Publicado en ACDE | Portal Empresa - 10-02-2017
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de informalidad en el empleo[1] urbano para América Latina se sitúa en valores superiores al 45%. Aunque es cierto que el fantasma del empleo no registrado acecha a otras economías y regiones del planeta, para una región que se caracterizó por sus logros en cuanto a crecimiento económico conjunto a una histórica reducción del desempleo, la informalidad plantea un desafío pendiente y prioritario.
Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son muchas y muy heterogéneas. Las principales, por supuesto, son sufridas por el trabajador y su familia quien generalmente debe someterse a empleos de menor calidad, salarios inferiores a la media, largas jornadas laborales, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema de protección social, no reconocimiento de derechos laborales, entre muchas otras.
En Argentina, según informes del mismo organismo en base a la EPH del INDEC y a la ENAPROSS II[2] del Ministerio de Trabajo de la Nación, la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores, presentando un sesgo hacia los trabajadores independientes donde la misma es cercana al 60%, mientras que en los asalariados es del orden del 35%. Siendo que los asalariados representan cerca del 75% de la masa de ocupados, y los trabajadores independientes casi un 25%, esta asimetría se replicaría de modo tal que dos de cada tres trabajadores informales serían asalariados en tanto aquel restante sería un trabajador independiente o emprendedor.
De igual modo, se entiende que el crecimiento económico es indispensable para la creación de más trabajos, pero no garantiza la calidad de los mismos ni es condición suficiente para la inclusión en el mercado laboral formal. Es requisito la aplicación de políticas que complementen al crecimiento económico y que, por sobre todo, permitan mejorar la medición y el diagnóstico para evitar caer en la precariedad laboral y la informalidad. Dentro de las posibles soluciones, la inclusión financiera, más específicamente el microcrédito, se esgrima como una alternativa poco explotada en la lucha contra la informalidad en el mercado de trabajo.
Ya sea por falta de registro laboral, garantías demostrables, ingresos suficientes, o simplemente por las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al sistema crediticio formal limitan recurrentemente a un importante segmento de la población. En este sentido, el microcrédito se ha hecho eco no solo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, sino también en las grandes instituciones financieras tanto públicas como privadas.
Más allá de lo limitada que es la información del sector, según datos del Microfinance Information Exchange[3] y los mapeos realizados por la Red Argentina de Microcrédito[4], durante el periodo 2008-2014 el número de instituciones microfinancieras habría crecido un 21% en el país, la Cartera Bruta para el periodo 2006-2013 un 792% (reflejando una tasa anual media del 113%) y la cantidad de prestatarios activos un 271% (a tasa media anual del 38%) con tasas de mora menores al 3%. Sin embargo, estos datos a priori alentadores no resisten análisis comparativo alguno con otras naciones de la región. La Argentina se encuentra dentro de los cinco países con menor cartera bruta y cantidad de micro-prestatarios activos de toda América Latina.
Para más, según el Global Microscope 2016[5], índice que evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas en 55 países, Argentina ocupa el puesto número 44. Los motivos son varios y probablemente muchos de ellos sean atribuibles a razones que afectan el ambiente de negocios en todos los sectores de la economía, no solo el microfinanciero. En este sentido, resta observar el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial (indicador que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en su conjunto), en el cual Argentina ocupa el puesto 116 entre 190 economías en el ranking global, y el 157 en el específico respecto al inicio de un emprendimiento.
Es una realidad incuestionable que el sector microfinanciero argentino se encuentra sub-desarrollado. Entre el amplio abanico de servicios microfinancieros utilizados en el mundo (microseguros, microdepósitos, microleasing, etc), en Argentina la palabra microfinanzas es casi un sinónimo de microcrédito. A pesar de ello, los micro, pequeños y medianos negocios encuentran diversos limitantes y obstáculos para acceder a dicho financiamiento, aun existiendo una demanda potencial de microcréditos latente que supera ampliamente a la oferta vigente (ésta última cubriría menos del 10% de dicha demanda potencial) reflejando así un sector con grandes posibilidades de crecimiento según los estudios realizados por la Escuela de Negocios de la UCA o bien por el Ministerio de Economía a través de Impulso Argentino (ex FONCAP)
En este sentido, la inclusión financiera y las microfinanzas (o, desde la óptica argentina, el microcrédito) podrían ser entendidas no solo como una gran oportunidad de negocios o como una herramienta más en la lucha contra la pobreza. Sino también, pensando en términos de desarrollo económico nacional, como una gran oportunidad para formalizar (monotributo y bancarización mediante) al mercado laboral. La apertura de una cuenta bancaria y el acceso a diversos productos microfinancieros es un paso inicial para el establecimiento posterior de relaciones financieras formales. Además de proveer una salida a la economía informal, el buen historial y registro bancario es condición para suscribir a diversas posibilidades de financiamiento futuras.
