El pasado 11 de octubre, la reina Máxima de Holanda visitó nuestro país en calidad de asesora especial en Inclusión Financiera para el Desarrollo del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La visita, que incluyó entrevistas con las más altas autoridades del Gobierno y una conferencia pública en la Universidad Católica Argentina (UCA), reavivó la discusión y el interés en torno a las políticas para la inclusión financiera en la Argentina.

El creciente interés a nivel mundial respecto a la inclusión financiera es consecuencia de una mejor comprensión de la importancia que tiene el tema para el desarrollo económico y social. Por un lado, es un reconocimiento global de que el acceso a servicios financieros tiene un papel fundamental en la reducción de la pobreza extrema, el impulso a la prosperidad compartida y el desarrollo inclusivo y sostenible, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Por otro lado, es un fuerte reconocimiento de la cuantiosa dimensión de la exclusión financiera; 2.500 millones de personas adultas no poseen cuentas bancarias en el mundo. Dicho guarismo, a su vez, empeora en las economías más vulnerables. Dentro de la población adulta con ingresos inferiores a dos dólares al día, la cifra asciende al 77%, muy superior al 11% existente en las economías de ingresos altos. En otras palabras, tres cuartos de los pobres del mundo carecen de una cuenta bancaria, no sólo por su condición de pobreza, sino también debido a los costos, la distancia de traslado a la entidad bancaria y el papeleo que se necesita. Para peor, 55% de quienes piden préstamos en las economías en desarrollo recurren a fuentes informales de financiamiento (amigos, familiares o prestamistas a tasas usureras).

La reina de Holanda afirmó, sobre Argentina: "Sólo el 50% de los ciudadanos tiene acceso a una cuenta bancaria" y "el porcentaje baja a 44% cuando se trata de gente de bajos recursos". Agregó también: "Tiene que haber líneas de créditos accesibles y que funcionen", "Las microfinanzas son un antídoto contra la pobreza", motivo por el cual hay que fomentar el microcrédito productivo. Sin embargo, creemos que es necesario ampliar en cuatro puntos que no fueron explícitamente abordados en su visita.

En primer lugar, efectivamente, la Argentina se encuentra subdesarrollada en términos de bancarización. Nuestro país presenta niveles tanto por debajo del promedio mundial (52%) como del de América Latina (51%). En los hechos, los niveles de bancarización son equivalentes a aquellos de países como Botswana, Belice o Argelia. Sin embargo, esto no implica que no se hayan realizado importantes avances en nuestro país. Según el informe del FMI del año 2014, Argentina fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos. Mientras que en 2011 sólo el 19% de las personas más pobres tenía acceso a una cuenta bancaria, en 2014 dicha proporción trepó al 44%, superó las tasas de crecimiento promedio del mundo.

No obstante, la inclusión financiera es una variable intrínsecamente más amplia que la simple bancarización o el otorgamiento de microcréditos productivos al ciudadano de bajos recursos y típicamente informal. El acceso, el uso y la profundidad de los servicios financieros, en conjunto con su calidad y las barreras de acceso a ellos, constituyen dimensiones vitales e indispensables en pos de una inclusión financiera que beneficie a los más vulnerables. Bajo esta definición, las nuevas tecnologías y la educación financiera resultan factores imprescindibles al pensar en una política integral.

En segundo término, la falta de fondeo en las instituciones microfinancieras (IMF) argentinas ha sido una limitante histórica para el sector. El sistema financiero argentino no cuenta ni contó con financiamiento suficiente a largo plazo para las IMF, quienes poseen una dependencia elevada del financiamiento de entidades internacionales o donantes. Es requisito avanzar en la eliminación de los obstáculos que dificultan el fondeo local, fortalecer el mercado financiero local y el mercado de capitales nacional o incentivar la captación de ahorros por las IMF a través de los microdepósitos.

