Publicado en ACDE | Portal Empresa - 11-01-2017
La implementación de diversos programas de inclusión financiera, especialmente en base a tecnologías digitales, constituye una de las mayores promesas en materia de política social de los últimos años. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, siguen existiendo fuertes discrepancias sobre el impacto efectivo que están teniendo los servicios financieros ofrecidos por las Fintech en los sectores históricamente excluidos de la banca tradicional.
El afán por encontrar los canales a través de los cuales las políticas públicas o las innovaciones tecnológicas impactan en variables socioeconómicas ha inquietado (y hasta alarmado) a los principales estudiosos, políticos e investigadores recurrentemente. Aunque a la fecha son numerosos los estudios que han planteado cómo la expansión y maduración de los sistemas financieros inclusivos habrían tenido una incidencia positiva sobre el crecimiento económico o incluso hasta reducido la pobreza, para muchos otros la relación entre estas variables no sería tan clara.
En consecuencia, a pesar de que se han desarrollado dichos canales en términos teóricos y corroborado empíricamente la existencia de fuertes correlaciones, la escasa evidencia de causalidad ha motivado las más intensas críticas y actuado como un obstáculo permanente en la defensa de políticas y medidas sociales o económicas. En este sentido, para los futuros programas digitales de inclusión financiera, las evaluaciones de impacto se transforman en una herramienta fundamental al momento de brindar sustento a su razón de ser.
La propuesta, evaluar desde el inicio
En un contexto como el señalado, se torna mandatorio y un paso fundamental previo al diseño e implementación de cualquier programa de inclusión financiera, la incorporación conjunta de metodologías de medición de impacto y seguimiento social. El aporte empírico que provee la evaluación no solo permite determinar los beneficios económicos y sociales en los usuarios, sino también conocer la efectividad integral del programa (grado de adecuación entre los objetivos y resultados), justificar la inversión y contribuir a la mejora futura de su gestión.
La premisa que subyace a esta propuesta es la existencia de factores ajenos a los financieros, como variables sociales y culturales que condicionan frecuentemente el acceso, uso, adaptabilidad y la calidad de los servicios financieros ofrecidos. Para más, cuando el sector al cual van dirigidos estos servicios son personas en situación de pobreza o sectores vulnerables, es imprescindible comprender correctamente sus necesidades, contexto, estilos de vida y comportamientos (esto es, realizar un estudio profundo desde el lado de la demanda).
En este sentido, lo anhelado es medir individual y aisladamente el impacto de un programa de inclusión financiera sobre ciertas variables, brindando el mayor grado de certeza posible y depurando cualquier efecto que otras contingencias pudieran provocar.
Avanzando hacia la implementación
Esta evidencia, por supuesto, se obtendrá a través de la aplicación de determinadas metodologías de la investigación diseñadas y adaptadas al programa. Una correcta selección muestral es clave para obtener tres resultados necesarios en orden de robustez. Primero, encontrar la existencia de una relación entre las variables analizadas en nuestra muestra (estadística analítica). Segundo, poder extrapolar dicha relación a nuestra población con cierto nivel de confianza (inferencia estadística). Por último, lo más deseado y laborioso, encontrar la causalidad entre el programa y las variables estudiadas.
Afirmar causalidad es la eterna quimera de los científicos sociales. El diseño metodológico a considerar por los hacedores de políticas y profesionales responsables de la implementación de programas de inclusión financiera son los denominados estudios experimentales (aleatorios). Estos estudios consisten en dividir aleatoriamente un grupo de intervención (personas que formarán parte de un proyecto de inclusión financiera) y un grupo de control (personas que no participarán) para analizarlos luego comparativamente. El principal desafío de estos estudios es la selección de ambas muestras, cuyos grupos deben ser estadísticamente comparables, es decir, deben coincidir en sus variables económicas y sociales (edad, ingresos, lugar de residencia, entre otras).
Ahora bien, realizar un estudio que cumpla estas características es particularmente difícil en las ciencias sociales. Estas dificultades son tanto físicas (o bien es materialmente imposible aplicar aleatoriedad sobre las personas o bien es extremadamente costoso) como éticas (realizar una intervención para brindar evidencia de un impacto negativo en seres humanos podría ser muy cuestionable). Más allá de estas dificultades, estudios con estas características se han llevado a cabo en distintas oportunidades (como los reconocidos Randomized Control Trials).
Como consecuencia de estas limitantes, existen otros diseños metodológicos menos complejos que pueden ser implementados alternativamente con mayor facilidad y menores costos. Por ejemplo, en los denominados estudios cuasi-experimentales se trabaja también con dos grupos (control e intervención), pero es la persona responsable quien selecciona a los participantes (interviene así el sesgo de selección) en base a algún criterio determinado (no es al azar).
De cara al futuro
En conclusión, las nuevas tecnologías financieras (Fintech) han llegado para revolucionar a la banca tradicional con nuevas propuestas y desafíos. Simultáneamente, su potencial de impacto y proliferación las ha puesto en un papel protagónico de la política social que vendrá, pero también las ha colmado de expectativas que deberán estar a la altura de satisfacer.
Es incuestionable que toda política de inclusión financiera (digital o no) necesita de una gestión informada que permita verificar que los programas financiados tienen un impacto real sobre la población objetivo. Para ello, la medición, evaluación y seguimiento de los programas de inclusión financiera es una tarea fundamental aunque relegada en diversas oportunidades durante el pasado.
