Publicado en Diario PERFIL - 19-11-2019
Tan solo cinco meses atrás, mientras en Buenos Aires corría lo que fueron los días más fríos del año, la Argentina se estremecía tras la muerte por hipotermia de Sergio Zacarías, de 53 años, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Sucede que, como ya nos señalaba el Índice de Bienestar Urbano (IBU) publicado a fines del año pasado, en una Ciudad como la de Buenos Aires se puede vivir como en Europa, pero también como en Haití, Yemen o Serbia (o incluso con tasas de mortalidad infantil equiparables a la de países como Armenia, Túnez o Libia, dependiendo el barrio).
La problemática de las personas en situación de calle es crítica. Para dimensionar, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que realizó la Defensoría del Pueblo publicado el pasado 5 de julio, 7.251 personas están en situación de calle efectiva, de los cuales 5.412 viven en plazas, umbrales de edificios o directamente en veredas (a la intermperie) y 1.839 utilizan activamente la red de alojamiento transitorio (ya sean paradores o establecimientos con convenios). Aunque con la partida del invierno la problemática pareciera muchas veces quedar invisibilizada hasta el año siguiente, estos 7.251 vecinos y vecinas de la ciudad más acaudalada del país no deben dejar de interpelarnos en la responsabilidad vulnerada al derecho que todo argentino tiene a una vivienda digna, a la salud y (en casos tan extremos como el mencionado) a la vida como un derecho humano.
Desnaturalizar de nuestra cotidianidad la situación de calle es un punto obligado para empezar a encontrar soluciones efectivas. No solo por motivos éticos y responsabilidades constitucionales (e.g. en la Ciudad de Buenos Aires existe desde el 2010 la ley 3.706 de protección de derechos de personas en situación de Calle y en riesgo), sino también porque en la situación de calle subyace un reflejo extremo de una consecuencia cada vez más probable. Hablamos, específicamente, de un alarmante riesgo de pasar a estar o caer en situación de calle efectiva.
Siguiendo con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, entre marzo y abril 2017 la misma institución se preguntó cuántas personas estaban en riesgo de calle. Así, sumando quienes son beneficiarios de subsidio habitacional otorgado por Decreto 690/06 y sus modificaciones, beneficiarios de amparo judicial para garantizar el acceso a la vivienda, adolecentes de 18 años institucionalizados en el Sistema Protección que deben egresar sólo por su edad, aquellos en el Sistema de justicia juvenil en condición de egreso, adultos en el sistema penal próximos a finalizar su condena, adultos que teniendo alta médica/salud permanecen en las instituciones de salud por no tener donde vivir, las familias incluidas en hoteles en el marco Operativo Frio u otras similares, la población en riesgo de pasar a estar en situación de calle añadía aproximadamente otros 20.000 vecinos y vecinas.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires se sancionó y promulgó la Ley Nº 13.956 en 2009, mediante la cual se crea el “Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”. La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento de alcance provincial en octubre del año 2017 indagando acerca de la atención a personas en situación de calle por parte de los municipios. Encontró que alrededor del 80% de los municipios que respondieron (sólo el 60% de 135 contactados, el resto argumentó falta de autorización institucional o directamente desconocer la problemática) declara no tener vínculo ni recibir recursos de las autoridades provinciales responsables. No existiría articulación formal ni informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco dicen conocer la mencionada Ley Provincial 13.956.
A pesar de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con leyes específicas, sancionadas y promulgadas entre los años 2009 y 2011, no ocurre lo mismo a nivel nacional. No existe hoy en nuestro país una normativa a nivel nacional específica sobre esta problemática. En otras palabras, no tenemos siquiera criterios unificados a partir de los cuales se pueda establecer un abordaje integral de la problemática o un relevamiento unificado en todo el país sobre las personas en riesgo o en situación de calle, insumo necesario para desarrollar mecanismos de atención efectivos (hoy también ausentes).
En un escenario de emergencia alimentaria, alza de la pobreza, persistente déficit habitacional y tenencia precaria de la vivienda (todos disparadores del riesgo de calle), debatir en un contexto neutral y con rigurosidad académica los caminos para darle solución a esta problemática se vuelve fundamental. Pero este debate es multicausal, no tiene una única respuesta ni solución, motivo por el cual encontrar enfoques innovadores además de valioso se torna obligado. Por ello, desde el Observatorio de Innovación Social de FCE-UBA y en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, nos proponemos rescatar estas inquietudes de cara al próximo 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde realizaremos una primera jornada con actores claves para brindar luz a la discusión pendiente sobre gente en riesgo o situación de calle.