Un tercer punto que ha aletargado la inclusión financiera de los más vulnerables corresponde a las fallas de coordinación entre los agentes del sector público. La superposición y (en algunos casos) contraposición de objetivos e instrumentos en las políticas públicas que actúen como incentivos para ofrecer servicios financieros a los más desfavorecidos no ha hecho más que demostrar la carencia de un camino firme y sostenido de desarrollo financiero inclusivo.

Por último, el cuarto factor que ha quedado relegado en el discurso sobre inclusión financiera de la reina de Holanda tiene que ver con una dimensión crítica de la pobreza estructural, el déficit habitacional. Cuando se piensa a las microfinanzas como un antídoto contra la pobreza, se deben incluir indefectiblemente las múltiples facetas que aquella representa. En Argentina hay 3,5 millones de hogares que padecen de algún déficit habitacional según el censo 2010. De ellos, 2,2 millones aproximadamente padecen problemas cualitativos en sus viviendas, tales como hacinamiento, falta de cloacas, entre otros. Dentro del público demandante de microcréditos al cual hace referencia la reina Máxima, la mayor parte de la demanda insatisfecha que estudios de la UCA registraron (un millón de individuos) se orienta a la refacción, la ampliación o la terminación de una vivienda.

Es imperativo orientar la política de inclusión financiera no sólo a la bancarización o para facilitar el uso de la tecnología en la operatoria financiera de los más vulnerables, sino también eliminar las barreras al financiamiento local y fondeo de las IMF, trabajar en la coordinación de los diversos agentes y organismos financieros del sector público, y dirigir un esfuerzo considerable en las microfinanzas hacia fines habitacionales.

Tras la reciente visita de Máxima, la reina de Holanda, la inclusión financiera y el rol de las microfinanzas han regresado al debate público local. Sin embargo, el camino transitado por el fenómeno de la inclusión financiera es extenso y no nace con la nueva “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas (ODS).

La inclusión financiera ha ingresado paulatinamente en la agenda política, principalmente, a partir de la crisis financiera internacional del 2008. Desde entonces, más de 55 países se han comprometido a la inclusión financiera y más de 30 han puesto en marcha o están desarrollando una estrategia nacional para alcanzarla. Algunos hitos importantes que la llevaron a ser reconocida como un factor fundamental para el desarrollo sostenible fueron la Cumbre de Pittsburgh del 2009, en la que el G-20 la estableció como uno de sus ejes principales; la Declaración Maya en 2011, orientada a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vinculación al mismo, o el lanzamiento del Global Financial Development Report por el Banco Mundial en 2013.

Gracias a estos y otros acontecimientos, actualmente existe consenso en que las personas que pueden participar del sistema financiero tienen más posibilidades de invertir en la educación de sus hijos, hacer frente a emergencias económicas o de salud y ampliar o iniciar una actividad productiva. Sin embargo, este recorrido también alertó respecto de la inmensa brecha en términos de inclusión financiera. Esto es, que sólo 61% de la población adulta del planeta posee una cuenta bancaria o, lo que es lo mismo, 2.000 millones de personas se encuentran excluidas del sistema financiero.

En paralelo a la creciente consideración en torno a la inclusión financiera, pero con una mayor antelación histórica, las microfinanzas han sabido constituirse como una herramienta fundamental para reducir las disparidades de acceso a los servicios financieros en los segmentos más vulnerables. De hecho, las microfinanzas nacieron en la década de 1970 para dar respuesta concisa a la carencia de servicios financieros en millares de personas en condición de pobreza.

Los motivos que han excluido históricamente del sistema financiero formal a la población en situación de pobreza se basaron en una errónea consideración de que la misma no posee capacidad para ahorrar, pagar un crédito o iniciar un emprendimiento productivo. Como consecuencia, su única opción al momento de buscar acceso a financiamiento fue aquella de endeudarse con familiares o amigos, o bien solicitar créditos a prestamistas informales a tasas usureras y condiciones muy desfavorables. Así, los más pobres se enfrentaron a serias dificultades para acceder al capital necesario para ahorrar o iniciar un emprendimiento que le permitiera mejorar gradualmente su calidad de vida.

