Publicado en Bastión Digital - 06-02-2017
A partir de febrero se implementó para todo el país el programa Precios Transparentes impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación. El régimen que obliga a diferenciar el valor del producto al contado de la opción en cuotas (separando el costo de financiación), se propone “lograr mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor”.
El argumento esgrimido para justificar la medida afirma que en los esquemas donde hasta ahora se ofrecía la posibilidad de financiar una compra en cuotas sin interés, los precios de la opción al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) en realidad trasladaban el costo financiero supuestamente no aplicado al mencionado esquema de cuotas. En otras palabras, los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación no aplicado en las cuotas, incorporando así los intereses de dicho financiamiento en los montos al contado.
En este sentido, la medida impone que en adelante cuando se ofrezca la posibilidad de comprar en cuotas, el comercio deberá informar separadamente el monto de cada una de ellas, el costo financiero total del esquema de pagos y el valor del producto al contado. Así, mediante la diferenciación, los impulsores esperan que se produzca una reducción de los precios al contado en un orden del 15% al 20%, con la posibilidad de aplicar multas de hasta 5 millones de pesos para aquellos comercios que no informen claramente cuánto cuesta un producto.
La política abre un profundo debate sobre sus posibles beneficiarios, perjudicados y consecuencias indirectas para otras medidas impulsadas por el sector público. Según la hipótesis de Comercio, los vendedores no resignan su margen de ganancia sino que inflan los precios de lista, lo cual equivaldría a aplicarle los costos de financiación de un préstamo a quienes pagan al contado perjudicando principalmente a aquellos que no pueden acceder a la opción de pago en cuotas. Como es de suponer, la masa crítica de este segmento poblacional serían aquellos individuos que no se encuentran inmersos en el sistema financiero (los no bancarizados). La pregunta que surge es: ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias del nuevo plan en la inclusión financiera nacional?
En un país como Argentina donde el 56% de la población no posee una cuenta bancaria, parece lógico estimar que los principales beneficiarios de esta política sean los más vulnerables excluidos del sistema financiero. No obstante, tras analizar detenidamente el contexto local, podemos diagramar tres potenciales canales teóricos que podrían actuar como posibles desincentivos en dimensiones específicas de inclusión financiera.
En primer lugar, como remarcó recientemente el Banco Mundial, del 44% de la población que posee una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria en Argentina sólo el 25.4% realiza algún pago con ella. Menor aún son los que abonaron alguna vez durante el último año con tarjeta de crédito, cuyo guarismo asciende al 23.9%. En otras palabras, tres cuartas partes de los bancarizados aún se maneja en efectivo. Misma hipótesis podemos señalar para los ocho de cada diez argentinos denotados por el Banco Mundial que al ver acreditado sus haberes en su cuenta bancaria, retiran todo el monto antes del día 5 de cada mes.
Este segmento poblacional no se encuentra incluido financieramente pues, aunque goza de acceso a servicios financieros, presenta escasos o nulos usos y prácticas en su interacción y utilización. Seguidamente, frente a la nueva medida encontrarían más incentivos para continuar manejándose por fuera del sistema bancario sin hacer uso pleno de los servicios financieros a los cuales tienen acceso.
En segundo término, a una semana de haberse implementado el plan de Precios Transparentes, los efectos habrían sido muy heterogéneos en los comercios. Los primeros relevamientos denotaron que la reducción de los precios al contado se habría producido en una cantidad menor de productos y a valores en torno al 10%. Por otro lado, la opción en cuotas habría incrementado el precio total financiado en casi la totalidad de los productos relevados y a valores que oscilan entre un 30% hasta un 70%. Consecuentemente, la medida perjudicaría más en términos relativos a aquellos que acceden a financiarse en cuotas que los beneficios que otorgaría a los que abonan al contado.
Si bien es anticipado acusar pronósticos prematuramente, de prevalecer esta tendencia, no podemos dejar de remarcar que gran parte de la población más vulnerable y bancarizada que realiza compras en cuotas por no tener ingresos tales para poder afrontar el costo total al contado (incluso tras la reducción promedio del 10%), serían los principales perjudicados. Es de esperar que dicho segmento poblacional se vea obligado a reducir su consumo general pues se encontrará en la disyuntiva de financiar sus compras a través de cuotas ahora probablemente prohibitivas, o bien desembolsar grandes sumas en efectivo que alterarán la previsión de gastos de la economía familiar.
En tercer y último lugar, y aunado a medidas recientes como la quita en la devolución del IVA a las compras con tarjetas de débito, podemos advertir un sesgo a reducir los incentivos del acceso a la bancarización de los excluidos del sistema financiero. Esto es, si bien dicho segmento se beneficiará de la reducción al contado, las futuras políticas de inclusión financiera verán disminuidas sus herramientas de persuasión para fomentar el ingreso al sistema financiero.
En conclusión, el concepto multidimensional de inclusión financiera afirma que el acceso y el uso efectivo de distintos servicios financieros en una economía es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo sostenible. No obstante, a través de los tres canales teóricos señalados, se encuentran motivos que animan a pensar que el plan de Precios Transparentes tendría la potencialidad de desincentivar parcialmente la inclusión financiera en diferentes segmentos de la población.
