Tal y como su nombre lo indica, el recambio de gobierno hacia la coalición Cambiemos en diciembre de 2015 trajo consigo aparejada una visión distinta sobre la política y la economía. El inicio del mandato les presentó un país con graves síntomas, sin un diagnostico oficial (sin estadísticas oficiales) y, por supuesto, sin un tratamiento a la vista. En pocas palabras, con una “pesada herencia”.

De este modo, la actual gestión entendió que la raíz principal de la enfermedad era la inflación y que erradicando este problema, el avanzar en las otras problemáticas sería de fácil solución. Así, por un lado se redujo profundamente la emisión monetaria y desde el Banco Central se subieron fuertemente las tasas de referencia, buscando así enfriar una economía, que se entendió como “recalentada”. Por otro lado, el déficit fiscal se mantuvo, intentando morigerar los efectos negativos sobre el consumo. Consecuentemente, a poco más de un año de gestión, la inflación pareciera descender (aunque más gradualmente de lo deseado entre quita de subsidios e incrementos tarifarios), mientras que la inversión (detenida) y el consumo (estancado) supieron esgrimirse como los grandes ausentes en la ecuación económica nacional.

Los manuales más tradicionales explican que en una economía carente de inversiones (es decir, que no puede incrementar la oferta), se canaliza el exceso de demanda hacia los precios. De este modo, las medidas tomadas sacarían dinero de circulación dando una opción financiera atractiva para competir con el consumo. Debe entenderse que en épocas de inflación, el consumo suele ser la mejor alternativa ante la rápida desvalorización del dinero.

El problema parece haber sido que las medidas duraron demasiado tiempo, las inversiones prometidas nunca llegaron y la economía pasó de la heladera al freezer contrayendo drásticamente la actividad. En este contexto, se buscó la recomposición de los márgenes de ganancia de las empresas de servicios (y reducir subsidios) pero, lógicamente, los aumentos en los distintos servicios no ayudaron a revertir la caída en el consumo, sino que la profundizaron. En este escenario, a partir del mes de febrero se implementó la medida llamada Precios Transparentes.

Esta política obliga a los comercios a diferenciar el valor del producto al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) de la opción en cuotas, obligando a separar el costo de financiación. El argumento esgrimido por el Gobierno que justifica la medida es que los precios al contado llevan incluidos los costos financieros del esquema de cuotas sin interés (los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación en cuotas “sin interés”).

El efecto de máxima deseado fue bajar los precios entre un 15% y 20% al contado (supuesto costo financiero incluido en la modalidad anterior) mientras que en cuotas se debiera mantenerse el valor original del producto. Esto es, disminuir el precio al contado y sostener el valor financiado similar al que existía antes del plan. Para ejemplificar, el precio de un producto era $ 100, a ser pagado hasta en 12 cuotas sin interés. Hoy el precio debería ser de $ 85 y los $ 15 restantes se detallan aparte cargándolos sólo en el esquema financiado. Así, el precio no varía para quien compre en cuotas pero baja para la compra al contado.

En teoría, la medida es benéfica pues favorece principalmente a la masa poblacional que no posee tarjetas de crédito (recordemos que sólo el 44% de la población está bancarizada). En teoría, los precios bajarían. Sin embargo, como dice el dicho, “en teoría, el comunismo funciona”.

En la práctica, a menos de 15 días de implementado el plan, la realidad marca que muy pocos comercios han respetado el espíritu de la norma. Hasta el momento se han registrados productos con pequeñas reducciones de precio y muchos que tan solo incrementaron sus márgenes de ganancia, manteniendo el precio y trasladando el costo de financiamiento al consumidor, cuando antes se encontraba dentro del precio.

Siguiendo la línea del ejemplo anterior, muchos han llevado el precio a $ 95, e impuesto costos de financiación de $ 18, alcanzando un precio financiado de $ 113. Para peor, muchos otros productos no han bajado su precio, por lo que los costos de financiamiento se transfirieron directamente al precio del producto, que aumentó en un orden del 25% al 30% (Precio=$1 00, financiamiento=$ 25; Total=$ 125) con denuncias de hasta el 70%.

