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Vaca Muerta y el sueño del autoabastecimiento

28/12/2016

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Publicado en diario El Economista (Edición Impresa) - 27-12-2016
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Durante 2010 se comenzaba a vislumbrar la posibilidad concreta de perder el autoabastecimiento energético. En aquel entonces, las importaciones de gas eran una realidad en Argentina. En ese contexto se incorpora un nuevo vector a la ecuación energética nacional: la existencia de una prominente reserva de hidrocarburos no convencionales. El sueño de recuperar el autoabastecimiento energético renacía a la luz del yacimiento Vaca Muerta.

Los números
Las primeras noticias sobre los hallazgos de gas y petróleo no convencional en Argentina se conocieron entre 2010 y 2011. Sin embargo, hacia dentro del sector era sabido desde hace muchos años la existencia de la formación localizada mayormente en el subsuelo de Neuquén. No obstante, su explotación no era factible con los métodos de producción vigentes. En términos técnicos, los recursos no podían ser transformados en reservas disponibles por restricciones económicas tecnológicas.

Extraer petróleo y gas con técnicas no convencionales tiene un costo superior al de la producción realizada con los tradicionales pozos verticales. Las formaciones como Vaca Muerta requieren perforar pozos a una gran profundidad y realizarse de manera horizontal, lo cual implica la utilización de una tecnología especial no producida en el país.

Los problemas
Pero el factor tecnológico no es el único limitante, la incertidumbre geológica también juega un papel importante. En los yacimientos convencionales los fluidos se encuentran en trampas (una especie de fosa subterránea), lo cual permite determinar el volumen de gas y petróleo posible de extraer. Por el contrario, en los depósitos como Vaca Muerta, los hidrocarburos se encuentran dispersos en el subsuelo, razón por la cual se deben generar las trampas con explosiones y por medio de la fractura hidráulica con el afán de orientar la producción a gas o petróleo según las características del subsuelo a explotar. Este hecho dificulta aún más su estimación certera.

En el caso puntual de Vaca Muerta, la Agencia de Información del Departamento de Energía de los Estados Unidos estimó que los recursos potenciales ascenderían a 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 trillones de pies cúbicos de gas. Esto es equivalentes a 11 y 64 años, respectivamente, de las reservas comprobadas para ambos hidrocarburos en el año 2013.

Aunque técnico, otro aspecto fundamental (y el más polémico en términos ambientales) es la mayor utilización de agua en el proceso de fractura de los pozos en la producción de hidrocarburos no convencionales. Mediante dicho proceso, una parte del agua se mezcla con arenas especiales y una serie de químicos para retornar luego a la superficie junto con los hidrocarburos. Aunque el agua sucia puede ser re utilizada en el proceso de fractura (flowback), son comunes los movimientos ambientalistas que se oponen fervientemente a dicho método.

Hundir capital
Al margen de estas variables, cuando se lanzó el Plan Estratégico de YPF en 2012, el presidente y CEO de la compañía en aquel momento, Miguel Galluccio, dijo que se iban a necesitar US$ 37.000 M de inversión en cinco años para desarrollar Vaca Muerta. Las tres fuentes de financiamiento planteadas en aquel entonces fueron el aumento en el precio de los combustibles, la toma de préstamos en el mercado internacional y la inversión de petroleras extranjeras.

Posteriormente, se firmó un acuerdo de asociación entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron en 2013. El mismo planeaba llevar adelante un plan piloto de desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta dentro del área Loma la Lata Norte – Loma Campana. YPF aportaba la concesión del área y ambas compañías compartirían los costos de exploración, explotación, conocimientos y tecnología. Posteriormente, grandes petroleras como Exxon, PAE, Petrobras, Shell, Total y Wintershall se interesaron en la formación neuquina. En la actualidad, estas compañías se encuentran desarrollando proyectos piloto de exploración en distintas áreas de Vaca Muerta.

Barril bajo
Pero el sueño de Vaca Muerta se vio eclipsado por un factor no previsto en aquellos días. En aquel entonces, un barril de petróleo con una cotización en torno de los US$ 100 hacia rentable la producción en Vaca Muerta. Este panorama cambió a fines de 2014 debido al aumento en la producción de los yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, sumado a la producción récord en países de la OPEP, principalmente Arabia Saudita. La sobreproducción petrolera a nivel mundial resultante derrumbó elprecio del barril de crudo por debajo de los US$ 50, dificultando la producción de gas y petróleo no convencionales.