El argumento esgrimido para justificar la medida afirma que en los esquemas donde hasta ahora se ofrecía la posibilidad de financiar una compra en cuotas sin interés, los precios de la opción al contado (un solo pago en efectivo, débito o crédito) en realidad trasladaban el costo financiero supuestamente no aplicado al mencionado esquema de cuotas. En otras palabras, los comercios inflaban los precios de lista para cubrir el costo de financiación no aplicado en las cuotas, incorporando así los intereses de dicho financiamiento en los montos al contado.
En este sentido, la medida impone que en adelante cuando se ofrezca la posibilidad de comprar en cuotas, el comercio deberá informar separadamente el monto de cada una de ellas, el costo financiero total del esquema de pagos y el valor del producto al contado. Así, mediante la diferenciación, los impulsores esperan que se produzca una reducción de los precios al contado en un orden del 15% al 20%, con la posibilidad de aplicar multas de hasta 5 millones de pesos para aquellos comercios que no informen claramente cuánto cuesta un producto.
La política abre un profundo debate sobre sus posibles beneficiarios, perjudicados y consecuencias indirectas para otras medidas impulsadas por el sector público. Según la hipótesis de Comercio, los vendedores no resignan su margen de ganancia sino que inflan los precios de lista, lo cual equivaldría a aplicarle los costos de financiación de un préstamo a quienes pagan al contado perjudicando principalmente a aquellos que no pueden acceder a la opción de pago en cuotas. Como es de suponer, la masa crítica de este segmento poblacional serían aquellos individuos que no se encuentran inmersos en el sistema financiero (los no bancarizados). La pregunta que surge es: ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias del nuevo plan en la inclusión financiera nacional?
En un país como Argentina donde el 56% de la población no posee una cuenta bancaria, parece lógico estimar que los principales beneficiarios de esta política sean los más vulnerables excluidos del sistema financiero. No obstante, tras analizar detenidamente el contexto local, podemos diagramar tres potenciales canales teóricos que podrían actuar como posibles desincentivos en dimensiones específicas de inclusión financiera.
En primer lugar, como remarcó recientemente el Banco Mundial, del 44% de la población que posee una tarjeta de débito ligada a una cuenta bancaria en Argentina sólo el 25.4% realiza algún pago con ella. Menor aún son los que abonaron alguna vez durante el último año con tarjeta de crédito, cuyo guarismo asciende al 23.9%. En otras palabras, tres cuartas partes de los bancarizados aún se maneja en efectivo. Misma hipótesis podemos señalar para los ocho de cada diez argentinos denotados por el Banco Mundial que al ver acreditado sus haberes en su cuenta bancaria, retiran todo el monto antes del día 5 de cada mes.
Este segmento poblacional no se encuentra incluido financieramente pues, aunque goza de acceso a servicios financieros, presenta escasos o nulos usos y prácticas en su interacción y utilización. Seguidamente, frente a la nueva medida encontrarían más incentivos para continuar manejándose por fuera del sistema bancario sin hacer uso pleno de los servicios financieros a los cuales tienen acceso.
En segundo término, a una semana de haberse implementado el plan de Precios Transparentes, los efectos habrían sido muy heterogéneos en los comercios. Los primeros relevamientos denotaron que la reducción de los precios al contado se habría producido en una cantidad menor de productos y a valores en torno al 10%. Por otro lado, la opción en cuotas habría incrementado el precio total financiado en casi la totalidad de los productos relevados y a valores que oscilan entre un 30% hasta un 70%. Consecuentemente, la medida perjudicaría más en términos relativos a aquellos que acceden a financiarse en cuotas que los beneficios que otorgaría a los que abonan al contado.
Si bien es anticipado acusar pronósticos prematuramente, de prevalecer esta tendencia, no podemos dejar de remarcar que gran parte de la población más vulnerable y bancarizada que realiza compras en cuotas por no tener ingresos tales para poder afrontar el costo total al contado (incluso tras la reducción promedio del 10%), serían los principales perjudicados. Es de esperar que dicho segmento poblacional se vea obligado a reducir su consumo general pues se encontrará en la disyuntiva de financiar sus compras a través de cuotas ahora probablemente prohibitivas, o bien desembolsar grandes sumas en efectivo que alterarán la previsión de gastos de la economía familiar.
En tercer y último lugar, y aunado a medidas recientes como la quita en la devolución del IVA a las compras con tarjetas de débito, podemos advertir un sesgo a reducir los incentivos del acceso a la bancarización de los excluidos del sistema financiero. Esto es, si bien dicho segmento se beneficiará de la reducción al contado, las futuras políticas de inclusión financiera verán disminuidas sus herramientas de persuasión para fomentar el ingreso al sistema financiero.
En conclusión, el concepto multidimensional de inclusión financiera afirma que el acceso y el uso efectivo de distintos servicios financieros en una economía es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo sostenible. No obstante, a través de los tres canales teóricos señalados, se encuentran motivos que animan a pensar que el plan de Precios Transparentes tendría la potencialidad de desincentivar parcialmente la inclusión financiera en diferentes segmentos de la población.