La problemática de las personas en situación de calle es crítica. Para dimensionar, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que realizó la Defensoría del Pueblo publicado el pasado 5 de julio, 7.251 personas están en situación de calle efectiva, de los cuales 5.412 viven en plazas, umbrales de edificios o directamente en veredas (a la intermperie) y 1.839 utilizan activamente la red de alojamiento transitorio (ya sean paradores o establecimientos con convenios). Aunque con la partida del invierno la problemática pareciera muchas veces quedar invisibilizada hasta el año siguiente, estos 7.251 vecinos y vecinas de la ciudad más acaudalada del país no deben dejar de interpelarnos en la responsabilidad vulnerada al derecho que todo argentino tiene a una vivienda digna, a la salud y (en casos tan extremos como el mencionado) a la vida como un derecho humano.
Desnaturalizar de nuestra cotidianidad la situación de calle es un punto obligado para empezar a encontrar soluciones efectivas. No solo por motivos éticos y responsabilidades constitucionales (e.g. en la Ciudad de Buenos Aires existe desde el 2010 la ley 3.706 de protección de derechos de personas en situación de Calle y en riesgo), sino también porque en la situación de calle subyace un reflejo extremo de una consecuencia cada vez más probable. Hablamos, específicamente, de un alarmante riesgo de pasar a estar o caer en situación de calle efectiva.
Siguiendo con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, entre marzo y abril 2017 la misma institución se preguntó cuántas personas estaban en riesgo de calle. Así, sumando quienes son beneficiarios de subsidio habitacional otorgado por Decreto 690/06 y sus modificaciones, beneficiarios de amparo judicial para garantizar el acceso a la vivienda, adolecentes de 18 años institucionalizados en el Sistema Protección que deben egresar sólo por su edad, aquellos en el Sistema de justicia juvenil en condición de egreso, adultos en el sistema penal próximos a finalizar su condena, adultos que teniendo alta médica/salud permanecen en las instituciones de salud por no tener donde vivir, las familias incluidas en hoteles en el marco Operativo Frio u otras similares, la población en riesgo de pasar a estar en situación de calle añadía aproximadamente otros 20.000 vecinos y vecinas.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires se sancionó y promulgó la Ley Nº 13.956 en 2009, mediante la cual se crea el “Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”. La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento de alcance provincial en octubre del año 2017 indagando acerca de la atención a personas en situación de calle por parte de los municipios. Encontró que alrededor del 80% de los municipios que respondieron (sólo el 60% de 135 contactados, el resto argumentó falta de autorización institucional o directamente desconocer la problemática) declara no tener vínculo ni recibir recursos de las autoridades provinciales responsables. No existiría articulación formal ni informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco dicen conocer la mencionada Ley Provincial 13.956.
A pesar de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con leyes específicas, sancionadas y promulgadas entre los años 2009 y 2011, no ocurre lo mismo a nivel nacional. No existe hoy en nuestro país una normativa a nivel nacional específica sobre esta problemática. En otras palabras, no tenemos siquiera criterios unificados a partir de los cuales se pueda establecer un abordaje integral de la problemática o un relevamiento unificado en todo el país sobre las personas en riesgo o en situación de calle, insumo necesario para desarrollar mecanismos de atención efectivos (hoy también ausentes).
En un escenario de emergencia alimentaria, alza de la pobreza, persistente déficit habitacional y tenencia precaria de la vivienda (todos disparadores del riesgo de calle), debatir en un contexto neutral y con rigurosidad académica los caminos para darle solución a esta problemática se vuelve fundamental. Pero este debate es multicausal, no tiene una única respuesta ni solución, motivo por el cual encontrar enfoques innovadores además de valioso se torna obligado. Por ello, desde el Observatorio de Innovación Social de FCE-UBA y en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, nos proponemos rescatar estas inquietudes de cara al próximo 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde realizaremos una primera jornada con actores claves para brindar luz a la discusión pendiente sobre gente en riesgo o situación de calle.