Publicado en TN (Todo Noticias) - 28-12-2018
Cerrando el año, prensa y analistas se abren paso para hacer balance de lo que fue, sin duda, un año turbulento para gran parte del planeta. Ya sea que se hable de las elecciones en Brasil o en Venezuela, de las protestas en Nicaragua o en Francia, de la Cumbre del G20 o el rescate del FMI (para mencionar sólo algunos hitos), será común oír que 2018 nos abandona dejando la sensación de haber sido un año más amplio que los 365 días que lo componen. Entre tanto, Argentina se prepara para ingresar al 2019 y debatirse la continuidad del actual modelo económico.
Se va un año que acumula una inflación según el INDEC de un 43.9% (48.5% en términos interanuales) y podría cerrar en un 47.5% de acuerdo a privados. Un año que comenzó con un dólar cotizando en torno a los $18 pesos argentinos y finaliza en torno a los $40. Que deja un desempleo del 9%, pobreza en torno al 34%, riesgo país al alza y una abultada deuda externa que ya supera el 50% del PBI (y una deuda pública total arriba del 100%).
Puesto que análisis negativos de esta índole los habrá por montones durante las próximas semanas, me permito adelantar aquí un aspecto positivo del 2018 y de total relevancia para nuestro país: la inclusión financiera.
No es una novedad que Argentina sufre una situación alarmante de exclusión financiera. Con sólo uno de cada dos argentinos reportándose como titulares de cuentas de ahorro (aunque COELSA registre el 80% de CUIT/CUIL), uno de cada cinco que utiliza su tarjeta de débito/crédito y sólo un 7% declarando ahorrar algún dinero por cualquier motivo o fin, el diagnóstico es contundente. En este contexto, una noticia positiva es que la agenda históricamente postergada de la inclusión financiera que fuera rescatada por la gestión actual a partir del 2016, más allá de todos los avatares sucedidos, logro sostenerse. De hecho, la batería de normativas y políticas de apoyo a unas finanzas más democráticas, inclusivas y responsables se profundizaron durante 2018 y lo harán aún más durante 2019.
Medidas 2016/2017
Repasemos. Durante los años 2016 y 2017, se realizaron muchos avances en la normativa que promueve la inclusión financiera. Por ejemplo, se aumentó el monto máximo de acreditaciones y el saldo máximo de la Cuenta Gratuita Universal; se amplió el carácter gratuito de las transferencias bancarias inmediatas; se implementó una política de localización de sucursales bancarias en zonas desfavorables; se suprimieron costos por extracciones en todos los cajeros para los clientes de cuentas destinadas a la acreditación de haberes, jubilaciones y planes sociales; el BCRA realizó convenios para promover la Educación Financiera, entre muchas otras iniciativas.
No obstante, las medidas más destacadas fueron de impulso a la digitalización financiera. En esos dos años, encontramos la posibilidad de debitar de cajas de ahorro originadas para el pago de planes o programas de ayuda social el pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos o débito automático; la apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos y flexibilización de requisitos; la creación del ALIAS asociados al CBU para realizar transferencias y pagos; del medio de pago Débito Inmediato (DEBIN); la habilitación de una Plataforma de Pagos Móviles (PPM) para que las entidades financieras ofrezcan servicios de transferencias inmediatas de fondos y/o pago de bienes y servicios a cuentas de terceros adheridos al PPM; la implementación del POS-Móvil, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre otros.
2018 y sus tres medidas clave de cara al 2019
Durante el 2018 que se va, y más allá de los acontecimientos mencionados que, entre otras cosas, devinieron en el paso de tres presidentes del BCRA, el incentivo a la inclusión financiera con foco digital se profundizó con nuevas medidas. Hay tres de ellas que se destacan prominentes de cara al 2019.
En primer término, a principios de año se lanzaron los códigos QR interoperables permitiendo pagos electrónicos con cualquier Smartphone y cualquier billetera digital. En segundo lugar, la creación de la Clave Virtual Uniforme (CVU) que habilita transferencias de dinero entre cuentas bancarias y virtuales de empresas no bancarias (Proveedores de Servicios de Pago). Vale destacar que ambas iniciativas son pioneras a nivel regional transformando a nuestro país en el primero de América Latina en contar con tal grado de interoperabilidad.
En tercer término, el mes pasado el BCRA aprobó la norma de Corresponsalías Bancarias que permitirá abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar pagos u obtener préstamos en lugares donde habitualmente se llevan a cabo actividades cotidianas como supermercados, estaciones de servicios, farmacias u otros comercios. A diferencia de las anteriores, la norma de corresponsalías no es algo novedoso en la región. Por el contrario, consta de una historia y evidencia muy amplia que da cuenta de su impacto positivo en la inclusión financiera.
En esta línea, vale destacar que en este 2018 que se va, Argentina quedo posicionada novena entre 55 economías emergentes según el prestigioso ranking de Entorno para la Inclusión Financiera realizado por The Economist. Entrar al Top-10 en tan relevante informe es un hito muy destacable, pues el documento que se realiza anualmente desde el año 2007 ubicó a nuestro país entre los puestos 43vo y 45vo en todas sus ediciones anteriores.
En suma, a pesar de todo, el 2018 fue un muy buen año para la inclusión financiera en Argentina y nos deja motivos para afirmar que 2019 será otro año prominente.
