autoridades, nuestro país habría sido eliminado por cuestionamientos técnicos sobre la metodología empleada en sonidos anteriores. Más específicamente, se habrían modificado arbitrariamente los lugares donde se tomaron los exámenes (excluyendo escuelas con bajo rendimiento histórico) para alterar los resultados, forzando una mejor ubicación en los rankings pero perjudicando así la representatividad de la muestra.

Cualquiera haya sido el motivo, en marzo del presente conocimos el relevamiento local sustituto a las pruebas PISA, las Pruebas Aprender que fueron realizadas durante 2016 en casi 31.000 escuelas de todo el país (tanto públicas como privadas). Como era de esperar, los resultados de Aprender sacaron a la luz la extrema fragilidad de la calidad educativa en Argentina. Las dimensiones evaluadas fueron los conocimientos y habilidades en lengua, matemática, ciencias sociales y naturales.

Ahora bien, un dato fundamental informado por la OCDE al presentar sus resultados, fue la relación entre el buen desempeño en las pruebas de alfabetización financiera y el rendimiento en la evaluación tradicional de PISA (lectura y matemática). El informe denotó que si bien una base sólida en matemáticas y lectura es crítica para la alfabetización financiera, no es suficiente. Los datos revelan que hay muchas características y particularidades que le son únicas a la educación financiera y que representarían alrededor del 38% de la puntuación.

Por lo dicho, y de cara al proceso vigente de inclusión financiera impulsado por la nueva gestión en nuestro país, el corolario obligado a extraer es doble. Por un lado, que existen claros argumentos para fomentar programas de alfabetización financiera específicos en los jóvenes. Esto es, ya sea mediante contenido concreto y obligado en los programas escolares o en paralelo a estos. Por otro lado, que indefectiblemente debemos evaluar a nuestros jóvenes en esta materia, al margen de las dimensiones relevadas en Aprender y en paralelo a las pruebas tradicionales de lectura y matemática de PISA.

Como venimos sosteniendo, puesto que la inclusión financiera es un ecosistema donde oferta, demanda y marco regulatorio interactúan con igual relevancia, es condición necesaria que el sector público oriente sus esfuerzos de manera integral y decidida en cada una de estas tres dimensiones.