Publicado en diario La Nación - 17-04-2016
La nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), sucesora de las Metas del Milenio, ha colocado en un lugar prioritario entre sus objetivos a la inclusión financiera, mencionando al acceso ampliado a servicios financieros en cinco de los 17 nuevos objetivos[1]. De este modo, podemos afirmar que actualmente la inclusión financiera es reconocida a nivel global como un factor fundamental en el desarrollo sostenible.
Cuando hablamos de inclusión financiera, debemos remarcar que su ámbito no se encuentra limitado exclusivamente al instrumento crediticio con fines productivos o de consumo. Por el contrario, abarca el acceso a un amplio abanico de otros servicios financieros como los medios de transferencias, ahorros, depósitos, seguros, capital de riesgo, y los créditos para vivienda, entre otros. Esto es, la inclusión financiera es actualmente un objetivo en sí mismo, pero se torna aún más valiosa como componente para la inclusión social y empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. En este sentido, la población excluida del sector financiero que pueda acceder a esquemas de ahorro y crédito en condiciones favorables, podrá suavizar sus patrones de consumo, planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones, no sólo en emprendimientos productivos, sino también en inversiones a largo plazo, como la educación o la vivienda.
Sin embargo, debemos remarcar dos factores que actualmente son indispensables para acompañar cualquier proceso exitoso de inclusión financiera. Uno es que al acceso a dichos servicios financieros se sume la educación financiera y emprendedora orientada a facilitar el uso apropiado de los mismos. De esta manera, además de potenciar al emprendedurismo en su conjunto, se impulsa al ahorro entre los pobres favoreciendo su bienestar y generando, consecuentemente, inclusión social y crecimiento económico. El segundo factor son las políticas de incentivo a la formalidad laboral. Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son numerosas, muy heterogéneas y exceden a la exclusión del sistema financiero formal. En Argentina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores[2]. Perpetuar en la informalidad a emprendedores exitosos o prestatarios que desean mejorar su vivienda, con créditos (o microcréditos) a tasas altas o muy altas sólo asegura su supervivencia pero limita su desarrollo. Igual de limitante resulta ofrecer únicamente acceso al crédito para emprendedores en crecimiento que requieren acceso a servicios bancarios más amplios o educación financiera para su efectiva utilización.
No obstante, existe un tercer factor que ha quedado relegado incluso en los modelos más actuales de inclusión financiera, nos referimos a la problemática habitacional. Actualmente, uno de cada cuatro hogares en Argentina padece de déficit habitacional, ya sea producto de una tenencia irregular o bien de la precariedad en la vivienda[3]. Asimismo, más allá de las iniciativas públicas como el Plan Federal de Viviendas o el Pro.Cre.Ar., la evolución de los créditos hipotecarios en relación a otros préstamos ha sido mínima[4]. En este sentido, la evidencia da muestra del carácter insatisfecho de la demanda de crédito hipotecario. En particular la población dispuesta a endeudarse con esa finalidad ha superado ampliamente la oferta vigente, principalmente en los sectores más desfavorecidos. En ellos, según estudios propios[5] es la primera necesidad crediticia, es allí donde prima la informalidad y precariedad laboral, y donde los planes de crédito público no han sido eficaces. En este sentido, es imperativo fomentar e impulsar las líneas de crédito para refaccionar y ampliar, o terminar viviendas, mejorando o readecuando el Pro.Cre.Ar. e implementar políticas públicas que mitiguen el déficit habitacional generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida.
Debemos destacar ciertos progresos puntuales en inclusión financiera como la Cuenta Gratuita Universal impulsada por normativa del Banco Central, las trasferencias monetarias condicionadas a través de la apertura de cuentas bancarias, los planes públicos de acceso al crédito para vivienda o el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva 2015-2019[6] que eleva los topes mensuales en la Cuenta Gratuita Universal, fomenta en la banca tradicional el otorgamiento de microcréditos y pone en marcha una iniciativa de educación financiera conjunta con el Ministerio de Educación para fomentar las capacidades financieras en los jóvenes denotan el interés actual en la temática. No obstante, el grado de bancarización en Argentina se sitúa en 50.2%, relativamente bajo comparado con Brasil o Chile (68.1% y 63.2%), y la participación de crédito hipotecario sobre el PBI es marginalmente superior al 1% muy por debajo a la de otras economías que ostentan índices superiores al 20%(Chile y Panamá, por ejemplo).
