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Argentina sede del FOROMIC: un impulso a la inclusión financiera

26/2/2017

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Publicado en OBSERVANTO | Análisis Internacional - 26-02-2017
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Tras el cambio de ciclo político suscitado en diciembre 2015, la nueva administración gubernamental en Argentina se propuso en materia de política exterior insertarse de manera estratégica al mundo. Así, en términos de la canciller Susana Malcorra, el país debía avanzar en una incorporación “inteligente” al orden internacional. La integración y posicionamiento en el complejo entramado de relaciones internacionales, en organismos regionales e internacionales, y en la planificación de relaciones bilaterales y multilaterales requiere una previa y clara hoja de ruta en donde las prioridades internas en materia económica, política y social sean las que orienten y guíen aquellas relaciones. 

En esta línea, el contexto actual en Argentina presenta un importante desafío: la reducción de pobreza y desigualdad. El país se comprometió con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman una nueva agenda internacional para el desarrollo sostenible esgrimida por Naciones Unidas en 2015. Con ello, entre otros propósitos, se asume la responsabilidad de paliar las raíces estructurales de la pobreza, indigencia e inequidad. Sin embargo, según el último informe publicado por el INDEC, la pobreza en el país asciende a un 32,2% de la población y la indigencia al 6,3%. Seguidamente, y aunque muchas veces relegado en su agenda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en conjunto a otras entidades gubernamentales y privadas), tiene un rol fundamental en la lucha contra este flagelo. A modo de ejemplo conocido, por un lado, a través de su Secretaría de Relaciones Económicas con la promoción y el fomento del país como destino de las inversiones y su radicación en forma de inversiones productivas para la creación de empleo. Pero también, por otro lado, desde el área de Coordinación y Cooperación internacional a través de la ejecución de políticas de promoción comercial y cooperación en la agenda internacional.

En relación a esta prioridad es que no resulta un dato menor que Argentina sea la sede del Foro Inter-Americano de la Microempresa (FOROMIC) a realizarse en el mes de octubre. Este evento, el más importante a nivel regional en su tópico, es organizado por el Fondo Multilateral de inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el mismo se reunirán durante tres días los principales expertos internacionales en tópicos de inclusión financiera, instituciones microfinancieras, empresas privadas, cooperativas, ONG´s, y otras entidades que proporcionan servicios financieros y de desarrollo empresarial para microempresarios. 

Para Argentina y su política exterior, es un hito fundamental que el FOROMIC tenga sede en el país después de 18 años (la última vez fue en 1999, un año después de haber sido creado el evento). Constituye, a su vez, un importante avance en línea con el trabajo que el gobierno viene realizando desde distintas esferas del sector público. Por ejemplo, en el esfuerzo por insertarse en foros internacionales realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Pero también se alinean y profundizan las iniciativas que viene ejecutando el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en la temática, y con otros importantes acontecimientos relevantes como la visita de la Reina Máxima el año pasado impulsando toda una agenda en inclusión financiera que incluyó la estrategia nacional en inclusión financiera en la que se encuentran trabajando el BID y el BCRA. 

De esta manera, este evento de relevancia internacional y alcance mundial, es una oportunidad invaluable para potenciar la visibilidad del país y sus principales logros en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, para destacar que Argentina fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos en toda la región durante los últimos años. Pero también resalta la necesidad de enfrentar y trabajar arduamente en sus principales desafíos, como el hecho de que aún más del 50% de la población adulta no posea una cuenta bancaria.

En relación al trabajo pendiente, el país podría exponer sus limitaciones para el crecimiento del sector en donde una de las principales es aquella asociada al fondeo internacional. Dando a conocer a los fondos internacionales de inversión en microfinanzas la potencialidad de nuestros emprendedores y la atractiva demanda potencial de microcréditos (que asciende a más de un millón y medio de individuos) posiblemente se puedan articular fructíferas relaciones y alianzas tanto para el ecosistema emprendedor como para las entidades financiadoras externas. El país cuenta con una alta potencialidad emprendedora y con muchos casos de éxito, saber exponer estas oportunidades de inversión al mundo sería sumamente positivo para la política local y el sector en su conjunto. 

En resumen, desde la nueva gestión se ha establecido una agenda internacional de integración y apertura. Así, y de cara a eventos futuros como la reunión del G-20 a realizar en 2018, que Argentina sea anfitriona del FOROMIC constituye una oportunidad estratégica de insertarnos al mundo y en la política internacional con un rol de liderazgo en la temática de inclusión financiera, asunto esencial para el crecimiento y desarrollo sustentable.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

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Más allá de la guerra al efectivo: inclusión financiera en el sector bancarizado

19/2/2017

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Publicado en diario PERFIL (Edición Impresa) - 19-02-2017
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La inclusión financiera es un fenómeno que se ha popularizado y fortalecido de manera reciente en el mundo y en nuestro país a raíz de las políticas impulsadas por la nueva gestión del BCRA. Desde su incorporación en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a fines del año 2015, diversos gobiernos y organismos multilaterales han avanzado en alianzas con el afán de facilitar políticas de acceso a servicios financieros a la población excluida de la banca tradicional. Con 2 mil millones de personas adultas que no poseen cuentas bancarias en el mundo, motivos para aunar esfuerzos en dicha dirección hay de sobra. 

Sin embargo, la inclusión financiera es un concepto ampliamente superior al de la mera bancarización. Cuando se habla de inclusión financiera, también se contemplan variables como la reducción de riesgos y costos bancarios, la creación de empleo, el incremento de la economía formal y hasta la estabilidad del sistema bancario. Una definición holística de inclusión financiera refiere a una situación en la cual tanto individuos como emprendedores tengan el acceso pero también la capacidad de utilizar servicios financieros adecuados a sus necesidades, abarcando así un amplio abanico de servicios financieros como los medios de transferencias, ahorros, depósitos, seguros y capital de riesgo, entre otros.

La Argentina, como lo resaltó la reina Máxima en su visita al país citando los cálculos del FMI, al año 2014 fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos. Mientras que en 2011 sólo el 19% de las personas más pobres tenía acceso a una cuenta bancaria, en 2014 dicha proporción trepó al 44%, superando las tasas de crecimiento promedio del mundo. No obstante, y como dijimos, esto no implica que dichos individuos se encuentren incluidos financieramente.

Muy por el contrario, según denotó recientemente el Banco Mundial, el 20% de las personas con cuentas bancarias en Argentina las tiene sólo para cobrar subsidios y, de éstas, el 76% tiene el hábito de extraer todo apenas se ha depositado. Para peor, dicho hábito no se limita únicamente a los receptores de planes sociales y subsidios, en el país el 80% de los empleados registrados que reciben sus haberes en una cuenta bancaria retiran la totalidad de sus salarios al momento de ser acreditados. Congruentemente, un 12% de los empleados formales parece no hacer uso alguno de su cuenta bancaria pues no habría realizado depósitos o extracciones durante los últimos doce meses y, del total de la población que tiene una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria (44%), sólo el 25% habría ejecutado algún pago con ella. 

