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Regulación e Inclusión financiera: conceptos, números y reflexiones

29/10/2017

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Publicado en Protfolio Personal- 27-10-2017
La definición de inclusión financiera ha evolucionado a lo largo de los años y, muchas veces, es definida de manera distinta por diferentes países, organismos o actores. En 2010, el Grupo de los 20 lanzó el Global Partnership for Financial Inclusion (G20-GPFI) como plataforma para que todos los países del foro, los países interesados no pertenecientes al G20 y otros actores relevantes puedan llevar adelante la agenda internacional sobre inclusión financiera.

El organismo define el concepto como: “…un estado en el que todos los adultos en edad de trabajar tengan acceso efectivo a los siguientes servicios financieros proporcionados por instituciones formales: crédito, ahorro, medios de pagos, seguros, e inversiones”

De manera general, es un término amplio, polisémico y multidimensional que se encuentra en constante evolución, construcción y debate. En otras palabrfas, implica la creación, promoción y regulación de un ambiente financiero accesible, asequible y seguro para el conjunto de la sociedad teniendo como fin promover el bienestar económico y la inclusión social a través de la oferta de servicios y productos financieros diseñados para satisfacer las necesidades de distintos sectores de la población.

La inclusión financiera como objetivo del regulador

La inclusión financiera ingresa en el radar de los reguladores en la última década, aunque con más énfasis a partir de la crisis internacional del 2008. De manera general, las prácticas internacionales distinguen al menos cuatro objetivos para todo Banco Central, denominados colectivamente como ISIP por sus siglas en inglés. Estos objetivos son promover la integridad financiera (I), la estabilidad financiera (S), la inclusión financiera (I) y la protección financiera del consumidor (P).

La estabilidad financiera se define como un estado en el cual se evita la acumulación de riesgo sistémico. El riesgo sistémico puede describirse mejor como el riesgo de que el suministro de los productos y servicios financieros necesarios por el sistema financiero se vea perjudicado hasta un punto en el que el crecimiento económico y el bienestar puedan verse afectados de manera importante.

La integridad financiera, por otro lado, hace referencia a un estado en el que el sistema financiero está protegido contra las amenazas de abuso criminal mediante el blanqueo del producto del delito. Por ejemplo, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, narcotráfico, trata de personas, etc.

Como puede intuirse, los objetivos deben ser complementarios, pero ciertos aspectos pueden (en algunos casos) entrar en conflicto. El desafío del regulador es encontrar un marco normativo que los tenga en equilibrio.

En general, es probable que el impacto de la inclusión financiera sobre la estabilidad financiera difiera según los contextos y economías. El equilibrio entre estabilidad e inclusión estará sujeto a los tipos de inclusión financiera que se fomenten (ahorro, crédito, seguros, etc.); la normativa y el marco regulatorio específico de supervisión en cada economía; y la composición o tipos de proveedores de servicios financieros en cada país.

Por su parte, la inclusión y la integridad financiera han sido erróneamente vistas como objetivos conflictivos, principalmente cuando la inclusión no se preocupó por fomentar la formalidad. No obstante, debe destacarse la complementariedad entre estos dos objetivos puesto que un sistema financiero inclusivo mejoraría el alcance y la eficacia de los controles de integridad financiera.

Midiendo la Inclusión Financiera

Hasta hace muy poco no existía información alguna a nivel global que fuera comparable sobre inclusión financiera. Recién a partir del año 2004, mediante la Financial Access Survey (FAS) del Fondo Monetario Internacional, se desarrolla una base de datos amplia sobre la inclusión financiera concentrando datos de la oferta (información brindada por instituciones y entidades reguladoras). Desde su lanzamiento, 189 economías han contribuido a la FAS, que ahora contiene más de 150 series sobre inclusión financiera para el período 2004-2015.