Por último, cabe destacar el ingreso y la ardua tarea que ya realizan algunas bancas públicas y privadas. Estas instituciones, que tienen el respaldo de la banca comercial tradicional (y en algunos casos de fondos públicos), poseen un alcance y una posibilidad de impacto mucho mayor que el espectro tradicional constituido por ONG´s o Instituciones Microfinancieras (IMF´s). Pudiendo así mediante incentivos y la educación financiera correspondiente, impulsar al registro formal de aquellos demandantes de servicios financieros y generar un impacto positivo en el mercado laboral.
La oferta de modelos es amplia. Siguiendo el modelo chileno con Banco Estado, cabría la posibilidad de que el Estado se convirtiera en un prestador directo utilizando al microcrédito como una herramienta para impulsar la formalidad y el registro de los microprestatarios. O bien mediante una alianza estratégica con el universo de ONG´s e IMF´s. Sea cual sea el modelo a seguir, de lo que no hay dudas es que la potencialidad y las bondades de la inclusión financiera tienen aún mucho por ofrecer en términos de desarrollo económico sostenible.
[1] Entendida como el no registro de la relación laboral asalariada en la seguridad social y la no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal.
[2] Encuesta de Protección y Seguridad Social.
[3] Plataforma fundada en el año 2002 bajo con el apoyo de organismos internacionales de fomento a las microfinanzas (como el CGAP del Banco Mundial). www.mixmarket.org
[4] Entidad sin fines de lucro fundada en el año 2005.
[5] Realizado en base 12 indicadores nacionales. Con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance.
Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son muchas y muy heterogéneas. Las principales, por supuesto, son sufridas por el trabajador y su familia quien generalmente debe someterse a empleos de menor calidad, salarios inferiores a la media, largas jornadas laborales, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema de protección social, no reconocimiento de derechos laborales, entre muchas otras.
En Argentina, según informes del mismo organismo en base a la EPH del INDEC y a la ENAPROSS II[2] del Ministerio de Trabajo de la Nación, la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores, presentando un sesgo hacia los trabajadores independientes donde la misma es cercana al 60%, mientras que en los asalariados es del orden del 35%. Siendo que los asalariados representan cerca del 75% de la masa de ocupados, y los trabajadores independientes casi un 25%, esta asimetría se replicaría de modo tal que dos de cada tres trabajadores informales serían asalariados en tanto aquel restante sería un trabajador independiente o emprendedor.
De igual modo, se entiende que el crecimiento económico es indispensable para la creación de más trabajos, pero no garantiza la calidad de los mismos ni es condición suficiente para la inclusión en el mercado laboral formal. Es requisito la aplicación de políticas que complementen al crecimiento económico y que, por sobre todo, permitan mejorar la medición y el diagnóstico para evitar caer en la precariedad laboral y la informalidad. Dentro de las posibles soluciones, la inclusión financiera, más específicamente el microcrédito, se esgrima como una alternativa poco explotada en la lucha contra la informalidad en el mercado de trabajo.
Ya sea por falta de registro laboral, garantías demostrables, ingresos suficientes, o simplemente por las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al sistema crediticio formal limitan recurrentemente a un importante segmento de la población. En este sentido, el microcrédito se ha hecho eco no solo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, sino también en las grandes instituciones financieras tanto públicas como privadas.