En este escenario, las microfinanzas surgen como una herramienta para facilitar distintos servicios financieros a la población en situación de pobreza excluida del sistema financiero tradicional. Por un lado, con acceso a préstamos en pequeña escala busca liberar su potencial emprendedor e impulsar sus negocios. A través de seguros a medida, permite proteger sus ganancias en caso de enfermedad u otros imprevistos. Con cuentas de depósitos para facilitar el ahorro, fomenta la suavización del consumo y brinda certeza frente a la volatilidad del emprendimiento. Además, los créditos para vivienda, los sistemas de trasferencias y otros innovadores servicios financieros han sido desarrollados por el sector microfinanciero para incluir a los más desfavorecidos.

Entre tantos otros, dos factores que las microfinanzas han sabido leer de manera innovadora fueron la volatilidad de los ingresos y el alto grado de fungibilidad del dinero presente en los hogares más pobres. La comprensión y asimilación de estos dos factores se encuentra, muy probablemente, entre los principales aportes de las microfinanzas. De este modo, contemplando las economías familiares de sus clientes al momento de diseñar sus productos financieros, las instituciones de microfinanzas comprendieron que el dinero es fungible y que el repago de un crédito depende del flujo de ingreso total de cada hogar (formal e informal). Así, evaluando las prioridades familiares además de las inherentes a la actividad productiva lograron ofrecer productos flexibles en términos de montos, propósito, duración y calendario de pago. Por otro lado, frente a la brusca volatilidad de los ingresos, las instituciones microfinancieras supieron ayudar a sus clientes a manejar los flujos de sus economías, por ejemplo, ofreciendo posibilidades de ahorro en periodos de ingresos deficitarios.

De esta manera, casi medio siglo de evolución y desarrollo ha llevado a que las microfinanzas dejaran importantes lecciones respecto a cómo generar una efectiva inclusión financiera con foco en los más vulnerables. En los hechos, las instituciones microfinancieras demostraron que las personas en situación de pobreza sí pueden ahorrar, sí poseen capacidad de repago y que el error se encontró históricamente en la metodología de evaluación utilizada por las finanzas tradicionales.

En esta línea, algunas posturas contemplan a la inclusión financiera como un proceso evolutivo y superador del concepto de microfinanzas. Básicamente porque sostienen que sus fines son más amplios que la reducción de la pobreza, contemplando también la reducción de riesgos y costos bancarios, el incremento de la economía formal, la creación de empleo y hasta la estabilidad financiera. El riesgo presente visto desde esta óptica, se encuentra en que podrían existir procesos de inclusión financiera que se orientaran a dimensiones parciales.

Por estos motivos, en nuestra opinión, las microfinanzas no son un estadio anterior o inferior a la inclusión financiera. Muy por el contrario, las microfinanzas ocupan un rol fundamental pues son sinónimo de una inclusión financiera integral. En otras palabras, son la única inclusión financiera que vale la pena en sentido social, de equidad y con fines precisos de reducción de la pobreza.

The housing credit as well as the productive credit, increase employment, investment, productivity and the long term growth rate of the economy, and under certain conditions, contributes to alleviating poverty. This is because access to credit promotes equality of opportunities, smoothes the consumption over time and allows the reallocation of resources to more efficient uses. In this sense, microfinance has proven to be an effective mechanism of poverty reduction and for promotion of social inclusion, although it has not been a sufficient condition to achieve those objectives.
 
As known, the lower income workers hold more precarious and unstable jobs, have no collateral, and have greater vulnerability to inflation and other conditions of macroeconomic instability. That why they may be credit rationed due to these drawbacks and to market imperfections that affect both supply and demand.
 