Los desafíos
En este escenario, para sostener la actividad petrolera y mantener los empleos en el sector el Gobierno de Cristina Kirchner acordó inicialmente en 2015 con las petroleras un precio interno para el barril de petróleo de US$ 77, que luego fue renegociado a la baja, estableciendo un nuevo precio de US$ 67. Actualmente, el gobierno de Mauricio Macri se encuentra en negociaciones con el sector petrolero para acercar el valor del barril interno a los precios internacionales, rondando un valor de US$ 50 en la actualidad.

Reducir el precio interno de referencia del petróleo tendría un doble impacto en términos de actividad económica. Por un lado, se estimularía una potencial baja en el precio de los combustibles, reduciendo los costos de transporte del conjunto de las actividades productivas. El aspecto negativo se encontraría en la posible reducción de las actividades de perforación en la zona, agravando la situación actual en la que empresas como YPF ya redujeron la cantidad de equipos en operación, con la consecuente reducción de empleos y la menor contratación de servicios petroleros asociados.

En conclusión, el principal desafío que implica Vaca Muerta en la actualidad sigue siendo atraer inversiones en un contexto de bajos precios del petróleo y, a la vez, reducir los costos de operación a medida que se incorporan nuevos conocimientos sobre las características geológicas de la formación. Además, si tenemos en cuenta que el monto de inversión anual necesario para sustituir importaciones de gas en al menos 75% alcanza unos US$ 10.000 M, se deberá contar indefectiblemente con la concurrencia del sector privado además de YPF. Repartir los costos monetarios y de aprendizaje, además del acceso al financiamiento de largo plazo son medidas necesarias para transformar el sueño en realidad.

Ignacio E. Carballo - Franco Sacchetta - Martín Acosta

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El país está subdesarrollado en Inclusión Financiera

28/12/2016

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Entrevista publicada en diario El Economista (Edición Impresa) - 22-12-2016
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La Universidad Católica Argentina (UCA) acaba de lanzar el curso de posgrado “Inclusión financiera, microfinanzas y desarrollo”. Es un curso prometedor por la temática, que viene en ascenso y hoy está en la agenda de los policy-makers locales y también en los business plans del sector privado. Avanzar hacia allí (hay mucho catch-up por hacer aún) precisará de expertos para poder implementarla exitosamente la agenda, conociendo las mejores prácticas internacionales y los desafíos típicos que pueden surgir en el camino. El Economista dialogó con Diana Schvarztein e Ignacio Carballo, magisters en microfinanzas para el emprendimiento por la Universidad Autónoma de Madrid y miembros del cuerpo docente del curso, sobre la instancia educativa que proponen y sobre dónde está parada Argentina en esta materia.

¿A quién está apuntado el curso y cuáles son sus expectativas?
Carballo: El lanzamiento de este programa inédito cobra relevancia en un escenario donde la inclusión financiera se trata (hasta ahora) sólo de manera tangencial en un reducido número de asignaturas y de programas desarticulados en el país. De este modo, se intenta marcar un piso al debate, reafirmando la necesidad subyacente y adelantada por los principales lineamientos internacionales de que la inclusión financiera es una condición necesaria para el desarrollo sostenible. El esquema anual consta de seis asignaturas troncales que mezclan contendidos prácticos y teóricos de vanguardia. Así, durante el primer semestre los alumnos abordarán tópicos de finanzas y mercados de capitales, análisis económico y técnicas de inferencia estadística. En la segunda mitad del año, los participantes estudiarán en profundidad los avances más recientes en torno a la Inclusión Financiera. Para ello, se impartirán clases sobre evaluación privada y social de proyectos, desarrollo económico e institucional, y una asignatura inédita en el país sobre inclusión financiera y microfinanzas. Esta especialización ofrece un programa académico integral en inclusión financiera, otorgando sólidas herramientas de análisis y competencias profesionales. Está dirigido a un público formado por profesionales de instituciones financieras, funcionarios del sector público, personal de instituciones microfinancieras y entidades sociales, ONG’s, e individuos con particular interés en desarrollar su carrera en el área de las finanzas inclusivas y el desarrollo sostenible. Nuestras expectativas son instaurar de manera definitiva el tópico dentro del mapa académico nacional.