A pesar de ciertos progresos puntuales en inclusión financiera como la Cuenta Gratuita Universal o el Plan Nacional de Bancarización 2015-2019, el grado de bancarización en Argentina se sitúa en 50.2%, relativamente bajo comparado con Brasil o Chile (68.1% y 63.2%). De igual modo, la participación del crédito hipotecario en el PBI es marginalmente superior al 1%, muy por debajo al de economías como Chile y Panamá (20 a 30%).
Teniendo en cuenta todos estos factores, un futuro plan de inclusión financiera y habitacional que contemple las tres dimensiones aquí expuestas debería ser coordinado e implementado por el Banco Central conjuntamente con otros ministerios con competencia en asuntos de formalidad laboral (AFIP, Ministerio de Trabajo, ANSES), emprendedurismo (Ministerio de la Producción), servicios financieros (Ministerio de Economía y Hacienda, o sus homólogos en otros países de Latinoamérica) y atender la necesidad de vivienda. Esto último, no sólo de la clase media con el sistema propuesto por el Banco Central, sino también con un plan de microcréditos para vivienda, que a su vez requiere gradualmente más formalidad en el empleo, educación financiera y un enfoque federal de desconcentración de la población desde las grandes urbes.
[1] A saber, poner fin a la pobreza; poner fin al hambre; lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y promover la industrialización inclusiva y sostenible (UNIT, 2015)
[2] Aquella trepa al 60% en el caso de los cuentapropistas, mientras que es del orden del 35% para los asalariados
[3] Peor aún, el guarismo se incrementa al incluir variables de hacinamiento y déficit en el servicio sanitario (véase, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA).
[4] Desde el año 2002 a la fecha fue entre un 50% y 88% menor que personales, prendarios y adelantos en promedio de crecimiento interanual.
[5] Véase, “Microfinanzas en la Argentina”, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires (2014).
[6] http://www.bcra.gov.ar/Noticias/not000021.asp
Cuando hablamos de inclusión financiera, debemos remarcar que su ámbito no se encuentra limitado exclusivamente al instrumento crediticio con fines productivos o de consumo. Por el contrario, abarca el acceso a un amplio abanico de otros servicios financieros como los medios de transferencias, ahorros, depósitos, seguros, capital de riesgo, y los créditos para vivienda, entre otros. Esto es, la inclusión financiera es actualmente un objetivo en sí mismo, pero se torna aún más valiosa como componente para la inclusión social y empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. En este sentido, la población excluida del sector financiero que pueda acceder a esquemas de ahorro y crédito en condiciones favorables, podrá suavizar sus patrones de consumo, planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones, no sólo en emprendimientos productivos, sino también en inversiones a largo plazo, como la educación o la vivienda.
Sin embargo, debemos remarcar dos factores que actualmente son indispensables para acompañar cualquier proceso exitoso de inclusión financiera. Uno es que al acceso a dichos servicios financieros se sume la educación financiera y emprendedora orientada a facilitar el uso apropiado de los mismos. De esta manera, además de potenciar al emprendedurismo en su conjunto, se impulsa al ahorro entre los pobres favoreciendo su bienestar y generando, consecuentemente, inclusión social y crecimiento económico. El segundo factor son las políticas de incentivo a la formalidad laboral. Las consecuencias directas e indirectas de la informalidad son numerosas, muy heterogéneas y exceden a la exclusión del sistema financiero formal. En Argentina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores[2]. Perpetuar en la informalidad a emprendedores exitosos o prestatarios que desean mejorar su vivienda, con créditos (o microcréditos) a tasas altas o muy altas sólo asegura su supervivencia pero limita su desarrollo. Igual de limitante resulta ofrecer únicamente acceso al crédito para emprendedores en crecimiento que requieren acceso a servicios bancarios más amplios o educación financiera para su efectiva utilización.
No obstante, existe un tercer factor que ha quedado relegado incluso en los modelos más actuales de inclusión financiera, nos referimos a la problemática habitacional. Actualmente, uno de cada cuatro hogares en Argentina padece de déficit habitacional, ya sea producto de una tenencia irregular o bien de la precariedad en la vivienda[3]. Asimismo, más allá de las iniciativas públicas como el Plan Federal de Viviendas o el Pro.Cre.Ar., la evolución de los créditos hipotecarios en relación a otros préstamos ha sido mínima[4]. En este sentido, la evidencia da muestra del carácter insatisfecho de la demanda de crédito hipotecario. En particular la población dispuesta a endeudarse con esa finalidad ha superado ampliamente la oferta vigente, principalmente en los sectores más desfavorecidos. En ellos, según estudios propios[5] es la primera necesidad crediticia, es allí donde prima la informalidad y precariedad laboral, y donde los planes de crédito público no han sido eficaces. En este sentido, es imperativo fomentar e impulsar las líneas de crédito para refaccionar y ampliar, o terminar viviendas, mejorando o readecuando el Pro.Cre.Ar. e implementar políticas públicas que mitiguen el déficit habitacional generando así un círculo virtuoso que fortalezca la inclusión financiera y el nivel de vida.
Debemos destacar ciertos progresos puntuales en inclusión financiera como la Cuenta Gratuita Universal impulsada por normativa del Banco Central, las trasferencias monetarias condicionadas a través de la apertura de cuentas bancarias, los planes públicos de acceso al crédito para vivienda o el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva 2015-2019[6] que eleva los topes mensuales en la Cuenta Gratuita Universal, fomenta en la banca tradicional el otorgamiento de microcréditos y pone en marcha una iniciativa de educación financiera conjunta con el Ministerio de Educación para fomentar las capacidades financieras en los jóvenes denotan el interés actual en la temática. No obstante, el grado de bancarización en Argentina se sitúa en 50.2%, relativamente bajo comparado con Brasil o Chile (68.1% y 63.2%), y la participación de crédito hipotecario sobre el PBI es marginalmente superior al 1% muy por debajo a la de otras economías que ostentan índices superiores al 20%(Chile y Panamá, por ejemplo).
A pesar de ciertos progresos puntuales en inclusión financiera como la Cuenta Gratuita Universal o el Plan Nacional de Bancarización 2015-2019, el grado de bancarización en Argentina se sitúa en 50.2%, relativamente bajo comparado con Brasil o Chile (68.1% y 63.2%). De igual modo, la participación del crédito hipotecario en el PBI es marginalmente superior al 1%, muy por debajo al de economías como Chile y Panamá (20 a 30%).
Teniendo en cuenta todos estos factores, un futuro plan de inclusión financiera y habitacional que contemple las tres dimensiones aquí expuestas debería ser coordinado e implementado por el Banco Central conjuntamente con otros ministerios con competencia en asuntos de formalidad laboral (AFIP, Ministerio de Trabajo, ANSES), emprendedurismo (Ministerio de la Producción), servicios financieros (Ministerio de Economía y Hacienda, o sus homólogos en otros países de Latinoamérica) y atender la necesidad de vivienda. Esto último, no sólo de la clase media con el sistema propuesto por el Banco Central, sino también con un plan de microcréditos para vivienda, que a su vez requiere gradualmente más formalidad en el empleo, educación financiera y un enfoque federal de desconcentración de la población desde las grandes urbes.
[1] A saber, poner fin a la pobreza; poner fin al hambre; lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y promover la industrialización inclusiva y sostenible (UNIT, 2015)
[2] Aquella trepa al 60% en el caso de los cuentapropistas, mientras que es del orden del 35% para los asalariados
[3] Peor aún, el guarismo se incrementa al incluir variables de hacinamiento y déficit en el servicio sanitario (véase, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA).
[4] Desde el año 2002 a la fecha fue entre un 50% y 88% menor que personales, prendarios y adelantos en promedio de crecimiento interanual.
[5] Véase, “Microfinanzas en la Argentina”, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires (2014).
[6] http://www.bcra.gov.ar/Noticias/not000021.asp