Publicado en revista PPC-Madrid, España - 19-07-2016
El pasado jueves 14 de julio, el pueblo argentino realizó el primer cacerolazo[1] espontáneo en contra de la gestión del presidente Mauricio Macri por las polémicas subas en las tarifas de luz, agua y gas. El gesto que se replicó en los principales puntos del país no es menor y refleja en buena medida el clima de tensión y descontento que atraviesa la Argentina.
Habiéndose consumado los primeros siete meses de gobierno, las medidas políticas y económicas implementadas por el gobierno del PRO ameritan una serie de reflexiones. Las contradicciones aparentes en los hechos (y en los discursos) simbolizaron, ante todo, la falta de consenso sobre un modelo claro y explícito en el gobierno vigente. Con todo, un análisis prudente de las vicisitudes sobrevenidas durante los últimos meses permite conjeturar la existencia de un modelo implícito, o al menos sus principales ejes.
Antes de acusar alguna hipótesis, un análisis serio requiere de una obligada disgregación entre la coyuntura y la estructura. Cabe aclarar que esta división no siempre es sencilla, puesto que la coyuntura podría influir en la estructura por su permanencia en el tiempo o bien mediante las expectativas que genere.
De cualquier modo, la turbulencia en términos coyunturales se dio incesantemente a partir del 10 de diciembre cubriendo la agenda con polémicas discusiones, algunas de mayor relevancia y otras más banales. Algunos ejemplos de dicha coyuntura mediática son los decretos de necesidad y urgencia realizados en los primeros días de mandato; la participación en el Foro Económico Mundial en Davos y el acercamiento al FMI; los casos de corrupción entre allegados al ex-gobierno kirchnerista; los Panamá-Papers; los (des)encuentros con el Papa Francisco o la visita de Barack Obama y el rey de España, entre muchos otros.
Por otro lado, y en simultáneo, las medidas implementadas en términos estructurales no fueron menores. La unificación de los tipos de cambio y liberalización a la compra de dólares (con su respectiva devaluación); la eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, de productos industriales y a la minería; la suba del mínimo no imponible; el pago a los Holdouts y el desbloqueo a los préstamos multilaterales; el plan de Modernización del Estado y reforma del sector público (con su corolario en el empleo); o el mencionado incremento en las tarifas públicas, son algunas de las medidas que vinieron a cambiar las reglas del juego del país.
En términos de resultados generales, y tras seis meses sin cifras oficiales, los datos depurados del INDEC rectificaron la tercer caída consecutiva en la actividad económica trimestral con un -0,7%. A su vez, la inflación de mayo denotó un 4,2% (valor intermedio entre las informadas por los IPC Congreso y Ciudad). El Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC cayó en términos interanuales un 6,7% en abril y en mayo un 4,3%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) hizo lo propio en un 24,1% y 12,9% respectivamente.
Detrás de esta maraña de acontecimientos, números y malos pronósticos, el ministro de Hacienda Prat-Gay señalaba semanas atrás su confianza en una desaceleración inflacionaria durante la segunda mitad del año, con su lapidaria frase “el trabajo sucio está mayormente hecho”. En este contexto, delinear los ejes del modelo implícito en vigencia es, como mínimo, una tarea difícil pero no imposible.
Si analizamos de manera transversal las principales medidas llevadas a cabo (las estructurales), podemos denotar que los ejes fundamentales de la gestión han girado en torno a cinco variables principales. A saber: a) el tipo de cambio; b) el acceso a endeudamiento; c) el equilibrio fiscal; d) la inflación y; e) las inversiones. Estas cinco variables fueron decisivas en la economía que pasó y lo serán en la que vendrá. En los hechos, el modelo implícito en estos meses de gestión consistió en un azotador esfuerzo para brindar certidumbre al sector privado sobre las primeras cuatro variables, con el afán de que la quinta apuntale como consecuencia directa.