De esto se desprende la problemática dual en materia de inclusión financiera que enfrenta actualmente la Argentina. Por un lado, nuestro país aún presenta niveles de bancarización por debajo de la media en la región (51%). Por otro, como se traduce del párrafo anterior, aquel sector bancarizado presenta escasos usos y prácticas en la interacción y utilización de servicios financieros.

En otras palabras, estos guarismos exponen a las claras que el desafío de la inclusión financiera en Argentina no se limita únicamente a los más vulnerables ni a los trabajadores informales. El país debe avanzar en profundizar otras dimensiones de la inclusión financiera, lo cual implica indefectiblemente trabajar en el sector ya bancarizado. Los motivos por los cuales las personas incluidas en el sistema financiero no hacen uso efectivo de sus beneficios son muchos y diversos. Van desde razones impositivas hasta una escasa educación financiera o bien la mera desconfianza frente al sector bancario generada por las distintas crisis locales. Así, todos ellos y muchos otros han sabido “excluir a los incluidos”.

Muchas veces, la problemática del acceso propia de los excluidos del circuito financiero es reemplazada por el dilema de los usos e interacción con el sistema. En este contexto, no resulta casual que uno de los pilares de la estrategia nacional de inclusión financiera tenga como centro la promoción de educación y alfabetización en la temática. A través de ella se conocen e identifican los principales beneficios de la bancarización, como son la formalización, la seguridad en los ahorros y transacciones, el acceso a otros servicios (ahorros y seguros, entre otros), el control de gastos, las transferencias sin cargo, etc.

En resumen, el necesario proyecto de bancarizar el país tiene un doble desafío que se resume en reducir la brecha existente en el acceso y el uso de los servicios financieros. De cara a la formulación de futuras políticas de inclusión financiera, podemos remarcar que la digitalización e incentivo a la aceptación de pagos digitales, una profunda educación financiera, una recuperación y paulatina confianza hacia el sistema bancario por parte de los clientes (cuyas instituciones deberán retribuir con ciertos incentivos y estímulos), serán requisitos excluyentes tanto para los que aún no poseen cuentas bancarias como para aquellos que forman las listas de clientes de las entidades financieras tradicionales.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

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Precios transparentes ¿y regresivos?

13/2/2017

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Publicado en diario PERFIL (Edición Impresa) - 12-02-2017
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Tal y como su nombre lo indica, el recambio de gobierno hacia la coalición Cambiemos en diciembre de 2015 trajo consigo aparejada una visión distinta sobre la política y la economía. El inicio del mandato les presentó un país con graves síntomas, sin un diagnostico oficial (sin estadísticas oficiales) y, por supuesto, sin un tratamiento a la vista. En pocas palabras, con una “pesada herencia”.

De este modo, la actual gestión entendió que la raíz principal de la enfermedad era la inflación y que erradicando este problema, el avanzar en las otras problemáticas sería de fácil solución. Así, por un lado se redujo profundamente la emisión monetaria y desde el Banco Central se subieron fuertemente las tasas de referencia, buscando así enfriar una economía, que se entendió como “recalentada”. Por otro lado, el déficit fiscal se mantuvo, intentando morigerar los efectos negativos sobre el consumo. Consecuentemente, a poco más de un año de gestión, la inflación pareciera descender (aunque más gradualmente de lo deseado entre quita de subsidios e incrementos tarifarios), mientras que la inversión (detenida) y el consumo (estancado) supieron esgrimirse como los grandes ausentes en la ecuación económica nacional.

Los manuales más tradicionales explican que en una economía carente de inversiones (es decir, que no puede incrementar la oferta), se canaliza el exceso de demanda hacia los precios. De este modo, las medidas tomadas sacarían dinero de circulación dando una opción financiera atractiva para competir con el consumo. Debe entenderse que en épocas de inflación, el consumo suele ser la mejor alternativa ante la rápida desvalorización del dinero.

El problema parece haber sido que las medidas duraron demasiado tiempo, las inversiones prometidas nunca llegaron y la economía pasó de la heladera al freezer contrayendo drásticamente la actividad. En este contexto, se buscó la recomposición de los márgenes de ganancia de las empresas de servicios (y reducir subsidios) pero, lógicamente, los aumentos en los distintos servicios no ayudaron a revertir la caída en el consumo, sino que la profundizaron. En este escenario, a partir del mes de febrero se implementó la medida llamada Precios Transparentes.

Esta política obliga a los comercios a diferenciar el valor del producto al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) de la opción en cuotas, obligando a separar el costo de financiación. El argumento esgrimido por el Gobierno que justifica la medida es que los precios al contado llevan incluidos los costos financieros del esquema de cuotas sin interés (los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación en cuotas “sin interés”).

El efecto de máxima deseado fue bajar los precios entre un 15% y 20% al contado (supuesto costo financiero incluido en la modalidad anterior) mientras que en cuotas se debiera mantenerse el valor original del producto. Esto es, disminuir el precio al contado y sostener el valor financiado similar al que existía antes del plan. Para ejemplificar, el precio de un producto era $ 100, a ser pagado hasta en 12 cuotas sin interés. Hoy el precio debería ser de $ 85 y los $ 15 restantes se detallan aparte cargándolos sólo en el esquema financiado. Así, el precio no varía para quien compre en cuotas pero baja para la compra al contado.

En teoría, la medida es benéfica pues favorece principalmente a la masa poblacional que no posee tarjetas de crédito (recordemos que sólo el 44% de la población está bancarizada). En teoría, los precios bajarían. Sin embargo, como dice el dicho, “en teoría, el comunismo funciona”.

En la práctica, a menos de 15 días de implementado el plan, la realidad marca que muy pocos comercios han respetado el espíritu de la norma. Hasta el momento se han registrados productos con pequeñas reducciones de precio y muchos que tan solo incrementaron sus márgenes de ganancia, manteniendo el precio y trasladando el costo de financiamiento al consumidor, cuando antes se encontraba dentro del precio.

Siguiendo la línea del ejemplo anterior, muchos han llevado el precio a $ 95, e impuesto costos de financiación de $ 18, alcanzando un precio financiado de $ 113. Para peor, muchos otros productos no han bajado su precio, por lo que los costos de financiamiento se transfirieron directamente al precio del producto, que aumentó en un orden del 25% al 30% (Precio=$1 00, financiamiento=$ 25; Total=$ 125) con denuncias de hasta el 70%.