¿Qué es, técnicamente, la inclusión financiera?
Schvarztein: Técnicamente, podemos definir a la inclusión financiera como una situación en la cual tanto individuos como emprendedores tengan el acceso pero también la capacidad de utilizar servicios financieros adecuados a sus necesidades. A la fecha, alrededor de 2.000 millones de personas adultas no poseen cuentas bancarias en el mundo. Para más, mientras esa cifra representa sólo el 11% de los adultos en las economías de ingresos altos, dentro de la población adulta con ingresos inferiores a US$ 2 al día la misma asciende al 77%. En otras palabras, tres cuartos de los pobres del mundo carecen de una cuenta bancaria. Sin embargo, el 55% de quienes piden préstamos en las economías en desarrollo recurren a fuentes informales de financiamiento (amigos, familiares o prestamistas a tasas usureras). De este modo, podemos definir más claramente a la inclusión financiera como el fenómeno global que busca revertir dicha exclusión con miras a la reducción de la pobreza.

¿Cómo está parada Argentina en términos relativos y cuánto margen tiene para aumentar su inclusión?
Carballo: Argentina se encuentra subdesarrollada en términos de bancarización. Nuestro país presenta niveles tanto por debajo del promedio mundial (52%) como del de América Latina (51%). En los hechos, los niveles de bancarización son equivalentes a aquellos de países como Botswana, Belice o Argelia. Sin embargo, esto no implica que no se hayan realizado importantes avances en nuestro país. Según el informe del FMI del 2014, Argentina fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos. Mientras que en 2011 sólo el 19% de las personas más pobres tenía acceso a una cuenta bancaria, en 2014 dicha proporción trepó al 44%, superó las tasas de crecimiento promedio del mundo. No obstante, la inclusión financiera es una variable intrínsecamente más amplia que la simple bancarización, por lo cual aún resta mucho por hacer.

¿Cuáles son los beneficios generales de la inclusión financiera?
Schvarztein: Las bondades de un sistema financiero desarrollado, fluido e inclusivo son diversas y abarcan tanto el aspecto microeconómico como el macroeconómico. Para el individuo incluido, suavizar los patrones de consumo, planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud y la volatilidad de ingresos o realizar inversiones (no solo en emprendimientos productivos sino en salud, vivienda y educación), son solo algunas de las tantas bondades que ha sabido demostrar la evidencia empírica. Desde el aspecto macroeconómico, la creación de empleo (especialmente de un fuerte tejido pyme), la reducción del riesgo y los costos bancarios, la estabilidad financiera, el incremento de la economía formal, el estímulo a la actividad económica y la reducción de la pobreza son los fines que justifican el impulso a la inclusión financiera desde las principales economías y organismos internacionales.

El principal policy-maker para esta cuestión, imagino, debe ser el BCRA. ¿Qué está haciendo para potenciar la inclusión y que podría hacer que no está haciendo?
Carballo: Efectivamente, la nueva gestión del BCRA ha incorporado el tópico como un objetivo primordial en su agenda con el afán de impulsar un país con más inclusión financiera. En palabras de su presidente, se desea impulsar un sistema financiero más profundo, ágil y desarrollado, que sea el vehículo por el cual se pueda concretar el sueño de un país con igualdad de oportunidades. La estrategia vigente comprende impulsar un mayor acceso y uso de servicios financieros para la población en general e incrementar el acceso a financiamiento por parte de las pyme y agentes en la base de la pirámide social (el microcrédito). Para ello, de las medidas más destacadas al momento se encuentra el impulso a la digitalización financiera, sin embargo se esperan importantes medidas para el 2017.

¿Qué podrían ganar los bancos con la inclusión?
Schvarztein: Desde el punto de vista rentístico, el principal incentivo para fomentar la inclusión financiera que tienen los bancos tradicionales (no aquellos que brindan microfinanzas entre sus servicios), es aquel de incrementar exponencialmente su cartera de clientes. Con la incorporación, apoyo técnico y seguimiento de sus clientes más pequeños, las entidades bancarias están invirtiendo en lo que serán sus futuros ahorristas y prestatarios. Sin embargo, la inclusión financiera se orienta también a promover la reducción de la mora, los riesgos de cartera y fomentar la estabilidad de las entidades y la mayor confianza en ellas.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein 

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Cambios de Gobierno en Iberoamérica. ¿Se abre un nuevo ciclo de endeudamiento?