Por un lado, por el impacto de las iniciativas mencionadas (más otras, como el cheque electrónico) que bien se sabe será de mediano plazo. Por otro, y principalmente, porque Argentina coronará en 2019 esta cruzada en pos de la inclusión financiera con el lanzamiento de su “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera”, un documento oficial que trazará como política de Estado el rumbo al cuál se dirigirá el país (dicho sea de paso, obligada por la Ley de “Financiamiento Productivo” aprobada también en este 2018).
Se va un año que acumula una inflación según el INDEC de un 43.9% (48.5% en términos interanuales) y podría cerrar en un 47.5% de acuerdo a privados. Un año que comenzó con un dólar cotizando en torno a los $18 pesos argentinos y finaliza en torno a los $40. Que deja un desempleo del 9%, pobreza en torno al 34%, riesgo país al alza y una abultada deuda externa que ya supera el 50% del PBI (y una deuda pública total arriba del 100%).
Puesto que análisis negativos de esta índole los habrá por montones durante las próximas semanas, me permito adelantar aquí un aspecto positivo del 2018 y de total relevancia para nuestro país: la inclusión financiera.
No es una novedad que Argentina sufre una situación alarmante de exclusión financiera. Con sólo uno de cada dos argentinos reportándose como titulares de cuentas de ahorro (aunque COELSA registre el 80% de CUIT/CUIL), uno de cada cinco que utiliza su tarjeta de débito/crédito y sólo un 7% declarando ahorrar algún dinero por cualquier motivo o fin, el diagnóstico es contundente. En este contexto, una noticia positiva es que la agenda históricamente postergada de la inclusión financiera que fuera rescatada por la gestión actual a partir del 2016, más allá de todos los avatares sucedidos, logro sostenerse. De hecho, la batería de normativas y políticas de apoyo a unas finanzas más democráticas, inclusivas y responsables se profundizaron durante 2018 y lo harán aún más durante 2019.
Medidas 2016/2017
Repasemos. Durante los años 2016 y 2017, se realizaron muchos avances en la normativa que promueve la inclusión financiera. Por ejemplo, se aumentó el monto máximo de acreditaciones y el saldo máximo de la Cuenta Gratuita Universal; se amplió el carácter gratuito de las transferencias bancarias inmediatas; se implementó una política de localización de sucursales bancarias en zonas desfavorables; se suprimieron costos por extracciones en todos los cajeros para los clientes de cuentas destinadas a la acreditación de haberes, jubilaciones y planes sociales; el BCRA realizó convenios para promover la Educación Financiera, entre muchas otras iniciativas.
No obstante, las medidas más destacadas fueron de impulso a la digitalización financiera. En esos dos años, encontramos la posibilidad de debitar de cajas de ahorro originadas para el pago de planes o programas de ayuda social el pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos o débito automático; la apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos y flexibilización de requisitos; la creación del ALIAS asociados al CBU para realizar transferencias y pagos; del medio de pago Débito Inmediato (DEBIN); la habilitación de una Plataforma de Pagos Móviles (PPM) para que las entidades financieras ofrezcan servicios de transferencias inmediatas de fondos y/o pago de bienes y servicios a cuentas de terceros adheridos al PPM; la implementación del POS-Móvil, el Botón de Pago y la Billetera Electrónica; entre otros.
2018 y sus tres medidas clave de cara al 2019
Durante el 2018 que se va, y más allá de los acontecimientos mencionados que, entre otras cosas, devinieron en el paso de tres presidentes del BCRA, el incentivo a la inclusión financiera con foco digital se profundizó con nuevas medidas. Hay tres de ellas que se destacan prominentes de cara al 2019.
En primer término, a principios de año se lanzaron los códigos QR interoperables permitiendo pagos electrónicos con cualquier Smartphone y cualquier billetera digital. En segundo lugar, la creación de la Clave Virtual Uniforme (CVU) que habilita transferencias de dinero entre cuentas bancarias y virtuales de empresas no bancarias (Proveedores de Servicios de Pago). Vale destacar que ambas iniciativas son pioneras a nivel regional transformando a nuestro país en el primero de América Latina en contar con tal grado de interoperabilidad.
En tercer término, el mes pasado el BCRA aprobó la norma de Corresponsalías Bancarias que permitirá abrir una cuenta, suscribir un plazo fijo, realizar pagos u obtener préstamos en lugares donde habitualmente se llevan a cabo actividades cotidianas como supermercados, estaciones de servicios, farmacias u otros comercios. A diferencia de las anteriores, la norma de corresponsalías no es algo novedoso en la región. Por el contrario, consta de una historia y evidencia muy amplia que da cuenta de su impacto positivo en la inclusión financiera.
En esta línea, vale destacar que en este 2018 que se va, Argentina quedo posicionada novena entre 55 economías emergentes según el prestigioso ranking de Entorno para la Inclusión Financiera realizado por The Economist. Entrar al Top-10 en tan relevante informe es un hito muy destacable, pues el documento que se realiza anualmente desde el año 2007 ubicó a nuestro país entre los puestos 43vo y 45vo en todas sus ediciones anteriores.
En suma, a pesar de todo, el 2018 fue un muy buen año para la inclusión financiera en Argentina y nos deja motivos para afirmar que 2019 será otro año prominente.
Por un lado, por el impacto de las iniciativas mencionadas (más otras, como el cheque electrónico) que bien se sabe será de mediano plazo. Por otro, y principalmente, porque Argentina coronará en 2019 esta cruzada en pos de la inclusión financiera con el lanzamiento de su “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera”, un documento oficial que trazará como política de Estado el rumbo al cuál se dirigirá el país (dicho sea de paso, obligada por la Ley de “Financiamiento Productivo” aprobada también en este 2018).