Lo que se concluye es que, dada la dificultad en controlar su implementación y teniendo en cuenta que no es ilegal aumentar los precios (y tampoco está capeada la tasa de financiamiento en cuotas de las tarjetas), una medida de objeto antiinflacionario podría terminar cumpliendo un objetivo totalmente opuesto en los hechos. Esto es, si bien los índices de inflación se miden con valores al contado, los efectos observados son una suerte de “inflación financiada en cuotas”, impactando nuevamente en el bolsillo del consumidor. Esto, además, se ve agravado a partir del hecho de que el impacto lo sufren aquellos individuos bancarizados que sólo pueden consumir en cuotas, es decir, quienes menos tienen (principalmente poseedores de tarjetas de compra en entidades no bancarias).

En resumen, una medida orientada a bajar la inflación y beneficiar a los más vulnerables termina, a priori, siendo regresiva en el consumo, afectando fuertemente a los consumidores en cuotas de menores ingresos y beneficiando sólo marginalmente a quienes menos tienen.


Ignacio E. Carballo - Jonatan Yampolsky

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Inclusión financiera y microcréditos como herramienta en la lucha contra la informalidad

10/2/2017

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Publicado en ACDE | Portal Empresa - 10-02-2017
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de informalidad en el empleo[1] urbano para América Latina se sitúa en valores superiores al 45%. Aunque es cierto que el fantasma del empleo no registrado acecha a otras economías y regiones del planeta, para una región que se caracterizó por sus logros en cuanto a crecimiento económico conjunto a una histórica reducción del desempleo, la informalidad plantea un desafío pendiente y prioritario.

Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son muchas y muy heterogéneas. Las principales, por supuesto, son sufridas por el trabajador y su familia quien generalmente debe someterse a empleos de menor calidad, salarios inferiores a la media, largas jornadas laborales, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema de protección social, no reconocimiento de derechos laborales, entre muchas otras.

En Argentina, según informes del mismo organismo en base a la EPH del INDEC y a la ENAPROSS II[2] del Ministerio de Trabajo de la Nación, la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores, presentando un sesgo hacia los trabajadores independientes donde la misma es cercana al 60%, mientras que en los asalariados es del orden del 35%. Siendo que los asalariados representan cerca del 75% de la masa de ocupados, y los trabajadores independientes casi un 25%, esta asimetría se replicaría de modo tal que dos de cada tres trabajadores informales serían asalariados en tanto aquel restante sería un trabajador independiente o emprendedor.

De igual modo, se entiende que el crecimiento económico es indispensable para la creación de más trabajos, pero no garantiza la calidad de los mismos ni es condición suficiente para la inclusión en el mercado laboral formal. Es requisito la aplicación de políticas que complementen al crecimiento económico y que, por sobre todo, permitan mejorar la medición y el diagnóstico para evitar caer en la precariedad laboral y la informalidad. Dentro de las posibles soluciones, la inclusión financiera, más específicamente el microcrédito, se esgrima como una alternativa poco explotada en la lucha contra la informalidad en el mercado de trabajo.

Ya sea por falta de registro laboral, garantías demostrables, ingresos suficientes, o simplemente por las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al sistema crediticio formal limitan recurrentemente a un importante segmento de la población. En este sentido, el microcrédito se ha hecho eco no solo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, sino también en las grandes instituciones financieras tanto públicas como privadas.

Más allá de lo limitada que es la información del sector, según datos del Microfinance Information Exchange[3] y los mapeos realizados por la Red Argentina de Microcrédito[4], durante el periodo 2008-2014 el número de instituciones microfinancieras habría crecido un 21% en el país, la Cartera Bruta para el periodo 2006-2013 un 792% (reflejando una tasa anual media del 113%) y la cantidad de prestatarios activos un 271% (a tasa media anual del 38%) con tasas de mora menores al 3%. Sin embargo, estos datos a priori alentadores no resisten análisis comparativo alguno con otras naciones de la región. La Argentina se encuentra dentro de los cinco países con menor cartera bruta y cantidad de micro-prestatarios activos de toda América Latina.

Para más, según el Global Microscope 2016[5], índice que evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas en 55 países, Argentina ocupa el puesto número 44. Los motivos son varios y probablemente muchos de ellos sean atribuibles a razones que afectan el ambiente de negocios en todos los sectores de la economía, no solo el microfinanciero. En este sentido, resta observar el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial (indicador que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en su conjunto), en el cual Argentina ocupa el puesto 116 entre 190 economías en el ranking global, y el 157 en el específico respecto al inicio de un emprendimiento.

Es una realidad incuestionable que el sector microfinanciero argentino se encuentra sub-desarrollado. Entre el amplio abanico de servicios microfinancieros utilizados en el mundo (microseguros, microdepósitos, microleasing, etc), en Argentina la palabra microfinanzas es casi un sinónimo de microcrédito. A pesar de ello, los micro, pequeños y medianos negocios encuentran diversos limitantes y obstáculos para acceder a dicho financiamiento, aun existiendo una demanda potencial de microcréditos latente que supera ampliamente a la oferta vigente (ésta última cubriría menos del 10% de dicha demanda potencial) reflejando así un sector con grandes posibilidades de crecimiento según los estudios realizados por la Escuela de Negocios de la UCA o bien por el Ministerio de Economía a través de Impulso Argentino (ex FONCAP)

En este sentido, la inclusión financiera y las microfinanzas (o, desde la óptica argentina, el microcrédito) podrían ser entendidas no solo como una gran oportunidad de negocios o como una herramienta más en la lucha contra la pobreza. Sino también, pensando en términos de desarrollo económico nacional, como una gran oportunidad para formalizar (monotributo y bancarización mediante) al mercado laboral. La apertura de una cuenta bancaria y el acceso a diversos productos microfinancieros es un paso inicial para el establecimiento posterior de relaciones financieras formales. Además de proveer una salida a la economía informal, el buen historial y registro bancario es condición para suscribir a diversas posibilidades de financiamiento futuras.

Por último, cabe destacar el ingreso y la ardua tarea que ya realizan algunas bancas públicas y privadas. Estas instituciones, que tienen el respaldo de la banca comercial tradicional (y en algunos casos de fondos públicos), poseen un alcance y una posibilidad de impacto mucho mayor que el espectro tradicional constituido por ONG´s o Instituciones Microfinancieras (IMF´s). Pudiendo así mediante incentivos y la educación financiera correspondiente, impulsar al registro formal de aquellos demandantes de servicios financieros y generar un impacto positivo en el mercado laboral.

La oferta de modelos es amplia. Siguiendo el modelo chileno con Banco Estado, cabría la posibilidad de que el Estado se convirtiera en un prestador directo utilizando al microcrédito como una herramienta para impulsar la formalidad y el registro de los microprestatarios. O bien mediante una alianza estratégica con el universo de ONG´s e IMF´s. Sea cual sea el modelo a seguir, de lo que no hay dudas es que la potencialidad y las bondades de la inclusión financiera tienen aún mucho por ofrecer en términos de desarrollo económico sostenible.

[1] Entendida como el no registro de la relación laboral asalariada en la seguridad social y la no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal.
[2] Encuesta de Protección y Seguridad Social.
[3] Plataforma fundada en el año 2002 bajo con el apoyo de organismos internacionales de fomento a las microfinanzas (como el CGAP del Banco Mundial).  www.mixmarket.org
[4] Entidad sin fines de lucro fundada en el año 2005.
[5] Realizado en base 12 indicadores nacionales. Con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance.

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

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"Precios Transparentes" y los posibles desincentivos a la inclusión financiera

6/2/2017

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Publicado en Bastión Digital - 06-02-2017
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A partir de febrero se implementó para todo el país el programa Precios Transparentes impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación. El régimen que obliga a diferenciar el valor del producto al contado de la opción en cuotas (separando el costo de financiación), se propone “lograr mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor”.

El argumento esgrimido para justificar la medida afirma que en los esquemas donde hasta ahora se ofrecía la posibilidad de financiar una compra en cuotas sin interés, los precios de la opción al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) en realidad trasladaban el costo financiero supuestamente no aplicado al mencionado esquema de cuotas. En otras palabras, los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación no aplicado en las cuotas, incorporando así los intereses de dicho financiamiento en los montos al contado.

En este sentido, la medida impone que en adelante cuando se ofrezca la posibilidad de comprar en cuotas, el comercio deberá informar separadamente el monto de cada una de ellas, el costo financiero total del esquema de pagos y el valor del producto al contado. Así, mediante la diferenciación, los impulsores esperan que se produzca una reducción de los precios al contado en un orden del 15% al 20%, con la posibilidad de aplicar multas de hasta 5 millones de pesos para aquellos comercios que no informen claramente cuánto cuesta un producto.

La política abre un profundo debate sobre sus posibles beneficiarios, perjudicados y consecuencias indirectas para otras medidas impulsadas por el sector público. Según la hipótesis de Comercio, los vendedores no resignan su margen de ganancia sino que inflan los precios de lista, lo cual equivaldría a aplicarle los costos de financiación de un préstamo a quienes pagan al contado perjudicando principalmente a aquellos que no pueden acceder a la opción de pago en cuotas. Como es de suponer, la masa crítica de este segmento poblacional serían aquellos individuos que no se encuentran inmersos en el sistema financiero (los no bancarizados). La pregunta que surge es: ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias del nuevo plan en la inclusión financiera nacional? 

En un país como Argentina donde el 56% de la población no posee una cuenta bancaria, parece lógico estimar que los principales beneficiarios de esta política sean los más vulnerables excluidos del sistema financiero. No obstante, tras analizar detenidamente el contexto local, podemos diagramar tres potenciales canales teóricos que podrían actuar como posibles desincentivos en dimensiones específicas de inclusión financiera.

En primer lugar, como remarcó recientemente el Banco Mundial, del 44% de la población que posee una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria en Argentina sólo el 25.4% realiza algún pago con ella. Menor aún son los que abonaron alguna vez durante el último año con tarjeta de crédito, cuyo guarismo asciende al 23.9%. En otras palabras, tres cuartas partes de los bancarizados aún se maneja en efectivo. Misma hipótesis podemos señalar para los ocho de cada diez argentinos denotados por el Banco Mundial que al ver acreditado sus haberes en su cuenta bancaria, retiran todo el monto antes del día 5 de cada mes. 

Este segmento poblacional no se encuentra incluido financieramente pues, aunque goza de acceso a servicios financieros, presenta escasos o nulos usos y prácticas en su interacción y utilización. Seguidamente, frente a la nueva medida encontrarían más incentivos para continuar manejándose por fuera del sistema bancario sin hacer uso pleno de los servicios financieros a los cuales tienen acceso.

En segundo término, a una semana de haberse implementado el plan de Precios Transparentes, los efectos habrían sido muy heterogéneos en los comercios. Los primeros relevamientos denotaron que la reducción de los precios al contado se habría producido en una cantidad menor de productos y a valores en torno al 10%. Por otro lado, la opción en cuotas habría incrementado el precio total financiado en casi la totalidad de los productos relevados y a valores que oscilan entre un 30% hasta un 70%. Consecuentemente, la medida perjudicaría más en términos relativos a aquellos que acceden a financiarse en cuotas que los beneficios que otorgaría a los que abonan al contado. 

Si bien es anticipado acusar pronósticos prematuramente, de prevalecer esta tendencia, no podemos dejar de remarcar que gran parte de la población más vulnerable y bancarizada que realiza compras en cuotas por no tener ingresos tales para poder afrontar el costo total al contado (incluso tras la reducción promedio del 10%), serían los principales perjudicados. Es de esperar que dicho segmento poblacional se vea obligado a reducir su consumo general pues se encontrará en la disyuntiva de financiar sus compras a través de cuotas ahora probablemente prohibitivas, o bien desembolsar grandes sumas en efectivo que alterarán la previsión de gastos de la economía familiar.

En tercer y último lugar, y aunado a medidas recientes como la quita en la devolución del IVA a las compras con tarjetas de débito, podemos advertir un sesgo a reducir los incentivos del acceso a la bancarización de los excluidos del sistema financiero. Esto es, si bien dicho segmento se beneficiará de la reducción al contado, las futuras políticas de inclusión financiera verán disminuidas sus herramientas de persuasión para fomentar el ingreso al sistema financiero.

En conclusión, el concepto multidimensional de inclusión financiera afirma que el acceso y el uso efectivo de distintos servicios financieros en una economía es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo sostenible. No obstante, a través de los tres canales teóricos señalados, se encuentran motivos que animan a pensar que el plan de Precios Transparentes tendría la potencialidad de desincentivar parcialmente la inclusión financiera en diferentes segmentos de la población. 

Ignacio E. Carballo - Diana Schvarztein

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“People respond to incentives” La importancia de las instituciones en el desarrollo económico

3/2/2017

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Publicado en Latin American and Caribbean Economic Association - 03-02-2017
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A lo ojos de la historia, la década de 1750 es un punto de inflexión en la economía mundial. Desde entonces algo cambió drásticamente en el modo en que la misma creció y se desenvolvió. Fue aproximadamente en esos años cuando el mundo abandonó una etapa en donde las tasas de crecimiento poblacional acompañaron bis-a-bis aquellas del crecimiento en la producción, atadas por supuesto a los ciclos de la cosecha.

En otras palabras, antes de ese periodo cualquier crecimiento en la producción se complementó con un equivalente incremento en la población, haciendo imposible cualquier crecimiento en el PIB per cápita (p/c). El mundo, en promedio, vivía estancado en una economía de subsistencia. Este fenómeno alterado a partir de 1750 se lo conoce comúnmente con el nombre de "Equilibrio Malthusiano" (Ashraf y Galor, 2011; Alfonso-Gil et al., 2014).