Más allá de lo limitada que es la información del sector, según datos del Microfinance Information Exchange[3] y los mapeos realizados por la Red Argentina de Microcrédito[4], durante el periodo 2008-2014 el número de instituciones microfinancieras habría crecido un 21% en el país, la Cartera Bruta para el periodo 2006-2013 un 792% (reflejando una tasa anual media del 113%) y la cantidad de prestatarios activos un 271% (a tasa media anual del 38%) con tasas de mora menores al 3%. Sin embargo, estos datos a priori alentadores no resisten análisis comparativo alguno con otras naciones de la región. La Argentina se encuentra dentro de los cinco países con menor cartera bruta y cantidad de micro-prestatarios activos de toda América Latina.
Para más, según el Global Microscope 2016[5], índice que evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas en 55 países, Argentina ocupa el puesto número 44. Los motivos son varios y probablemente muchos de ellos sean atribuibles a razones que afectan el ambiente de negocios en todos los sectores de la economía, no solo el microfinanciero. En este sentido, resta observar el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial (indicador que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en su conjunto), en el cual Argentina ocupa el puesto 116 entre 190 economías en el ranking global, y el 157 en el específico respecto al inicio de un emprendimiento.
Es una realidad incuestionable que el sector microfinanciero argentino se encuentra sub-desarrollado. Entre el amplio abanico de servicios microfinancieros utilizados en el mundo (microseguros, microdepósitos, microleasing, etc), en Argentina la palabra microfinanzas es casi un sinónimo de microcrédito. A pesar de ello, los micro, pequeños y medianos negocios encuentran diversos limitantes y obstáculos para acceder a dicho financiamiento, aun existiendo una demanda potencial de microcréditos latente que supera ampliamente a la oferta vigente (ésta última cubriría menos del 10% de dicha demanda potencial) reflejando así un sector con grandes posibilidades de crecimiento según los estudios realizados por la Escuela de Negocios de la UCA o bien por el Ministerio de Economía a través de Impulso Argentino (ex FONCAP)
En este sentido, la inclusión financiera y las microfinanzas (o, desde la óptica argentina, el microcrédito) podrían ser entendidas no solo como una gran oportunidad de negocios o como una herramienta más en la lucha contra la pobreza. Sino también, pensando en términos de desarrollo económico nacional, como una gran oportunidad para formalizar (monotributo y bancarización mediante) al mercado laboral. La apertura de una cuenta bancaria y el acceso a diversos productos microfinancieros es un paso inicial para el establecimiento posterior de relaciones financieras formales. Además de proveer una salida a la economía informal, el buen historial y registro bancario es condición para suscribir a diversas posibilidades de financiamiento futuras.
Por último, cabe destacar el ingreso y la ardua tarea que ya realizan algunas bancas públicas y privadas. Estas instituciones, que tienen el respaldo de la banca comercial tradicional (y en algunos casos de fondos públicos), poseen un alcance y una posibilidad de impacto mucho mayor que el espectro tradicional constituido por ONG´s o Instituciones Microfinancieras (IMF´s). Pudiendo así mediante incentivos y la educación financiera correspondiente, impulsar al registro formal de aquellos demandantes de servicios financieros y generar un impacto positivo en el mercado laboral.
La oferta de modelos es amplia. Siguiendo el modelo chileno con Banco Estado, cabría la posibilidad de que el Estado se convirtiera en un prestador directo utilizando al microcrédito como una herramienta para impulsar la formalidad y el registro de los microprestatarios. O bien mediante una alianza estratégica con el universo de ONG´s e IMF´s. Sea cual sea el modelo a seguir, de lo que no hay dudas es que la potencialidad y las bondades de la inclusión financiera tienen aún mucho por ofrecer en términos de desarrollo económico sostenible.
[1] Entendida como el no registro de la relación laboral asalariada en la seguridad social y la no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal.
[2] Encuesta de Protección y Seguridad Social.
[3] Plataforma fundada en el año 2002 bajo con el apoyo de organismos internacionales de fomento a las microfinanzas (como el CGAP del Banco Mundial). www.mixmarket.org
[4] Entidad sin fines de lucro fundada en el año 2005.
[5] Realizado en base 12 indicadores nacionales. Con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance.