Publicado en diario El Economista (Edición Impresa) - 10-01-2017
En la mayor parte de las economías del mundo, la industria de la construcción ocupa un lugar fundamental en política económica. No tanto por el valor agregado directo sino por su carácter intrínseco de política contracíclica. En Argentina, la inversión por parte del Estado en obra pública ha sido altamente significativa, justamente por estar vinculada a los ciclos económicos del país. Por ejemplo, a finales de la década del ’70 y principios de los ’80, esta industria llegó a representar hasta 8% del PIB, descendiendo a menos del 4% a finales de los ’80 como durante la década del ’90, para volver a ubicarse en promedio alrededor del 6% a partir del 2003.
Frente a una economía que no termina de arrancar, recurrentemente surge el debate sobre las distintas formas de reactivar la actividad en las diferentes líneas del equipo económico del Gobierno. Dentro de este debate, el Presidente parece haber optado, como gobiernos anteriores, por la inversión en obras y consumo público. Así, una porción fundamental del Presupuesto 2017 se destinará al ambicioso plan de obras y servicios sociales.
Sin embargo, similar estrategia se anunciaba para el segundo semestre del año que se fue. Pero como consecuencia de una seria falta de coordinación así como retrasos en la ejecución de obras, los datos del sector arrojaron cifras desalentadoras. Tras un año nefasto, la actividad de la construcción retrocedió nuevamente en noviembre, según el Indec, esta vez 9,4% respecto a igual mes de 2015, acumulando así once bajas consecutivas en 2016. Frente a estos antecedentes, cabe preguntarse si la inversión en obra pública es garantía de crecimiento económico en 2017 o el plan podría fallar.
Los ejes
Un eje fundamental de la inversión pública que vendrá es el afamado Plan Belgrano, anunciado en la campaña presidencial, que contempla el Belgrano Cargas y las Rutas Nacionales Nros. 9, 34 y 14, entre otras obras. Para esta inversión se destinará alrededor de $95.000 millones a ejecutar a lo largo de 10 provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Otras grandes obras a tener en cuenta son las destinadas a la generación y mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner por $20.000 millones; el Aprovechamiento Integral del Rio Grande–Presa y Central Hidroeléctrica “Portezuelo del Viento” por $2.750 millones; la construcción del Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina en las provincias de Tucumán y Catamarca por $1.044 millones, entre otras.
Sumado a las obras pendientes de ejecución, los presupuestos provinciales y municipales han destinado un fuerte caudal al hábitat y vivienda. Estos fondos son mayormente para la construcción de viviendas sociales y obras de urbanización, saneamiento y potabilización, infraestructura vial y en menor medida saneamiento ambiental.
¿Impacto inmediato?
Con certeza, mayores niveles de inversión en infraestructura cumplen un rol importante en la consolidación de procesos de crecimiento de los países. Esto se debe a que, según la teoría, generan incrementos de productividad, reducción de costos energéticos, logística, transporte y, consecuentemente, mejora en la competitividad.
Todo ello afectaría de manera transversal a distintos sectores de la economía argentina pero, especialmente, a los sectores exportadores. A su vez, brinda sostenibilidad a un modelo económico y colabora instando el equilibrio en las cuentas externas y fiscales. También, y no menos importante, las obras destinadas al desarrollo urbano aumentan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de la población.
Pero, ¿cuál es el impacto en el corto plazo? Como se mencionó, un efecto directo de la obra pública es su impactar en el ciclo económico. Esto se materializa básicamente en la generación de empleo, tanto asalariado formal por parte de empresas constructoras, subcontratistas para instalaciones eléctricas y otros servicios, como empleo informal. Pero también repercute de forma indirecta en la generación de empleo en empresas proveedoras de productos e insumos para el sector y en las economías locales. Así, mediante empleo directo e indirecto se apuntala la actividad en su conjunto.
Sin embargo, frente a restricciones tales como un elevado nivel de utilización de los factores productivos, déficit fiscal y crisis energética, lejos del efecto multiplicador keynesiano esperado a corto plazo, la obra pública podría tener un impacto en la demanda recesivo. Esto es, influir más sobre los precios (inflación) que sobre las cantidades. Por otro lado, es sabido que la obra pública requiere un período de ventana para comenzar a ejecutarse y notar su influencia en las variables económicas. Todo esto quiere decir que el poder de fuego de la obra pública para la reactivación de la economía en el año que acaba de comenzar podría verse acotado.