En esta línea, tras la eliminación del cepo cambiario y el arreglo con los Holdouts las primeras dos variables habrían sido abarcadas. El equilibrio fiscal se estaría haciendo esperar de la mano de la eliminación de las retenciones, aunque los acuerdos fiscales recientes con los principales gobernadores y la “normalización” tarifaria auguran un pronóstico más calmo. Sin embargo, en términos económicos, el talón de Aquiles durante la primera mitad y lo que resta del año será sin lugar a dudas la inflación.
Naturalmente, tras la comentada suba de tarifas, los distintos IPCs se vieron afectados. No obstante, los análisis en torno a la inflación núcleo (aquella que excluye precios administrados y bienes estacionales) parecerían denotar una desaceleración tendencial. Sin embargo, debemos recordar que los ajustes tarifarios excluidos de la inflación núcleo tendrán un impacto de segunda ronda en los bienes que la componen, lo incierto es la magnitud y el momento del mismo. De igual manera, el nuevo índice de vivienda (UVI) ya denotó un incremento del 10.2% en sus primeros tres meses de implementación.
Las conclusiones generales son tres. Primero, que las consecuencias al corto plazo de las medidas implementadas en base a los primeros cuatro ejes se encuentran a la vista, una economía convulsionada. Segundo, que en lo venidero, el desenvolvimiento económico dependerá de que el flagelo inflacionario pueda controlarse, estimule al sector privado y atraiga las tan anheladas inversiones. En tercer lugar (y a diferencia de lo que pareciera creer el gobierno vigente), aunque las primeras cuatro metas fueran alcanzadas con éxito, no existe fundamento alguno en la teoría económica que permita suponer que el alcance de las mismas atraerá la inversión privada. El éxito de dichas metas tan solo generará expectativas de inversión. Por lo que cabe la posibilidad, lamentablemente, que el contexto económico alcanzado no genere el fin deseado (invitando a cuestionar la necesidad de las axiomáticas medidas implementadas).
[1] También conocido como cacerolada, caceroleada o caceroleo— es una forma de manifestación, auto-convocada en que los manifestantes hacen saber su descontento mediante ruido acompasado (típicamente golpeando cacerolas o bocinas), sea a una hora acordada de antemano o en forma espontánea
Habiéndose consumado los primeros siete meses de gobierno, las medidas políticas y económicas implementadas por el gobierno del PRO ameritan una serie de reflexiones. Las contradicciones aparentes en los hechos (y en los discursos) simbolizaron, ante todo, la falta de consenso sobre un modelo claro y explícito en el gobierno vigente. Con todo, un análisis prudente de las vicisitudes sobrevenidas durante los últimos meses permite conjeturar la existencia de un modelo implícito, o al menos sus principales ejes.
Antes de acusar alguna hipótesis, un análisis serio requiere de una obligada disgregación entre la coyuntura y la estructura. Cabe aclarar que esta división no siempre es sencilla, puesto que la coyuntura podría influir en la estructura por su permanencia en el tiempo o bien mediante las expectativas que genere.
De cualquier modo, la turbulencia en términos coyunturales se dio incesantemente a partir del 10 de diciembre cubriendo la agenda con polémicas discusiones, algunas de mayor relevancia y otras más banales. Algunos ejemplos de dicha coyuntura mediática son los decretos de necesidad y urgencia realizados en los primeros días de mandato; la participación en el Foro Económico Mundial en Davos y el acercamiento al FMI; los casos de corrupción entre allegados al ex-gobierno kirchnerista; los Panamá-Papers; los (des)encuentros con el Papa Francisco o la visita de Barack Obama y el rey de España, entre muchos otros.
Por otro lado, y en simultáneo, las medidas implementadas en términos estructurales no fueron menores. La unificación de los tipos de cambio y liberalización a la compra de dólares (con su respectiva devaluación); la eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, de productos industriales y a la minería; la suba del mínimo no imponible; el pago a los Holdouts y el desbloqueo a los préstamos multilaterales; el plan de Modernización del Estado y reforma del sector público (con su corolario en el empleo); o el mencionado incremento en las tarifas públicas, son algunas de las medidas que vinieron a cambiar las reglas del juego del país.