Lo que se concluye es que, dada la dificultad en controlar su implementación y teniendo en cuenta que no es ilegal aumentar los precios (y tampoco está capeada la tasa de financiamiento en cuotas de las tarjetas), una medida de objeto antiinflacionario podría terminar cumpliendo un objetivo totalmente opuesto en los hechos. Esto es, si bien los índices de inflación se miden con valores al contado, los efectos observados son una suerte de “inflación financiada en cuotas”, impactando nuevamente en el bolsillo del consumidor. Esto, además, se ve agravado a partir del hecho de que el impacto lo sufren aquellos individuos bancarizados que sólo pueden consumir en cuotas, es decir, quienes menos tienen (principalmente poseedores de tarjetas de compra en entidades no bancarias).

En resumen, una medida orientada a bajar la inflación y beneficiar a los más vulnerables termina, a priori, siendo regresiva en el consumo, afectando fuertemente a los consumidores en cuotas de menores ingresos y beneficiando sólo marginalmente a quienes menos tienen.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de informalidad en el empleo[1] urbano para América Latina se sitúa en valores superiores al 45%. Aunque es cierto que el fantasma del empleo no registrado acecha a otras economías y regiones del planeta, para una región que se caracterizó por sus logros en cuanto a crecimiento económico conjunto a una histórica reducción del desempleo, la informalidad plantea un desafío pendiente y prioritario.

Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son muchas y muy heterogéneas. Las principales, por supuesto, son sufridas por el trabajador y su familia quien generalmente debe someterse a empleos de menor calidad, salarios inferiores a la media, largas jornadas laborales, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema de protección social, no reconocimiento de derechos laborales, entre muchas otras.

En Argentina, según informes del mismo organismo en base a la EPH del INDEC y a la ENAPROSS II[2] del Ministerio de Trabajo de la Nación, la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores, presentando un sesgo hacia los trabajadores independientes donde la misma es cercana al 60%, mientras que en los asalariados es del orden del 35%. Siendo que los asalariados representan cerca del 75% de la masa de ocupados, y los trabajadores independientes casi un 25%, esta asimetría se replicaría de modo tal que dos de cada tres trabajadores informales serían asalariados en tanto aquel restante sería un trabajador independiente o emprendedor.

De igual modo, se entiende que el crecimiento económico es indispensable para la creación de más trabajos, pero no garantiza la calidad de los mismos ni es condición suficiente para la inclusión en el mercado laboral formal. Es requisito la aplicación de políticas que complementen al crecimiento económico y que, por sobre todo, permitan mejorar la medición y el diagnóstico para evitar caer en la precariedad laboral y la informalidad. Dentro de las posibles soluciones, la inclusión financiera, más específicamente el microcrédito, se esgrima como una alternativa poco explotada en la lucha contra la informalidad en el mercado de trabajo.

Ya sea por falta de registro laboral, garantías demostrables, ingresos suficientes, o simplemente por las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al sistema crediticio formal limitan recurrentemente a un importante segmento de la población. En este sentido, el microcrédito se ha hecho eco no solo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, sino también en las grandes instituciones financieras tanto públicas como privadas.

Más allá de lo limitada que es la información del sector, según datos del Microfinance Information Exchange[3] y los mapeos realizados por la Red Argentina de Microcrédito[4], durante el periodo 2008-2014 el número de instituciones microfinancieras habría crecido un 21% en el país, la Cartera Bruta para el periodo 2006-2013 un 792% (reflejando una tasa anual media del 113%) y la cantidad de prestatarios activos un 271% (a tasa media anual del 38%) con tasas de mora menores al 3%. Sin embargo, estos datos a priori alentadores no resisten análisis comparativo alguno con otras naciones de la región. La Argentina se encuentra dentro de los cinco países con menor cartera bruta y cantidad de micro-prestatarios activos de toda América Latina.

Para más, según el Global Microscope 2016[5], índice que evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas en 55 países, Argentina ocupa el puesto número 44. Los motivos son varios y probablemente muchos de ellos sean atribuibles a razones que afectan el ambiente de negocios en todos los sectores de la economía, no solo el microfinanciero. En este sentido, resta observar el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial (indicador que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en su conjunto), en el cual Argentina ocupa el puesto 116 entre 190 economías en el ranking global, y el 157 en el específico respecto al inicio de un emprendimiento.