En conclusión, no queda claro si la inversión de miles de millones de pesos votados en el Presupuesto 2017 para obra pública es una mirada estratégica de largo plazo o se espera una incidencia en el corto plazo. Lo que queda claro es que en un año electoral es esencial la inauguración de obras y los cortes de cinta.
Frente a una economía que no termina de arrancar, recurrentemente surge el debate sobre las distintas formas de reactivar la actividad en las diferentes líneas del equipo económico del Gobierno. Dentro de este debate, el Presidente parece haber optado, como gobiernos anteriores, por la inversión en obras y consumo público. Así, una porción fundamental del Presupuesto 2017 se destinará al ambicioso plan de obras y servicios sociales.
Sin embargo, similar estrategia se anunciaba para el segundo semestre del año que se fue. Pero como consecuencia de una seria falta de coordinación así como retrasos en la ejecución de obras, los datos del sector arrojaron cifras desalentadoras. Tras un año nefasto, la actividad de la construcción retrocedió nuevamente en noviembre, según el Indec, esta vez 9,4% respecto a igual mes de 2015, acumulando así once bajas consecutivas en 2016. Frente a estos antecedentes, cabe preguntarse si la inversión en obra pública es garantía de crecimiento económico en 2017 o el plan podría fallar.
Los ejes
Un eje fundamental de la inversión pública que vendrá es el afamado Plan Belgrano, anunciado en la campaña presidencial, que contempla el Belgrano Cargas y las Rutas Nacionales Nros. 9, 34 y 14, entre otras obras. Para esta inversión se destinará alrededor de $95.000 millones a ejecutar a lo largo de 10 provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Otras grandes obras a tener en cuenta son las destinadas a la generación y mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner por $20.000 millones; el Aprovechamiento Integral del Rio Grande–Presa y Central Hidroeléctrica “Portezuelo del Viento” por $2.750 millones; la construcción del Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina en las provincias de Tucumán y Catamarca por $1.044 millones, entre otras.
Sumado a las obras pendientes de ejecución, los presupuestos provinciales y municipales han destinado un fuerte caudal al hábitat y vivienda. Estos fondos son mayormente para la construcción de viviendas sociales y obras de urbanización, saneamiento y potabilización, infraestructura vial y en menor medida saneamiento ambiental.
¿Impacto inmediato?
Con certeza, mayores niveles de inversión en infraestructura cumplen un rol importante en la consolidación de procesos de crecimiento de los países. Esto se debe a que, según la teoría, generan incrementos de productividad, reducción de costos energéticos, logística, transporte y, consecuentemente, mejora en la competitividad.
Todo ello afectaría de manera transversal a distintos sectores de la economía argentina pero, especialmente, a los sectores exportadores. A su vez, brinda sostenibilidad a un modelo económico y colabora instando el equilibrio en las cuentas externas y fiscales. También, y no menos importante, las obras destinadas al desarrollo urbano aumentan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de la población.
Pero, ¿cuál es el impacto en el corto plazo? Como se mencionó, un efecto directo de la obra pública es su impactar en el ciclo económico. Esto se materializa básicamente en la generación de empleo, tanto asalariado formal por parte de empresas constructoras, subcontratistas para instalaciones eléctricas y otros servicios, como empleo informal. Pero también repercute de forma indirecta en la generación de empleo en empresas proveedoras de productos e insumos para el sector y en las economías locales. Así, mediante empleo directo e indirecto se apuntala la actividad en su conjunto.
Sin embargo, frente a restricciones tales como un elevado nivel de utilización de los factores productivos, déficit fiscal y crisis energética, lejos del efecto multiplicador keynesiano esperado a corto plazo, la obra pública podría tener un impacto en la demanda recesivo. Esto es, influir más sobre los precios (inflación) que sobre las cantidades. Por otro lado, es sabido que la obra pública requiere un período de ventana para comenzar a ejecutarse y notar su influencia en las variables económicas. Todo esto quiere decir que el poder de fuego de la obra pública para la reactivación de la economía en el año que acaba de comenzar podría verse acotado.
En conclusión, no queda claro si la inversión de miles de millones de pesos votados en el Presupuesto 2017 para obra pública es una mirada estratégica de largo plazo o se espera una incidencia en el corto plazo. Lo que queda claro es que en un año electoral es esencial la inauguración de obras y los cortes de cinta.