From Argentina’s perspective, comparing the recent experience with the one of other countries in the region, we find that local microfinance sector is underdeveloped and limited to microcredit. This featured is motivated by the existence of certain obstacles. Among these hurdles there are: market failures associated with asymmetric information, insufficient or lack of funding for institutions that provide microcredit, the discriminatory tax treatment to informal micro-borrowers, relatively high labor costs faced by microfinance institutions, the little or none regulation of entities operating in the sector, lack of collateral or guarantees, and high operating costs incurred by microfinance institutions (hereinafter MFI) to monitor the loans.
 
To our knowledge, the information about the true size of the argentine microfinance market is scant or non-existent, due to a limited knowledge of the demand among other reasons. Although previous studies attempted to provide estimates about this demand, they are outdated, have been discontinued in time or suffer from some methodological shortcomings. In this sense, a central problem of the microfinance market in Argentina is the failure of MFIs to expand and reach out their demand. And that is due precisely to the limited knowledge about the actual and particularly the potential demand they face.
 
In our paper, we try to fill that gap in the literature and based on household surveys[1] we estimate the determinants of the probability of prospective microcredit demand. More specifically, we quantify, characterize and enquire about the extent in which urban households socio-economic and demographic characteristics influence in people’s propensity to ask for a microcredit, either for productive purpose or housing.
 
We contribute to the literature on financial inclusion and microfinance in developing countries in at least three respects: First, It is the first study on the determinants of the prospective demand for microcredit in Argentina using binary econometric estimation techniques (Logit). Second, we explain the prospective behavior of such demand in contrast to the overwhelming amount of literature that focuses on past demand or a broader access to financial services, including microcredit. And third, we separate out potential demand for productive microcredit from housing microcredit, unlike previous literature. The latter is based on the vast unmet demand for housing microfinance observed in Argentina.
 
We arrived at the following conclusions:
 
• We found a total of 2.080.187 individuals earning two or less minimum wages (i.e. the potential demand) that would "request a housing loan, consumption or a productive venture in the next 12 months”. From these individuals, 10% are unemployed, 45% are informal employees and 45% are formal employees.
 
• The potential demand is highly concentrated: 53% of it is located in the Greater Buenos Aires area. That proportion goes up to 77 % when including the urban areas of Córdoba, Rosario and Tucuman.
 
• The proportion of potential applicants for microcredit with access to banking services does not exceed 40%.
 
• Most of the potential applicants for housing credit are already owners (57%) living in houses (86%). The use of microcredit, in perspective, we conjecture would serve to expand or renovate an existing home or building "social" housing in the best of cases.
 
• Through our econometric estimation, we found that the main factor determining whether the person would request a microcredit next year is the occupation (if the person is employed and the type of employment). In this sense, the hypothesis that the greater the informality of the current occupation, the greater the probability of seeking a productive microcredit was confirmed.
 
• The propensity to apply for a microcredit is independent of the educational level attained by the respondent of the survey and age is positively related to the probability of applying for a microcredit although decreasing mode when the life cycle progresses.
 
• At the same time, we note that the purpose of microcredit is essential to understand the demand. For instance, women show less marginal propensity to apply for productive microcredits than men, counterintuitive of the popular belief about "social micro-entrepreneurial woman".
 
• Last, the fact that the person has applied for and obtained a loan the previous year is related to the propensity to borrow next year. However, this result is consistent with the pattern of demand for housing credit, not that of demand for productive purposes.
 
Based on the results of this research, one final corollary will be that policies of encourage or access to microcredit must be differentiated according to kind of loan. Particularly for Argentina should contemplate the local appetite to repair, expand or finish a house in order to improve living conditions and social welfare accordingly.
 

[1] Based on the data gathered from Social Debt Survey of the Catholic University Argentina 2011, a stratified sample of 5.713 housing in urban areas across the country
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Bibliography
Carballo, I.; Grandes, M. y Molouny, L. (2016). Determinantes de la demanda potencial de microcrédito en Argentina. Cuadernos de Administración, 29 (52), 199-228. http://dx.doi.org/10.11144/ Javeriana.cao29-52.cddp
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