De cara a un futuro digital, la evaluación social debe estar incluida dentro de las líneas de trabajo y propuestas de las distintas instituciones y organismos con el principal propósito de contribuir al crecimiento de un sistema financiero más inclusivo, equitativo y sostenible.
El afán por encontrar los canales a través de los cuales las políticas públicas o las innovaciones tecnológicas impactan en variables socioeconómicas ha inquietado (y hasta alarmado) a los principales estudiosos, políticos e investigadores recurrentemente. Aunque a la fecha son numerosos los estudios que han planteado cómo la expansión y maduración de los sistemas financieros inclusivos habrían tenido una incidencia positiva sobre el crecimiento económico o incluso hasta reducido la pobreza, para muchos otros la relación entre estas variables no sería tan clara.
En consecuencia, a pesar de que se han desarrollado dichos canales en términos teóricos y corroborado empíricamente la existencia de fuertes correlaciones, la escasa evidencia de causalidad ha motivado las más intensas críticas y actuado como un obstáculo permanente en la defensa de políticas y medidas sociales o económicas. En este sentido, para los futuros programas digitales de inclusión financiera, las evaluaciones de impacto se transforman en una herramienta fundamental al momento de brindar sustento a su razón de ser.
La propuesta, evaluar desde el inicio
En un contexto como el señalado, se torna mandatorio y un paso fundamental previo al diseño e implementación de cualquier programa de inclusión financiera, la incorporación conjunta de metodologías de medición de impacto y seguimiento social. El aporte empírico que provee la evaluación no solo permite determinar los beneficios económicos y sociales en los usuarios, sino también conocer la efectividad integral del programa (grado de adecuación entre los objetivos y resultados), justificar la inversión y contribuir a la mejora futura de su gestión.
La premisa que subyace a esta propuesta es la existencia de factores ajenos a los financieros, como variables sociales y culturales que condicionan frecuentemente el acceso, uso, adaptabilidad y la calidad de los servicios financieros ofrecidos. Para más, cuando el sector al cual van dirigidos estos servicios son personas en situación de pobreza o sectores vulnerables, es imprescindible comprender correctamente sus necesidades, contexto, estilos de vida y comportamientos (esto es, realizar un estudio profundo desde el lado de la demanda).
En este sentido, lo anhelado es medir individual y aisladamente el impacto de un programa de inclusión financiera sobre ciertas variables, brindando el mayor grado de certeza posible y depurando cualquier efecto que otras contingencias pudieran provocar.
Avanzando hacia la implementación
Esta evidencia, por supuesto, se obtendrá a través de la aplicación de determinadas metodologías de la investigación diseñadas y adaptadas al programa. Una correcta selección muestral es clave para obtener tres resultados necesarios en orden de robustez. Primero, encontrar la existencia de una relación entre las variables analizadas en nuestra muestra (estadística analítica). Segundo, poder extrapolar dicha relación a nuestra población con cierto nivel de confianza (inferencia estadística). Por último, lo más deseado y laborioso, encontrar la causalidad entre el programa y las variables estudiadas.
Afirmar causalidad es la eterna quimera de los científicos sociales. El diseño metodológico a considerar por los hacedores de políticas y profesionales responsables de la implementación de programas de inclusión financiera son los denominados estudios experimentales (aleatorios). Estos estudios consisten en dividir aleatoriamente un grupo de intervención (personas que formarán parte de un proyecto de inclusión financiera) y un grupo de control (personas que no participarán) para analizarlos luego comparativamente. El principal desafío de estos estudios es la selección de ambas muestras, cuyos grupos deben ser estadísticamente comparables, es decir, deben coincidir en sus variables económicas y sociales (edad, ingresos, lugar de residencia, entre otras).
Ahora bien, realizar un estudio que cumpla estas características es particularmente difícil en las ciencias sociales. Estas dificultades son tanto físicas (o bien es materialmente imposible aplicar aleatoriedad sobre las personas o bien es extremadamente costoso) como éticas (realizar una intervención para brindar evidencia de un impacto negativo en seres humanos podría ser muy cuestionable). Más allá de estas dificultades, estudios con estas características se han llevado a cabo en distintas oportunidades (como los reconocidos Randomized Control Trials).
Como consecuencia de estas limitantes, existen otros diseños metodológicos menos complejos que pueden ser implementados alternativamente con mayor facilidad y menores costos. Por ejemplo, en los denominados estudios cuasi-experimentales se trabaja también con dos grupos (control e intervención), pero es la persona responsable quien selecciona a los participantes (interviene así el sesgo de selección) en base a algún criterio determinado (no es al azar).
De cara al futuro
En conclusión, las nuevas tecnologías financieras (Fintech) han llegado para revolucionar a la banca tradicional con nuevas propuestas y desafíos. Simultáneamente, su potencial de impacto y proliferación las ha puesto en un papel protagónico de la política social que vendrá, pero también las ha colmado de expectativas que deberán estar a la altura de satisfacer.
Es incuestionable que toda política de inclusión financiera (digital o no) necesita de una gestión informada que permita verificar que los programas financiados tienen un impacto real sobre la población objetivo. Para ello, la medición, evaluación y seguimiento de los programas de inclusión financiera es una tarea fundamental aunque relegada en diversas oportunidades durante el pasado.
De cara a un futuro digital, la evaluación social debe estar incluida dentro de las líneas de trabajo y propuestas de las distintas instituciones y organismos con el principal propósito de contribuir al crecimiento de un sistema financiero más inclusivo, equitativo y sostenible.