En términos de resultados generales, y tras seis meses sin cifras oficiales, los datos depurados del INDEC rectificaron la tercer caída consecutiva en la actividad económica trimestral con un -0,7%. A su vez, la inflación de mayo denotó un 4,2% (valor intermedio entre las informadas por los IPC Congreso y Ciudad). El Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC cayó en términos interanuales un 6,7% en abril y en mayo un 4,3%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) hizo lo propio en un 24,1% y 12,9% respectivamente.
Detrás de esta maraña de acontecimientos, números y malos pronósticos, el ministro de Hacienda Prat-Gay señalaba semanas atrás su confianza en una desaceleración inflacionaria durante la segunda mitad del año, con su lapidaria frase “el trabajo sucio está mayormente hecho”. En este contexto, delinear los ejes del modelo implícito en vigencia es, como mínimo, una tarea difícil pero no imposible.
Si analizamos de manera transversal las principales medidas llevadas a cabo (las estructurales), podemos denotar que los ejes fundamentales de la gestión han girado en torno a cinco variables principales. A saber: a) el tipo de cambio; b) el acceso a endeudamiento; c) el equilibrio fiscal; d) la inflación y; e) las inversiones. Estas cinco variables fueron decisivas en la economía que pasó y lo serán en la que vendrá. En los hechos, el modelo implícito en estos meses de gestión consistió en un azotador esfuerzo para brindar certidumbre al sector privado sobre las primeras cuatro variables, con el afán de que la quinta apuntale como consecuencia directa.
En esta línea, tras la eliminación del cepo cambiario y el arreglo con los Holdouts las primeras dos variables habrían sido abarcadas. El equilibrio fiscal se estaría haciendo esperar de la mano de la eliminación de las retenciones, aunque los acuerdos fiscales recientes con los principales gobernadores y la “normalización” tarifaria auguran un pronóstico más calmo. Sin embargo, en términos económicos, el talón de Aquiles durante la primera mitad y lo que resta del año será sin lugar a dudas la inflación.
Naturalmente, tras la comentada suba de tarifas, los distintos IPCs se vieron afectados. No obstante, los análisis en torno a la inflación núcleo (aquella que excluye precios administrados y bienes estacionales) parecerían denotar una desaceleración tendencial. Sin embargo, debemos recordar que los ajustes tarifarios excluidos de la inflación núcleo tendrán un impacto de segunda ronda en los bienes que la componen, lo incierto es la magnitud y el momento del mismo. De igual manera, el nuevo índice de vivienda (UVI) ya denotó un incremento del 10.2% en sus primeros tres meses de implementación.
Las conclusiones generales son tres. Primero, que las consecuencias al corto plazo de las medidas implementadas en base a los primeros cuatro ejes se encuentran a la vista, una economía convulsionada. Segundo, que en lo venidero, el desenvolvimiento económico dependerá de que el flagelo inflacionario pueda controlarse, estimule al sector privado y atraiga las tan anheladas inversiones. En tercer lugar (y a diferencia de lo que pareciera creer el gobierno vigente), aunque las primeras cuatro metas fueran alcanzadas con éxito, no existe fundamento alguno en la teoría económica que permita suponer que el alcance de las mismas atraerá la inversión privada. El éxito de dichas metas tan solo generará expectativas de inversión. Por lo que cabe la posibilidad, lamentablemente, que el contexto económico alcanzado no genere el fin deseado (invitando a cuestionar la necesidad de las axiomáticas medidas implementadas).
[1] También conocido como cacerolada, caceroleada o caceroleo— es una forma de manifestación, auto-convocada en que los manifestantes hacen saber su descontento mediante ruido acompasado (típicamente golpeando cacerolas o bocinas), sea a una hora acordada de antemano o en forma espontánea