Es una realidad incuestionable que el sector microfinanciero argentino se encuentra sub-desarrollado. Entre el amplio abanico de servicios microfinancieros utilizados en el mundo (microseguros, microdepósitos, microleasing, etc), en Argentina la palabra microfinanzas es casi un sinónimo de microcrédito. A pesar de ello, los micro, pequeños y medianos negocios encuentran diversos limitantes y obstáculos para acceder a dicho financiamiento, aun existiendo una demanda potencial de microcréditos latente que supera ampliamente a la oferta vigente (ésta última cubriría menos del 10% de dicha demanda potencial) reflejando así un sector con grandes posibilidades de crecimiento según los estudios realizados por la Escuela de Negocios de la UCA o bien por el Ministerio de Economía a través de Impulso Argentino (ex FONCAP)

En este sentido, la inclusión financiera y las microfinanzas (o, desde la óptica argentina, el microcrédito) podrían ser entendidas no solo como una gran oportunidad de negocios o como una herramienta más en la lucha contra la pobreza. Sino también, pensando en términos de desarrollo económico nacional, como una gran oportunidad para formalizar (monotributo y bancarización mediante) al mercado laboral. La apertura de una cuenta bancaria y el acceso a diversos productos microfinancieros es un paso inicial para el establecimiento posterior de relaciones financieras formales. Además de proveer una salida a la economía informal, el buen historial y registro bancario es condición para suscribir a diversas posibilidades de financiamiento futuras.

Por último, cabe destacar el ingreso y la ardua tarea que ya realizan algunas bancas públicas y privadas. Estas instituciones, que tienen el respaldo de la banca comercial tradicional (y en algunos casos de fondos públicos), poseen un alcance y una posibilidad de impacto mucho mayor que el espectro tradicional constituido por ONG´s o Instituciones Microfinancieras (IMF´s). Pudiendo así mediante incentivos y la educación financiera correspondiente, impulsar al registro formal de aquellos demandantes de servicios financieros y generar un impacto positivo en el mercado laboral.

La oferta de modelos es amplia. Siguiendo el modelo chileno con Banco Estado, cabría la posibilidad de que el Estado se convirtiera en un prestador directo utilizando al microcrédito como una herramienta para impulsar la formalidad y el registro de los microprestatarios. O bien mediante una alianza estratégica con el universo de ONG´s e IMF´s. Sea cual sea el modelo a seguir, de lo que no hay dudas es que la potencialidad y las bondades de la inclusión financiera tienen aún mucho por ofrecer en términos de desarrollo económico sostenible.

[1] Entendida como el no registro de la relación laboral asalariada en la seguridad social y la no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal.
[2] Encuesta de Protección y Seguridad Social.
[3] Plataforma fundada en el año 2002 bajo con el apoyo de organismos internacionales de fomento a las microfinanzas (como el CGAP del Banco Mundial).  www.mixmarket.org
[4] Entidad sin fines de lucro fundada en el año 2005.
[5] Realizado en base 12 indicadores nacionales. Con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance.

A partir de febrero se implementó para todo el país el programa Precios Transparentes impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación. El régimen que obliga a diferenciar el valor del producto al contado de la opción en cuotas (separando el costo de financiación), se propone “lograr mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor”.

El argumento esgrimido para justificar la medida afirma que en los esquemas donde hasta ahora se ofrecía la posibilidad de financiar una compra en cuotas sin interés, los precios de la opción al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) en realidad trasladaban el costo financiero supuestamente no aplicado al mencionado esquema de cuotas. En otras palabras, los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación no aplicado en las cuotas, incorporando así los intereses de dicho financiamiento en los montos al contado.

En este sentido, la medida impone que en adelante cuando se ofrezca la posibilidad de comprar en cuotas, el comercio deberá informar separadamente el monto de cada una de ellas, el costo financiero total del esquema de pagos y el valor del producto al contado. Así, mediante la diferenciación, los impulsores esperan que se produzca una reducción de los precios al contado en un orden del 15% al 20%, con la posibilidad de aplicar multas de hasta 5 millones de pesos para aquellos comercios que no informen claramente cuánto cuesta un producto.

La política abre un profundo debate sobre sus posibles beneficiarios, perjudicados y consecuencias indirectas para otras medidas impulsadas por el sector público. Según la hipótesis de Comercio, los vendedores no resignan su margen de ganancia sino que inflan los precios de lista, lo cual equivaldría a aplicarle los costos de financiación de un préstamo a quienes pagan al contado perjudicando principalmente a aquellos que no pueden acceder a la opción de pago en cuotas. Como es de suponer, la masa crítica de este segmento poblacional serían aquellos individuos que no se encuentran inmersos en el sistema financiero (los no bancarizados). La pregunta que surge es: ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias del nuevo plan en la inclusión financiera nacional? 

