Publicado en diario Notimérica | Europa Press - 13-01-2017
Tras la crisis internacional del año 2008 iniciada en los Estados Unidos, propagada posteriormente en las principales economías del mundo y cuyas consecuencias perduran al día de hoy, los principales gobiernos, organismos internacionales y hacedores de políticas aprendieron importantes lecciones. Sin lugar a dudas, una de ellas ha sido la necesidad impostergable de diagramar nuevas estrategias en busca de la tan anhelada estabilidad del sistema financiero.
Entre las diversas medidas que se implementaron con el afán de prevenir nuevos descalabros en los mercados de valores, la búsqueda de un sendero conciso hacia un sistema financiero más ético y equitativo adquirió especial interés. En esta línea, la inclusión financiera se ha esgrimido como una de las metas a alcanzar, viéndose materializada a fines del año 2015 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los objetivos de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS). Una de las principales características de los ODS fue que posicionó a la inclusión financiera en un lugar prioritario, contemplándola en cinco de sus 17 nuevos objetivos.
Sin embargo, el camino transitado por la inclusión financiera fue extenso y no nace en la mencionada Asamblea General. Diversos hitos que se sucedieron tras la crisis del año 2008 supieron ubicarla gradualmente en la agenda internacional. Por ejemplo, un hecho a destacar fue su incorporación como uno de los ejes a tratar en la Cumbre de Pittsburgh realizada por el Grupo de los Veinte (G-20) en el año 2009. Más relevante aún, fue la Declaración Maya impulsada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) en el año 2011, donde se desarrolló una serie de compromisos orientados a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vínculo con este.
A su vez, el creciente interés fue consecuencia de una mejor comprensión al respecto de la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social. Esto es, por un lado, un reconocimiento de que el acceso a servicios financieros cumple efectivamente un papel fundamental en la reducción de la pobreza extrema, el impulso a la prosperidad compartida y el desarrollo inclusivo y sostenible. Pero también, una creciente concientización de la inmensa brecha en términos de inclusión financiera a nivel global, con 2 billones de personas adultas que no utilizan servicios financieros formales.
En esta línea, otro hito que vale la pena destacar sucede en el año 2013, cuando el Grupo del Banco Mundial inicia su publicación del Global Financial Development Report aportando estadísticas fundamentales para la cuantificación de la exclusión financiera en el mundo. Así. conjuntamente con los ODS, en el año 2015 el Grupo del Banco Mundial y una serie de socios públicos y privados emitieron la iniciativa Acceso Financiero Universal 2020 (UFA2020), asumiendo el compromiso de facilitar una cuenta bancaria a 1 billón de personas a través de intervenciones específicas para el año 2020.
En este escenario global nacen las denominadas Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (NFIS, por sus siglas en ingles). Una NFIS se define como una hoja de ruta de acciones a implementar, acordadas y definidas a nivel nacional o subnacional, que las diversas partes siguen para alcanzar los objetivos de inclusión financiera. Para ello, busca coordinar las tareas a ejecutar por los distintos actores, definir responsabilidades entre estos y establecer una distribución clara de los recursos, por ejemplo, priorizando los objetivos.
En resumen, una NFIS es un instrumento de política orientado a promover la inclusión financiera a través de acciones específicas, con el objetivo de fomentar el acceso y uso responsable de los productos y servicios financieros. Además, a través de las NFIS se busca que estos últimos sean integrales, confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diferentes segmentos de la población.
Para inicios del 2016, según reportaba la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), 31 economías ya poseían una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera implementada y otras 27 naciones se encontraban en alguna etapa del proceso de implementación correspondiente. Esto es, casi sesenta economías del planeta cuentan o avanzan en un documento público e integral que presenta una estrategia desarrollada a nivel nacional para acelerar sistemáticamente el nivel de inclusión financiera.
Por último, en un mundo que avanza hacia políticas nacionales de inclusión financiera, cabe destacar que a nivel global la región de América Latina y el Caribe es donde se encuentran la mayor cantidad de países con NFIS implementadas y también en vías de implementación (diez economías en el primer grupo y ocho en el segundo, según el informe mencionado). Sin embargo, sacando el caso de México cuya implementación se realizó en el año 2007, el resto de las NFIS son relativamente recientes (tres o dos años de antigüedad). De este modo, en una región históricamente destacada por ser la más desigual del planeta, el reciente impulso a políticas nacionales de inclusión financiera anima a pensar en un futuro más equitativo e inclusivo para los países latinoamericanos.