No obstante, lo que siguió a 1750 no fue un proceso homogéneo. El crecimiento más acelerado del producto en relación a la población se dio inicial y principalmente en Holanda y Gran Bretaña. Existieron grandes diferencias dentro y entre las distintas sociedades, regiones y (más adelante) los países. Gran parte del mundo permaneció en aquel “Equilibrio Malthusiano”.

A pesar de ello, podemos afirmar que desde 1750 en adelante (y más drásticamente a partir del siglo XIX) la tasa de crecimiento promedio de la producción se aceleró más que el crecimiento de la población. Esto es, ambas tasas se separaron y como consecuencia de ello, por primera vez en la historia, la humanidad experimentó un incremento promedio en la tasa de crecimiento del PIB p/c (Alfonso-Gil et. Al., 2014).

El PIB p/c es una de las variables más importantes en la ciencia económica. Tanto economistas como otros científicos sociales se han preguntado durante mucho tiempo cómo y por qué algunas economías tienen una mayor tasa de crecimiento del PIB p/c que otras. Durante años, la economía ha puesto la mayor parte de su esfuerzo y atención en la búsqueda de las claves del crecimiento económico entendido como el incremento del PIB p/c, creyendo que las bondades del mismo derramarían bienestar al resto de las variables socioeconómicas.

Sin embargo, después de bastas experiencias en las que políticas orientadas fundamentalmente a incrementar dicha variable no pudieron mejorar otros aspectos de la economía, en los años 1950-60's sobrevino la denominada “economía del desarrollo” con nuevas preguntas y nuevas variables.

Hoy en día, podemos afirmar que aun cuando el PIB p/c todavía está en el centro de la escena, otras variables como la desigualdad, la educación, la salud, etc.; deben ser abordadas con el mismo énfasis por economistas, políticos y científicos sociales. Como definieron Michael Todaro y Stephen Smith, "La economía del desarrollo tiene un mayor alcance" que la economía tradicional y la economía política (Todaro y Smith, 2006).

Con el fin de lograr el tan anhelado objetivo del desarrollo, entendido ya no sólo como la transformación de una economía estancada al crecimiento o el traspaso de un estado de bajos ingresos a la condición de altos ingresos, sino también para superar los problemas de pobreza, acceso a la salud, educación, desigualdad, falta de capacidades, etc.; se han diseñado toda una serie teorías. Éstas implican abordajes que van desde los factores geográficos y climatológicos, la tecnología y la innovación, la acumulación del capital, hasta enfoques en base a la relación poscolonial de dependencia, factores culturales, sociales, políticos, económicos, las instituciones, la democracia, entre muchos otros comúnmente tratados en la mayoría de los manuales o libros sobre desarrollo económico (véase Ray, 1998; Todaro y Smith, 2006; Acemoglu et al 2012).

En las siguientes líneas, desarrollaremos sólo uno de estos múltiples factores, el institucional. Sin embargo, vale la pena señalar que el desarrollo económico no se obtiene por un único camino. No hay una sola variable que sea la panacea por sí misma. Muy probablemente será la mejor combinación de estas variables y las sinergias que generen mutuamente lo que podrá elevar a una nación al estado de desarrollo. Sin embargo, como veremos a continuación, el factor institucional es sin duda fundamental al momento de impulsar el desarrollo de las sociedades.

Conceptos en torno a las instituciones y la economía:

El término “institución” ha sido elaborado con conceptos diversos. A pesar de que algunos autores no hayan hablado explícitamente de estas, los académicos del institucionalismo han sabido descubrir y relacionar conceptos actuales con aquellos vigentes en pensadores clásicos como David Hume, Adam Smith o Karl Marx (North, 1995). A su vez, el pensamiento institucional (entendido en esta oportunidad como la ubicación de las instituciones en un lugar central de las explicaciones teóricas) ha influido tanto en la disciplina económica como en la sociología, las ciencias políticas, la historia, la psicología y el management (Rutherford, 2005; Furubotn y Ritchter 2005).

Por estos motivos, una hoja de ruta sobre el desarrollo del “pensamiento institucional” se presenta como un mapa difuso y colmado de ramificaciones donde interactúan entre sí diversas disciplinas, corrientes o enfoques. Esta característica sin duda distorsiona y dificulta el tratamiento de un tema tan relevante volviéndolo ciertamente complejo.

A modo de síntesis, señalaremos dos enfoques para la variable institucional con sus principales referentes, ambos pertenecientes a la escuela denominada “Nueva Economía Institucional”. Por un lado, la Nueva Historia Económica Institucional donde Douglass North es un claro referente y por otro lado el enfoque desarrollado en profundidad por Oliver Williamson y sus sucesores (enfoque de costos de transacción). A su vez, podríamos afirmar que el enfoque de la Nueva Historia Económica Institucional ha estado más orientado en cuestiones mayormente macroeconómicas, mientras que aquel referido a los costos de transacción en la tradición de Coase y Williamson a otras cuestiones con enfoque principalmente microeconómico (Furubotn y Ritchter, 2005; Carballo y Fracchia, 2015).

Líneas de pensamiento institucional
e interacción con otras disciplinas

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Fuente: Carballo y Fracchia, “Instituciones y economía” Una hoja de ruta para su comprensión (2015)
La tesis de North brinda una explicación económica respecto a la evolución de las naciones a través de la historia en base al componente institucional de las distintas sociedades y economías. Sus análisis históricos están básicamente centrados en términos de derechos de propiedad y costos de transacción. Según este enfoque, frente a los cambios en el entorno social (conocimiento tecnológico, cantidad de la población e ideologías) los agentes podrán percibir que en un nuevo marco institucional, su bienestar aumentaría. Este hecho generaría incentivos al cambio institucional o a una renegociación (o modificación) de las reglas vigentes. En esta línea, el marco institucional es aquel que permite reducir la incertidumbre  presente en la percepción económica en pos de la eficiencia. Esta evolución institucional se dará por una lógica maximizadora de beneficios en base a los costos de transacción. Por este motivo las instituciones son un factor clave para la comprensión del cambio histórico (North, 1970, 1981, 1990 y 1995).

En paralelo, el enfoque de Williamson y sucesores, en lugar de centrarse en la evolución histórica de las sociedades avanzó en desarrollar todo el aparato teórico y metodológico en torno al concepto de costos de transacción. El principal aporte específico de Williamson consistió en demarcar cómo las reglas de juego previas a la formalización de un contrato pueden verse alteradas una vez realizado el mismo. En este sentido, el aporte tiene en cuenta la imposibilidad de los agentes de adelantarse a las contingencias (costos) que el futuro puede suponer. Se trata de una teoría de contratos bajo condiciones de incertidumbre e información asimétrica. Por lo tanto, estos actores escogerán aquella “estructura de gobierno” (en palabras del propio Williamson, “reglas del juego” en términos de North) que mayor previsión y certidumbre pueda brindar a sus expectativas futuras. También destaca la importancia fundamental de la coerción al momento de minimizar la probabilidad de futuras distorsiones entre lo esperado ex-ante y lo efectivamente realizado ex-post a la realización de un contrato (Williamson, 1975, 1981, 1985 y 2005).

Conclusiones - De las instituciones y los incentivos al crecimiento económico y el desarrollo 

Como hemos visto, ambos enfoques vinculan los conceptos de derechos de propiedad, costos de transacción, incentivos e incertidumbre con las "reglas del juego" impuestas por las instituciones en las distintas sociedades o economías. A su vez, como se dijo inicialmente, el crecimiento económico se genera cuando se incrementa la producción a un ritmo mayor que la población. Según los autores, dicho crecimiento sólo es posible si los derechos de propiedad hacen que valga la pena emprender actividades productivas. De igual modo, esto sólo se realizará cuando las expectativas de ganancias privadas superen a los costos de transacción vigentes. Son los gobiernos y las instituciones quienes han de asumir la protección de dichos derechos de propiedad reduciendo los costos de transacción generados por la incertidumbre con el fin de promover la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas de producción.

El análisis institucional, entonces, se basa entre otras cuestiones en los conceptos de costos de transacción, derechos de propiedad privada e intelectual, incertidumbre, acción colectiva, etc. Las instituciones suponen la búsqueda de regularidad en la conducta o comportamiento de los agentes. Influyen de modo decisivo en los incentivos pues reducen la incertidumbre, los costos de transacción y facilitan la coordinación social. De este modo, las instituciones se transforman, al menos teóricamente, en una variable explicativa fundamental del crecimiento económico.
​
Joseph Schumpeter, a través de su concepto de “destrucción creativa”, demarcó como la innovación y el surgimiento de nuevas técnicas o bienes van reemplazando aquellos antiguos. En este proceso lo nuevo reemplaza a lo antiguo generando un desplazamiento de distintos sectores productivos dentro de los mercados (los antiguos pierden participación). A su vez, dicho desplazamiento podría generar un impacto negativo en variables socioeconómicas como el desempleo. Salteando dichas distorsiones, en el largo plazo, se generarán incentivos a innovar puesto que quien lo haga pasaría a participar en un mercado con una posición de privilegio (semi-monopólica). De sostenerse este proceso en el tiempo, la innovación constante generada por la estructura de incentivos impuesta en dicho marco institucional impactará en un aumento sostenido de la productividad impulsando así el crecimiento económico (Shcumpetter, 1942; Becker Marcus, et al., 2007).

Pero, como hemos dicho, crecimiento no es lo mismo que desarrollo económico. Sin embargo, la utilización de incentivos generados por reglas impuestas a través de un marco institucional se condice perfectamente con los objetivos del desarrollo. Los mismos conceptos pueden impulsar a una sociedad a un equilibrio más igualitario, equitativo y con menos pobreza. En tal caso, es necesario que los incentivos impuestos a los agentes políticos, civiles y económicos a través de las instituciones les encaminen a dichos objetivos.

Los modelos de responsabilidad social empresaria, los fondos de inversión social o incluso las microfinanzas son solo algunos ejemplos de cómo los incentivos pueden conducir a los agentes no sólo al crecimiento económico mencionado por los autores, sino también al desarrollo. Es prioritario imponer dichos incentivos a través de instituciones privadas, pero fundamentalmente a través del Estado con el fin de influir en las normas y hábitos tanto formales como informales e incentivar a los agentes en pos del desarrollo igualitario.

​Finalmente, compartimos un pensamiento que probablemente resume la relación entre las instituciones y el crecimiento y desarrollo económico. Expresado por William Easterly al citar las palabras de Steven Landsburg: "People respond to incentives, all the rest is commentary" (Easterly, 1998)
Bibliografía
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  • WILLIAMSON, Oliver E. (1975): Markets and hierarchies. New York, 1975, p. 26-30.

Ignacio E. Carballo - Eduardo L. Fracchia

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Los desafíos de la energía en Argentina: matriz energética, eficiencia energética, desafíos políticos y tecnológicos

1/2/2017

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Publicado en Latin American and Caribbean Economic Association - 01-02-2017
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El día 16 de agosto de 2016, al ser interrogado en la presentación de su informe de gestión por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, afirmaba: “En estos doce últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata, a tener energía escasa, importada y cara”. El motivo que lo llevó a verse obligado a defender su gestión tan solo nueve meses después de haber asumido el cargo de ministro fue el controversial incremento en las tarifas de los servicios públicos (energía eléctrica, gas y agua).

Repasemos los acontecimientos previos. El Ministerio de Energía había declarado el 16 de diciembre de 2015 la emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Meses después, se avanzó en una serie de incrementos tarifarios en un orden del 200% al 500%. Sin embargo, como consecuencia de un proceso acelerado y poco prolijo, con las primeras facturas se presentaron aumentos de hasta el 1.000% o 2.000%. Consecuentemente, los reclamos sociales y apelaciones judiciales no tardaron en llegar. Una vez finalizadas las audiencias públicas, los aumentos tarifarios pudieron ser aplicados. Para el 2017 las empresas están reclamando nuevos aumentos del orden del 30%.

La idea de que la Argentina fue, en alguna época, un país exportador y de abundante energía, pareciera sobrevolar aún en el imaginario colectivo. El gobierno actual utiliza este escenario, tanto para evaluar los resultados de gestión del Gobierno predecesor, así como para justificar sus propias políticas en materia energética. Resulta necesario indagar en la historia reciente y en los cambios estructurales que el sector hidrocarburífero nacional ha atravesado para comprender fielmente su complejidad, vislumbrar las particularidades del presente y observar claramente los cambios esperados a futuro.

La problemática actual

Actualmente, la dependencia de hidrocarburos en la producción energética argentina es alarmante. La participación del gas natural en la producción de energía primaria supera el 50% mientras que la energía en base a petróleo contempla más del 30%. Juntos explican casi el 85% de la oferta energética local. Cuando analizamos los sectores consumidores de gas, a través de los flujos entregados a la red por tipo de usuario, encontramos que la generación eléctrica mediante usinas consume 33% de la producción de gas entregado en red y la industria 28%, explicando casi dos tercios del consumo total. Por su parte, el gas residencial absorbe 25% del total entregado volcado a la red.

Dos características son importantes para destacar. En primer término, que por su relación directa para con la generación eléctrica y su fuerte consumo por parte de la industria y los hogares, el sector de hidrocarburos pasa a ser parte inalienable de cualquier estructura de costos fijos. Este hecho lo convierte en un formador de precios de todos los sectores productivos, resaltando su carácter estratégico en la economía. En segundo lugar, resaltar que la férrea dependencia hidrocarburífera en la generación energética del país es consecuencia de un proceso extenso de deterioro, abandono y liberalización del sector que merece ser abordado.

La evolución estructural del sector

De manera general, el proceso de transformación estructural gestado durante la convertibilidad tuvo dos implicancias directas para el sector de hidrocarburos. En términos teóricos, los hidrocarburos dejaron de ser concebidos como un recurso estratégico pasando a ser una mercancía más de la economía (commodity) vinculando su producción a los movimientos de la demanda nacional e internacional. En la práctica, este proceso de transformación estructural se materializó mediante la desregularización del sector. Tres características relevantes resumen la actitud de la oferta durante los años 90: una disminución del riesgo minero con el afán de disminuir los costos, una sub-exploración con el objetivo de incrementar las utilidades y una sobreexplotación impulsada por el incremento de las exportaciones.

En la posconvertibilidad, contrariamente al discurso habitual, no encontramos un cambio de rumbo mediato por parte de la oferta. Las mismas tres variables que la caracterizaron en la década del ’90 perduraron, al menos, hasta que el Poder Legislativo aprobara la ley donde se expropió parcialmente el patrimonio de la empresa YPF S.A. en mayo de 2012. No obstante, cabe resaltar la implementación del Plan Energético Nacional del 2004, orientado a diversificar la matriz energética, el cual retomaba el impulso a la energía nuclear (política que ya cuenta con la finalización y puesta en marcha de Atucha II y extensión de vida de la Central Nuclear Embalse), promovía las energías renovables a partir de los proyectos de instalación de parques eólicos y solares y además contemplaba la ampliación y/o construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. Más allá de ello, podemos afirmar que ni la década de los ‘90 ni la posconvertibilidad supieron sentar las bases necesarias para desarrollar un sector hidrocarburífero sustentable.

En este contexto, además de la mencionada la expropiación de YPF fueron dos los factores principales que redefinieron y diferenciaron el sector energético de la post-convertibilidad con aquel del periodo anterior. A saber, el Plan Nuclear Argentino 2006 y la identificación del yacimiento Vaca Muerta.

La alternativa nuclear

En el año 2004, se ponía en marcha el denominado Plan Energético Nacional (PEN), que sostenía en sus raíces la necesidad de ubicar la energía al servicio del desarrollo industrial y la calidad de vida de la población. Como parte de los proyectos incluidos en el PEN se diseñó el Plan de Reactivación Nuclear con el objetivo de recuperar la generación nucleoeléctrica del país.

Nos referimos a recuperación nucleoeléctrica puesto que a partir de 1984 se gesta un proceso de vaciamiento en toda la cadena de producción que comprende a la industria nuclear. Basta recordar lo sucedido con el ambicioso Plan Nuclear Argentino aprobado por el decreto Nº 302/79 en febrero de 1979 que proyectaba la construcción de cuatro centrales nucleares de 600 MW de potencia, cuya primer central debía estar terminada para 1987 y la última construcción estaba prevista para 1997. 

A su vez, la construcción de la primera central que comenzó en 1980 (Atucha II) no fue terminada y puesta en operación hasta 2014. Esto da las pautas que, a pesar de contar con un decreto y respaldo por las puestas en marcha y funcionamiento de Atucha I (1974) y Embalse (1983), el programa nuclear comenzó a declinar a partir de 1984.

Este proceso de declive que comprendió más de veinte años de vaciamiento de la industria nuclear, implicó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedara relegada principalmente a proyectos de investigación científica y determinó la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en 1994 como principal actor del sector. Finalmente, enmarcado en el PEN, surge el Plan de Reactivación Nuclear en 2006 buscando desarrollar nuevos proyectos y reactivar antiguos fijados en el mencionado decreto N° 302/79 pero que habían sido interrumpidos durante el proceso de vaciamiento.

Entre otras cosas, el plan comprendió la mencionada finalización y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, sincronizada a la red eléctrica en junio de 2014. También implicó la implementación del Proyecto Carem-25, que está gestionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y tendrá capacidad de generar 27 MW (lo que equivale a producir energía eléctrica para aproximadamente 100.000 habitantes). A su vez, proyectó la construcción de las nuevas Centrales Nucleares IV y V, donde la primera comprende una planta nuclear con reactor de tipo Candu (similar a la Central de Embalse) y la segunda una central nuclear de potencia con tecnología de uranio levemente enriquecido y agua liviana.

Un hito a destacar del Plan de Reactivación Nuclear fue comenzar con el ambicioso Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse, el cual comprende la salida de servicio por dos años a los fines de realizar las tareas críticas que permitirán prolongar su vida útil y repotenciar la planta que pasará de generar 648 MW a 683 MW.

Actualmente, se encuentra en ejecución la fase tres y corresponde a uno de los proyectos más importantes de obra pública a nivel nacional. Gracias a él, la Central se mantendrá operativa por otros 30 años y permitirá la sustitución en el consumo de aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año sin emitir gases de efecto invernadero.

La promoción de la política nuclear en el largo plazo implicaría una creciente demanda, participación y desarrollo tanto de proveedores locales como de técnicos e ingenieros argentinos. La participación creciente de la generación nucleoeléctrica en la matriz energética nacional contribuiría a moderar la histórica dependencia de los hidrocarburos.

Vaca muerta y el sueño del autoabastecimiento

Durante 2010 se comenzaba a vislumbrar la posibilidad concreta de perder el autoabastecimiento energético. En aquel entonces, las importaciones de gas eran una realidad en Argentina. En ese contexto inesperadamente se incorpora un nuevo vector a la ecuación energética nacional: la existencia de una prominente reserva de hidrocarburos no convencionales. La posibilidad de recuperar el autoabastecimiento energético renacía a la luz del yacimiento Vaca Muerta.

Extraer petróleo y gas con técnicas no convencionales tiene un costo superior al de la producción realizada con los tradicionales pozos verticales. Las formaciones como Vaca Muerta requieren perforar pozos a una gran profundidad y realizarse de manera horizontal, lo cual implica la utilización de una tecnología especial no producida en el país.

Sin embargo, la tecnología no es la única limitante, la incertidumbre geológica también juega un papel importante. En los yacimientos convencionales los fluidos se encuentran en trampas (una especie de fosa subterránea), lo cual permite determinar el volumen de gas y petróleo posible de extraer. Por el contrario, en los depósitos como Vaca Muerta, los hidrocarburos se encuentran dispersos en el subsuelo, razón por la cual se deben generar las trampas con explosiones y por medio de la fractura hidráulica, orientando la producción a gas o petróleo según las características del subsuelo a explotar. Este hecho dificulta aún más la estimación certera de los recursos de hidrocarburos disponibles.

En el caso puntual de Vaca Muerta, la Agencia de Información del Departamento de Energía de los Estados Unidos estimó que los recursos potenciales ascenderían a 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 trillones de pies cúbicos de gas. Esto equivale a 11 y 64 años, respectivamente, de las reservas comprobadas para ambos hidrocarburos en el año 2013.

Cuando se lanzó el Plan Estratégico de YPF en 2012, el presidente y CEO de la compañía en aquel momento, Miguel Galluccio, dijo que se iban a necesitar US$ 37.000 M de inversión en cinco años para desarrollar Vaca Muerta. Las tres fuentes de financiamiento planteadas en aquel entonces fueron el aumento en el precio de los combustibles, la toma de préstamos en el mercado internacional y la inversión de petroleras extranjeras.

En la actualidad, grandes petroleras como Exxon, PAE, Petrobras, Shell, Total y Wintershall se encuentran desarrollando proyectos piloto de exploración en distintas áreas de Vaca Muerta. Sin embargo, solamente se encuentran en una etapa de desarrollo la producción en Loma Campana y un proyecto operado por YPF y DOW Chemical en el área de El Orejano. Respecto a la producción  el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, señaló que en la actualidad en Vaca Muerta se produce el 20% del gas y un 6% del petróleo de la producción total de la Argentina.

El sueño de Vaca Muerta se vio amenazado por un inesperado cambio de tendencia. En aquel entonces, un barril de petróleo con una cotización en torno de los US$ 100 hacia rentable la explotación del yacimiento. Este panorama cambió a fines de 2014 debido al aumento en la producción de los yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, sumado a la producción récord en países de la OPEP, principalmente Arabia Saudita. La sobreproducción petrolera a nivel mundial resultante derrumbó el precio del barril de crudo por debajo de los US$ 50, dificultando la producción de gas y petróleo no convencionales.

En este escenario, para sostener la actividad petrolera y mantener los empleos en el sector el Gobierno de Cristina Kirchner acordó inicialmente en 2015 con las petroleras un precio interno para el barril de petróleo de US$ 77, que luego fue renegociado a la baja, estableciendo un nuevo precio de US$ 67. Actualmente, el gobierno de Mauricio Macri se encuentra en negociaciones con el sector petrolero para acercar el valor del barril interno a los precios internacionales, rondando un valor de US$ 50 en la actualidad.

Reducir el precio interno de referencia del petróleo tendría un doble impacto en términos de actividad económica. Por un lado, se estimularía una potencial baja en el precio de los combustibles, reduciendo los costos de transporte del conjunto de las actividades productivas. El aspecto negativo se encontraría en la posible reducción de las actividades de perforación en la zona, agravando la situación actual en la que empresas como YPF ya redujeron la cantidad de equipos en operación, con la consecuente reducción de empleos y la menor contratación de servicios petroleros asociados.

El principal desafío que implica Vaca Muerta en la actualidad sigue siendo atraer inversiones en un contexto de bajos precios del petróleo y, a la vez, reducir los costos de operación a medida que se incorporan nuevos conocimientos sobre las características geológicas de la formación. Además, si tenemos en cuenta que el monto de inversión anual necesario para sustituir importaciones de gas en al menos 75% alcanza unos US$ 10.000 M, se deberá contar indefectiblemente con la concurrencia del sector privado además de YPF. Repartir los costos monetarios y de aprendizaje, además del acceso al financiamiento de largo plazo son medidas necesarias para transformar el sueño en realidad.

Los desafíos de cara al futuro

Según lo manifestado por la Subsecretaría de Energía Nuclear, el objetivo es llevar la energía nuclear a un 11-12% de la matriz energética para los años 2025-2030". Un paso concreto para lograr esta meta, es el gran avance que tiene el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse y en conjunto a esto la firma de la escritura por la compra y toma de posesión del predio en Lima, donde se construirá la cuarta central nuclear argentina, que brindara 700 megavatios al Sistema interconectado nacional. El terreno cuenta con una extensión de 110 hectáreas, y se sitúa en forma lindera a las centrales Nucleares de Atucha I y II. La obra demandará aprox. 5000 puestos de trabajo en forma directa a lo que se sumaran los empleos generados de manera indirecta. La tecnología utilizada será CANDU, similar a la Central Nuclear Embalse.

Al respecto de Vaca Muerta, persiguiendo los objetivos esgrimidos, los primeros días de enero 2017, el gobierno de Mauricio Macri firmó con el sindicato petrolero y las empresas un acuerdo por medio del cual los trabajadores resignan el cobro de las horas taxi (pago por traslados a los campos), limita el número de operarios por pozo y se reducen los tiempos muertos de producción. A cambio las empresas se comprometen a no despedir trabajadores y aumentar la inversión en los pozos. Por su parte, el gobierno se compromete a garantizar los precios mínimos para el gas en boca de pozo hasta 2020 y elimina las retenciones a las exportaciones de petróleo. Además otorga la posibilidad de aumentos en el precio de los combustibles al público en función de la variación de costos para compensar la reducción del precio sostén.

Consecuentemente, reformar y readecuar la política de subsidios energéticos aplicada durante los sucesivos gobiernos desde 2002 sigue siendo lo más urgente. Mientras perduraba el autoabastecimiento energético en base al consumo de reservas futuras, los subsidios no representaban un costo tan elevado en términos fiscales. Sin embargo, a medida que aquellas fueron reduciéndose y aumentaban las importaciones de energía (gas, principalmente) tanto en cantidad como en precio, el peso de los subsidios en el Presupuesto fue cada vez más relevante, representando una importante fuente del déficit fiscal.

De este modo, como afirmó el ministro de Energía meses atrás, efectivamente fuimos un país productor y exportador de hidrocarburos. Sin embargo, a diferencia de anhelar aquellos tiempos, la historia nos obliga a pensar que dichas cualidades fueron consecuencia de una lógica de explotación que nos llevó al caótico estado actual. Sería un grave error volver a mirar bajo una óptica netamente mercantil al sector de hidrocarburos. Contrariamente, la problemática energética argentina requiere de un plan nacional y sostenido en el tiempo que atienda emergencias tanto de corto como de largo plazos con el afán de lograr así la soberanía energética. Pero, al margen de ampliar la apuesta a las energías alternativas con el objetivo de diversificar, que no vuelva a emancipar al sector de su carácter estratégico.

FUENTES
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  • Slovinsky, S (2014). La recuperación de YPF. UNLP. FAhCE
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​Principales fuentes de información digital consultadas:
  • Convenio YPF – Chevron
  • Informe Mosconi
  • Licitación de energías Renovables
  • Ministerio de Energía y Minería
  • Plan de inversiones en Vaca Muerta
  • Panorama Energético Argentino
  • Acuerdo Vaca Muerta

Ignacio E. Carballo - Franco Sacchetta - Martín Acosta

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