En un país como Argentina donde el 56% de la población no posee una cuenta bancaria, parece lógico estimar que los principales beneficiarios de esta política sean los más vulnerables excluidos del sistema financiero. No obstante, tras analizar detenidamente el contexto local, podemos diagramar tres potenciales canales teóricos que podrían actuar como posibles desincentivos en dimensiones específicas de inclusión financiera.

En primer lugar, como remarcó recientemente el Banco Mundial, del 44% de la población que posee una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria en Argentina sólo el 25.4% realiza algún pago con ella. Menor aún son los que abonaron alguna vez durante el último año con tarjeta de crédito, cuyo guarismo asciende al 23.9%. En otras palabras, tres cuartas partes de los bancarizados aún se maneja en efectivo. Misma hipótesis podemos señalar para los ocho de cada diez argentinos denotados por el Banco Mundial que al ver acreditado sus haberes en su cuenta bancaria, retiran todo el monto antes del día 5 de cada mes. 

Este segmento poblacional no se encuentra incluido financieramente pues, aunque goza de acceso a servicios financieros, presenta escasos o nulos usos y prácticas en su interacción y utilización. Seguidamente, frente a la nueva medida encontrarían más incentivos para continuar manejándose por fuera del sistema bancario sin hacer uso pleno de los servicios financieros a los cuales tienen acceso.

En segundo término, a una semana de haberse implementado el plan de Precios Transparentes, los efectos habrían sido muy heterogéneos en los comercios. Los primeros relevamientos denotaron que la reducción de los precios al contado se habría producido en una cantidad menor de productos y a valores en torno al 10%. Por otro lado, la opción en cuotas habría incrementado el precio total financiado en casi la totalidad de los productos relevados y a valores que oscilan entre un 30% hasta un 70%. Consecuentemente, la medida perjudicaría más en términos relativos a aquellos que acceden a financiarse en cuotas que los beneficios que otorgaría a los que abonan al contado. 

Si bien es anticipado acusar pronósticos prematuramente, de prevalecer esta tendencia, no podemos dejar de remarcar que gran parte de la población más vulnerable y bancarizada que realiza compras en cuotas por no tener ingresos tales para poder afrontar el costo total al contado (incluso tras la reducción promedio del 10%), serían los principales perjudicados. Es de esperar que dicho segmento poblacional se vea obligado a reducir su consumo general pues se encontrará en la disyuntiva de financiar sus compras a través de cuotas ahora probablemente prohibitivas, o bien desembolsar grandes sumas en efectivo que alterarán la previsión de gastos de la economía familiar.

En tercer y último lugar, y aunado a medidas recientes como la quita en la devolución del IVA a las compras con tarjetas de débito, podemos advertir un sesgo a reducir los incentivos del acceso a la bancarización de los excluidos del sistema financiero. Esto es, si bien dicho segmento se beneficiará de la reducción al contado, las futuras políticas de inclusión financiera verán disminuidas sus herramientas de persuasión para fomentar el ingreso al sistema financiero.

En conclusión, el concepto multidimensional de inclusión financiera afirma que el acceso y el uso efectivo de distintos servicios financieros en una economía es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo sostenible. No obstante, a través de los tres canales teóricos señalados, se encuentran motivos que animan a pensar que el plan de Precios Transparentes tendría la potencialidad de desincentivar parcialmente la inclusión financiera en diferentes segmentos de la población. 

La tesis de North brinda una explicación económica respecto a la evolución de las naciones a través de la historia en base al componente institucional de las distintas sociedades y economías. Sus análisis históricos están básicamente centrados en términos de derechos de propiedad y costos de transacción. Según este enfoque, frente a los cambios en el entorno social (conocimiento tecnológico, cantidad de la población e ideologías) los agentes podrán percibir que en un nuevo marco institucional, su bienestar aumentaría. Este hecho generaría incentivos al cambio institucional o a una renegociación (o modificación) de las reglas vigentes. En esta línea, el marco institucional es aquel que permite reducir la incertidumbre  presente en la percepción económica en pos de la eficiencia. Esta evolución institucional se dará por una lógica maximizadora de beneficios en base a los costos de transacción. Por este motivo las instituciones son un factor clave para la comprensión del cambio histórico (North, 1970, 1981, 1990 y 1995).

En paralelo, el enfoque de Williamson y sucesores, en lugar de centrarse en la evolución histórica de las sociedades avanzó en desarrollar todo el aparato teórico y metodológico en torno al concepto de costos de transacción. El principal aporte específico de Williamson consistió en demarcar cómo las reglas de juego previas a la formalización de un contrato pueden verse alteradas una vez realizado el mismo. En este sentido, el aporte tiene en cuenta la imposibilidad de los agentes de adelantarse a las contingencias (costos) que el futuro puede suponer. Se trata de una teoría de contratos bajo condiciones de incertidumbre e información asimétrica. Por lo tanto, estos actores escogerán aquella “estructura de gobierno” (en palabras del propio Williamson, “reglas del juego” en términos de North) que mayor previsión y certidumbre pueda brindar a sus expectativas futuras. También destaca la importancia fundamental de la coerción al momento de minimizar la probabilidad de futuras distorsiones entre lo esperado ex-ante y lo efectivamente realizado ex-post a la realización de un contrato (Williamson, 1975, 1981, 1985 y 2005).

Conclusiones - De las instituciones y los incentivos al crecimiento económico y el desarrollo 

Como hemos visto, ambos enfoques vinculan los conceptos de derechos de propiedad, costos de transacción, incentivos e incertidumbre con las "reglas del juego" impuestas por las instituciones en las distintas sociedades o economías. A su vez, como se dijo inicialmente, el crecimiento económico se genera cuando se incrementa la producción a un ritmo mayor que la población. Según los autores, dicho crecimiento sólo es posible si los derechos de propiedad hacen que valga la pena emprender actividades productivas. De igual modo, esto sólo se realizará cuando las expectativas de ganancias privadas superen a los costos de transacción vigentes. Son los gobiernos y las instituciones quienes han de asumir la protección de dichos derechos de propiedad reduciendo los costos de transacción generados por la incertidumbre con el fin de promover la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas de producción.

El análisis institucional, entonces, se basa entre otras cuestiones en los conceptos de costos de transacción, derechos de propiedad privada e intelectual, incertidumbre, acción colectiva, etc. Las instituciones suponen la búsqueda de regularidad en la conducta o comportamiento de los agentes. Influyen de modo decisivo en los incentivos pues reducen la incertidumbre, los costos de transacción y facilitan la coordinación social. De este modo, las instituciones se transforman, al menos teóricamente, en una variable explicativa fundamental del crecimiento económico.
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Joseph Schumpeter, a través de su concepto de “destrucción creativa”, demarcó como la innovación y el surgimiento de nuevas técnicas o bienes van reemplazando aquellos antiguos. En este proceso lo nuevo reemplaza a lo antiguo generando un desplazamiento de distintos sectores productivos dentro de los mercados (los antiguos pierden participación). A su vez, dicho desplazamiento podría generar un impacto negativo en variables socioeconómicas como el desempleo. Salteando dichas distorsiones, en el largo plazo, se generarán incentivos a innovar puesto que quien lo haga pasaría a participar en un mercado con una posición de privilegio (semi-monopólica). De sostenerse este proceso en el tiempo, la innovación constante generada por la estructura de incentivos impuesta en dicho marco institucional impactará en un aumento sostenido de la productividad impulsando así el crecimiento económico (Shcumpetter, 1942; Becker Marcus, et al., 2007).

Pero, como hemos dicho, crecimiento no es lo mismo que desarrollo económico. Sin embargo, la utilización de incentivos generados por reglas impuestas a través de un marco institucional se condice perfectamente con los objetivos del desarrollo. Los mismos conceptos pueden impulsar a una sociedad a un equilibrio más igualitario, equitativo y con menos pobreza. En tal caso, es necesario que los incentivos impuestos a los agentes políticos, civiles y económicos a través de las instituciones les encaminen a dichos objetivos.

Los modelos de responsabilidad social empresaria, los fondos de inversión social o incluso las microfinanzas son solo algunos ejemplos de cómo los incentivos pueden conducir a los agentes no sólo al crecimiento económico mencionado por los autores, sino también al desarrollo. Es prioritario imponer dichos incentivos a través de instituciones privadas, pero fundamentalmente a través del Estado con el fin de influir en las normas y hábitos tanto formales como informales e incentivar a los agentes en pos del desarrollo igualitario.

​Finalmente, compartimos un pensamiento que probablemente resume la relación entre las instituciones y el crecimiento y desarrollo económico. Expresado por William Easterly al citar las palabras de Steven Landsburg: "People respond to incentives, all the rest is commentary" (Easterly, 1998)
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