Entre las diversas medidas que se implementaron con el afán de prevenir nuevos descalabros en los mercados de valores, la búsqueda de un sendero conciso hacia un sistema financiero más ético y equitativo adquirió especial interés. En esta línea, la inclusión financiera se ha esgrimido como una de las metas a alcanzar, viéndose materializada a fines del año 2015 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los objetivos de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS). Una de las principales características de los ODS fue que posicionó a la inclusión financiera en un lugar prioritario, contemplándola en cinco de sus 17 nuevos objetivos.
Sin embargo, el camino transitado por la inclusión financiera fue extenso y no nace en la mencionada Asamblea General. Diversos hitos que se sucedieron tras la crisis del año 2008 supieron ubicarla gradualmente en la agenda internacional. Por ejemplo, un hecho a destacar fue su incorporación como uno de los ejes a tratar en la Cumbre de Pittsburgh realizada por el Grupo de los Veinte (G-20) en el año 2009. Más relevante aún, fue la Declaración Maya impulsada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) en el año 2011, donde se desarrolló una serie de compromisos orientados a incrementar el acceso a los servicios financieros formales a personas sin vínculo con este.
A su vez, el creciente interés fue consecuencia de una mejor comprensión al respecto de la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social. Esto es, por un lado, un reconocimiento de que el acceso a servicios financieros cumple efectivamente un papel fundamental en la reducción de la pobreza extrema, el impulso a la prosperidad compartida y el desarrollo inclusivo y sostenible. Pero también, una creciente concientización de la inmensa brecha en términos de inclusión financiera a nivel global, con 2 billones de personas adultas que no utilizan servicios financieros formales.
En esta línea, otro hito que vale la pena destacar sucede en el año 2013, cuando el Grupo del Banco Mundial inicia su publicación del Global Financial Development Report aportando estadísticas fundamentales para la cuantificación de la exclusión financiera en el mundo. Así. conjuntamente con los ODS, en el año 2015 el Grupo del Banco Mundial y una serie de socios públicos y privados emitieron la iniciativa Acceso Financiero Universal 2020 (UFA2020), asumiendo el compromiso de facilitar una cuenta bancaria a 1 billón de personas a través de intervenciones específicas para el año 2020.
En este escenario global nacen las denominadas Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (NFIS, por sus siglas en ingles). Una NFIS se define como una hoja de ruta de acciones a implementar, acordadas y definidas a nivel nacional o subnacional, que las diversas partes siguen para alcanzar los objetivos de inclusión financiera. Para ello, busca coordinar las tareas a ejecutar por los distintos actores, definir responsabilidades entre estos y establecer una distribución clara de los recursos, por ejemplo, priorizando los objetivos.
En resumen, una NFIS es un instrumento de política orientado a promover la inclusión financiera a través de acciones específicas, con el objetivo de fomentar el acceso y uso responsable de los productos y servicios financieros. Además, a través de las NFIS se busca que estos últimos sean integrales, confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diferentes segmentos de la población.
Para inicios del 2016, según reportaba la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), 31 economías ya poseían una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera implementada y otras 27 naciones se encontraban en alguna etapa del proceso de implementación correspondiente. Esto es, casi sesenta economías del planeta cuentan o avanzan en un documento público e integral que presenta una estrategia desarrollada a nivel nacional para acelerar sistemáticamente el nivel de inclusión financiera.
Por último, en un mundo que avanza hacia políticas nacionales de inclusión financiera, cabe destacar que a nivel global la región de América Latina y el Caribe es donde se encuentran la mayor cantidad de países con NFIS implementadas y también en vías de implementación (diez economías en el primer grupo y ocho en el segundo, según el informe mencionado). Sin embargo, sacando el caso de México cuya implementación se realizó en el año 2007, el resto de las NFIS son relativamente recientes (tres o dos años de antigüedad). De este modo, en una región históricamente destacada por ser la más desigual del planeta, el reciente impulso a políticas nacionales de inclusión financiera anima a pensar en un futuro más equitativo e inclusivo para los países latinoamericanos.