Aún más relevante y reciente es la información concentrada en la demanda. No hubo datos comparables recogidos desde la perspectiva de los individuos hasta que el Banco Mundial lanzó su primera base de datos Global Findex en 2011. A partir de unas 150.000 entrevistas a adultos representativos a nivel nacional y seleccionados aleatoriamente, el Global Findex presenta datos de 143 países para dos años (2011 y 2014) y recopila información sobre 506 indicadores de por lo menos 1.000 personas mayores de 15 años dentro de cada país.

Entre sus indicadores, el principal corresponde al acceso, pero también proporciona indicadores comparables que muestran cómo las personas de todo el mundo ahorran, toman préstamos, realizan pagos y gestionan riesgos. Más allá de su antigüedad, actualmente el Global Findex es el instrumento más exhaustivo de calibración del progreso en materia de inclusión financiera y la única fuente de datos que permite realizar análisis comparativos entre países a nivel internacional y regional.

Argentina en números

De acuerdo al Global Findex, al 2014 el 49,8% de los argentinos no tenía una cuenta bancaria (52% bancarizados). Dentro del 40% de la población de menores ingresos, el porcentaje sin cuenta bancaria asciende a 55,6%. En la Argentina habría entonces 13,29 millones de adultos que no poseen una cuenta bancaria.

Más allá de que uno de cada dos argentinos  no posea una cuenta bancaria, sin dudas es el uso el principal desafío en nuestro país. Análisis abalados por el Banco Mundial señalan que 8 de cada 10 empleados registrados que reciben haberes en Cuenta Bancaria retiran la totalidad de sus sueldos apenas lo tienen depositados. Un 44% tendría tarjeta de débito, pero sólo el 25,4% habría realizado algún pago con ellas. Menor aún es el número de los que abonaron alguna vez en el último año con tarjeta de crédito, un 23,9%.

Si bien fuentes alternativas y locales más actuales presentan guarismos diametralmente distintos en cuanto al acceso, denotarían superiormente el problema del uso. Por ejemplo, según la base de datos de CUIL y CUIT asociados a los CBU, COELSA denota que los argentinos con tarjeta llegan al 80%. De igual modo, según el Régimen Informativo del BCRA, a fines del 2016 la cantidad total de tarjetas de débito en el país ascendía a 41 millones.

Puesto que los datos del Banco Mundial corresponden a un relevamiento “desde la demanda” (encuestas a personas, no a instituciones), esta diferencia soporta la tesis de una amplia falta de uso y conocimiento sobre la titularidad de productos financieros.

Reflexiones Finales

La teoría nos dice que el acceso a servicios financieros en condiciones favorables promueve a suavizar los patrones de consumo, planear mejor los gastos, atender riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones no sólo en emprendimientos productivos, sino también a largo plazo como en educación. No obstante, existen relativamente pocas investigaciones sobre el tema. Un motivo fundamental corresponde a las limitaciones en la disponibilidad de datos a nivel local y global mencionada anteriormente.

Al margen de estas limitaciones, a través de la Secretary-General´s Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA, por sus siglas en inglés), la ONU sostiene que la inclusión financiera fomenta de manera directa cinco de los nuevos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y otros seis de manera indirecta. Consecuentemente, podemos afirmar que existe consenso internacional en que la inclusión financiera es una condición necesaria (aunque no suficiente) para el desarrollo sostenible de las naciones.

Como vimos, en nuestro país hay mucho margen para avanzar en inclusión financiera. Sin embargo, para que Argentina pueda transitar un sendero virtuoso de desarrollo como el descripto por la teoría, las distintas normativas y regulaciones deberán encontrar el equilibrio más óptimo entre los cuatro objetivos señalados. Esto es, fomentar la inclusión sin descuidar la integridad, estabilidad y protección al consumidor.

Por último, de cara al futuro de la inclusión financiera en nuestro país, debe recordarse  que en cuestiones del desarrollo económico rara vez funcionan las recetas importadas o las políticas del tipo “one-size-fits-all”. Es fundamental que nuestro país construya y transite su propio camino de inclusión financiera.

Ignacio E. Carballo

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