14/12/2016

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Publicado en diario Notimérica | Europa Press -  14-12-2016
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Desde mediados de los noventa y hasta entrados en el siglo XXI, la economía mundial presenció lo que la literatura denominó “una serie de crisis financieras sistémicas en las economías emergentes”. Comenzando con México en 1994, los países del Este Asiático en 1997 (que involucró a Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas), Rusia en 1998, la crisis de balanza de pagos en Brasil en 1999 y, como el último eslabón de la cadena, la crisis argentina que comienza a gestarse en 1998-99 pero se precipita a fines del 2001. Uno de los elementos distintivos de las crisis en los años noventa fue su rápida propagación hacia otros países y regiones. En América Latina, el canal conductor de la época fue el peso de la deuda externa pública y privada.
​

El economista argentino Guillermo Calvo, quien predijo la crisis mexicana en los noventa, fue quien instaló por primera vez el término “efecto contagio” en referencia a la réplica de la crisis de un país en otras economías de la región. Sin embargo, actualmente sabemos que no sólo las crisis se trasladan, sino también las tendencias políticas-económicas.

Por ejemplo, diversos politólogos y sociólogos atribuyen el resultado del referéndum de paz con las FARC en Colombia e incluso la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, al “Efecto Brexit”  influido a su vez por el referéndum griego en 2015. Esta tesis hace alusión a una tendencia global de pensamiento antisistema de la población, caracterizada por la falta de confianza y representatividad en los partidos políticos que se habría retroalimentado con el devenir de los sucesos globales. 

Si tenemos en cuenta esta mirada integral ¿Podemos preceder una nueva ola de endeudamiento en América Latina?. Sin ir más lejos, los procesos de endeudamiento externo en casi toda la región presentan rasgos en común. Por ejemplo, el grueso de los mismos se remonta en su conjunto a la década del setenta, una época caracterizada por las bajas tasas de interés y la amplia liquidez mundial que brindaba facilidades para acceder a créditos externos con el afán de financiar el crecimiento. Similares condiciones a las actuales.

Pero un factor más importante aún es la posición de México, Argentina y Brasil. Las tres economías han sido históricamente referentes en procesos políticos y económicos dentro del continente. Es por eso que para identificar tendencias regionales es mandatorio analizar los cambios de gobierno y políticas económicas en los tres países.

En esta línea, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien reemplazó a Felipe Calderón, elevó el endeudamiento público del 36.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al 50.5% desde el inicio de su administración en 2012 al 2016. 

Según los datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, corresponde al mayor endeudamiento mexicano del Siglo XXI. Especialistas alertan que la deuda externa del sector público ha venido experimentando un peligroso crecimiento desde el inicio de la crisis internacional, puesto que en 2008 equivalía a 2.7 % del PIB, al año siguiente pasó a 9.4% y actualmente se ubica en 16.1%. Cabe aclarar que en 1995 la deuda pública externa de México equivalía al 26.5% del PIB.

En Argentina, según datos oficiales del Ministerio de Economía, la gestión del nuevo presidente Mauricio Macri ha emitido deuda por 46.796 millones de dólares a tan sólo 11 meses de gobierno. 

La emisión de bonos por parte del gobierno, provincias y bancos argentinos en lo que va del año se disparó desde el acuerdo con los Holdouts y ya supera las reservas que posee el Banco Central. El endeudamiento fue tan brusco, que el diario Financial Times lo llamó "la mayor emisión de deuda de un país emergente desde 1996". En términos relativos, la deuda pública argentina queda cerca de los 200.000 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 22.5 % en el stock de deuda del país y representa casi el 30% de su PIB. En términos de endeudamiento externo, estimaciones privadas lo ubican en torno del 21% del PIB para 2016 y lo proyectan al 24% para 2017.

Por su parte, en Brasil, el presidente interino Michel Temer que asumió el pasado 31 de Agosto debido a la decisión del Senado Federal de destituir a Dilma Rousseff, pareciera haber revertido en pocos meses el proceso de desendeudamiento que atravesaba el país. La potencia sudamericana, que había logrado reducir el peso de su deuda pública de un 78.8% del PIB en el año 2002 a niveles del 63.3% en 2014, se enfrenta actualmente políticas de ajustes y endeudamiento. 

Así, según datos del Tesoro Nacional, la deuda pública federal registró un crecimiento del 3.1% en septiembre alcanzando los 954.000 millones de dólares mientras que la deuda externa llegó a los 38.820 millones reflejando un incremento del 0,81% mensual. En este sentido, en materia económica y pesar del corto mandato, pareciera coincidir en términos relativos con las políticas económicas de México y Argentina.

En conclusión, actualmente es sabido que, a pesar de las bondades que los recursos financieros ofrecían en el corto plazo décadas anteriores, los servicios de la deuda representaron un verdadero obstáculo para el desarrollo de los países latinoamericanos. El acelerado endeudamiento de la región, en aquel entonces influenciado por un paradigma de laissez-faire, libertad económica y auto regulación, se ha manifestado posteriormente en grandes desequilibrios macroeconómicos y crisis de balanza de pagos frente a cambios en el contexto internacional. Cabe preguntarnos entonces y de cara un futuro incierto ¿Quién pagará lo que parece un nuevo ciclo de endeudamiento?

Ignacio E. Carballo - Sergio Morales

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La alternativa Nuclear en Argentina

5/12/2016

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Publicado en diario El Economista (Edición Impresa) - 05-12-2016
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En el año 2004, la gestión anterior ponía en marcha el denominado Plan Energético Nacional (PEN), el cual sostenía en sus raíces la necesidad de ubicar la energía al servicio del desarrollo industrial y de la calidad de vida de la población. Esto implicaba como principal desafío diversificar la matriz energética nacional, donde la dependencia de hidrocarburos en la producción es alarmante (explican casi el 85% de la oferta energética local). En ese sentido, el PEN diagramó, entre otras cosas, el Plan de Reactivación Nuclear con el afán de recuperar la generación nucleoeléctrica del país.

Nos referimos a recuperación nucleoeléctrica puesto que a partir del año 1984 se gesta un proceso de vaciamiento en toda la cadena de producción que comprende a la industria nuclear. Basta recordar lo sucedido con el ambicioso Plan Nuclear Argentino aprobado por el decreto Nº 302/79 en febrero de 1979 que proyectaba la construcción de cuatro centrales nucleares de 600 MW de potencia, cuya primer central debía estar terminada para el año 1987 y la última construcción estaba prevista para el año 1997.

Si bien este decreto fue muy importante pues brindaba de sustento jurídico a la iniciativa de consolidación de un plan nuclear, ya reducía en dos la cantidad de centrales nucleares planificadas por la Secretaría de Estado de Energía en el denominado Plan de Equipamiento Eléctrico Nacional en 1977 (que comprendía la construcción de seis centrales). A su vez, la construcción de la primera central que comenzó en el año 1980 (Atucha II) no fue terminada y puesta en operación hasta el año 2014. Esto da las pautas que, a pesar de contar con un decreto y respaldo por las puestas en marcha y funcionamiento de Atucha I (1974) y Embalse (1983), el programa nuclear comenzó a declinar a partir de 1984.

Este proceso de declive que comprendió más de veinte años de vaciamiento de la industria nuclear, implicó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedara relegada principalmente a proyectos de investigación científica y determinó la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en el año 1994 como principal actor del sector. Finalmente, enmarcado en el PEN, surge el Plan de Reactivación Nuclear en el año 2006 buscando desarrollar nuevos proyectos y reactivar antiguos fijados en el mencionado decreto N° 302/79 pero que habían sido interrumpidos durante el proceso de vaciamiento.

Entre otras cosas, el plan comprendió la mencionada finalización y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, sincronizada a la red eléctrica en junio del 2014. También implicó la implementación del Proyecto Carem-25, que está gestionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y tendrá capacidad de generar 27 MW (lo que equivale a producir energía eléctrica para aproximadamente 100.000 habitantes). A su vez, proyectó la construcción de las nuevas Centrales Nucleares IV y V, donde la primera comprende una planta nuclear con reactor de tipo Candu (similar a la Central de Embalse) y la segunda una central nuclear de potencia con tecnología de uranio levemente enriquecido y agua liviana.

Un hito a destacar del Plan de Reactivación Nuclear fue comenzar con el ambicioso Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse, el cual comprende la salida de servicio por dos años a los fines de realizar las tareas críticas que permitirán prolongar su vida útil. Nucleoeléctrica  Argentina S.A. se encuentra llevando a cabo este proyecto, el cual contempla como tareas principales el cambio de los tubos de presión, los generadores de vapor, las computadoras de proceso y la repotenciación de la planta que pasará de generar 648 MW a 683 MW.

Actualmente, se encuentra en ejecución la fase tres y corresponde a uno de los proyectos más importantes de obra pública a nivel nacional. Gracias a él, la Central podrá estar operativa por 30 años más y sustituiría el consumo de aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año sin emitir gases de efecto invernadero.
​

En conclusión, se torna necesario dar continuidad y profundizar a este proceso durante los años venideros. Promover la política nuclear de largo plazo implicaría una creciente demanda, participación y desarrollo tanto de proveedores locales como de técnicos e ingenieros argentinos. Para más, haría esperar una participación creciente de la generación nucleoeléctrica en la matriz energética nacional, reduciendo así la férrea dependencia hidrocarburífera que azota a la política energética argentina.

Ignacio E. Carballo - Franco Sacchetta - Martín Acosta

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